Primer golpe al tráfico de armas en México
Los dos más grandes factores de violencia e inseguridad en México se pueden sintetizar en el tráfico de drogas, de nuestro país hacia Estados Unidos, principalmente, y el tráfico de armas, la gran mayoría del vecino estadounidense a nuestro territorio. Por los intereses económicos del crimen organizado y porque se han armado con la más letal tecnología, la denominada “guerra contra el narco” que ubica su inicio en diciembre del año 2006, ha dejado en México alrededor de 275 mil muertos, sin contar a los que se declaran desaparecidos.
En los 20 años que han transcurrido, apenas este 21 de agosto se dio cuenta del primer gran operativo legal que asestó un golpe fuerte contra el tráfico de armas. El epicentro de esta acción de la justicia fue el Estado de Jalisco, donde se realizaron 14 cateos que permitieron la detención de 14 personas sospechosas de estar ligadas a esta actividad ilícita, entre quienes destaca Héctor Agustín Díaz, apodado “El Cachorro”. Dos operativos más se efectuaron en Nayarit y el Estado de México.
En el tiempo transcurrido desde que inició la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, una lucha frontal contra el crimen organizado se ha instalado en diferentes puntos del país, empezando por la frontera con los Estados Unidos, donde además de inhibir y detener a migrantes indocumentados, se ha perseguido el trasiego de drogas y armas. Estas acciones, que rompen totalmente con la “tolerancia” que se registró en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y su política bautizada como “abrazos no balazos”, han sido principalmente alentadas por la agresiva política del presidente estadounidense Donald Trump, quien desde el primer día de su mandato (20 de enero 2025), ha exigido al gobierno mexicano resultados en la contención y eliminación del tráfico de fentanilo y otras drogas.
La compleja y demandante relación entre las administraciones Sheinbaum y Trump ha significado en México la aplicación de una estrategia de combate a todas las expresiones del crimen organizado, y el personaje responsable de esto es el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. A él le ha correspondido anunciar los gigantescos decomisos de combustible y petrolíferos, decomisos de drogas y centenares de detenciones de líderes delincuenciales y sus operadores.
Sólo con este trabajo se ha contenido en buena medida la aplicación de aranceles de Estados Unidos a México y también las amenazas de acciones armadas en nuestro territorio contra los narcotraficantes, ya considerados legalmente como terroristas por la justicia estadounidense.
Pero desde que inició este esfuerzo, no se había dado un golpe contundente al tráfico de armas que le ha permitido a las organizaciones delictivas estar dotadas con la más letal tecnología en armamento. Y desde hace años, los principales proveedores de armas al crimen organizado han sido productores y tratantes estadounidenses.
La presidenta Claudia Sheinbaum, de hecho, en algún período temprano de la relación con Trump, reclamaba que a cambio de los esfuerzos mexicanos para contener al crimen organizado y el tráfico de fentanilo, el gobierno estadounidense debía contribuir a detener el tráfico de armas. Su petición se ha atendido a medias.
Los analistas calculan que al año, en promedio, ingresan a México hasta 200 mil armas de todo tipo, principalmente de Estados Unidos, que llegan a los grupos criminales. Actualmente, no sólo cuentan con armamento exclusivo de las fuerzas armadas de todo el mundo, sino que realizan ataques con drones armados e incluso, se denuncia que cárteles mexicanos envían personal suyo al escenario de la guerra entre Ucrania y Rusia, para actuar como mercenarios y capacitarse en el uso de armamento militar de última generación.
“El Cachorro”, es líder de una red de tráfico de armas. Las traen de Estados Unidos, las modifican y las distribuyen en el país. A esta batalla, naturalmente, las autoridades mexicanas llegan tarde, pero es un primer paso.
