Planes de justicia y sentido de urgencia

Desde 2018 se empezó a trabajar en una serie de planes de justicia para los pueblos originarios de nuestro país que se han ido instalando formalmente de manera paulatina y que han contribuido, aunque de manera lenta (¿quién no quiere un avance más veloz ante los siglos de rezago?), a la reducción de la pobreza multidimensional en las comunidades indígenas de México.

A pesar de las bondades de estos planes, me sorprende siempre que se sepa tan poco de ellos, incluso personas que son activas y activistas y que buscan información de calidad de manera constante. El primero en instalarse formalmente fue el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui que arrancó el 27 de septiembre de 2021 (justo el día del bicentenario de la consumación de la Independencia) después de un trabajo previo con las comunidades para tomar acuerdos con base en historia, realidades y necesidades; así como de la participación fundamental del Pueblo Yaqui en la construcción de lo que sería la reforma constitucional al artículo 2 que reconoce a los pueblos originarios y afrodescendientes como sujetos de derecho público. Esta reforma se aprobó y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2024. La ley está vigente y es observada.

Con el cambio de estafeta en el Gobierno de México, los planes de justicia lejos de desaparecer o de ser sepultados –una costumbre generalizada en la clase política nacional aun cuando pertenecieran al mismo partido– los planes de justicia avanzan y se enriquecen porque se trata de dotarlos de integralidad.

Hace unos meses, por ejemplo, se instaló el plan de justicia de los pueblos Wixárika, Na’ayeri, O’dam y Mexicanero, cuyos territorios se encuentran en los hoy estados de Jalisco, Nayarit, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí; y el sábado pasado, sucedió lo mismo pero con respecto al Pueblo Amuzgo de Guerrero y Oaxaca.

En este marco se habló (poco se sabe también de esta política pública) del Programa “General Lázaro Cárdenas del Río”, una iniciativa que apenas inició en mayo de este año y tiene como propósito dotar de infraestructura básica para abatir los rezagos históricos en localidades asentadas a lo largo de la cuenca del río Balsas, es decir, de los estados de Guerrero y Oaxaca sobre todo, pero también de Michoacán, Puebla, Morelos y un poco del Estado de México. En algunos casos, se reforzará la atención si hay intersecciones entre comunidades de pueblos originarios y de esa cuenca.

Esta región de México es una de las más pobres, históricamente; y hoy se voltea hacia ella con planes y recursos para avanzar en un segmento de la población que si bien experimentó reducción en los índices de pobreza, sigue en un rezago atroz. Hay que dotarlos de todo: redes de agua potable y alcantarillado, energía eléctrica, escuelas, centros de salud y hospitales, carreteras, caminos artesanales y puentes, comunicaciones, casas de cultura, bibliotecas, semilleros artísticos, capacitaciones para el trabajo, atención especial a mujeres artesanas, turismo, acciones contra la discriminación o que atenten contra los usos y costumbres de estas comunidades, defensa de las lenguas y reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos originarios con la dotación directa de recursos para diferentes obras.

Esta es la integralidad de estos planes de justicia que, precisamente, eso son, programas que implican la mayor cantidad de acciones de justicia social para abatir el rezago de siglos con la idea de incidir en la mejoría notable y lo más rápida posible de las condiciones de vida de pueblos por lo general marginados y olvidados por tanto tiempo.

Como todo en la vida, nada es perfecto y, por supuesto, al Gobierno federal le toca dirimir diferencias y problemas locales porque, sin duda alguna (no puedo pecar de ingenua), esa facultad de administrar directamente los recursos que les entrega la Federación es generadora de conflictos: ¿Quién lo va a recibir? ¿Quién lo va a administrar? ¿A qué se va a destinar primero? ¿Quién define las prioridades?

¿Hay supervisores del manejo de los recursos?

Hasta donde se sabe, porque así se reitera en cada ocasión, hay personas del gobierno federal encargadas de cada plan de justicia y trabajan de la mano con las comunidades; se reúnen en asamblea y toman las decisiones con base, como dije, en historia, realidades y necesidades.

En el caso del Pueblo Amuzgo, desde 2022 se empezó a trabajar para echarlo a andar (cosa que sucedió el sábado) y después de las asambleas y las reuniones, se definieron siete ejes de acción: gobierno y organización comunitaria (un asunto que tiene que ver con la transparencia, la honestidad, la confianza); educación indígena intercultural; economía, sistemas productivos y artesanías; salud y medicina tradicional; cultura, lengua e identidad; infraestructura básica y derechos de las mujeres indígenas.

De todos estos ejes, los que más recursos han recibido de un total de 916 millones de pesos son la infraestructura básica (537.7 millones de pesos) y educación indígena intercultural 239.57 millones de pesos), como cabe suponer.

Se trata de una región serrana que comprende cinco municipios, tres de Guerrero: Tlacoachistlahuaca, Ometepec y Xochistlahuaca; y de Oaxaca: San Pedro Amuzgos y Santa María Ipalapa. En total, viven ahí alrededor de 67 mil personas distribuidas en 83 comunidades; 77.58% de los habitantes viven en situación de pobreza de los cuales, 41.77% es moderada y 35.81%, extrema. Es más que evidente que las acciones para salir de la pobreza son urgentes en la región.

Y así es en general con respecto a los pueblos indígenas; es imperativo acelerar el paso. Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, informó, con base en el estudio de la Pobreza Multidimensional en México que dio a conocer el INEGI el 13 de agosto pasado, que la reducción de la pobreza en las comunidades indígenas fue de 9.5 por ciento. De 70.3% de población en pobreza en 2018, se bajó a 60.8% en 2024. Es muchísimo todavía y, como se puede apreciar, el porcentaje de personas viviendo en pobreza en la Nación Amuzga supera el promedio nacional en pueblos originarios. El sentido es de urgencia.

Ahora bien, es preciso agregar aquí –y ya para terminar– que el 10 de agosto pasado fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y, en ese marco, el Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos en México, Humberto Henderson, declaró que nuestro país “se posiciona a nivel mundial en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos con la Reforma Constitucional al artículo segundo”.

(Hay 14 planes de justicia y de desarrollo en pueblos originarios que se pueden descargar y consultar directamente en la siguiente página: https://www.inpi.gob.mx/planes-de-justicia/).