Hiram Espinoza de los Monteros

El próximo lunes inicia un nuevo periodo legislativo en el que Morena y sus aliados consolidarán su control del país. Ese mismo día asumen funciones los nueve nuevos Ministros –electos en la primera elección popular de integrantes del Poder Judicial–, a quienes se les identifica, en su mayoría, como cercanos al oficialismo. Esto pone en entredicho la independencia en decisiones que involucren asuntos vinculados al Estado.
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El oficialismo controla no solo el Congreso y ahora –parece– la Corte, se suma el diseño de una reforma electoral que podría eliminar plurinominales y reducir aún más los contrapesos. 
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Sin oposición efectiva, Morena y sus aliados consolidan un sistema en el que todas las instituciones orbitan en torno a su proyecto político.
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En este entorno, se esperaría que la oposición –PRI, PAN y Movimiento Ciudadano– actúen como un freno institucional, pero el lamentable episodio de ayer en el Senado, cuando Alejandro “Alito” Moreno, líder del PRI, agredió físicamente al presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, es evidencia de lo contrario. La oposición está 
secuestrada por el espectáculo, los pleitos personales y la deslegitimación mutua.
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El PAN, por su parte, atraviesa crisis internas, y Movimiento Ciudadano prefiere mantenerse como “tercera vía”, sin asumir un rol claro ante el rumbo oficialista que se extiende. En conjunto, difícilmente representan el contrapeso que la democracia en México requiere… El oficialismo avanza porque la oposición se arrastra.
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Un poder hegemónico nunca es garantía de progreso; al contrario, deriva en imposiciones, abusos y decisiones alejadas de la pluralidad que caracteriza a una sociedad diversa como la mexicana. Cuando sólo importa una voz y una visión de lo que México es y de lo que 
México necesita, se corre el riesgo de acallar las disidencias y sofocar la crítica, cancelando el disenso que es parte central de la democracia. Lo que queda es nula pluralidad y obediencia ciega.

Hiram Espinoza

Justo cuando más se necesita una oposición

La vialidad de López Mateos, lenta, atorada, a veces nula por los embotellamientos y accidentes, se ha convertido en tema recurrente de las recientes administraciones; la que está en curso no es la excepción… Sus raíces parecen ligadas al crecimiento desordenado de la metrópoli, cuando Tlajomulco se convirtió en polo masivo para la construcción de vivienda de interés social sin infraestructura suficiente. ¿Será cierta esta tesis? Porque desde antes, en otra lógica y con otras capacidades económicas, nacieron Bugambilias, El Palomar, El Manantial. La realidad es que cada fraccionamiento sumó presión a una arteria que desde entonces se volvió insuficiente.
En el gobierno de Enrique Alfaro se intentó apaciguar la inconformidad con los Diálogos por la Movilidad Sustentable de López Mateos, que derivaron en la regulación de horarios para el transporte de carga. Ya con Pablo Lemus, se implementaron carriles de contraflujo en ciertos horarios, una medida que parecía prometedora, pero poco duró el gusto… La presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles reabrió el debate sobre “soluciones” más profundas, significa la posibilidad de un segundo piso.
En 2023, una consulta ciudadana dejó claro el sentir: apenas un 2% apoyó un segundo piso en López Mateos; 40% pidió priorizar el transporte público. Hoy, volver a abrir el debate sin considerar ese resultado es incongruente y erosiona la credibilidad en la participación ciudadana porque el tema de fondo sigue intacto: no se ha pensado con seriedad en una línea de tren ligero o un sistema BRT con flota suficiente para absorber la demanda.
Pero incluso, si se asumiera ese compromiso, vendría otra pregunta inevitable: ¿Con qué recursos? La magnitud de una obra así requiere inversión federal, y hasta ahora no se ha visto voluntad económica para proyectos de este tipo, ni siquiera para los que ya han sido presentados. Quizá hubiera valido la pena que en la última reunión de Pablo Lemus con Claudia Sheinbaum se añadiera este punto a la agenda… por lo menos para el registro anecdótico.
El problema vial persiste y las soluciones han sido, hasta ahora, parches que ganan tiempo (por lo regular poco), pero no resuelven. López Mateos no necesita otro ejercicio para la foto, sino una estrategia integral que reconozca su historia y planee su futuro. Y si las consultas no sirven para orientar las decisiones, quizá el verdadero embotellamiento esté en la voluntad política.

López Mateos: la consulta, el recuerdo y la deuda pendiente

En Jalisco, una mujer violentada puede pedir ayuda por WhatsApp. Al menos eso promete el nuevo Chatbot Violeta, una herramienta que —según el gobierno estatal— permite orientar y acompañar a víctimas de violencia de género desde el celular. Pero cuando la violencia ocurre en tiempo real, cada segundo cuenta. Y ahí es donde surgen las dudas.
Al enviar un mensaje al número 3314151002, el sistema despliega un menú con cinco opciones: “Estoy en riesgo”, “Quiero denunciar”, “Servicios de los Centros de Justicia para las Mujeres”, “Quiero conocer las sedes” e “Información de la red”. Es una estructura útil para orientación general. Pero si alguien está en peligro inminente, ¿realmente puede esperar a que el sistema procese esas rutas y genere un folio antes de recibir auxilio?
La duda es legítima y necesaria. La herramienta no es un botón de pánico ni una línea de atención de emergencias. Es una guía interactiva que, en el mejor de los casos, puede derivar en apoyo posterior. Pero si se promueve como un canal de respuesta inmediata, se corre el riesgo de generar una peligrosa falsa seguridad.
Que la tecnología esté al servicio de las mujeres es indispensable. Pero eso no sustituye lo esencial: policías capacitados, personal especializado, refugios seguros, procesos judiciales que no revictimicen. La violencia machista no se resuelve con emojis ni menús de opciones.

Chatbot Violeta: ¿herramienta de apoyo o placebo?

El 7 de agosto próximo, la Fiscalía de Jalisco ofrecerá por primera vez una disculpa pública por las omisiones y nulos resultados en la investigación de la desaparición de Dalia Guadalupe y Luis Ramón. La disculpa llegará casi 15 años después (septiembre de 2010) de que la pareja salió de Ahualulco de Mercado con la intención de –vía terrestre– llegar a Estados Unidos.
El último dato de ubicación es en el Estado de Zacatecas, donde Natividad, madre de Dalia, también presentó la denuncia con los mismos resultados: nulos. Dos denuncias, una en Jalisco y otra en Zacatecas, doble omisión, doble desinterés, doble ineptitud. El resultado es un calvario similar al de miles de familias que en México buscan a alguien.
El caso de Dalia y Luis fue llevado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en donde en diciembre de 2023 determinaron que hubo afectación al derecho a la búsqueda, localización e identificación, a la verdad, al acceso a la justicia y otra serie fallas derivadas de este caso.
Pienso en el recorrido… en los muchos funcionarios, Ministerios Públicos, policías investigadores, actuarios, peritos, o cuanta burocracia se involucre, que vio pasar el caso y lo fue dejando al final de los montones de papeles que contienen denuncias; después se van a archivo, cajas de cartón color café a la que colocan cualquier número para ligarlo al listado que enuncia los expedientes… 
Pienso en el cansancio por la cantidad de trabajo rezagado, pero pienso más en la señora Natividad a quien recién conozco por foto y en la que aparece dirigiendo su mirada al suelo; la curvatura de sus ojos transmite una profunda tristeza, ¿cómo esperar otra cosa? Hace 14 años y 10 meses no sabe nada de su hija y su yerno.
La primera denuncia por estos hechos se presentó en Jalisco, el 18 de octubre de 2010, ante la entonces Procuraduría de Justicia de Jalisco; la encabezaba Tomás Coronado Olmos. A lo largo de casi tres sexenios, la institución no solo fue omisa: fue cómplice de una investigación abandonada, interrumpida y archivada. Ni la transición a Fiscalía General en 2013, ni el paso por la oficina de Luis Carlos Nájera, Eduardo Almaguer, Marisela Gómez Cobos, Raúl Sánchez Jiménez, Gerardo Octavio Solís o Luis Joaquín Méndez, logró cambiar la inercia de inacción… hoy está Salvador González con escasos siete meses y semanas en el cargo, pero con carrera dentro de esta institución, reitero, rebasada.
Doña Natividad Guerrero, madre de Dalia y suegra de Luis Ramón, estará presente cuando el Estado le ofrezca disculpas. Su sola presencia debería incomodar a quienes construyeron sus carreras ignorando expedientes como el suyo, archivados en esas cajas de cartón color café.

Disculparse tres lustros después

No es la primera vez que un gobierno promete llevar la cultura a las aulas, pero sí es la primera que Jalisco anuncia que todas las primarias y secundarias públicas tendrán clases de música como parte de su plan de estudios. El gobernador Pablo Lemus presentó la medida como una apuesta para que el Estado sea “referente cultural a nivel mundial”. ¿Está mal querer más arte en las escuelas? Claro que no, de hecho, es urgente.
Prometer aulas con instrumentos y remodelar 920 escuelas suena ambicioso. Sin embargo, según el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, casi el 15% de los planteles en Jalisco no tienen conexión al agua potable, y 25% carece de sistema de drenaje. ¿Llegará la flauta antes que la plomería?
Además de imaginar salones con guitarras, sería bueno garantizar baños funcionales, techos seguros y agua potable. El reto es que se mantenga la apuesta por la cultura y a su vez también resolver lo básico en una política que logre lo integral de la dignificación del estudiante a fin de que Jalisco sea ese polo cultural con compromiso sostenido.
La cultura no debe llegar al final de la lista de prioridades, sino entrelazarse con otras necesidades esenciales. Que este impulso no se quede en discurso: si vamos a formar músicos, artistas y ciudadanos sensibles, empecemos afinando desde lo más básico. Que se construya y no se improvise.

Flautas y tuberías en armonía

Seis personas muertas y una desaparecida: saldo trágico que dejan, hasta ahora, las lluvias en Jalisco; a excepción del caso ocurrido en Sayula, el total de tragedias corresponde a la Zona Metropolitana de Guadalajara. Vidas perdidas, caos vial, bardas colapsadas y viviendas inundadas son la postal de cada temporal.
En contraste, colonias enteras siguen esperando que el agua potable llegue a sus hogares. El agua que nos sobra y el agua que falta. Las lluvias recientes en Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque no sólo provocaron caos vial y daños materiales, sino que exhiben, una y otra vez, el abandono de la infraestructura urbana y hace que el agua sobre, peor, se pierda a falta de un colector que la almacene para los tiempos de secas.
Las lluvias extraordinarias —como la que dejó 83 milímetros en menos de una hora en Zapopan— evidencian el rezago en colectores pluviales, vasos reguladores y sistemas de drenaje. Los gobiernos municipales responden con conteos de viviendas afectadas, recuentos de vehículos varados o arrastrados y maquinaria pesada para liberar calles. Los efectos se ven; las soluciones estructurales, no. 
Por otro lado, está el agua que nos falta. Los niveles de las presas se reportan al 52% en el Lago de Chapala y el riesgo de desabasto persiste en varias colonias del Área Metropolitana. La infraestructura hídrica colapsada y las fugas no atendidas representan pérdidas diarias de miles de litros. La respuesta oficial es apostar a un drenaje profundo o a discursos que promete soluciones a largo plazo, mientras el presente se resuelve con pipas.
No podemos seguir pensando el agua como un problema dividido entre la que cae del cielo y la que no llega a los hogares. Es el mismo problema. Lluvia que no captamos, agua potable que no distribuimos, infraestructura que no modernizamos. La ciudad debe replantear la gestión integral del agua: de las lluvias a las presas, del drenaje a la red hidráulica. Porque el agua que hoy nos sobra es la misma que, si seguimos así, mañana nos faltará.

El agua que nos sobra y la que esperemos no nos falte

El acuerdo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, que obliga a los partidos a postular exclusivamente mujeres en ocho municipios para el cargo de presidente (presidenta, claro está) en las elecciones de 2027, desató inconformidades; no sorprende, se veía venir.
La medida –argumentan en el IEPC– busca incidir en la participación política de las mujeres en donde nunca han gobernado por elección popular y además, ponderan que no hay posibilidades de reelección de los hombres que hoy están en el cargo. La inconformidad viene del partido que –irónicamente– postuló a la mujer que hoy gobierna el país: Movimiento de Regeneración Nacional. Morena anunció que impugnará esta disposición ante el Tribunal Electoral, argumentando que se trata de una intromisión en la autonomía partidista.
¿Cómo entender la reacción de Morena cuando, al menos en el discurso, defienden la paridad en todos los niveles de gobierno? Su oposición a estos lineamientos resulta en un giro práctico, más que ideológico, motivado por los intereses de sus cuadros políticos locales, especialmente en municipios estratégicos como Zapopan y Tonalá por ser parte de la Zona Metropolitana de Guadalajara. En palabras llanas: con la obligación de postular mujeres, liderazgos masculinos quedarían fuera de la contienda.
Al interior del partido también se alzan voces que ven en esta decisión una contradicción, más cuando la dirigencia estatal la ocupa precisamente una mujer. En contraste, otras fuerzas políticas como el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano han respaldado el acuerdo del IEPC, aunque no sin reservas. El fondo del debate está en la tensión entre garantizar condiciones de equidad histórica para las mujeres y mantener abierta la competencia interna sin restricciones impuestas desde fuera.
Lo cierto es que la paridad sustantiva no se agota en las cuotas, pero sin ellas ha sido imposible abrir espacios a las mujeres en muchas regiones. La medida del IEPC no es perfecta, pero representa un intento por acelerar la representación femenina en territorios donde simplemente no ha existido.
Si el Tribunal Electoral revierte el acuerdo, se consolidará el mensaje de que la paridad está sujeta a cálculos partidistas. Si lo ratifica, pondrá a prueba la capacidad de los partidos para formar y respaldar liderazgos femeninos más allá de los tiempos electorales. Por sus actos los conoceréis…

Morena y la impugnación a la paridad: ¿Convicción de género o cálculo electoral?

Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, firmó su declaración de culpabilidad ante una corte federal en Nueva York. Con ello, abre la puerta a lo que en términos judiciales se conoce como “cooperación anticipada”, es decir: ofrecer información a cambio de beneficios. En otras palabras y obvios términos, está dispuesto a hablar y si habla, más que exponer la red de trasiego de fentanilo, resultará interesante saber quiénes lo protegieron desde el poder político.
Esto genera tensión y hasta ánimo de fractura, pero ¿entre quiénes?, ¿cuáles son esos nombres que harían caer proyectos de gobierno?, ¿hasta dónde?, ¿hasta qué esfera cercana o lejana de quienes hoy ejercen el poder? El crimen organizado en México se caracteriza por su capacidad de infiltrarse en las instituciones y por ello no es igual Ovidio-cómplice que Ovidio-testigo revelando pactos con partidos, campañas o gobiernos.
Su caso se suma a una larga lista de criminales que, una vez capturados y juzgados en Estados Unidos, deciden colaborar. Lo hizo Vicente Zambada, lo hizo Dámaso López. Pero lo que distingue a Ovidio es su apellido, el simbolismo de su captura, el caos que provocó su liberación bajo López Obrador en el “culiacanazo” del 2019. No es cualquier narco: es el heredero visible del Cártel de Sinaloa, y su caída puede arrastrar la de otros que hoy no se identifican como parte del negocio del narco.
Si México no reacciona con seriedad ante esta coyuntura –con fiscalías que investiguen, congresos que exijan cuentas y partidos que limpien sus filas–, lo que podría ser una oportunidad para exponer y desmontar redes de narcopoder, terminará como siempre: con verdades silenciadas y responsabilidades diluidas. 
Hasta hoy, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha guardado silencio. No es extraño. Pero ese silencio institucional también es una señal: no hay control sobre lo que Ovidio pueda decir del otro lado de la frontera.

¿Qué revelará Ovidio?

Laura Haro Ramirez

La nueva Corte, pieza clave del proyecto dictatorial

Federico Torres López

El nuevo muro europeo

Héctor Ruiz López

El dolor que no cesa: desapariciones forzadas

Mi pecho no es bodega

Isaura Amador

Mes patrio: honrar nuestras instituciones

Los asesinatos recientes de Katia Daniela Medina, defensora y activista trans, y Joselinne Páez, son muestra de una violencia estructural. Organizaciones como Unión Diversa de Jalisco denuncian que cada transfeminicidio es el resultado de discursos de odio, omisión institucional y revictimización… y es cierto.
La discusión en torno a la tipificación del transfeminicidio en el Código Penal —y la incorporación de agravantes por odio— parece urgente y necesaria. Se trataría de un avance significativo en el plano institucional, que permitiría visibilizar una violencia con nombre propio y obligaría tanto a procuradores de justicia como a jueces, a reconocer la identidad de las víctimas como sujetos de derechos en una situación históricamente vulnerable.
Surge entonces la duda sobre cómo operarán los diferentes grupos parlamentarios frente a la propuesta de reforma presentada por la diputada de Movimiento Ciudadano, Montserrat Pérez Cisneros, especialmente después del rechazo explícito que mostraron en la votación obligada por la Suprema Corte respecto al reconocimiento de las infancias trans.
En marzo pasado, el Congreso de Jalisco rechazó con 21 votos en contra, 13 a favor y una abstención, una reforma para que niñas, niños y adolescentes trans pudieran modificar legalmente su identidad de género en el acta de nacimiento. Esta decisión limita desde la infancia el reconocimiento de la dignidad de las personas trans. Allí se evidencia la noción de “violencia institucional”: no es solo una omisión, sino una imposición normativa que revoca el derecho al reconocimiento básico. La ley no solo no protege, sino que retrae derechos fundamentales. 
La pregunta inevitable es: ¿Puede una tipificación legal frenar o solo mitigar la violencia? La experiencia sugiere que por sí sola no basta. Sin embargo, visibilizar esta violencia desde la ley permite construir memoria, exigir protocolos claros y capacitar a los cuerpos de seguridad. Al reconocerles como grupo vulnerable, podría también impulsarse un cambio social que no sería inmediato, pero sí un paso hacia adelante. Porque en Jalisco, la violencia contra las personas trans no solo se mide en crímenes de odio, sino también en las leyes que les niegan reconocimiento y, con ello, el derecho a vivir con dignidad.

Doble violencia para personas trans