La nueva Corte, pieza clave del proyecto dictatorial

Hoy entran en funciones los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; me atrevo a decir que es la Corte más incierta y riesgosa de su historia. Con la entrada en funciones de los ministros surgidos de la fraudulenta elección judicial –consecuencia directa de la reforma al Poder Judicial, de Morena–, México se adentra en un terreno donde la independencia judicial quedó en el olvido y la credibilidad que la máxima instancia de justicia del país construyó durante décadas, pende de un hilo.

La historia de la Suprema Corte no escapa de claroscuros. Durante buena parte, fue un poder subordinado al presidencialismo, y no fue sino hasta las reformas de 1994 cuando se fortaleció su autonomía y se concibió la idea de darle a México un tribunal constitucional capaz de equilibrar al resto de los poderes. Aquella reforma impulsada por el PRI, buscaba dotar de prestigio y autoridad a la Corte, al establecer nuevas reglas para garantizar su independencia. Fue un esfuerzo por modernizar el sistema judicial y colocarlo a la altura de una democracia en construcción.

Pero hoy, casi treinta años después, ese esfuerzo parece revertirse, y los pasos dados hacia una democracia más robusta, se retrocedieron con los mecanismos de manipulación y simulación implementados por el régimen de Morena que nos cambió trayectoria por afinidad política, formación por acordeón y carrera judicial por imposición. No cuesta mucho decir que los nuevos ministros que mañana rendirán protesta deben su cargo no a su conocimiento jurídico, sino a su adhesión política y son piezas clave en la instauración del proyecto dictatorial de la 4T.

El problema es todavía más grave cuando recordamos que la Corte ha sido la última instancia de defensa de los derechos de las y los ciudadanos ante circunstancias de abuso constitucional; en tiempos en que en el Congreso de la Unión y los congresos locales legislan con prisas, bajo encargo, con oídos sordos y a las órdenes del Ejecutivo, es la Corte quien debiera ponerles freno, pero desde hoy, los amparos, las controversias constitucionales y cada sentencia estarán sujetas a lo que se dicte desde Palacio Nacional –o desde alguna hacienda en Palenque, Chiapas–.

Durante el sexenio pasado se abrió un encarnizado debate por la reforma a Ley de la Industria Eléctrica, mejor conocida como la reforma eléctrica, que atentaba por completo a la competencia y a la generación de energías renovables. Morena aplicó toda la presión del Estado, pero fue la Corte la que se antepuso y la declaró inconstitucional. ¿Quién quedará a partir de hoy para enfrentar al poder, cuando incluso los organismos autónomos han sido eliminados? Lo cierto es que los ministros serviles de la “transformación” no lo harán.
A propósito de esta pregunta, queda una última instancia: la ciudadanía y el poder de su voto. Es el último resquicio de resistencia ante el régimen, y Morena quiere aniquilarlo con la reforma electoral. Por eso es tiempo de llenar las calles, de protestar y mantenernos en unidad, porque desde hoy ya no hay nadie quien nos defienda.