En diciembre de 1989, el gobierno norteamericano de George H. W. Bush invadió Panamá con la operación “Causa Justa”. El pretexto fue salvar la democracia y detener al presidente, Manuel Antonio Noriega, antiguo colaborador de la CIA y acusado de narcotráfico y dictador, por no reconocer la victoria electoral de Guillermo Endara. Y de paso, diría el clásico, Estados Unidos recuperaba parte del control del canal panameño que el presidente Jimmy Carter le había cedido al país istmeño a través de los Tratados Torrijos-Carter. El negocio para los halcones de Washington resultaba redondo.
La invasión a Panamá no fue algo extraordinario, por el contrario, ha sido la constante de Estados Unidos sobre países de América Latina que considera “enemigos” y “amenazas contra su seguridad”. Desde el siglo XIX hasta la fecha, la invasión de naciones latinoamericanas por parte de las barras y las estrellas ha formado parte de la violenta relación entre Estados Unidos y el subcontinente latinoamericano.
La Doctrina Monroe continúa recargándose ahora con el gobierno del convicto, Donald Trump. El ojo está puesto en Venezuela y sus pletóricos yacimientos petroleros, los mayores del planeta. El Caribe es un espacio de alto valor comercial, energético y militar. Además, recordemos que en la última década Rusia y China han estrechado lazos con varios países de América Latina y en especial han firmado acuerdos energéticos y financieros con Venezuela. Contra todo ello, navegan en aguas internacionales rumbo a Venezuela los buques de guerra estadunidenses, a saber: tres buques, un submarino nuclear, aviones de reconocimiento P8 Poseidón, varios destructores, un barco de guerra equipado con misiles y 4 mil soldados.
Es evidente que la amenaza trumpiana busca ser una jugada de tres bandas: destituir a Maduro del poder, controlar la riqueza petrolera venezolana y sacar a Rusia y a China de esa zona, y amedrentar al resto de los países latinoamericanos para que se plieguen a las exigencias de la Unión Americana.
El despliegue militar estadunidense se hace acompañar de un discurso que busca justificar sus acciones: se insiste, como desde el último año del primer gobierno de Trump, que el gobierno de Nicolás Maduro es un “narco-régimen” y se ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por el jefe del Palacio de Miraflores y 25 millones de dólares por Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia de Venezuela.
La respuesta de Venezuela ante las amenazas norteamericanas ha sido la movilización de 4500 milicianos preparados y armados para enfrentar cualquier agresión. Por su parte, los gobiernos de Cuba y Nicaragua han cerrado filas con Caracas, mientras que México y Brasil han insistido en la vía diplomática y en el principio de no intervención. Es urgente un llamado de la CELAC que reivindique como “Zona de Paz” la región caribeña y con ello evite la escalada militar en la región. De la OEA esperaríamos muy poco ya que siempre ha sido una oficina adjunta del Departamento de Estado norteamericano.
Por vía de mientras, el gobierno de Estados Unidos debe entender que los destinos latinoamericanos dependen de la población del subcontinente, que somos nosotros y nadie más, quienes debemos decidir el destino de nuestros pueblos.