Luz del Carmen Godínez

En México, la lactancia materna es reconocida como una práctica esencial para el desarrollo saludable de la niñez. Sin embargo, a pesar de sus múltiples beneficios, su implementación enfrenta desafíos culturales, laborales y estructurales que limitan su alcance. La lactancia materna es mucho más que nutrición: es un acto de amor, un lenguaje silencioso entre madre e hijo.
La leche materna contiene nutrientes esenciales, inmunoglobulinas y compuestos bioactivos que protegen al bebé y favorecen su desarrollo físico y cognitivo. Pero también es una experiencia sensorial que involucra contacto piel a piel, mirada, voz y ritmo, elementos que fortalecen el apego seguro. La lactancia materna es una pausa en el tiempo, un espacio de intimidad que resiste la prisa y la desconexión. 
En México, esta acción tiene implicaciones profundas en la salud pública, el desarrollo infantil y la equidad social; además, es un derecho humano fundamental que involucra tanto a la madre como al bebé. En relación a los derechos del niño o niña, se reconocen el derecho a la vida, a la salud y a una alimentación adecuada. Con respecto a la madre, se identifican el derecho a decidir sobre su cuerpo, a condiciones laborales dignas y a no ser discriminada.
La lactancia materna como un derecho humano y se encuentra respaldado por las leyes mexicanas y tratados internacionales. A nivel nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016, reconocen y promueven la lactancia materna.
A nivel internacional la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna (OMS/UNICEF) y la Declaración de Innocenti, subrayan su carácter de derecho humano fundamental.
Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, únicamente el 28.4% de los bebés mexicanos reciben lactancia materna exclusiva durante sus primeros seis meses. Esta cifra está lejos del objetivo del 50 por ciento propuesto por la Organización Mundial de Salud prevista para 2025. A pesar de que el 95% de las mujeres han amamantado alguna vez, menos de una tercera parte continúa haciéndolo de forma exclusiva a los seis meses.
Con lo anterior, se identifican diversos desafíos como la falta de lactarios en los centros de trabajo, insuficientes licencias de maternidad y la promoción engañosa de fórmulas lácteas que compiten con la lactancia materna. Destaca también, la escasa capacitación del personal médico y de salud para apoyar y brindar acompañamiento adecuado a las madres lactantes. 
Con el propósito de mejorar esta práctica, se propone desde la CEDHJ las siguientes acciones: implementar una capacitación continua a profesionales de la salud, fomentar la conciliación entre la maternidad y la vida profesional, que es todavía un reto, y establecer políticas públicas que protejan el derecho a amamantar. Estas medidas beneficiarían a las familias, al sistema de salud y al medio ambiente, ya que la leche materna no requiere envases ni transporte, lo que la convierte en una opción sostenible. Además, se requiere desarrollar campañas educativas para derribar mitos y promover la lactancia como norma cultural. 
Estas medidas son importantes para establecer la lactancia materna como una prioridad y, además, son una forma de garantizar este derecho humano desde el inicio, así como de cuidar la vida y salud.

Lactancia materna en México: entre el derecho y el desafío

La evolución de los derechos humanos en México ha sido compleja y ha estado marcada por avances fundamentales, pero también por grandes ausencias. La reforma constitucional de 2011 representó un parteaguas: transformó el modelo jurídico nacional e impuso a todas las autoridades, de todos los niveles de gobierno, el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con base en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Sin embargo, contar con leyes nacionales y tratados internacionales no garantiza, por sí solo, su aplicación efectiva. Por ejemplo, el derecho a una vida libre de violencia está reconocido a nivel constitucional y en tratados internacionales ratificados por México. Pero ese reconocimiento se ve comprometido cuando no existen suficientes refugios para mujeres en situación de riesgo, cuando las denuncias no se investigan con perspectiva de género, o cuando el funcionariado carece de formación especializada.
Uno de los grandes retos, sin duda, es lograr que tanto las autoridades como la sociedad, se apropien de estos principios y los traduzcan en prácticas cotidianas. Y aunque esto suceda, el dinamismo de la realidad impone nuevos desafíos. Nuestros marcos legales, con frecuencia, llegan tarde a una sociedad que se transforma rápidamente, lo que genera tensiones entre lo normativo y lo que realmente viven las personas.
Hoy enfrentamos problemáticas que hasta hace algunos años, eran impensables y que ahora se han arraigado con fuerza en nuestra vida pública. La desaparición de personas es una herida abierta: miles de familias continúan buscando a sus seres queridos, enfrentando omisiones institucionales y revictimizaciones. También persisten violaciones al debido proceso, a la seguridad jurídica y al acceso a la justicia: desde demoras injustificadas hasta defensas inadecuadas o ineficientes. A lo anterior, se suman los obstáculos que enfrentan las personas para ejercer el derecho a la igualdad y no discriminación —especialmente mujeres, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, población migrante, pueblos originarios y población LGBTTTIQ+—. No podemos negarlo: las violaciones a los derechos humanos están presentes, y cada vez duelen más.
En este escenario, las defensorías de derechos humanos mantienen un papel clave: actuar como puente entre el Estado y las personas. Somos instituciones que aportan equilibrio al poder público al visibilizar abusos, señalar omisiones y proponer soluciones desde un enfoque de respeto, orientado a la construcción de paz e inclusión, todo esto a pesar de no contar con facultades ejecutivas vinculantes.
En lo que va de esta administración, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) ha atendido 7 mil 926 quejas, emitido 101 recomendaciones, se han dictado mil 718 medidas cautelares, propuesto 2 mil 565 conciliaciones y brindado 21 mil 714 orientaciones. Pero nuestra labor no se limita a lo reactivo: también hemos firmado 165 convenios de colaboración con instituciones clave y capacitado, con perspectiva de derechos humanos, a más de 128 mil 153 personas. Porque la educación en derechos humanos es un pilar fundamental para prevenir las violaciones antes de que ocurran.
En la CEDHJ mantenemos las puertas abiertas a todas las personas. Nuestro enfoque prioriza la atención, la conciliación y el acompañamiento. Atendemos quejas, sí, pero también brindamos asesoría, orientación, diálogo, escucha y propuestas de solución, con el objetivo de contener el conflicto antes de que escale. Esta labor la realiza un equipo comprometido, experto y con una trayectoria consolidada en la defensa de los derechos humanos.
Hoy, la CEDHJ no es una institución que confronte por confrontar. Los conflictos son inevitables, pero la forma en que los enfrentamos es lo que construye caminos de respeto, inclusión y corresponsabilidad. Defender los derechos humanos no significa oponerse al Estado, sino fortalecerlo desde sus raíces.
A tres años de haber asumido esta responsabilidad, reafirmo que nuestra visión está clara: el trabajo se construye desde la colaboración, no desde la imposición. Las instituciones públicas debemos mirarnos unas a otras como aliadas, como partes de un mismo cuerpo social que necesita funcionar en armonía para ser justo.
La defensoría es, y seguirá siendo, un espacio de diálogo, escucha y acción, donde todas y todos estamos llamados a reeducarnos. No basta con conocer nuestros derechos: hay que practicarlos, exigirlos y respetarlos. Para lograrlo, necesitamos tiempo, voluntad y unidad. Solo así podremos construir un Jalisco más digno para todas las personas.

Derechos humanos: una tarea que no se detiene

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) ha consolidado un modelo de atención descentralizada que permite a todas las personas acceder a la defensa de sus derechos sin importar dónde se encuentren. Las oficinas regionales, localizadas estratégicamente en ocho zonas del Estado, han demostrado ser una herramienta indispensable para brindar acompañamiento, orientación, gestión de quejas y solución de conflictos con mayor cercanía y eficacia.
Estas oficinas se encuentran ubicadas en Colotlán (Zona Norte), Lagos de Moreno (Altos Norte), Tepatitlán de Morelos (Altos Sur), Ocotlán (Ciénega), Zapotlán el Grande (Sureste y Sur), Autlán de Navarro (Sierra de Amula-Costa Sur), Puerto Vallarta (Costa Norte) y Tequila (Zona Valles). Esta cobertura de la CEDHJ en las diferentes regiones permite actuar y responder con prontitud a las denuncias de violaciones a derechos humanos, considerando las particularidades sociales y culturales de cada zona.
Entre 2024 y 2025, estas oficinas recibieron 439 quejas, siendo las regiones con más actividad Puerto Vallarta (118), Tequila (57), Zapotlán (54) Lagos de Moreno (52) Ocotlán (50) y Autlán (50). Al cierre del 31 de marzo de 2025, se mantenían 243 quejas en trámite, principalmente en Puerto Vallarta (73), Ocotlán (39) y Autlán de Navarro (34). Además, en ese periodo fueron archivados 638 expedientes, de los cuales 115 se resolvieron por conciliación; en 80 casos más se dio seguimiento tras una conciliación inicial, demostrando un enfoque institucional hacia la mediación y solución pacífica de conflictos, tratándose de violaciones a derechos humanos no graves. Durante 2024 las oficinas regionales, coordinadas desde la Tercera Visitaduría, generaron tres recomendaciones.
Las quejas también revelan patrones importantes. Las autoridades más señaladas como presuntas responsables incluyen a la Fiscalía en sus diferentes regiones (89 casos), la Secretaría de Educación del Estado (65), y comisarías de seguridad pública (30). 
En cuanto a las violaciones señaladas más frecuentemente, destaca en primer lugar la violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, con 275 registros, seguida del ejercicio indebido de la función pública (109), la violación a los derechos laborales (58) y la detención arbitraria (47). También son recurrentes las quejas por violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes; lesiones, y dilación en la procuración de justicia.
Estas cifras no son sólo estadísticas, sino reflejo de una labor constante por acercar la justicia y la defensa de los derechos humanos a toda la población jalisciense. Las oficinas regionales permiten que cada persona, sin importar su ubicación, tenga acceso a orientación, acompañamiento y sobre todo, a la posibilidad real de ser escuchada, atendida y restituir sus derechos humanos. 
En un Estado como Jalisco, con la dimensión territorial de 125 municipios y con la diversidad de realidades de su población, contar con estas sedes regionales no es un complemento, sino una necesidad que viene a garantizar el ejercicio de derechos. La descentralización del trabajo de la CEDHJ fortalece el tejido institucional, promueve la cultura de los derechos humanos y garantiza que la dignidad de las personas esté protegida, sin importar dónde vivan.

Oficinas regionales de la CEDHJ: cercanía en la defensa de los derechos humanos

En las costas, donde la tierra se encuentra con el mar, existen ecosistemas de una belleza y una importancia vital que a menudo pasan desapercibidos: los manglares. Estos bosques tropicales y subtropicales, adaptados a vivir en condiciones salinas y anegadas, no son sólo un espectáculo natural; son verdaderos pilares que sostienen la vida, protegen nuestras comunidades y, de manera fundamental, garantizan el ejercicio de nuestros derechos humanos más básicos.
Cada 26 de julio conmemoramos el Día Internacional de los Manglares, ecosistemas únicos que actúan como barreras naturales frente a fenómenos climáticos extremos (protección contra tormentas e inundaciones), regulan el clima, depuran el agua, son importantes corredores biológicos para aves acuáticas y ofrecen diversos servicios ambientales, como refugio para especies, recarga de acuíferos, control de erosión y mejora de la calidad del agua, filtro de contaminantes, retención de nutrientes y sedimentos, estabilización de las condiciones climáticas locales, e incluso provisión de recursos naturales.
Incluso existen instrumentos internacionales que los protegen, como la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, que fue adoptada en la ciudad iraní de Ramsar en 1971 y entró en vigor en 1975. A dicha Convención se le conoce como la Convención de Ramsar, la cual busca la conservación y el uso sostenible de los humedales. 
Un sitio Ramsar es un humedal designado de importancia internacional y son reconocidos por su valor ecológico, biológico y cultural, y su designación implica un compromiso de los países para su conservación y uso sostenible.
Actualmente existen más de 2 mil 500 sitios Ramsar en todo el mundo, cubriendo una superficie de más de 2.5 millones de kilómetros cuadrados, según la Convención Ramsar. Estos sitios son humedales de importancia internacional designados por la Convención de Ramsar, un tratado internacional. para la conservación y el uso sostenible de los humedales.
La Lista de Ramsar es la red más extensa de áreas protegidas a nivel mundial, e incluye humedales costeros y continentales de todo tipo. La superficie total de estos sitios es mayor que la de México, y algunos de los sitios más grandes superan los 60 mil kilómetros cuadrados.
El primer sitio Ramsar del mundo fue la Península de Cobourg, en Australia, designado en 1974. Algunos países con un número significativo de sitios Ramsar son el Reino Unido, México y Brasil. 
En México predominan cuatro especies de mangle: mangle rojo (Rhizophora mangle), mangle blanco (Laguncularia racemosa), mangle negro (Avicennia germinans), y mangle botoncillo (Conocarpus erectus). Todas ellas sujetas a protección especial, de acuerdo con la NOM-059 SEMARNAT-2010, la cual identifica las especies de flora y fauna silvestres en riesgo en México.
El estado con mayor porcentaje de estos humedales es Campeche; sin embargo, en Jalisco tenemos la fortuna de contar con algunos de estos ecosistemas, como los del municipio de Tomatlán (esteros de El Chorro y Majahuas y el Sistema Lagunar Estuarino Agua Dulce-El Ermitaño), Puerto Vallarta (estero El Salado, también reconocido como Área Natural Protegida), Cihuatlán (Laguna de Barra de Navidad) y La Huerta (Reserva de la Biósfera Chamela-Cuixmala y Estero Manzanilla).
En México existe una normativa aplicable para la protección de estos humedales, a saber: Ley de Aguas Nacionales, Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), Ley General de Vida Silvestre, NOM-022-SEMARNAT-2003, por mencionar algunas. Incluso desde 2010 existe una Estrategia Nacional para la Atención de Humedales Costeros, en particular el ecosistema de manglar.
No obstante lo anterior, los manglares enfrentan amenazas constantes: la expansión urbana descontrolada, la acuicultura intensiva, la contaminación y la deforestación. La degradación de estos ecosistemas no sólo empobrece nuestra biodiversidad, sino que también debilita nuestra capacidad para ejercer nuestros derechos humanos. Cuando un manglar desaparece, las comunidades pesqueras pierden su sustento, las familias costeras quedan más expuestas a los embates de la naturaleza y todos perdemos un aliado crucial en la batalla contra el cambio climático.

Manglares: defensores invisibles de la vida y los derechos humanos

En Jalisco, la migración ha trascendido la mera ruta de tránsito, convirtiéndose en un complejo escenario donde convergen destino, origen y retorno. Ante esta realidad en constante evolución, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) reafirma su compromiso inquebrantable con la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad.
Durante los últimos años, la CEDHJ ha jugado un papel activo en este ámbito. Sus informes, como el &#8220;Informe especial sobre los acompañamientos a personas migrantes solicitantes de refugio&#8221; (2019), han destacado la falta de planeación desde el ámbito estatal para la atención integral de todos los flujos migratorios.
Asimismo, el &#8220;Informe sobre personas migrantes en Jalisco&#8221; (2018) subrayó la exacerbada discriminación y xenofobia que enfrentan las personas migrantes en nuestro país, agravándose para grupos específicos como mujeres, niños y niñas, personas indígenas y miembros de la comunidad LGBTTTIQ+. Con ello se han identificado áreas de oportunidad institucional para garantizar el respeto y la dignidad de las personas en tránsito.
En el ámbito legislativo, la aprobación de la Ley de Protección y Atención a los Migrantes en Jalisco (2016) representó un avance significativo, estableciendo el derecho a la no discriminación por motivos de origen, género o condición migratoria.
Sin embargo, factores como la crisis regional, las nuevas políticas migratorias y el reconocimiento del desplazamiento forzado interno, han transformado los flujos migratorios. Hoy, Jalisco no sólo enfrenta el tránsito, sino también la necesidad de acoger e integrar a quienes eligen establecerse en el Estado.
Un ejemplo de ello es el creciente retorno de jaliscienses desde Estados Unidos. Si bien las repatriaciones han disminuido 47.6% en comparación con el año anterior, aún se registraron dos mil 223 casos en el primer semestre de 2025, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de reintegración social, legal y económica, según datos de 2025 del gobierno de Jalisco. 
Para abordar esta realidad, el estado ha implementado la estrategia &#8220;Jalisco te recibe con los brazos abiertos&#8221;, ofreciendo desde asistencia legal hasta programas educativos y apoyo para la validación de estudios. Los módulos digitales y canales transfronterizos, como las Casas Jalisco en San José y Las Vegas, son ejemplos concretos de este esfuerzo por consolidar a Jalisco como un espacio de retorno digno y con garantías plenas de derechos.
El Diagnóstico de Movilidad Humana en Jalisco (2022) ilustra esta complejidad, visibilizando fenómenos como el desplazamiento forzado interno, cuyas causas y consecuencias demandan atención urgente desde una perspectiva de derechos humanos. 
Ante este nuevo panorama, Jalisco debe consolidarse como un estado de acogida e integración, implementando políticas públicas efectivas y un marco normativo que responda a todas las categorías y realidades de las personas en situación de movilidad.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco asume el reto de impulsar, acompañar y supervisar esta transformación, desarrollando acciones afirmativas que respondan a las nuevas dinámicas migratorias, promoviendo la actualización de marcos normativos y avanzando hacia una migración digna, segura e incluyente.

Migración en Jalisco: un nuevo capítulo de acogida

La orfandad emocional, un fenómeno poco visibilizado pero dañino, ocurre en México cuando, a pesar de la presencia física de madres, padres o personas cuidadoras, las niñas y los niños carecen del afecto, protección y atención emocional necesarios para su desarrollo integral.
Esta situación representa una violación al derecho a la vida familiar en su dimensión afectiva, consagrado en el artículo 4 de la Constitución Mexicana y en tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño. Este derecho no se limita a la convivencia física, sino que implica un entorno afectivo, seguro y estable.
Factores como el estrés económico, la violencia intrafamiliar, adicciones, migración, falta de habilidades parentales y la normalización de prácticas de crianza autoritarias o desatentas, propician la orfandad emocional. La pandemia de COVID-19 exacerbó estas condiciones.
Las cifras revelan una realidad preocupante en México:
• Más de 5 millones de niñas y niños están en riesgo de perder el cuidado familiar, lo que los expone a la institucionalización o al abandono emocional. 
• El 63% de la niñez de 1 a 14 años ha experimentado disciplina violenta o castigo físico o psicológico en casa, lo que puede derivar en orfandad emocional a pesar de la presencia de los padres. 
• Más de un millón de niñas y niños han perdido el cuidado parental no solo por fallecimiento, sino también por violencia intrafamiliar, pobreza, migración o adicciones. 
• 131 mil menores de edad viven en orfandad por la pérdida de sus madres, padres o personas cuidadoras principales. 
• Más de 29 mil niñas y niños viven en orfanatos o albergues, reflejando la falta de entornos familiares estables.
Las consecuencias de la orfandad emocional en las y los niños incluyen mayor propensión a trastornos de ansiedad, depresión, conductas de riesgo, deserción escolar y dificultades para establecer relaciones sanas.
A pesar de la existencia de programas como el SIPINNA, las políticas públicas actuales no siempre abordan la dimensión emocional del derecho a la vida familiar, enfocándose más en la institucionalización o protección física que en el fortalecimiento de los vínculos afectivos. Se propone la implementación de enfoques integrales que incluyan políticas de crianza positiva, educación emocional y acompañamiento psicológico desde la primera infancia para cerrar la brecha entre la norma y la realidad y garantizar el derecho a la vida familiar en su totalidad.
En conclusión, la orfandad emocional es una forma silenciosa de desprotección que desafía la efectividad del derecho a la vida familiar. Para cerrar esta brecha entre norma y realidad, es urgente fortalecer políticas públicas que promuevan la parentalidad afectiva, la salud mental, la escucha activa y el acompañamiento comunitario. 
De esta manera se podrá garantizar el derecho a la vida familiar y cubrir la deuda con la infancia mexicana. Para lograrlo es necesario que la autoridad, la familia y la sociedad reconozcan el papel central del amor y la seguridad emocional en el desarrollo infantil.

Orfandad emocional: una deuda pendiente con la infancia mexicana

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, como organismo constitucional autónomo encargado de la defensa, protección, estudio y divulgación de los derechos humanos en la Entidad, tiene, en el contexto de las desapariciones forzadas, la obligación de investigar, proteger y promover los derechos de las víctimas y sus familias, así como de contribuir en la búsqueda de personas desaparecidas y en la prevención de este grave delito.
En ese sentido, esta defensoría supervisa que las autoridades responsables de la prevención del delito y la procuración de justicia lleven a cabo investigaciones diligentes en los casos de desaparición forzada, mediante la recolección de información, entrevistas, análisis de evidencia y, sobre todo, que garanticen la seguridad de las víctimas y sus familias frente a posibles represalias.
Asimismo, la Comisión actúa como intermediaria ante las autoridades competentes en los procesos de búsqueda y localización de personas desaparecidas. Estas instancias deben hacer uso de diversas herramientas, bases de datos, registros institucionales y visitas a dependencias, asegurando también la atención psicosocial integral para las víctimas y sus familiares. Para ello resulta esencial una coordinación permanente con autoridades de los tres niveles de gobierno, con otras comisiones locales de búsqueda y con organizaciones de la sociedad civil.
En suma, las comisiones estatales de derechos humanos desempeñan un papel fundamental en la lucha contra la desaparición forzada, asumiendo tareas de vigilancia, investigación, protección de derechos fundamentales, atención integral a víctimas y promoción de políticas públicas orientadas a la prevención de este delito.
De conformidad con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, incurre en este delito la persona servidora pública o el particular que con autorización, apoyo o aquiescencia de una autoridad, prive de la libertad a una persona y posteriormente, niegue esa privación o se abstenga de proporcionar información sobre su suerte o paradero.
La desaparición de personas pone en grave riesgo diversos derechos que el Estado está obligado a respetar y proteger, entre ellos: el derecho a la vida, a la integridad y seguridad personal, a la libertad, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la legalidad y seguridad jurídica.
La desaparición forzada revela un actuar institucional deficiente, caracterizado por la ausencia de políticas públicas eficaces de prevención, inteligencia e investigación, lo que impide la construcción de una cultura de paz y de protección a la vida y la dignidad humana.
Este delito no sólo implica la privación de la libertad de una persona, sino una violación permanente a sus derechos mientras se mantenga en situación de desaparición. Por ello, los organismos públicos no jurisdiccionales deben pronunciarse con firmeza respecto a la responsabilidad del Estado, cuya obligación principal es garantizar la seguridad y los derechos de la población. Este deber no exime, por supuesto, la responsabilidad penal individual de quienes resulten directamente implicados.
Además, tras la comisión de la desaparición, surgen otros derechos en favor de las víctimas y sus familiares que el Estado debe garantizar, como a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño, entendida ésta como un conjunto de medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
El deber de protección frente a la desaparición forzada impone a las autoridades estatales y municipales la responsabilidad de asegurarse de que sus personas servidoras públicas, especialmente aquellas que intervienen de manera directa o indirecta en estos casos, cuenten con la formación, sensibilidad y herramientas necesarias para afrontar adecuadamente esta problemática. La capacitación continua y la profesionalización son, por tanto, imprescindibles.
La desaparición forzada constituye un delito de extrema gravedad, y la omisión institucional para responder con prontitud agrava el daño a las víctimas y entorpece las investigaciones. El paso del tiempo sin acción efectiva debilita las líneas de investigación y disminuye las posibilidades de localización.
La realización de este delito y su impacto en los derechos humanos constituyen una responsabilidad institucional, ya que reflejan el incumplimiento de deberes constitucionales e internacionales en la materia por parte del Estado mexicano. Esta responsabilidad subsiste junto a la que individualmente pudiera corresponder a las y los servidores públicos que hayan participado directa o indirectamente en los hechos.
Es por ello que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco reitera su compromiso de brindar acompañamiento a víctimas y sus familias, a reforzar su trabajo para atender las quejas que se interpongan por la omisión de las autoridades en la investigación y resolución del delito. Es apremiante, además, garantizarles su derecho a la verdad y justicia.

La desaparición forzada de personas

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 26 de junio como el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura. Este día no es una fecha para discursos o reconocer a quienes han sobrevivido a esta grave violación de derechos humanos, sino para preguntarnos por qué esta práctica persiste en cárceles, comisarías, zonas de conflicto e incluso en sistemas que se autodenominan democráticos, a pesar de su prohibición en el derecho internacional mediante la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
El Estado mexicano suscribió el 23 de septiembre de 2003, el protocolo facultativo de dicha convención, el cual fue ratificado por el Senado de la república el 11 de abril de 2005, y entró en vigor el 22 de junio de 2006. Este instrumento compromete al país a realizar acciones concretas para prevenir los actos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todo su territorio.
En ese sentido, a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se instaló el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), instancia independiente y especializada que se encarga de la supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de la libertad en todo el país. Tiene el propósito de mejorar el trato y las condiciones en que se encuentran las personas privadas de su libertad, a través de acciones preventivas; además, reconoce para tales efectos, a los organismos públicos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas.
Por su parte, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco reafirma su compromiso y responsabilidad en la promoción, defensa y protección de los derechos humanos en Jalisco y sus municipios. Además, ha sumado esfuerzos con la CNDH con el propósito de conjuntar acciones en el ámbito de sus respectivas competencias, para diseñar y ejecutar programas para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos, a través del Mecanismo Estatal para la Prevención de la Tortura (MEPT) a cargo de la Segunda Visitaduría General.
En el marco del programa de seguimiento y supervisión del MEPT, durante 2025, personal de esta Comisión visitará centros de asistencia social que albergan niñas, niños y adolescentes, así como a diversos centros penitenciarios en el Estado. El objetivo es verificar la observancia y respeto a sus derechos humanos, pero sobre todo, para generar el compromiso de las instituciones públicas y privadas de reclusión y custodia en la prevención de actos y omisiones que puedan derivar en tortura.
Asimismo, esta defensoría se sumará a la campaña nacional denominada “México Sin Tortura” encabezada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, en la cual, del 23 al 27 de junio se difundirá información sobre la prevención de la tortura a través de diversas plataformas.
El camino para erradicar la tortura es posible, pero se requiere voluntad política y transparencia institucional. Por ello, esta Comisión investiga e integra quejas por esta grave violación a los derechos humanos, y cuenta con personal especializado en el área médica y psicológica que realiza dictámenes bajo el Protocolo de Estambul a las personas que refieren haber sido víctimas de tortura. 
En la actual administración de la CEDHJ se han emitido 18 recomendaciones por tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, lo que permite visibilizar la problemática ante la sociedad y las autoridades estatales y municipales.
En el contexto de esta fecha, es oportuna la exigencia de erradicar la tortura, pero con base en el trabajo conjunto y vigilancia por parte de las autoridades y ciudadanía para lograrlo. Desde nuestros respectivos marcos de acción, en todos los ámbitos sociales, es preciso que fomentemos una cultura de paz y de respeto a la dignidad humana para poder terminar con todo tipo de violencia, incluida la práctica de la tortura.

Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura

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Durante 2025, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco puso en marcha la estrategia Horizontes Humanos: Derechos para todas y todos en Jalisco, con el propósito de fortalecer la protección, promoción y garantía de los derechos humanos en los 125 municipios de la entidad.
En su primera etapa, esta CEDHJ recorrió las 12 regiones del Estado, y se logró la participación de 79 municipios. Esta Comisión agradece la apertura de las autoridades municipales y reconocemos su compromiso con la dignidad humana. Hemos establecido canales de comunicación con el objetivo de prevenir vulneraciones, atender las necesidades específicas de cada localidad, y promover gobiernos justos e incluyentes. 
El cierre de esta etapa se llevó a cabo en el municipio de Autlán de Navarro, en la Región Sierra de Amula, en donde hicimos el llamado a cerrar filas y trabajar en colectivo para revertir el complejo panorama de vulneraciones a los derechos humanos en nuestro Estado. Sabemos que todas y todos aspiramos a vivir en un Jalisco pacífico, donde el respeto a la dignidad humana sea una garantía para todas y todos los jaliscienses.
A través de reuniones regionales, hemos informado a las y los servidores públicos la misión de la CEDHJ, sus funciones y el papel que desempeña para apoyar a las dependencias en la prevención de vulneraciones a los derechos humanos por acción u omisión. También se han desarrollado jornadas de capacitación especializadas, enfocadas en la identificación, promoción y respeto de estos derechos, fomentando en el funcionariado una cultura de atención y servicio con perspectiva de derechos.
En estas reuniones se informa a las autoridades municipales el estatus de las quejas presentadas en su contra y el seguimiento de las recomendaciones emitidas y que se encuentran pendientes, con el propósito de que, a través del acompañamiento de la defensoría, se logre su total cumplimiento. Lo anterior, para que al final del trienio no tengan estos pendientes y entreguen compromisos consolidados.
Para la segunda etapa de Horizontes Humanos, pretendemos hacerlo de manera más operativa y cercana a la ciudadanía. Esto se hará a través del Domo Móvil con el que cuenta la Comisión y que fue donado por la Fundación Jaime Enrique Michel Velasco. A través de este espacio, se brindará educación y formación en derechos humanos, y con ello, fortalecer la cultura de respeto a la dignidad humana. 
La CEDHJ refrenda su compromiso de seguir trabajando de la mano con los municipios. Queremos construir un Jalisco en donde los derechos de todas y todos sean respetados y logremos avanzar hacia una cultura de paz en cada rincón del Estado.

Horizontes Humanos: estrategia para fortalecer los derechos humanos en Jalisco