El Poder Judicial regresa al pueblo
El 1 de septiembre entrará en funciones la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sus integrantes, 5 ministras y 4 ministros, han sido designados por el voto popular mediante una elección en la que, aún cuando se instalaron 83 mil 974 casillas, es decir casi la mitad de las 170 mil 182 que se habilitaron en la elección constitucional del 2024, acudieron a votar 13 millones de electores, lo que representa un promedio de 155 votantes por cada casilla instalada.
Hay quienes cuestionan su legitimidad bajo el argumento de que en la elección judicial ejerció su derecho al sufragio el 13% del padrón electoral. Pero, en lugar de ser esto una debilidad, constituye un rasgo de fortaleza, pues recordemos que la antigua Corte, en tiempos del PRI hegemónico, se definía por la decisión de un solo hombre, el presidente de la República y el senado era un mero operador de su instrucción. En los gobiernos panistas y en el último gobierno del PRI, las designaciones de ministras y ministros fueron resultado de acuerdos pactados entre el presidente en turno y los grupos de poder político y económico. Así, con objetividad, el hecho de que a las y los ministros de la nueva Corte los hayan votado 13 millones de personas, es por mucho más democrático, a que se continuara decidiendo su composición por uno solo o por un puñado de poderosos.
Otra razón que legitima al nuevo máximo órgano de justicia es la representatividad y pluralidad de su elección: las 83 mil 974 casillas se instalaron en prácticamente la totalidad de secciones electorales del país, a todas ellas acudieron ciudadanas y ciudadanos a votar. Por tanto, no fue el interés de uno o de unos cuantos, sino la pluralidad de visiones, conciencias, intereses, anhelos, esperanzas, enojos de mujeres y hombres que habitan en todas las regiones de México, que pertenecen a todos los grupos sociales, culturales y étnicos, quienes decidieron con su sufragio la integración de esta nueva Corte.
Atrás va a quedar la Corte de ministras y ministros que debían cargo y sumisión a detentadores del poder político o económico. La que llega mediante el voto popular tienen claro que el nombramiento se lo deben al pueblo, así disfrutarán de un alto sentido de autonomía, de independencia para resolver los asuntos judiciales con apego a la legalidad y a la justicia.
En Jalisco, conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal, el Poder Judicial local deberá renovarse en el año 2027, mediante un proceso de elección de las 203 plazas de juezas y jueces y de las 34 magistraturas que conforman el Supremo Tribunal de Justicia. De igual manera, por las frecuentes sentencias emitidas en perjuicio de los derechos e intereses de la ciudadanía, planteamos en la iniciativa de reforma que Morena presentó al Congreso del Estado, el que se renueven por elección las 10 magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa. Así mismo, habrá de votarse un Tribunal de Disciplina Judicial que juzgue el desempeño de las y los impartidores de justicia para evitar que ante alguna actuación indebida prive la impunidad. Además, deberá integrarse un Órgano de Administración Judicial que atienda la organización, administración y profesionalización del sistema de justicia.
Más allá del mandato legal que ordena esta renovación del Poder Judicial, se impone el mandato ético de resarcir los agravios, las injusticias, los rezagos y la desbordante corrupción que lo distorsiona. Calificar así al Poder Judicial no se funda en un juicio malintencionado; sus vicios son evidentes y los padecen cada día quienes interactúan con el sistema en condición de actores, demandados, víctimas, procesados, defensores, litigantes, e incluso agobia, amaga, a aquellos funcionarios judiciales honestos, que sí los hay en el Poder Judicial local.
Jalisco debe tener una reforma de su Poder Judicial, no al estilo del gobierno, no al gusto y manera de sus gobernantes, sino conforme a la necesidad y reclamo de justicia del pueblo.
