Sistema podrido

¿Otra vez policías metidos en desapariciones, homicidios o trabajando para el crimen? Ninguna sorpresa. Ya ni siquiera indignan: apenas causan un bostezo de resignación. En Jalisco, la lista es larga.

Ahí están Ernesto y Marvin de San Cristóbal de la Barranca, que usaron una patrulla oficial para entregar a un joven al crimen. José y Gabriel, ex de Tala, hicieron lo mismo con un detenido que terminó en manos del cártel. Y los de Zapopan, acusados de asesinar a una familia entera. Todos, con exámenes de control y confianza aprobados y certificados en derechos humanos. Porque el papel aguanta todo.

¿De qué sirvió entonces la creación de la Fiscalía Anticorrupción o del Sistema Estatal Anticorrupción? ¿Y los millones de pesos gastados en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza? Sin rodeos: no hay evidencia de que sirva la legislación ni los controles. Nadie supervisa si el sistema funciona. Todo se esconde bajo el sello de “confidencial”. Traducción: caja negra.

Mientras tanto, los exámenes se han vuelto tan rigurosos que, si los repruebas, te quitan el bono. ¡Qué castigo ejemplar! Así cualquiera se reforma.

En municipios del interior del Estado, un policía gana seis mil pesos al mes. ¿De verdad creen que con eso se le puede pedir que rechace una “oferta” del crimen organizado?

La autoridad asegura que no es un problema del sistema, sino de “decisiones individuales”. Obvio. Como si la corrupción fuera espontánea y no una consecuencia de estructuras podridas.

También se propone salud mental. Seguramente lo que le falta al policía que entrega a un detenido al narco es yoga.

¿Qué hacer entonces?

Transparencia radical: que las evaluaciones del Centro Estatal de Evaluación sean auditadas por organismos externos y se publiquen sus resultados generales. Sin opacidad, sin excusas.

También falta una unidad anticorrupción independiente: con autonomía real, que investigue denuncias contra policías sin depender de las comisarías que los protegen.

Salarios dignos y homologados: ningún policía en Jalisco debería ganar menos de 15 mil pesos mensuales netos. Y con prestaciones reales.

Integrar consejos ciudadanos con acceso a los expedientes también es toral, que puedan emitir recomendaciones vinculantes.

Y el régimen de consecuencias es fundamental: quien repruebe el examen, se va. Sin bonos ni excusas.

Porque mientras sigamos resignándonos a que los policías se corrompen por “desviaciones personales” y no por incentivos podridos, nada cambiará. Y los exámenes de control y confianza seguirán siendo eso: una ficción costosa que no evita que los policías se conviertan en los criminales que se supone debían combatir.