Universidades bajo la lupa: cuentas claras o confianza rota

Este lunes, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, las y los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia, junto con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), recibimos a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para acompañar en la revisión y seguimiento de los presupuestos y acciones de las universidades públicas del país. Este ojo parlamentario pone la lupa grande y la tinta indeleble en el ejercicio de cada peso asignado y gastado.

Los números hablan solos, y a veces gritan. De las 87 universidades fiscalizadas entre 2017 y 2024, a la fecha quedan por aclarar 11 mil 519 millones de pesos. Sí, once mil quinientos diecinueve millones. Como siempre, hay campeonas en el ranking: la Autónoma de Coahuila encabeza con más de 2 mil 274 millones; la Autónoma de Nayarit con casi mil 985 millones; la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con 771 millones; la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, con 696 millones; y la Universidad Autónoma de Zacatecas con 573 millones. Pero no se queda ahí: la Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas tiene pendiente más de 18 millones; el Instituto Politécnico Nacional arrastra 10.3 millones; la UNAM, aún con su peso histórico, registra 5.1 millones. Ninguna se salva del todo.

Ahora bien, aclaro que no todo son desvíos dolosos. En muchos casos se trata de reportes mal hechos, fallas metodológicas o trámites que parecen diseñados para que cualquiera tropiece. Pero también hay prácticas ya comunes que son burla al erario y un detrimento a la ciudadanía, como contratar profesores sin el perfil académico que se requiere. Esa historia ya la hemos vivido y eso es doble daño, porque se gasta mal el dinero y se condena a estudiantes a tener frente al aula a alguien que no tiene la preparación adecuada. Mientras tanto, miles de académicos preparados y con vocación esperan una oportunidad.

Ante esto, es urgente dar mayores herramientas a las universidades para que el ejercicio de los recursos cada vez sea más transparente y honroso. También hay que poner atención en hacer primordial el ojo ciudadano, para que los presupuestos universitarios no sean la caja chica de campañas políticas.

La vigilancia ciudadana y la del Tribunal Electoral tienen que ser férreas, porque cada peso que se escurre en propaganda es un peso que no llega a un salón, a un laboratorio o a una biblioteca. Muchos me preguntan por qué insisto tanto en que las auditorías sean preventivas. Muy sencillo: porque las correctivas son como cerrar la puerta cuando ya se metió el ladrón. En el mejor de los casos, se consigue un crédito fiscal contra los responsables, pero el daño a la universidad ya está hecho: El laboratorio se quedó sin microscopios, la beca nunca llegó, el profesor de asignatura siguió sin contrato digno. Esa es la injusticia silenciosa que ningún dictamen fiscal podrá corregir.

Por eso, más que perseguir, hay que evitar. Más que castigar, hay que prevenir. Las universidades públicas concentran al 40% de la matrícula nacional; más de 1.5 millones de estudiantes que todos los días cruzan las puertas de sus facultades con la esperanza de un futuro mejor. Cada peso invertido bien significa más liderazgos para México. Cada peso malgastado deberíamos considerarlo una traición.

Y no podemos olvidar al claustro docente. Tenemos miles de profesoras y profesores contratados por hora o asignatura, sin certeza laboral y con sueldos precarios, sosteniendo buena parte de la vida académica. Si queremos excelencia educativa, debemos empezar por dignificar a quienes enseñan. Y, al mismo tiempo, frenar la práctica ya naturalizada de colocar en esas plazas a personas sin el perfil adecuado, porque eso no solo es corrupción: es condenarnos a aceptar la mediocridad académica.

Las casas de estudios superiores son más que números en un presupuesto. Son la fábrica de ciudadanía, el refugio del conocimiento y el motor de la movilidad social. Defenderlas significa ser duros contra la corrupción, implacables con el mal uso del dinero, pero también aliados de quienes hacen bien las cosas. Rendir cuentas no es un acto burocrático, es un acto de confianza. Y si queremos que las universidades mexicanas sigan siendo el orgullo del país, debemos hablar claro: tolerancia cero al desvío, lupa sobre quienes usan recursos para fines políticos y un nuevo paradigma de auditorías preventivas que corten el problema de raíz.
Porque al final del día, la justicia no está en un crédito fiscal, sino en que las y los estudiantes tengan aulas dignas, profesores de calidad y universidades que sean verdaderos motores del futuro.