Nora Ampudia

En México, de acuerdo con el INEGI, la economía informal generó el 24.8% del PIB, del cual el sector informal contribuyó con el 13.8%, mientras que las otras modalidades de informalidad aportaron el 11%, ello significa que 25 pesos de cada 100 se generan en la economía informal.
La economía informal se integra por el sector informal y otras modalidades de informalidad, básicamente, informalidad laboral:
1. El sector informal se compone por empresas sin registro o personalidad jurídica que son propiedad de los hogares y operan con los recursos del hogar. Son, en su mayoría, microempresas. Estas empresas informales eran el 64.3% del total de las empresas en 2024, según el último censo económico, mientras que en 2018 eran el 62.6%. Ello quiere decir que 6 de cada 10 empresas operan en la informalidad y esto no ha variado mucho en el último sexenio. 
2. Otras modalidades de informalidad se representan en la informalidad laboral, es decir aquellos trabajadores que laboran para unidades económicas formales pero que no cuentan con seguridad ni prestaciones sociales y comprende: 
a. Empleo informal dentro de empresas formales. 
b. Empleo informal en empresas informales. 
c. Trabajo doméstico remunerado no registrado. 
d. Empleo informal en el sector agropecuario.
La economía informal genera un bajo valor agregado, ello significa que aporta muy poco a la generación de riqueza (los bienes y servicios que consumimos para satisfacer nuestras necesidades). Pero a pesar de que la economía informal genera poco valor agregado, ocurre lo contrario en la creación de empleos.
El porcentaje de la población en informalidad laboral, a julio, es del 56.1%, es decir 1 de cada 2 ocupados y son en total 34.1 millones de personas, mientras que en el mismo mes del año pasado fue del 54.5%. 
Al igual que las empresas, 6 de cada 10 ocupados están en informalidad laboral y no cuentan con prestaciones ni seguridad social por lo que no gozan de prima vacacional, aguinaldo, seguro social ni pensiones.
La ocupación en el sector informal fue de 18.2 millones de personas, esto es el 29.9% de la población ocupada, es decir 1 de cada tres ocupados.
Oaxaca es el Estado con mayor cantidad de empresas informales con el 81.5%, el Estado de México ocupa el segundo lugar con 79.8% y Guerrero con 78.6%, mientras que en Quintana Roo es solo el 35.9%
La informalidad en México genera bajo nivel de crecimiento económico porque se caracteriza por la baja productividad, la nula inversión en tecnología, investigación y desarrollo, además de condiciones precarias de empleo con bajos salarios. Así, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI a julio, el 39.4% de los ocupados gana como máximo hasta 1 salario mínimo, y el 29.7% gana más de 1 y hasta 2 salarios mínimos. Lo anterior significa que el 69.1% de los ocupados ganan cuando mucho dos salarios mínimos. Si el salario mínimo es de 278 pesos diarios, ello significa que el 39.4% de los ocupados gana cuando mucho al mes 8 mil 340 pesos, o que el 69.1% de los ocupados gana como máximo 16 mil 680 pesos al mes.
Para la economía en general, ello representa un bajo consumo y en consecuencia un mercado interno débil, que retroalimenta la economía informal con una baja inversión productiva y bajo crecimiento económico.

Crece la informalidad en México

La inflación es uno de los fenómenos económicos más preocupante debido a los múltiples efectos negativos que ocasiona en una sociedad, por eso 45 bancos centrales en el mundo tienen metas explícitas de inflación como parte de su política monetaria (entre ellos el Banco de México), mientras que casi la totalidad de los 222 bancos centrales en el mundo tienen como mandato el combate a la inflación. 
Podemos contabilizar al menos 20 efectos negativos, el primero y el más evidente para la población, es la pérdida del poder adquisitivo de su dinero, lo que impide que les alcance para satisfacer todas sus necesidades. El salario en términos reales (como poder de compra) les alcanza para menos, lo que a su vez genera pobreza y con ella implicaciones negativas en salud, bienestar, educación e integración familiar.
A veces los gobiernos, tratando de mejorar la situación de la población, decretan incrementos salariales por arriba de la inflación (indexación), pero ello ocasiona también un incremento en el costo laboral de las empresas que supone un incremento no solo en el salario nominal, sino también en la prima vacacional, en el aguinaldo, en las aportaciones al seguro social, en las prestaciones sociales directas, las indemnizaciones, etc., lo que eleva los costos de producción que finalmente se traspasan al precio de venta (dependiendo de la fortaleza de la demanda), o bien generan mayor informalidad laboral, de forma que, para disminuir costos registran a los trabajadores con un salario menor en el seguro social.
Lo anterior también hace crecer la economía informal; las empresas no se registran en la Secretaría de Hacienda y sus empleados no están protegidos por la seguridad social. Se pierden empleos formales y con ello mejores condiciones de vida tanto laboral como social.
La inflación destruye los ahorros y hace que las personas se desmoneticen, es decir que gasten hoy su dinero porque mañana ya no les va a alcanzar, y ese desahorro provoca que la banca comercial tenga que subir las tasas de interés para captar recursos, lo que a su vez encarece el crédito tanto al consumo como a las empresas.
Los créditos más caros desmotivan la inversión productiva, lo que reduce el empleo y con él los ingresos, lo que a su vez disminuye el consumo, seguido de una caída en las ventas y en consecuencia una caída en la inversión productiva, lo que puede conducir a una recesión o una crisis, dependiendo de la duración de la contracción económica.
Las altas tasas de interés también generan una mayor carga financiera para las empresas y los gobiernos a nivel municipal, estatal y federal, de forma que estos gobiernos ven aumentar su déficit fiscal y en consecuencia, su deuda pública, pero al competir con los intermediarios financieros para captar recursos también elevan las tasas de interés generando un círculo vicioso de mayores tasas, mayores costos, mayor inflación, mayores tasas.
El alza en las tasas de interés atrae inversión financiera (en instrumentos financieros), no en maquinaria y equipo, lo que disminuye la generación de riqueza (bienes y servicios), aumenta la creación de dinero privado y genera mayor desigualdad. A la par se presenta un fenómeno de financiarización en el cual el sector financiero toma un papel predominante, mayor a la actividad productiva, de forma que generar dinero con dinero es más importante y el departamento de finanzas de la empresa busca generar flujos descuidando la producción. La economía se centra en la especulación generando riesgos de estabilidad económica.
Si la inflación es mayor que la del principal socio comercial, los productos del país con inflación son más caros, lo que se traduce en un descenso en las exportaciones y un incremento en las importaciones, generando así un déficit comercial, lo que a su vez genera una depreciación de la moneda porque al disminuir las exportaciones cae la oferta de dólares, pero al aumentar las importaciones se incrementa la demanda de dólares.
En este punto se forma otro circulo vicioso porque en el caso de México, donde el 90% de lo que importa es materia prima, maquinaria y equipo, la depreciación del peso provoca que hay que pagar más pesos por cada dólar importado, lo que a su vez eleva los costos de producción que finalmente se trasladan al consumidor, retroalimentando el fenómeno inflacionario y así tenemos inflación-depreciación-inflación.
Ello genera mayores expectativas inflacionarias, y los trabajadores empiezan a exigir mayores salarios, mientras que los empresarios buscan anticiparse a la inflación subiendo sus precios, porque esperan a su vez que sus costos de producción se eleven, y lo mismo sucede con los consumidores, que anticipan sus compras antes de que no les alcance el dinero, generando de esta manera un fenómeno de alta inflación por expectativas, o inflación inercial.
El problema radica en que una vez generada la inflación por expectativas, ésta se retroalimenta a sí misma y conduce a mayores niveles de inflación y a medidas más drásticas de política económica para combatirla. 
La elevada inflación genera incertidumbre, desconfianza y hace mucho más difícil la planeación financiera y administrativa, tanto para las familias como para empresas y gobiernos, y ello dificulta aún más el crecimiento económico, los precios se distorsionan, las personas ya no saben si es caro o barato.
Una inflación alta empuja a las personas a buscar un refugio seguro para su poder de compra por lo que tienden a sustituir su moneda local por moneda extranjera, es decir se da un proceso de dolarización de facto, acelerando la desmonetización en moneda local y dificultando la aplicación de la política monetaria, y a mayor demanda de dólares, mayor depreciación de la moneda local, lo que retroalimenta las expectativas de una mayor depreciación y fortalece la dolarización. 
También se presenta la fuga de divisas, buscando instituciones bancarias y financieras más seguras fuera del país, lo que genera una mayor escasez de dólares y una mayor depreciación (devaluación) de la moneda y una mayor inflación. Así esta se convierte en un círculo perverso que puede llegar a niveles extraordinarios. 
Esas son las principales razones por las que un banco central tiene como objetivo prioritario el combate a la inflación sin dispersar sus esfuerzos en otros objetivos.

El círculo perverso de la inflación

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En economía no hay ganar-ganar, porque las necesidades siempre superan los recursos, y los gobiernos no pueden resolver todos los problemas debiendo priorizar sus objetivos, que a la vez deben ser políticamente rentables para proseguir su ideal de modelo económico.
La pobreza y la desigualdad son las constantes, y más la primera, porque para resolver la pobreza no basta con dar subsidios generalizados, es necesario empoderar a la población, desarrollarle las destrezas y habilidades suficientes para que, por sus propios medios, en un futuro no muy lejano puedan salir de la pobreza. Ello implica educación de calidad, incluyendo finanzas, administración y economía desde la primaria, ¡sí, desde la primaria! Es posible y esta comprobado que puede hacerse. También implica un sistema de salud integral, inclusivo y eficiente, al igual que inversión pública en infraestructura, comunicaciones, transporte, que sea autosostenida, económica y sustentable, lo que implica que cada peso gastado debe ser productivo y ejercer un efecto multiplicador en el crecimiento económico.
México, como muchos otros países, es una nación de contrastes. El problema es que los contrastes son bastante pronunciados. Tenemos buenas y malas noticias, y para muestra van algunos ejemplos.
Sin duda es una buena noticia el que el Producto Interno Bruto real (sin inflación) haya crecido 0.6% en el segundo trimestre de este 2025, y a nivel anual (con respecto al mismo trimestre del año anterior) creció 1.2%. Sin embargo y de acuerdo con el Plan México, para ser la décima economía a nivel mundial (actualmente somos la 12), el crecimiento del PIB debe promediar un 4.5% anual de forma sostenida, mientras que la inversión productiva, aquella que adquiere maquinaria y equipo, construcción no residencial (bodegas, fábricas, almacenes, centros comerciales, etc.) debe alcanzar entre el 25 y el 28% del PIB.
Esta inversión productiva o formación bruta de capital fijo, actualmente es del 23.4% del PIB, y en mayo tuvo una contracción 6.7% anual con un leve crecimiento del 0.9% mensual. Lo preocupante es que los gastos en maquinaria y equipo cayeron 8.2% en términos anuales en mayo, y en términos mensuales el crecimiento fue del 0%, mientras que la industria de la construcción cayó un 5% en términos anuales, pero con un crecimiento del 1.4% en el mes de mayo respecto al mes anterior, ello implica a futuro un menor potencial de crecimiento económico.
Son buenas noticias también el que se haya reducido la pobreza multidimensional en México al pasar de 46.8 millones de personas a 38.5 millones, esto es una disminución de 8.3 millones, y ello es debido fundamentalmente a los ingresos laborales de los hogares, donde el incremento al salario mínimo de un 135% en términos reales desde el 2018 a la fecha.
También es bueno que haya disminuido la pobreza extrema de 9.1 millones a 7 millones de personas, sin embargo, aumentó la población vulnerable por carencias sociales del 26.4% al 32.2%, y mientras la pobreza moderada se redujo 10.7%, la pobreza extrema apenas se redujo un 1.7 por ciento.
En contraste, la población sin acceso a servicios de salud en México se duplicó, pasando del 16.2% de la población en 2018, al 34.2% en 2024, lo que equivale a un incremento del 20.1 millones a 44.5 millones de personas.
El problema es que siguen siendo muchos millones de mexicanos en pobreza y que la desigualdad ha aumentado, ya que el 10% de los hogares más pobres en México tienen un ingreso mensual de $5,598.33 o $2,168 pesos por persona, esto son aproximadamente 70 pesos al día, mientras que el 10% de hogares más ricos tienen un ingreso de $76,698.33 o $20,335 pesos por persona, esto es $2,645 pesos diarios, pero el 1% de los hogares más ricos tienen un ingreso de $958,777 pesos mensuales por persona o $33,061 pesos diarios.
Otro factor positivo es el registro de 1 millón 291 mil 365 trabajadores de plataformas digitales en el seguro social, lo que permitió que el IMSS alcanzara la cifra más alta en creación de empleos formales en su historia, con más de 23 millones 591 mil empleos formales registrados a julio del 2025. Estos trabajadores podrán acceder a beneficios de seguridad social como seguro de enfermedades y maternidad, de riesgos de trabajo, de invalidez y vida, de retiro, cesantía y vejez, y créditos a la vivienda.
Sin duda tenemos buenas noticias, pero aún son insuficientes para lograr un crecimiento económico sostenido, una menor desigualdad y pobreza extrema.
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Economía: El conflicto de siempre, necesidades vs. escasez. Un México de contrastes

De acuerdo con el INEGI, la inflación en julio fue del 3.51% anual, lo cual es una buena noticia, ya que fue menor al del mes pasado que fue del 4.42%. A este fenómeno le llamamos desinflación, que sin embargo no significa que los precios disminuyen, sino que suben a una menor velocidad; así hemos pasado de un incremento del 8.7% en septiembre de 2022 a un 3.51% en julio de 2025. 
Cuando los precios realmente bajan le llamamos deflación, y la tasa necesariamente es negativa.
La inflación no siempre se refleja en un incremento en precios, pero es siempre y en todo lugar, una pérdida del poder adquisitivo del dinero.
En épocas de recesión, crisis o estancamiento económico, los productores no siempre pueden trasladar el incremento en sus costos al precio de venta, por lo que buscan formas alternativas de bajar sus costos, como reducir el contenido de los productos o reducir la calidad de estos, y aunque no se presenta un incremento en precios, significa una reducción del poder adquisitivo. 
Así, tenemos por ejemplo la denominada inflación por reducción (“shrink inflation”) que consiste en reducir la cantidad de producto envasada, como por ejemplo: una lata de atún con menos atún y más agua, o una bolsa de papas con más aire y menos papas, una caja de cereal con menos cereal y más aire etc., lo que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo del dinero, pero no se refleja en un incremento en el precio.
También está la inflación por rebaja (“skimpflation”) que consiste en reducir la calidad de los insumos en la producción, por ejemplo cuando se reduce el espacio entre los asientos en un avión, se quitan las comidas gratuitas y cobran por equipaje extra (ni suben el precio del boleto, ni lo disminuyen); o en un restaurante la porción es más pequeña, o la ropa tiene la tela más delgada, de menor calidad y dura menos, al igual que los tenis o el calzado, o en los hoteles ya no hay “amenities” o artículos de tocador. 
Finalmente, está la inflación por codicia (“greedflation”) que se presenta cuando los precios se incrementan, no por un incremento en costos, sino por lograr una mayor utilidad, en un momento en que los precios están subiendo y aprovechan la oportunidad.
Estos fenómenos inflacionarios se presentan a nivel mundial, y de acuerdo con la empresa IPSOS, en 30 países la preocupación sobre la inflación comparte el primer lugar con la referida a la delincuencia y la violencia, con un 33% de las respuestas cada una; en tercer lugar está el incremento en la desigualdad y la pobreza, y aquí hay que recordar que la inflación afecta profundamente a estos fenómenos porque en primer lugar la inflación afecta más a quien menos tiene, al reducir su poder adquisitivo en mayor proporción, sobre todo si los productos que más suben de precio son los referidos a la canasta básica, y porque la pérdida del poder adquisitivo del dinero siempre genera una aumento de la pobreza.

Cuando el precio no sube, pero tú compras menos: las otras caras de la inflación

En junio, las remesas cayeron un 16.2% respecto al mismo mes del año anterior. Ello se debe a las políticas migratorias de Donal Trump.
El problema es que, de acuerdo con la última Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares, esas remesas representan un 27.5% de los ingresos familiares de quienes las reciben y 4.5 millones de hogares reciben dichas remesas, esto es el 11.3% del total de los hogares, es decir uno de cada 10 hogares que se ubican mayormente en zonas rurales y pequeñas comunidades. 
Cada envío promedio es por 409 dólares.
En junio entraron cinco mil 201 millones de dólares en remesas y con un tipo de cambio promedio en el mes de junio de $19.03 pesos por dólar, las familias más pobres del país recibieron 98 mil 975 millones de pesos.
Dicho dinero se utiliza para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud y educación. Los investigadores establecen que de cada dólar recibido, 50 centavos (de dólar) se utilizan en alimentos, bebidas e insumos básicos; 30 centavos para pagar el agua, la luz y el internet; 10 centavos para colegiaturas, útiles y libros; 10 centavos para pagar deudas. 
Esas remesas financian cerca del 44% del gasto de consumo de los hogares que las reciben.
El otro problema se relaciona con el fortalecimiento del peso ya que, aunque el envío es en dólares, reciben los recursos en pesos y ante la fortaleza del peso, cada dólar les da menos pesos. Así, a principios de junio el precio del dólar era de $19.23 y para el 30 de junio era de $18.83, esto es 40 centavos menos por cada dólar. A principios de enero, el precio del dólar era de $20.69, por lo que la pérdida a julio es de $1.86 pesos por dólar.
Anualmente, dichas remesas representan el 3.5% del PIB nacional y el 5% del consumo total, por lo que su caída se refleja en un menor crecimiento económico, un menor consumo y un incremento en la pobreza de los hogares que las reciben, y reducción en el envío de remesas puede profundizarse debido a las redadas y la agresiva política migratoria de Donald Trump. 
Finalmente, después de una racha de 11 años de crecimiento en el envío de remesas, ésta parece llegar a su fin en 2025.

La tormenta perfecta: menos remesas y un peso fuerte golpean a las familias más pobres

El día de hoy, el INEGI publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo a junio de 2025. Los resultados muestran un proceso curioso de precarización laboral, y digo curioso porque, por un lado, el incremento en el salario mínimo ha mejorado la situación de los trabajadores que reciben dicho salario, pero ha empeorado la situación de los que ganan más de dicho salario, y los que se encuentran en la informalidad laboral.
La encuesta muestra que la población ocupada tuvo un incremento anual de 1.2 millones de personas, de forma que el total de ocupados son 60.2 millones de personas, esto es el 97.3% de la Población Económicamente Activa, pero también la población no económicamente activa, es decir en edad de trabajar, pero que opta por no hacerlo, también aumentó en 872 mil 934 personas, y de ellas solo el 12.1% tomarían un empleo si se lo ofrecieran.
Esta población en edad de trabajar pero que no trabaja, fue de 41.6 millones de personas (40.2% de la población en esa edad) y si decidieran incorporarse al mercado laboral generarían un crecimiento económico significativo y un aumento en la productividad. 
La tasa de desocupación fue del 2.7% en junio y el año anterior, en el mismo mes fue de 2.8%, es una tasa baja debido a la inexistencia de un seguro generalizado de desempleo, ya que solo en Ciudad de México y en el Estado de México existe.
Por nivel de ingresos, los datos son preocupantes, ya que el 38.3% de los empleados gana cuando mucho un salario mínimo, y aunque muestra una mejoría porque el año pasado en la misma fecha era el 43.3%, el porcentaje actual es demasiado alto; implica que cuatro de cada 10 empleados ganan como máximo un salario mínimo.
El 29.8% gana más de uno y hasta dos salarios mínimos, cuando el año pasado era el 28.3%, y los trabajadores que no reciben ingresos son el 5.1% de los ocupados, y aumentó con respecto al año pasado que fueron 4.8 por ciento. 
Si sumamos estas tres cifras, tenemos que el 73.2% de las ocupados gana como máximo dos salarios mínimos, esto es siete de cada 10 ocupados.
Hay que recordar que un salario mínimo son 278.8 pesos diarios. Ello significa que siete de cada 10 ocupados no gana más de 557.60 pesos al día, que mensualmente serían $16,960.34 para la mayor parte del país, ya que en la Zona Norte el salario mínimo puede llegar a 419.88 pesos diarios.
Otro dato preocupante es que los trabajadores que ganan más de dos salarios mínimos y hasta tres salarios mínimos, disminuyeron en 15 mil 587 personas, y solo representa el 6% de los asalariados, mientras que los empleados que ganan más de tres y hasta cinco salarios mínimos, también se redujeron a 156 mil 762 personas y representan únicamente el 0.8% de los trabajadores.
Sin embargo, es de destacar que durante el sexenio pasado el incremento en el salario mínimo fue mucho mayor que la inflación, lo que implicó un incremento del 110% en términos reales, un elemento que sí ha mejorado las condiciones de vida de los trabajadores que ganan dicho salario, aunque dicha mejoría no se reflejó en los salarios más altos o profesionales. De hecho, el poder adquisitivo de los salarios profesionales y medios llegó a disminuir en términos reales, porque sus aumentos no compensaron completamente la inflación, por ello y en función de los datos anteriores, se puede concluir que predomina la precarización laboral.
En cuanto a la Tasa de Informalidad Laboral, aumentó a un 54.8% vs. 53.8% del año pasado. En esta tasa se contabiliza a aquellos empleados que son vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, básicamente pequeños negocios familiares, más aquellos que trabajan en microempresas no registradas, es decir en el sector informal, más aquellos que están por cuenta propia en la agricultura de subsistencia y aquellos que trabajan sin seguridad social, pero son empleados de empresas formales. Es decir que uno de cada dos trabajadores se encuentra en informalidad laboral.
Los ocupados en condiciones críticas de ocupación pasaron del 32.7% al 37.7%. Estos son los trabajadores que tienen condiciones laborales inadecuadas y trabajan menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a su decisión, o trabajan más de 35 horas a la semana, pero sus ingresos mensuales son inferiores a un salario mínimo, o aquellas personas que trabajan más de 48 horas a la semana, pero ganan como máximo dos salarios mínimos.
En conclusión, en México la tasa de desocupación es muy baja: 2.7%, no porque la economía muestre un gran dinamismo económico, ni porque los salarios y las condiciones laborales sean muy buenas, sino porque las personas tienen que trabajar para subsistir, ya que solo en Ciudad de México y Estado de México existe un seguro de desempleo vigente, y de todas formas las cifras que lo cubren son muy bajas; en Ciudad de México es un apoyo mensual de tres mil 439.46 pesos por tres meses, y en el Estado de México es de dos mil pesos mensuales hasta en seis ocasiones.

Continúa la precarización del empleo en México

En México, el gasto público en salud representa entre el 2.5% y el 2.7% del PIB, por debajo de la recomendación de la Organización Mundial de la Salud que sugiere al menos un 6% del PIB, y el presupuesto aprobado para 2025 contempla un recorte del 11% respecto a 2024. Los recursos asignados son de aproximadamente 122 mil 668 millones de pesos, lo que limita la capacidad del sistema público para atender adecuadamente a la población.
Los institutos de seguridad social: IMSS e ISSSTE, presentan aumentos, pero los recursos para la población sin seguridad social: IMSS- Bienestar se reducen, así como las aportaciones a estados y municipios.
Como resultado de lo anterior, los mexicanos invierten más de su bolsillo para comprar medicamentos y el sistema sanitario deja sin cobertura al 39% de la población.
De acuerdo con datos de la OCDE, para 2023 México fue el país con el mayor gasto de bolsillo en salud y 41% se financia con ingresos de las familias. El Consejo para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, recientemente desaparecido, calcula que en 2018, 20.1 millones de personas no tenían acceso a servicios públicos de salud, cifra que se incrementó a 50.4 millones en 2022, lo que representa un incremento del 151% en solo 4 años. La población con carencia de acceso a servicios médicos aumentó del 16.2% en 2019 al 39.1% en 2022.
Se estima que entre 2024 y principios del 2025, el IMSS no pudo surtir entre 28 mil y 70 mil recetas al día, y de acuerdo con datos obtenidos del propio Instituto Mexicano de Seguridad Social, los derechohabientes no pudieron recibir 11 millones 575 mil 307 piezas de medicamentos en 2024, y según el Colectivo Cero Desabasto, en 2023 cinco millones 185 mil recetas no fueron surtidas, lo que representa un nivel de desabasto de aproximadamente del 4 al 10% de las recetas que se deben surtir diariamente. Ante la carencia de medicinas e insumos en las instituciones de salud pública y ante la deficiencia en los servicios, las familias han tenido que acudir a consultorios privados, consultorios de farmacias o se automedican.
De acuerdo con el INEGI y en función de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, en 2022 las familias mexicanas destinaban a la salud 3.36% de su gasto total cada trimestre, y la población que se autorreportó como fuera del sistema público de salud era del 42% vs. el 15% del 2018; ello implicó una reducción de 13.4 millones de personas.
Si se analiza por decil, la población más afectada es la más pobre y necesitada, ya que en 2018 los afiliados al IMSS del decil 1 (el más pobre) eran alrededor de 14 millones y para 2022 eran apenas 6 millones de personas.
Se estima que de cada 100 pesos gastados en salud, casi 50 provienen del bolsillo de las familias y de acuerdo con la OCDE, México es el país con el gasto de bolsillo en medicamentos más alto entre sus miembros. 
De acuerdo con el CELAG, los mexicanos necesitan trabajar cuatro horas más que el promedio latinoamericano de ocho horas, para poder comprar insumos médicos.
En el presupuesto de egresos de la federación, para el 2025 hay menos recursos programados para los más pobres, aquellos que no tienen acceso al sistema de salud pública. Las dependencias más afectadas son aquellas que atienden a las personas sin seguridad social, es decir para la Secretaría de Salud y el IMSS-Bienestar. Ello aumenta la desigualdad social y disminuye la equidad en los servicios públicos de salud.

Recortes en Salud: los más pobres son los más perjudicados

El 26 de junio de este 2025 despareció el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y sus funciones fueron transferidas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con ello se pierde un órgano técnico, autónomo y especializado en la evaluación y la medición de la pobreza.
La mayoría de las personas piensa que la pobreza es un problema de ingresos y si, de hecho, lo es, sin embargo, es mucho más complejo que ello. Es un fenómeno multifactorial y abarca diversas carencias que afectan la calidad de vida de las personas, su integración a la comunidad y su desempeño en el mundo laboral y social.
La calidad de vida tiene que ver con una mala salud y desnutrición además del no tener la posibilidad de acceder a servicios médicos, al agua potable, electricidad, educación y servicios básicos como drenaje, alcantarillado, transporte público, internet, etc. 
Las personas en pobreza se caracterizan por tener un trabajo precario porque no tienen las habilidades y destrezas necesarias, o la educación adecuada.
Para medir adecuadamente la pobreza, los enfoques modernos han creado un índice de pobreza multidimensional, lo que permite una mejor identificación de quiénes, cuántos son y en qué condiciones viven las personas en pobreza, lo que permite un mejor diseño de políticas públicas. 
De acuerdo con lo anterior, la pobreza puede ser:
1. Absoluta: cuando las personas no pueden cubrir sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, educación y seguridad.
2. Relativa: cuando las personas tienen diversos tipos de carencia en relación con su entorno social. Se mide por la comparación de ingresos entre los hogares con los del resto de la sociedad en la que viven.
3. Coyuntural: de carácter temporal. Cuando las personas, durante períodos de crisis económica, enfermedades catastróficas, desastres naturales, conflictos bélicos, caen en pobreza, pero tienen las oportunidades y capacidades para salir de ella en un futuro cercano con el apoyo de políticas públicas.
4. Estructural: arraigada en las estructuras económicas, sociales y políticas del país con carencias acumuladas, exclusión social y discriminación. Genera desigualdad crónica y es difícil de superar.
5. Rural: la que se presenta en el medio rural por la falta de acceso a servicios básicos y condicionada por el entorno geográfico y climático. No es lo mismo ser pobre en el desierto de Zacatecas que en la Selva Lacandona.
6. Urbana: la que prevalece en las zonas urbanas a pesar de tener un mayor acceso a servicios básicos. No es lo mismo ser pobre en la Ciudad de México, que en Villahermosa.
7. Extrema: cuando la población no tiene forma de satisfacer las necesidades básicas más elementales, normalmente en zonas marginales o alejadas de centros urbanos, y generalmente indígenas o personas en situación de calle.
8. Generacional: es un proceso de transmisión de pobreza de padres a hijos convirtiéndose en un ciclo perverso, muy relacionado con la falta de movilidad social, de educación, salud y empleo.
9. Social: es un proceso de exclusión o marginación social que puede ser autoimpuesto o infligido por una sociedad que no permite su incorporación a la vida social, económica, política y cultural, ya sea por negligencia, por discriminación e indiferencia. Estas personas carecen de redes de apoyo, son estigmatizadas y sumamente vulnerables.
10. Material: relacionada con la falta de recursos y bienes materiales para cubrir sus necesidades básicas como viviendas construidas con materiales precarios que no protegen adecuadamente contra el clima, no tiene espacio suficiente y las personas viven hacinadas etc. 
Todo lo anterior indica que la pobreza no se soluciona simplemente con subsidios monetarios que quizás le permitan el acceso a una canasta alimentaria, o a una canasta básica que incluye algunos servicios públicos, pero que no los empodera o potencializa para que en un mediano plazo pueden salir adelante por sus propios medios.
Por ello me congratulo que ante la desaparición del Consejo de Evaluación para la Política Social (Coneval), surja un grupo de organizaciones y académicos que darán seguimiento a la medición de la pobreza y la evaluación de las políticas sociales.
Este consorcio se llama “Consorcio por la Medición y la Evidencia” que además de colaborar con el INEGI, involucra a instituciones como el Centro de Estudios Espinosa Yglesias que se ha especializado en movilidad social; el Instituto Mexicano para la Competitividad; México cómo vamos; México Evalúa y la Universidad Iberoamericana. De esta forma, se mantendrá la independencia técnica y la rigurosidad para un análisis mucho más profundo y adecuado de la pobreza, así como una evaluación crítica de las políticas públicas, de manera que se pueda fortalecer la política social en México.

¿Crees que dar dinero resuelve la pobreza? ¡Piénsalo de nuevo!

Miguel De La Rosa Figueroa

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Jonás

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Mirza Flores

La fiesta de la familia naranja: una convención estatal histórica

José Manuel Romo Parra

Gracias por tanto amor para Guadalajara

Hiram Espinoza de los Monteros

Coordinación… pero no en el presupuesto

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, los ingresos tributarios de enero a julio del 2025 se incrementaron un 7.2% respecto al mismo periodo del año anterior, superando lo establecido en la Ley de Ingresos, esta es la mayor tasa anual desde 2016 para un primer semestre. Con esto ya van cuatro años continuos de crecimiento de los ingresos tributarios desde la pandemia y ello es una buena noticia, porque supone que el gobierno federal tendrá mayores ingresos para cumplir con su proyecto presupuestal de este año, sin embargo es aún insuficiente, ya que la recaudación en México como porcentaje del PIB a 2023 fue del 19%, mientras que el promedio ponderado para América Latina fue del 21.9% y para los países miembros de la OCDE es del 33.9%, por lo que aún estamos lejos de tener una posición desahogada en ingresos tributarios (OCDE, CEPAL, BID: Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2025).
El otro problema es el claro proceso de desaceleración económica que está sufriendo la economía mexicana, donde se espera una tasa de crecimiento del PIB cuando mucho del 0.3% anual. Ello significa que disminuirá la recaudación en impuestos sobre ingresos y utilidades, y sobre nómina. Ello no es una buena señal porque los recursos comprometidos para este año, en especial los destinados a sostener programas sociales, se vieron incrementados, por lo que una menor recaudación podrá generar un mayor endeudamiento público.
En México el impuesto proveniente de ingresos y utilidades representa el 7.9% del PIB, ligeramente superior al promedio del 6.2% para América Latina, pero significativamente menor al 12.3% promedio de los países miembros de la OCDE. Los ingresos por seguridad social son de apenas el 2.4% del PIB, mientras que para América Latina son del 3.6% y para la OCDE del 8.7%, el impuesto a la propiedad representa en México el 0.3%, en América Latina el 0.8% y en la OCDE el 1.8%, mientras que los impuestos que provienen del consumo de bienes y servicios representan en México el 6.2%, el 10% en América Latina y el 10.6% en la OCDE.
Ello indica que aún hay mucho camino por recorrer para disminuir la evasión y la elusión fiscal, mejorar las estrategias de recaudación tributaria y mejorar el crecimiento económico que a su vez permitirá mejorar la recaudación.

Incremento en recaudación aún insuficiente