Uno de los temas más urgentes y menos visibilizados en el sistema penitenciario de Jalisco es el tratamiento que reciben las personas privadas de la libertad que viven con discapacidad psicosocial, mejor conocidos como inimputables.
Esta población enfrenta una doble vulnerabilidad debido a su condición de salud mental y a las limitaciones estructurales del sistema penitenciario para garantizarles una atención digna y respetuosa de sus derechos humanos.
Durante los programas de supervisión que realiza esta Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco en los diversos centros de reclusión del Estado, se ha observado que una de las agendas que han atendido las autoridades penitenciarias en el último año, es el tratamiento que se otorga a las personas que presentan una discapacidad psicosocial, con la finalidad de evitar, en la medida de lo posible, la vulneración de sus derechos humanos, no obstante la complejidad de los sistema penitenciarios del país.
El Código Penal establece que el juzgador dispondrá de medidas de tratamiento aplicables a las personas con discapacidad psicosocial vinculadas por la comisión de un delito, fuera de reclusión. Sin embargo, en la práctica, muchas personas llevan su proceso en una institución penitenciaria, incluso cuando ya han sido sentenciadas.
En algunos casos, los juzgadores imponen en sus resoluciones que las personas permanecerán albergadas hasta que presenten notoria mejoría, situación que se considera una contradicción técnica, ya que las personas que presentan una discapacidad psicosocial necesitan recibir tratamientos médicos integrales y multidisciplinarios, tratamientos que son difíciles de implementar debido a las condiciones y situaciones que enfrentan estas personas al estar compurgando penas en estos espacios que no han sido diseñados para ello.
Asimismo, el Código Penal establece que las personas consideradas inimputables podrán ser entregadas a quienes legalmente deban hacerse cargo de ellas, siempre que cumplan y garanticen su tratamiento y vigilancia. Sin embargo, en la práctica esta medida no es atendida, por lo cual, el reto del sistema penitenciario se incrementa por el número de personas con discapacidad psicosocial que se encuentran en los centros penitenciarios, los cuales no son adecuados para su atención.
Las personas con discapacidad psicosocial requieren atención especializada acorde a sus características, pues algunas de ellas no pueden llevar una vida funcional. La normativa nacional e internacional establece que el Estado debe brindarles las condiciones que permitan su mejoría durante el internamiento. La falta de infraestructura, médicos especializados y personal capacitado dentro de los centros de reclusión, genera una doble vulnerabilidad hacia esta población.
No atender los principios para el tratamiento de las personas privadas de la libertad puede derivar en situaciones que pudieran considerarse actos de tortura. La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, señala que debe protegerse la salud física y mental de las personas con discapacidad psicosocial que se encuentran bajo tutela del Estado, (centros de reclusión) y que este derecho se debe garantizar aun y cuando las instituciones penitenciarias no cuenten con los recursos financieros y profesionales.
Existen casos de personas que presentan una afectación más aguda, y no se encuentran en condiciones de manejar su propia persona. Por ello, los centros de reclusión deben ir más allá en la atención de este grupo y cumplir con la responsabilidad de tutela y protección de sus derechos humanos.
Esta Comisión ha encontrado que los espacios destinados para albergar a las personas con discapacidad psicosocial, generalmente no cumplen con los estándares para su atención. Aunque destinan áreas específicas para su internamiento, estas no cumplen con la normativa, lo que hasta cierto punto es comprensible, ya que los centros de reclusión no fueron diseñados para albergar a esta población.
Es de resaltar que en el sistema penitenciario del estado, aun y cuando realizan un esfuerzo para dar atención a estas personas, esto no omite que se vulneren sus derechos. Esta situación se agudiza aún más en los centros de reclusión femeniles, pues los espacios son más reducidos y no cuentan con un área específica para atender a mujeres con esta condición.
Se advierte que la vulneración que sufren las personas con discapacidad psicosocial es un tema pendiente en Jalisco y en el país. Su condición las hace más propensas a abusos por parte de otras personas privadas de su libertad, tal y como se documentó en la Recomendación 15/2025 que emitió esta CEDHJ, en la cual se evidenciaron casos de tortura y violaciones a sus derechos humanos, ello derivado de la omisión de las autoridades penitenciarias.
Esta defensoría busca generar conciencia de que este tema debe de ser prioritario para la investigación y ejecución de políticas públicas, que permitan atender a las personas que viven con discapacidad psicosocial dentro de los centros de reclusión, y generar estrategias para darle la atención adecuada que requieran en la medida de su internamiento.