“Mayo” Zambada, un terremoto en la política mexicana

Ismael Zambada García, “El Mayo”, se declaró culpable ante la corte estadounidense del jueza Brian Cogan, el mismo que juzgó y condenó a uno de sus cómplices de toda la vida, Joaquín “El Chapo” Guzmán. A sus 77 años de edad y en condiciones físicas bastante disminuidas, uno de los capos más buscados en décadas evita el desgaste de un juicio y se enfrenta a dos certezas: no estará expuesto a pena de muerte y enfrenta la cadena perpetua.

En estas condiciones, queda totalmente justificada la frase de la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, quien en plan festivo anunció que “El Mayo” morirá en una prisión norteamericana.

Además de que se comprometió a pagarle al gobierno estadounidense la increíble cifra de 15 mil millones de dólares, el abogado que lo representó, Frank Pérez, aseguró al salir de la corte que no existe ningún acuerdo con autoridades estadounidenses para que Zambada García les comparta la información que acumuló en su vida criminal desde que tenía 19 años y se inició sembrando mariguana en los campos de Sinaloa.

Pero una historia tan larga como la de Zambada no se va a encerrar en unos pocos párrafos. No es creíble. Frank Pérez contradice con su afirmación la añeja tradición norteamericana de los testigos protegidos y el uso discrecional de la información para abonar a los fines que más convengan al gobierno estadounidense.

Y es precisamente esta certeza, un acuerdo secreto para no tratar al “Mayo” como un criminal cualquiera a cambio de la información que acumuló en décadas, lo que genera numerosas especulaciones sobre el futuro que le puede esperar a empresarios, políticos, exfuncionarios e incluso, personal militar y de seguridad (aceptó haber sobornado a miembros de todos estos grupos).

Es evidente que mientras dure la administración de Donald Trump, el gobierno estadounidense hará todo lo posible para generar la percepción de que está combatiendo con éxito a los cárteles del narcotráfico, ahora también clasificados como terroristas. Y queda constancia, desde hace varios meses, de que hay presión para que se actúe no sólo contra quienes son integrantes y cabecillas de la delincuencia organizada, sino también contra quienes desde la administración pública, se han corrompido para permitir las potentes actividades criminales que ahora están presentes en todos los ámbitos de la vida en México.

Esto, que parecería una buena noticia para quienes esperan que se haga justicia, representa un terremoto de enorme magnitud para el entramado de gobierno.

Desde la presidencia de la república, pasando por gobiernos estatales y todas las estructuras de poder formal, puede generar crisis de gobernabilidad.

¿Hasta dónde puede llegar la red de corrupción y contubernios? ¿Cuántos pueden caer en cuanto empiece a desgranarse la historia de culpables y sospechosos?

Por eso, la presidenta Claudia Sheinbaum se empeño hace unos días en rechazar que haya algún acuerdo con la DEA o con autoridades norteamericanas para permitir su intervención en el combate a la criminalidad. Ciertamente, su objetivo es defender la soberanía del país e impedir que se minimice el papel del gobierno federal, pero la repercusión de las revelaciones de Zambada y todos los narcotraficantes entregados a Estados Unidos, estremecerá la vida pública mexicana durante muchos años.