Suprema Corte de Justicia: el comienzo de lo incierto
Ayer, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionaron en el pleno por última vez. Se trata de los 11 ministros que estaban en el cargo y que colgarán la toga porque a partir del 1 de septiembre, entran en funciones los nueves ministros electos en el proceso electoral del pasado 1 de junio.
En la última sesión, que fue de carácter extraordinario, hubo ovaciones y una evidente carga de nostalgia. Concluyó una etapa en la historia de la justicia mexicana.
En este espacio, al menos, el objetivo no es empezar a escribir las memorias del trabajo de ministros como Norma Piña, la primera mujer mexicana en encabezar el Poder Judicial en la historia del país (para molestia permanente del expresidente Andrés Manuel López Obrador), ni de sus colegas en el pleno.
No, el propósito es otear algo de lo que se avecina con los ministros electos, o al menos los más conocidos de ellos.
¿Por qué? Porque después de los discursos políticos en confrontación por la reforma al Poder Judicial y la viciada elección que dejó como recuerdo más claro los acordeones repartidos para que la mayoría de los ganadores fueran cercanos a los liderazgos del Partido Morena, lo que viene ahora es resolver la incertidumbre nacional e internacional expresada en una pregunta: ¿Mejorará la impartición de la justicia en México?
El nuevo ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz inició el nuevo trayecto llevando al ejercicio de la Corte un discurso de rescate de la identidad indígena de México. Eso está muy bien, y habla de su formación y convicciones; igual que él, el resto de las ministras y ministros (los nuevos y las que repiten), reflejarán sus intereses personales, pero lo que requiere la nación no es tanto que un ministro de la Corte decida llevar atuendos indígenas a la Sala del Pleno, sino que resuelva el retraso en la administración de la justicia. Eso es más trascendental que establecer una discusión sobre los salarios de los ministros y los trabajadores de la Suprema Corte.
El reto es gigantesco para todos: ministros de la Corte, magistrados y jueces federales. También para el nuevo órgano judicial que tendrá la responsabilidad de aplicar disciplina y sanciones entre juzgadores que se desvíen de la ley o administren justicia con base en intereses personales o de grupo.
El Poder Judicial de la Federación –al menos así justificaron la reforma para desmantelarlo y establecer uno con integrantes elegidos en las urnas– padecía de corrupción, nepotismo, clientelismo, lentitud e ineficacia.
Sostengo, como lo he dicho en varias ocasiones en este espacio, que la solución a todos esos profundos defectos, no es simplemente elegir en las urnas a los jueces, magistrados y ministros.
Seguro hablarán del “beneficio de la duda”, pero debe ser muy breve. Porque la justicia federal, igual que en los estados en diferentes grados, padece muchos vicios que se supone, desaparecieron con la reforma judicial.
