Héctor Ruiz López

El Poder Ejecutivo envió al Poder Legislativo una propuesta del Paquete Económico para 2026, la cual llama la atención por el tamaño del endeudamiento previsto, la magnitud de los compromisos financieros y la aparente contradicción entre el discurso de austeridad y la realidad del gasto. Si usted pensaba que la política de endeudamiento ya estaba bajo control, lo que viene demuestra lo contrario.
Primero lo que ya se filtra con claridad: la deuda pública alcanzará aproximadamente el 52.3 % del PIB en 2026. Esa cifra implica que más de la mitad de la economía estará comprometida con obligaciones pasadas o presentes, una proporción que no se veía desde crisis fiscales anteriores. Además, para cubrir los nuevos compromisos, se propone un endeudamiento neto de 4.1 % del PIB. 
Gran parte del nuevo financiamiento no se destinará a inversión productiva, sino al servicio de la deuda existente: los intereses y amortizaciones. Se estima que el costo financiero de la deuda será también del orden del 4.1 % del PIB. De tal modo, se comprime el espacio presupuestario para otros sectores urgentes.
Quizá la señal más clara de que algo está mal calibrado sea lo que sucede con salud, educación y seguridad. Pese a los anuncios, estos rubros —que históricamente demandan más recursos— apenas alcanzan asignaciones equivalentes al 2.9 % del PIB para educación, al 2.5 % para salud y al 0.5 % para seguridad. No sólo no crecen de forma proporcional al nivel de endeudamiento, sino que en muchos casos están por debajo de las recomendaciones o de lo que los ciudadanos esperarían como prioridad.
En contraste, la inversión pública, que podría amortiguar este peso con crecimiento y productividad, no recibe el protagonismo que cabría esperar. Si bien hay proyectos importantes, la proporción del gasto destinado a inversión no crece al ritmo que lo hace el costo de la deuda, y muchas de las nuevas contrataciones de deuda parecen estar destinadas exclusivamente a gastos financieros, transferencias (como a Pemex) y obligaciones previas.
El PEF 2026 es una mezcla complicada entre necesidad financiera, obligaciones ineludibles y apuesta política. El endeudamiento no es necesariamente malo, pero se vuelve riesgoso cuando crece más rápido que los ingresos reales, cuando muchos pesos nuevos se destinan al pago de lo viejo, y cuando los sectores que impactan directamente al ciudadano (salud, educación, seguridad) no reciben mejoras proporcionales.
Los ciudadanos tienen todo el derecho de preguntar: ¿Podemos fiarnos de que estas cifras reflejen realidades productivas, o son simplemente una tentativa de maquillar la situación presupuestal hasta que pase este gobierno? ¿Será este endeudamiento una semilla de crecimiento, o la antesala de déficits inmanejables? 
Si las autoridades quieren ganarse la confianza, deben transparentar no solo cuánto se endeuda, sino para qué se usa ese dinero, cuál es el retorno social, y qué medidas tienen previstas para amortiguar los riesgos fiscales de corto y mediano plazo. Sin eso, la narrativa de estabilidad queda en entredicho.

Héctor ruiz

PEF 2026: ¿pago del pasado o apuesta al futuro?

El primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum llegó con un tono de celebración. Habló de estabilidad económica, reducción en homicidios y una consolidación del bienestar. Sin embargo, corresponde contrastar el discurso con la realidad que enfrentamos todos los días, ya que resulta necesario revisar los datos mostrados y lo que se vive en las calles.
Por ejemplo: en materia de empleo, el gobierno presume una tasa de desempleo históricamente baja, de apenas 2.6%. Cierto, las cifras oficiales confirman este dato. Pero lo que se omite decir es que más de la mitad de los trabajadores en México siguen en la informalidad, sin seguridad social ni prestaciones, y que uno de cada cuatro está subempleado. En otras palabras, hay trabajo, pero no necesariamente digno ni suficiente para garantizar calidad de vida.
En la economía, se destacó que la inflación está bajo control y ronda el 3.5%. Es un logro indiscutible después de años de presiones inflacionarias. No obstante, el crecimiento económico apenas supera el 1%, muy lejos de lo necesario para generar desarrollo real. Además, aunque la pobreza laboral ha disminuido levemente, un tercio de la población sigue sin poder comprar la canasta básica con el ingreso de su trabajo.
En cuanto a la seguridad, fue presentada como uno de los grandes avances, los homicidios bajaron alrededor de 25%. Es cierto que los números muestran una reducción, pero la realidad es que todavía se registran más de 65 asesinatos diarios en el país, cifra que resulta insostenible para hablar de “paz”. A esto se suman problemas que no aparecen en el discurso oficial, como la extorsión, las desapariciones y reclutamiento forzado, así como la violencia cotidiana que vive la ciudadanía.
En materia de educación y salud, el silencio fue más elocuente que las palabras. No hubo cifras contundentes sobre la cobertura educativa ni sobre la reducción del rezago escolar, que afecta a millones de mexicanos. En el sector salud, persiste una crisis que no puede maquillarse: más de 40 millones de personas carecen de acceso efectivo a servicios médicos. Las denuncias de faltas de medicamentos y la saturación de hospitales siguen siendo una realidad que golpea a las familias todos los días.
El informe presentó una fotografía cuidadosamente retocada: los logros si existen, pero están incompletos o con varios pendientes, y detrás de cada cifra hay una realidad más compleja. La baja inflación y el control del desempleo son avances que se reconocen, pero no pueden ocultar la precariedad laboral, el bajo crecimiento, la violencia persistente y los vacíos en educación y salud.

Primer informe: avances y pendientes

En esta ocasión quiero compartir con usted, estimado lector, mi visión desde el volante de un automóvil o simplemente un transeúnte. No soy motociclista, lo aclaro desde el inicio. Y desde esa mirada —parcial, sí, pero también ciudadana— quiero exponer la problemática constante que vivo y sufro, ya sea al conducir o como peatón.
No sé si usted coincida, pero tengo la impresión de que vivimos en un caos casi total en esta jungla de asfalto llamada ciudad. Y aunque no son los únicos responsables, me enfocaré hoy en los motociclistas, que a menudo —y con preocupante frecuencia— hacen de las suyas sin aparente límite.
Basta detenerse unos segundos en un semáforo para notar varias cosas: la cantidad creciente de motocicletas que circulan, muchas de ellas rebasando vehículos de forma temeraria entre carriles, sin respetar distancias ni señales. En los cruceros más transitados es común ver cómo se aglomeran al frente, aprovechando el menor resquicio para avanzar primero, sin importar si están invadiendo zonas peatonales o poniendo en riesgo a otros conductores.
Más alarmante aún es la circulación de familias completas en una sola moto: adultos con niños, sin casco, sin protección alguna, y transitando por avenidas principales a velocidades nada prudentes. ¿Dónde quedó la regulación? ¿Dónde está la vigilancia?
No se trata de exagerar, pero tampoco de normalizar la anarquía. He sido testigo —y casi víctima— de la imprudencia de algunos motociclistas. Dos ejemplos recientes ilustran este fenómeno.
El primero: en múltiples ocasiones he visto cómo, al estar detenido en alto total en una avenida y orillado a la derecha para dejar a un familiar cerca de una estación del tren ligero, al abrir la puerta del auto para descender, una motocicleta que rebasa por la derecha —en plena luz roja— pasa rozando, sin espacio y sin precaución. Lo mismo ocurre con transeúntes que cruzan la calle confiados en el alto del semáforo, solo para ser sorprendidos por una moto que se abre paso violentamente entre los coches.
El segundo: al intentar cambiar de carril con precaución, muchos conductores se enfrentan al riesgo de impactar con motocicletas que rebasan por los costados sin respetar reglas ni anticipar movimientos. No usan direccionales, no guardan distancia, y pareciera que para ellos no existen normas de tránsito.
Estos ejemplos son apenas una muestra del caos que vivimos diariamente en la zona metropolitana. La proliferación del parque vehicular de motocicletas en los últimos años ha sido evidente. Su crecimiento no ha sido acompañado de educación vial, regulación efectiva ni vigilancia suficiente. Y las consecuencias están a la vista: accidentes, imprudencias, temor y una creciente percepción de impunidad.
Es urgente que las autoridades tomen conciencia del problema y actúen con decisión. No basta con campañas de uso del casco o operativos esporádicos. Se requiere una estrategia integral: regulación, sanción, educación vial y control del crecimiento desordenado. Porque si no se hace algo pronto, el problema podría salirse aún más de control —si es que no lo está ya—.
Por último, hago la pertinente aclaración, no todos los motociclistas son imprudentes, no podemos generalizar. Pero cierto es, que la gran mayoría sí lo es, por ello urge se tomen cartas en el asunto.

Motocicletas: un caos en aumento

El INEGI ha dado a conocer un dato que, en cualquier otro contexto, sería motivo de celebración: durante el año 2024, la pobreza multidimensional en México cayó al 29.6 %, lo que representa una reducción de 8.3 millones de personas entre 2022 y 2024. La cifra no es menor. Sin embargo, la noticia está lejos de generar un consenso. Más allá del dato duro, el contexto de esta medición plantea dudas legítimas sobre su credibilidad, su metodología y, sobre todo, sobre las condiciones políticas e institucionales en las que se produce.
Conviene recordar que esta medición era anteriormente realizada por el CONEVAL, un Organismo Constitucional Autónomo (OCA) reconocido por su independencia técnica y su rigor metodológico. Con su desaparición tras una cuestionada reforma constitucional, la responsabilidad de medir la pobreza pasó al INEGI. Aunque se trata de una institución igualmente sólida en términos técnicos, el cambio de manos no es irrelevante: abre un margen de incertidumbre y coloca en el centro del debate la pregunta sobre si seguimos midiendo lo mismo que antes y si, en efecto, podemos confiar en la narrativa de éxito que se nos presenta.
El INEGI dice haber respetado los lineamientos metodológicos establecidos por el CONEVAL, lo cual permitiría mantener la comparabilidad de la serie bienal. No obstante, también reconoce que hubo actualizaciones en los cuestionarios, particularmente en variables sociodemográficas y clasificadores. Esto introduce matices importantes: aunque el marco conceptual se mantenga, los cambios en las preguntas pueden generar distorsiones o, al menos, interpretaciones sesgadas de la evolución de la pobreza. No es que los datos sean necesariamente incorrectos, pero sí merecen ser leídos con cautela y con pleno conocimiento de las transformaciones detrás de su producción.
Más allá del cómo se midió, cabe preguntarse por qué ha disminuido la pobreza. Según el propio reporte, la reducción se atribuye a varios factores: el incremento sostenido del salario mínimo, las reformas laborales, la expansión del mercado digital y, sobre todo, el fortalecimiento de los programas de transferencias sociales. Sin duda, estos elementos han tenido un efecto redistributivo que ha logrado sacar a millones de personas por encima de las líneas oficiales de pobreza. Incluso la pobreza extrema ha disminuido, aunque en menor proporción.
En paralelo, hay datos que se han invisibilizado en el entusiasmo oficial. Por ejemplo, el acceso a servicios de salud ha registrado un retroceso alarmante: en 2018, cerca de 20 millones de personas carecían de este derecho; hoy, la cifra supera los 44.5 millones. Esto representa un aumento de más del doble en solo seis años. Se trata de una vulnerabilidad estructural que pone en entredicho el verdadero alcance de la reducción de la pobreza.
Y luego está la cuestión institucional. La desaparición del CONEVAL no solo implicó la reubicación de una función técnica; significó también la eliminación de un contrapeso independiente que evaluaba la política social del Estado. Voces críticas, como la de Gonzalo Hernández Licona, ex titular del Coneval, han advertido que medir la pobreza no es una función natural del INEGI y que esta transición representa un retroceso en términos de transparencia y rendición de cuentas. En un país donde la estadística oficial es muchas veces vista con desconfianza, cambiar al actor que produce los datos sin una justificación técnica sólida alimenta la sospecha de que las cifras puedan estar al servicio de una narrativa política.
Lo anunciado por el INEGI no debe verse como una victoria definitiva, sino como una invitación a mantener la vigilancia. Las cifras importan, sí, pero más aún importa quién las presenta, cómo se construyen y para qué se utilizan.

¿Realmente disminuyó la pobreza en México?

Esta semana, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, anunció la creación del Bachillerato Nacional, una apuesta ambiciosa que busca unificar a todos los subsistemas de educación media superior bajo un mismo marco curricular y administrativo. No se trata solo de un cambio de nombre o de imagen, de acuerdo con el secretario: es un rediseño estructural que, de cumplirse, impactará a millones de jóvenes y a cientos de universidades e instituciones educativas en todo el país.
El objetivo declarado es loable: garantizar el acceso universal al bachillerato, reducir la deserción escolar y elevar la cobertura al 85% para 2030. Para ello, se plantea un Marco Curricular Común que incluya tanto formación académica como preparación técnica, otorgando un doble certificado: uno de terminación de estudios y otro con valor técnico avalado por instituciones de educación superior. Además, se busca que cualquier estudiante pueda moverse entre planteles, estados o modalidades sin perder el reconocimiento de sus estudios, entiéndase, homologar todos los planes de estudios a nivel bachillerato en el país.
Sin embargo, las preguntas surgen de inmediato. ¿Será esta unificación una herramienta para mejorar la calidad educativa o terminará diluyendo las fortalezas y particularidades de cada subsistema? Universidades con preparatorias propias, como la UNAM o la UdeG, deberán armonizar sus programas con el modelo nacional, lo que podría generar tensiones entre la autonomía académica y la estandarización federal. A ello se suma la duda sobre los recursos: un proyecto de esta magnitud exige no solo voluntad política, sino también inversión sostenida en infraestructura, capacitación docente y actualización tecnológica.
En un país con profundas desigualdades educativas, donde la brecha entre un plantel urbano bien equipado y una escuela rural sin internet sigue siendo abismal, la homogenización de programas no garantiza por sí sola la equidad en los resultados. El riesgo es que se confunda un marco curricular unificado con una mejora automática en la enseñanza, olvidando que la calidad también depende de las condiciones materiales, la formación de los docentes y el acompañamiento a los estudiantes.
El “Bachillerato Nacional” puede ser un paso hacia un sistema más articulado y accesible, pero también puede convertirse en un proyecto de buenas intenciones y resultados limitados si no se enfrenta con seriedad el reto de su implementación. La educación media superior es una bisagra clave: de ella depende que los jóvenes lleguen a la universidad o se integren al mundo laboral con herramientas suficientes, entiéndase, conocimientos y capacidades. No podemos darnos el lujo de fallarles otra vez. 
Por ello, no debemos perder de vista este ambicioso proyecto recién anunciado.

Bachillerato Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de una Comisión para la Reforma Electoral, y el debate público se encendió de inmediato. No es para menos: cualquier intento por modificar las reglas del juego democrático despierta suspicacias y acusaciones de regresión. Sin embargo, conviene pausar el juicio automático y analizar su contexto, ya que en México las reformas electorales han sido una constante tras cada elección presidencial desde hace más de tres décadas.
No estamos ante una anomalía, sino frente a una rutina institucionalizada —y quizás necesaria— de revisión y perfeccionamiento del sistema electoral. Desde 1977, pero sobre todo a partir de 1990, el país ha reformado sus normas electorales de manera sistemática, especialmente después de los comicios federales. Para muestra un botón: 
* 1996: Tras la crisis de 1994, se otorgó plena autonomía al IFE, se ciudadanizó el Consejo General y se fortaleció la fiscalización y el acceso equitativo a medios. 
* 2007-2008: Luego de la elección de 2006, se prohibió la contratación privada de spots políticos y el IFE asumió el control de tiempos oficiales. 
* 2014: Con base en el Pacto por México, se creó el INE y se le otorgó autoridad nacional; se introdujo la reelección legislativa, la paridad de género y una mayor fiscalización. 
* 2020: Reforma parcial que impulsó la paridad transversal, la inclusión de candidaturas indígenas y LGBTIQ+, y abordó la violencia política de género. 
* 2025: Sin que propiamente fuese anunciara como un paquete de reformas electorales (reforma electoral), se aprobó prohibir la reelección inmediata y el llamado nepotismo electoral.
¿Qué plantea ahora la comisión? 
La iniciativa de Sheinbaum, que será encabezada por Pablo Gómez, sigue esta lógica histórica. Y se discutirán posibles cambios como: 
* Reducción del financiamiento a partidos. 
* Eliminación de diputados plurinominales. 
* Simplificación de procesos y gasto electoral 
* Sustitución del INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que asumiría la organización total de comicios y eliminaría los OPLEs. 
A diferencia de reformas anteriores negociadas en contextos de pluralidad, esta parte de un gobierno con mayoría legislativa, lo que facilita su aprobación, pero también genera dudas sobre la inclusión de otras voces y visiones, que —a decir de la oposición al régimen y expertos académicos— huele a imposición. 
Aunque la presidenta ha prometido preservar la autonomía del INE, muchos advierten riesgos. El reto será demostrar que se busca perfeccionar al árbitro electoral, no capturarlo. Una reforma con apertura, expertos, partidos y sociedad civil podría legitimar el cambio y evitar la polarización, todo ello sin caer en la simulación.
Reformar, ¿para avanzar o para controlar? 
Esa es la pregunta central. Como en el pasado, no se trata solo de si se reforma, sino de cómo, con quiénes y para qué. Si la nueva administración construye una propuesta razonada, técnica y participativa, esta reforma puede ser la continuidad virtuosa de un camino que ha fortalecido la alternancia, la transparencia y la exigencia ciudadana. 
Habrá que tener bien presente que no hay democracia sin reglas claras, pero tampoco hay reglas democráticas sin confianza ni consenso. Si se impone sólo una visión, esto será una mera imposición que puede traducirse en la captura de las reglas y del árbitro electoral, lo cual sería la estocada final al endeble sistema democrático en México.

¿Otra reforma electoral?

El SIAPA se ha convertido en una especie de papa caliente que, con cada nueva administración, pasa de mano en mano sin que nadie quiera asumir su verdadera transformación. Más que resolver sus problemas estructurales y operativos, los gobiernos han optado por la estrategia del “patear el bote”, postergando decisiones clave, con la esperanza de que el siguiente se haga cargo. Esta evasión sistemática ha dejado una estela de desgaste institucional y una acumulación de problemas que hoy son imposibles de ignorar.
El deterioro en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento no es un accidente. Es la consecuencia de décadas de abandono en áreas fundamentales: inversión, planeación, profesionalización y rendición de cuentas. La estructura organizacional del SIAPA, sumada a prácticas clientelares, ha convertido al organismo en un verdadero dolor de cabeza para quien intenta dirigirlo con seriedad.
El organismo técnico especializado que debería garantizar un servicio público esencial se ha vuelto, en muchos casos, una agencia de colocaciones políticas. Llegan administraciones y se repite el mismo patrón: compromisos partidistas que se pagan con nombramientos, sin importar si la persona cuenta con el perfil adecuado o la experiencia necesaria. Peor aún, estos nombramientos muchas veces desplazan a personal técnico capacitado, que ha dedicado años de su vida a hacer funcionar el sistema a pesar de las adversidades.
Cabe decir que dentro del SIAPA hay personas sumamente profesionales, comprometidas con su labor, y que —literalmente— han hecho posible lo imposible. Su trabajo merece ser reconocido, pero también defendido frente al oportunismo político que ha colonizado las decisiones administrativas del organismo.
Para entender cómo ha evolucionado la estructura y el gasto, basta revisar algunos datos públicos. Durante la gestión del Ing. Aristeo Mejía Durán —administración de la cual tuve el privilegio de formar parte— el SIAPA contaba con un Director General y cuatro Direcciones Generales (Administrativa, Técnica, Comercial y Financiera). El resto eran subdirecciones operativas (Jurídica, Innovación, etc.). En la administración pasada, esta estructura se infló: de cuatro pasaron a seis Direcciones Generales, y además se crearon cuatro Subdirecciones Generales adicionales, todas dependientes directamente del Director General. El resultado no fue mayor eficacia, sino una burocracia más pesada y costosa.
La nómina también ha crecido significativamente. De acuerdo con datos del portal de transparencia del SIAPA, en la segunda quincena de junio de 2018 había 2,928 empleados; para la primera quincena de junio de 2025, la cifra aumentó a 3,124. Es decir, en poco más de seis años se sumaron 196 plazas. En cuanto al presupuesto del capítulo 1000 (nómina), en 2016 se presupuestaron 1,145 millones de pesos; para 2025, la cifra asciende a 1,713 millones. Un incremento de más de 568 millones de pesos. Aunque los ajustes salariales por inflación pueden explicar una parte, el crecimiento desproporcionado de la nómina es difícil de justificar frente a la crisis de servicio que vive el organismo. 
Todo esto es síntoma de que el SIAPA necesita una intervención seria, no para desaparecerlo, sino para rescatarlo del secuestro político y devolverle su carácter técnico, profesional y ciudadano. Es urgente romper con la lógica de usarlo como botín político, como quedó demostrado con nombramientos como el de Ely Castro, cuya falta de perfil técnico ha sido ampliamente cuestionada.
Si realmente queremos garantizar el derecho humano al agua, necesitamos un SIAPA que funcione con criterios de mérito, eficiencia y rendición de cuentas. No más improvisaciones. No más simulaciones. Porque el problema ya no puede seguirse pateando hacia adelante.

Hablemos del SIAPA

En México, el debate sobre el costo de vida ha ido cobrando fuerza, sobre todo a partir del fenómeno de la gentrificación en la Ciudad de México. Sin embargo, lo que pocos reconocen es que Guadalajara no se ha quedado al margen de esa tendencia. La llamada “Perla Tapatía”, que alguna vez fue símbolo de vida accesible con calidad, hoy aparece entre las ciudades más caras del país para vivir. Y lo más preocupante es que ese encarecimiento se ha acelerado en los últimos años, afectando no solo a quienes desean mudarse a la ciudad, sino sobre todo a quienes ya viven en ella.
El precio de las rentas es quizá el síntoma más visible. Zapopan encabeza la lista de los municipios con renta promedio más alta en Jalisco, con cifras que pueden superar los 28 mil pesos mensuales. En el Centro de Guadalajara, lo que antes era vivienda accesible se ha transformado en departamentos remodelados que ahora son inaccesibles para buena parte de la población joven, desplazada por la llegada de nuevos desarrollos habitacionales que privilegian el turismo, los nómadas digitales o simplemente la inversión inmobiliaria. El fenómeno no es nuevo, pero ha alcanzado niveles preocupantes. Hoy, un joven con un ingreso promedio de 9 mil pesos mensuales apenas puede aspirar a rentar una habitación básica, y eso sin contar alimentación, transporte o servicios.
La movilidad tampoco se queda atrás. Aunque el sistema de transporte público ha mejorado en cobertura, su costo es ya comparable al de la capital del país, con tarifas que rondan los 10 pesos por viaje y abonos mensuales que superan los 500. En algunos rubros, como el transporte privado o el costo por kilómetro en taxi, Guadalajara es incluso más cara que la Ciudad de México, según datos de plataformas como Numbeo o Expatistan.
Los estudios lo confirman: vivir en Guadalajara cuesta hoy hasta 15% más que en otros centros urbanos en categorías como ropa, servicios o alimentos. Comer fuera de casa, por ejemplo, es más caro aquí que en la capital del país. Y aunque el salario mínimo ha aumentado, los precios lo han hecho a mayor velocidad, generando una percepción generalizada de que vivir dignamente en la ciudad se ha vuelto un privilegio reservado para unos cuantos.
Lo que está ocurriendo es una reconfiguración del espacio urbano, donde la lógica del mercado inmobiliario ha tomado el control de la ciudad. Colonias con tradición popular y fuerte identidad como Santa Teresita, Mexicaltzingo o la Moderna están siendo absorbidas por proyectos que privilegian la plusvalía sobre la permanencia de sus habitantes. El centro histórico vive una transformación silenciosa, pero profunda, con edificios rehabilitados para el Airbnb y nuevos locales gourmet que modifican la vida del barrio.
Guadalajara está cambiando, y no necesariamente para bien. El fenómeno que muchos ven con distancia cuando se habla de la gentrificación de la CDMX, también se respira aquí, en nuestras calles, nuestras rentas y nuestra vida cotidiana. La pregunta ya no es si está ocurriendo, sino quién podrá seguir costeándola. Y lo más importante: si estamos dispuestos a discutir públicamente el derecho a vivir en la ciudad, o si dejaremos que solo quienes pueden pagarla se queden con ella. 
Valdría mucho la pena legislar para topar las rentas, y con ello, frenar a los especuladores de las vivienda en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Guadalajara: ¿quién puede seguir costeándola?

El pasado 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha instaurada por la ONU en 2010 para visibilizar una de las violaciones más graves a los derechos humanos: la privación de la libertad por parte del Estado o de actores tolerados por éste, con la negativa a reconocer el paradero de las víctimas. México, lamentablemente, se ha convertido en uno de los epicentros de este drama a nivel mundial.
En México, Jalisco ha encabezado de manera sostenida las estadísticas nacionales. Desde 1967 existen registros de personas desaparecidas en el Estado, pero fue a partir de la primera década del siglo XXI cuando el fenómeno se desbordó. El 2008 marcó un punto de quiebre y en 2013 se registró un salto abrupto con más de 750 casos en un solo año. Desde entonces, la curva no ha dejado de crecer, al grado de que en el periodo 2018–2025 se acumulan ya más de 15,400 personas desaparecidas. En términos numéricos, Jalisco es hoy el rostro más cruel de la tragedia nacional.
La magnitud del problema trasciende los números. Cada persona desaparecida representa una vida arrancada, una familia rota y un tejido social que se desgarra. La impunidad estructural es el caldo de cultivo que permite la continuidad de este fenómeno. Las investigaciones se diluyen entre la burocracia, la colusión de autoridades y la falta de capacidades institucionales. Miles de madres, padres, hermanos e hijos han tenido que organizarse en colectivos de búsqueda para suplir al Estado en su deber más elemental: garantizar la vida y la seguridad de las personas.
Decir que el fenómeno está desbordado no es un exceso retórico, es una constatación de la realidad. En Jalisco no solo desaparecen jóvenes ligados a contextos de riesgo, también estudiantes, trabajadores, mujeres y menores de edad. La violencia es tan indiscriminada que ha borrado las fronteras entre lo privado y lo público, entre la vida cotidiana y el crimen organizado.
La conmemoración del 30 de agosto no puede reducirse a un acto simbólico. Debe ser un recordatorio incómodo de la urgencia de reconstruir la confianza en las instituciones, de garantizar justicia a las víctimas y de enfrentar con seriedad al crimen organizado. Mientras en Jalisco siga reinando el silencio de los desaparecidos y la desesperación de sus familias, el Estado de derecho permanecerá incompleto, y la democracia misma estará en deuda.
En un país con más de 110,000 personas desaparecidas, Jalisco es el epicentro de una herida abierta que interpela a toda la nación. Recordar a las víctimas cada año es necesario, pero insuficiente: lo verdaderamente imprescindible es que sus nombres no se conviertan en meras estadísticas y que su búsqueda se convierta en una prioridad de Estado.

El dolor que no cesa: desapariciones forzadas