Trump contra los museos

Donald Trump ha pedido reformar el Smithsonian. Según él, los museos de su país están “fuera de control” por centrarse demasiado en “lo horrible que fue nuestra nación, lo mala que fue la esclavitud”. Su objetivo, ha dicho, es recuperar una mirada más “constructiva” de la historia. La afirmación podría parecer anecdótica, pero no lo es. Forma parte de una estrategia más amplia: “reordenar” el relato histórico del país para hacerlo menos crítico, más cómodo, y más funcional a su proyecto político.

En los últimos meses, el gobierno de Trump ha ordenado “revisar” ocho museos del sistema Smithsonian y ha puesto en marcha una política de restricción de lenguaje en el ámbito científico. Palabras como “equity” (equidad), “gender” (género) o “disability” (discapacidad) ya no deben aparecer en solicitudes de fondos federales. Mientras tanto, el Departamento de Educación ha sido despojado de sus funciones. La historia, la ciencia y la educación pública están siendo condicionadas desde el ejecutivo en EE.UU., bajo el argumento de que el país necesita recobrar el control sobre su identidad.

El caso del Smithsonian es particularmente simbólico. No se trata solo de exhibiciones sobre esclavitud o racismo, sino del derecho de una sociedad a incluir en su relato común a quienes históricamente quedaron fuera: los esclavizados, los pueblos indígenas, las mujeres, las disidencias. La incomodidad de Trump no es con los museos en sí, sino con el tipo de mirada que promueven: una mirada que reconoce errores y fracturas, que señala desigualdades persistentes y habla de largos procesos de injusticia y marginación. Es esa memoria crítica la que le incomoda.

La idea de que la historia debe “elevar” en lugar de “dividir” no es nueva. Pero en este caso, además viene acompañada de censura, amenazas presupuestarias y discursos que desacreditan el trabajo de académicos, artistas y educadores. Atestiguamos un intento de reescribir el pasado en clave de conveniencia para quienes han ocupado los lugares dominantes en una sociedad. Y, por extensión, de limitar la imaginación del futuro.

Gobiernos como el de Trump buscan usar la historia y contarla a modo. Convertirla en un recurso político para mantener en la ignorancia y la desinformación. Y lo hacen con eficacia: alteran programas educativos, restringen términos, quitan el financiamiento a instituciones, y al mismo tiempo ofrecen una versión supuestamente optimista y reconfortante del país; hablan de un país sin culpas. El resultado es una narrativa cerrada, sin conflictos aparentes, donde todo lo que no encaja se desestima como producto de raices meramente ideológicas. 

Las visiones críticas se replantean como una preocupante falta de patriotismo. 

Pero los museos, como la educación y la ciencia, existen precisamente para complicar los relatos únicos. Para recordar que no hay historia sin conflicto, ni democracia sin debate, ni política sin divergencia de opinión, valores e intereses. Lo que está en juego no es únicamente la imagen del pasado, sino el deseo de imposibilitar una conversación pública adulta sobre quiénes hemos sido y quiénes queremos ser. Contar la historia es un acto de honestidad y responsabilidad, también un acto de justicia. Frente a los intentos de simplificarla, silenciarla o hacerla monocromática, vale la pena defenderla como lo que es: un bien común, una memoria viva.