Policías: Se quedan los malos y se van los buenos
En México, la integración de las fuerzas policiales sigue condicionada a un sistema que alimenta la corrupción y socava la legitimidad institucional. El sistema de control y confianza, basado principalmente en el uso del polígrafo, es engañosamente simple: en Estados Unidos fue descartado hace décadas por su baja confiabilidad, pues puede manipularse y sus resultados son, literalmente, una moneda al aire; sin embargo, en México sigue vigente como pilar del ingreso y permanencia en las corporaciones de seguridad.
Esta práctica arbitraria distorsiona el filtro de ingreso, provocando que buenos elementos sean descartados por falsos positivos y, al mismo tiempo, que policías corruptos o vinculados al crimen organizado logren pasar el examen y mantenerse en el servicio. La realidad se agrava debido a la falta de personal y recursos, lo que provoca que los procesos de depuración sean superficiales o inexistentes, permitiendo que agentes con antecedentes de abusos, denuncias o nexos criminales, continúen patrullando nuestras calles. Esta falla institucional se refleja en las cifras de impunidad: solo el 6.4% de los delitos cometidos llega a denuncia y únicamente el 14% de estos, hallan una solución.
En materia de homicidios, nueve de cada 10 quedan impunes, con apenas un 17% de estos crímenes esclarecidos formalmente entre 2010 y 2022. Además, entre 2019 y 2024 se reportaron dos mil 881 casos de tortura, con tres mil 506 víctimas, y el 42% de los presos afirmaron haber sido golpeados para incriminarse, el 22% coaccionados para acusar a otros, y el 20% se declaró culpable tras agresiones físicas. Mientras tanto, muchos policías “buenos” abandonan la profesión por problemas de salud como hipertensión, estrés postraumático o trastornos psicológicos derivados del servicio, sin recibir atención médica ni respaldo institucional.
Las condiciones laborales son precarias: el salario promedio ronda los seis mil 620 pesos mensuales en el primer trimestre de 2025, por jornadas de casi 60 horas semanales. Esta cifra contrasta con el anuncio del gobierno federal, que aprobó un salario mínimo garantizado de, al menos, 17 mil pesos mensuales para policías, soldados, médicos y enfermeras, en línea con el promedio del IMSS. Sin embargo, esta reforma aún no ha sido publicada formalmente, y por ahora la realidad salarial sigue siendo angustiante.
De acuerdo con distintas organizaciones, el salario mensual promedio de un policía o agente de tránsito es de 13 mil pesos, equivalente a apenas 50 pesos por hora, y solo el 34% gana un salario digno (es decir, 17 mil pesos mensuales o más); muchos incluso deben pagar su equipo, combustible y reparaciones por su cuenta. La percepción del problema es clara: en 2024 México obtuvo 26 puntos de 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción, ubicándose en el lugar 140 de 180 países. El 83% de la población considera que la corrupción sigue siendo un problema frecuente y seis de cada 10 han sido víctimas de corrupción o extorsión policial.
A su vez, el impacto económico de la violencia continúa siendo brutal: en 2024 ascendió a 4.5 billones de pesos, lo que equivale al 6.7% del PIB nacional y supera ampliamente el gasto gubernamental en desarrollo económico.
La suma de impunidad, tortura, bajos salarios, malas condiciones laborales y el mantenimiento de filtros de control ineficaces, crea un escenario donde los policías malos se quedan y los buenos se van.
Es urgente repensar la depuración del sistema de seguridad: se requieren investigaciones rigurosas de los lazos del personal con el crimen organizado, estudios socioeconómicos periódicos para detectar discrepancias entre ingresos y estilo de vida, atención integral en salud física y mental, condiciones dignas de trabajo y salarios que realmente reconozcan el riesgo y la responsabilidad que implica su labor.
