Miguel De La Rosa Figueroa

El 1 de septiembre entrará en funciones la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sus integrantes, 5 ministras y 4 ministros, han sido designados por el voto popular mediante una elección en la que, aún cuando se instalaron 83 mil 974 casillas, es decir casi la mitad de las 170 mil 182 que se habilitaron en la elección constitucional del 2024, acudieron a votar 13 millones de electores, lo que representa un promedio de 155 votantes por cada casilla instalada.
Hay quienes cuestionan su legitimidad bajo el argumento de que en la elección judicial ejerció su derecho al sufragio el 13% del padrón electoral. Pero, en lugar de ser esto una debilidad, constituye un rasgo de fortaleza, pues recordemos que la antigua Corte, en tiempos del PRI hegemónico, se definía por la decisión de un solo hombre, el presidente de la República y el senado era un mero operador de su instrucción. En los gobiernos panistas y en el último gobierno del PRI, las designaciones de ministras y ministros fueron resultado de acuerdos pactados entre el presidente en turno y los grupos de poder político y económico. Así, con objetividad, el hecho de que a las y los ministros de la nueva Corte los hayan votado 13 millones de personas, es por mucho más democrático, a que se continuara decidiendo su composición por uno solo o por un puñado de poderosos.
Otra razón que legitima al nuevo máximo órgano de justicia es la representatividad y pluralidad de su elección: las 83 mil 974 casillas se instalaron en prácticamente la totalidad de secciones electorales del país, a todas ellas acudieron ciudadanas y ciudadanos a votar. Por tanto, no fue el interés de uno o de unos cuantos, sino la pluralidad de visiones, conciencias, intereses, anhelos, esperanzas, enojos de mujeres y hombres que habitan en todas las regiones de México, que pertenecen a todos los grupos sociales, culturales y étnicos, quienes decidieron con su sufragio la integración de esta nueva Corte. 
Atrás va a quedar la Corte de ministras y ministros que debían cargo y sumisión a detentadores del poder político o económico. La que llega mediante el voto popular tienen claro que el nombramiento se lo deben al pueblo, así disfrutarán de un alto sentido de autonomía, de independencia para resolver los asuntos judiciales con apego a la legalidad y a la justicia.
En Jalisco, conforme a lo dispuesto en la Constitución Federal, el Poder Judicial local deberá renovarse en el año 2027, mediante un proceso de elección de las 203 plazas de juezas y jueces y de las 34 magistraturas que conforman el Supremo Tribunal de Justicia. De igual manera, por las frecuentes sentencias emitidas en perjuicio de los derechos e intereses de la ciudadanía, planteamos en la iniciativa de reforma que Morena presentó al Congreso del Estado, el que se renueven por elección las 10 magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa. Así mismo, habrá de votarse un Tribunal de Disciplina Judicial que juzgue el desempeño de las y los impartidores de justicia para evitar que ante alguna actuación indebida prive la impunidad. Además, deberá integrarse un Órgano de Administración Judicial que atienda la organización, administración y profesionalización del sistema de justicia.
Más allá del mandato legal que ordena esta renovación del Poder Judicial, se impone el mandato ético de resarcir los agravios, las injusticias, los rezagos y la desbordante corrupción que lo distorsiona. Calificar así al Poder Judicial no se funda en un juicio malintencionado; sus vicios son evidentes y los padecen cada día quienes interactúan con el sistema en condición de actores, demandados, víctimas, procesados, defensores, litigantes, e incluso agobia, amaga, a aquellos funcionarios judiciales honestos, que sí los hay en el Poder Judicial local.
Jalisco debe tener una reforma de su Poder Judicial, no al estilo del gobierno, no al gusto y manera de sus gobernantes, sino conforme a la necesidad y reclamo de justicia del pueblo.

Miguel De la Rosa Figueroa

El Poder Judicial regresa al pueblo

El INEGI recientemente dio a conocer los resultados de la medición de la pobreza en México, correspondientes al sexenio 2018-2024. Empleando los mismos instrumentos e indicadores de medición del CONEVAL, encontró que en los seis años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, 13.4 millones de personas salieron de la Línea de Pobreza por Ingresos (LPI) y 2.1 millones dejaron atrás la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI). Ningún gobierno en la historia de México había alcanzado logros sociales y económicos tan relevantes.
¿Qué significa que 13.4 millones superaran la línea de Pobreza por Ingresos? Que una cantidad de personas equivalente a la población conjunta de los estados de Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Colima, que antes con dificultad tenían ingresos para comprar los productos de la canasta alimentaria, hoy perciben recursos para costear también los productos, bienes y servicios de la canasta no alimentaria, entre ellos el transporte, el cuidado de la salud, la vivienda, la ropa, los zapatos, la recreación, los productos de higiene y cuidado personal y el internet.
En cuanto a los 2.1 millones de personas que superaron la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos, representa que ese número de mexicanas y mexicanos, similar a la población de Nayarit y Colima juntas, que antes del 2018 no les alcanzaba para comprar la comida necesaria del día, hoy ganan dinero suficiente para adquirir la carne, el frijol, las tortillas, las frutas, las verduras, la leche, el huevo y otros alimentos para garantizar la subsistencia.
Este nuevo Milagro Mexicano, alcanzado en el primer gobierno de la 4T, rompe la larga racha de empobrecimiento de la población que caracterizó a los gobiernos de tipo neoliberal del PAN y del PRI que le antecedieron.
¿Qué hizo posible este milagro económico y social?
Contrario a los enredos técnicos que acostumbraban argumentar los supuestos “expertos económicos” de la tecnocracia neoliberal y que no provocaron más que desigualdad, exclusión social y marginación; el gobierno humanista del presidente López Obrador planteó acciones sencillas de entender, pero de gran trascendencia para resolver la pobreza de nuestro país: 
Combatir la corrupción, gobernar con austeridad y priorizar la atención de los sectores sociales marginados, es decir “por el bien de todos, primero los pobres”.
El combate a la corrupción generó ahorros significativos del presupuesto público, así mismo el erario se benefició del cobro de impuestos a los grandes evasores fiscales que se escapaban de esta obligación por diversos esquemas de corrupción. Principalmente con este dinero se pudieron fondear los programas sociales que han contribuido de forma significativa a mejorar la calidad de vida de la población. Hoy, 7 de cada 10 familias son beneficiarias de alguno de los programas sociales federales: pensión para adultos mayores, para mujeres de 60 y más, becas para estudiantes, para personas con discapacidad, entre otros.
El gobierno federal también sumó a este fin los recursos que obtuvo de una decidida política de austeridad que implicó la disminución de los salarios de los altos funcionarios, la cancelación de plazas laborales innecesarias, la terminación de seguros de gastos médicos y otras prestaciones excesivas, así como la eliminación de toda suntuosidad y derroche costeada con dinero público. El gobierno de López Obrador se aferró a disminuir la amplia desigualdad existente entre el ingreso de los funcionarios y el de las personas trabajadoras promedio. En sexenios anteriores, mientras el salario mínimo rondaba los 2,500 pesos mensuales, un funcionario de alto nivel podía percibir hasta 500 mil pesos.
Resultado de estas acciones, hoy, en 2025, el gobierno federal puede disponer de más de 1 billón 200 mil millones de pesos para financiar los programas sociales de bienestar de la población.
Otra política notoriamente exitosa del primer gobierno federal surgido de Morena, que explica la disminución de la pobreza, fue el incremento de los salarios de las y los trabajadores. Entre 2018 y 2024 se acumuló un aumento real en los salarios de 110% en la mayor parte del país y más del 150% en los estados de la frontera norte. Sumada a ella, la eliminación de la mayoría de las subcontrataciones laborales que existían bajo la figura del “outsourcing” fortaleció directamente los ingresos y prestaciones de la clase trabajadora ya que las intermediarias laborales dejaron de quedarse con buena parte de estas.
Ver, vivir hoy en un México con menor pobreza, con menor desigualdad, con mayor justicia social y económica, es motivo de orgullo. Valió y vale la pena el esfuerzo, el tiempo, los recursos invertidos para iniciar esta lucha con el expresidente Andrés Manuel, para sostenerla y para continuarla ahora con el liderazgo de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum.

El milagro mexicano de la 4T

El pasado viernes 08 de agosto, la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, visitó Jalisco para inaugurar el “Hospital Regional de Alta Especialidad de Tlajomulco de Zúñiga” del ISSSTE, el cual beneficiará a 380 mil derechohabientes, además de sus familias, que viven en Jalisco, Nayarit, Colima, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas.
Este hospital forma parte de un proceso de renacimiento del Sistema Público de Salud y ofrecerá servicios de consulta general, también en 36 especialidades, así como proveeduría de farmacia, servicios de urgencias y quirófanos. Contará con 250 camas censables, 262 camas no censables, 63 consultorios y equipos modernos de medicina nuclear. Todo representó una inversión de casi 3 mil millones de pesos.
Después del Centro Médico de Occidente, en esta región del país, ni el sector público ni el privado habían construido una institución de salud tan relevante como este nuevo hospital. Por el contrario, los últimos gobiernos federales del PRI y del PAN se empeñaron en desmantelar el sistema público de salud a través de esquemas de privatización que incluyeron el arrendamiento de instalaciones, la subcontratación de servicios médicos privados, la subrogación de los servicios hospitalarios y el arrendamiento de materiales y recursos (ambulancias, camillas, sillas de ruedas, estudios de laboratorio, etc…). Abandonaron también la formación de personal médico en las instituciones de educación superior públicas, alentando o consintiendo la disminución de la matrícula y aún más, restringieron la creación de plazas para personal médico y consecuentemente la capacidad del sistema para la prestación de servicios de salud.
¿Qué motivó estos afanes de privatización en la clase política priísta y panista? Hay quienes alegan causas ideológicas (la reducción del Estado a su mínima expresión) o de eficacia económica (aquella falsedad de que “cuestan menos a la ciudadanía los servicios que provee el sector privado que los que brinda el sector público”). Pero estas razones no son más que excusas; el ánimo de la privatización del sistema de salud se encuentra en la respuesta a la pregunta:
¿Quiénes se convirtieron en proveedores de instalaciones hospitalarias, de insumos médicos, de ambulancias, de camillas, de servicios de laboratorio, de medicinas, etc., al sector público? 
Sí, acertó, la clase política priísta y panista promotora de la privatización.
Con lo anterior, tanto el IMSS como el ISSSTE entraron en severas crisis financieras que pusieron en riesgo su sobrevivencia institucional. No podía ser diferente el resultado en un juego donde los funcionarios públicos, contratantes de los servicios privados, eran también sus proveedores.
A partir del 2018, con el triunfo del Lic Andrés Manuel López Obrador y de la doctora Claudia Sheinbaum en el 2024, el gobierno federal trabaja por la recuperación, fortalecimiento y expansión del sistema de salud pública. Esto implica inversiones históricas en infraestructura de salud, mayores presupuestos para la adquisición de materiales e insumos médicos, ampliación de plazas para la contratación de personal e incluso la apertura de espacios educativos públicos para la formación de profesionales de la salud.
El objetivo es la consolidación de un Sistema Nacional de Salud Universal, gratuito, equitativo, integral, sustentable, efectivo y de calidad, donde la salud del pueblo se entienda como un derecho humano y no como una mercancía, donde nadie se quede atrás ni afuera del disfrute del derecho a la salud.

Porque importa la salud del pueblo

El pasado mes de julio el gobierno federal y el gobierno de Guanajuato iniciaron la construcción del Acueducto Solís-León, el cual tendrá una longitud cercana a los 200 kilómetros. Se concluirá en el 2029 y representará una inversión conjunta aproximada de 15 mil millones de pesos. Esta obra ayudará a resolver el desabasto de agua que padecen las ciudades de Salamanca, Irapuato, Celaya, Silao y León, dotándoles de un volumen aproximado de 3.8 metros cúbicos de agua por segundo.
En referencia a este acueducto, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, manifestó que debería de reconsiderarse, pues su construcción “…pondría en riesgo al lago más importante de México, que es Chapala…”. Señaló que el lago ha recibido de la Presa Solís en los últimos 20 años aproximadamente 15 transvases, pero con su construcción disminuiría la disposición de agua para nuestro Estado. 
Son alarmistas e infundadas las preocupaciones de las autoridades de Jalisco en el sentido de que la construcción de dicho acueducto pone en riesgo al Lago de Chapala, por las siguientes razones:
Primera.- La Presa Solís, ubicada en el municipio de Acámbaro, Guanajuato, se construyó sobre el cauce del Río Lerma y se inauguró en 1949. El destino principal del agua de la presa ha sido el riego de zonas agrícolas de aquella entidad, beneficiando especialmente al distrito de riego número 11. Únicamente para evitar desbordamientos, la presa ha liberado excedentes incrementando la cuota de agua que corresponde a Chapala. En ese sentido, excepcional y no ordinariamente, la Presa Solís aporta un volumen de agua extra, al que ya tiene determinado y garantizado nuestro lago para su existencia.
Segunda.- El gobierno federal ya inició el proceso de tecnificación del distrito de riego número 11, consistente en la modernización de 240 kilómetros de canales principales, la rehabilitación de 450 estructuras hidráulicas de canales primarios y secundarios y la implementación de sistemas de riego por goteo en más de 10 mil 200 hectáreas. El director de Conagua, Efraín Morales López, puso en marcha estas acciones con una inversión inicial conjunta de 800 millones de pesos y sumará a su conclusión seis mil 400 millones. La Presa Solís tendrá un ahorro de volumen de agua con la tecnificación del distrito de riego, cercano a los 140 millones de metros cúbicos que se emplearán para el abasto de las ciudades referidas (Conagua).
Tercera.- La Presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum, ha expuesto en el Plan Nacional Hídrico 2024-2030, quizá el proyecto de mayor trascendencia ambiental, humana y económica de la historia reciente de nuestro país. Su objetivo es “…garantizar el derecho humano al agua en cantidad y calidad suficiente, asegurar la sostenibildad de nuestros recursos y fomentar un manejo adecuado y responsable del agua en todos sus usos”. El Plan incluye un Programa Nacional de Tecnificación que permitirá optimizar agua en las labores agrícolas, que utilizan en la actualidad más del 70% del volumen empleado por actividades humanas y de las cuales, con la tecnificación, es posible economizar porcentajes cercanos al 50%. Con ello, no únicamente del distrito 11 de riego se obtendrá ahorro de agua, sino de otras zonas agrícolas que la emplean de la cuenca Lerma-Santiago, donde se ubica Chapala, ayudando así a que el lago reciba suficiente y mayor caudal de agua.
La Presidenta de México, Doctora Claudia Sheinbaum, externó que “no se le va a quitar agua a un Estado para darla a otro, puesto que existe un proyecto para Guanajuato y otro para Jalisco”. No cabe pues el alarmismo, hay un compromiso cabal del Gobierno de México para garantizar la protección y recuperación de nuestros ríos y cuerpos de agua, así como su disposición para todas y para todos, como derecho humano.

Sí al agua, no al alarmismo

A once meses de que asumió el cargo la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum, rindió ante la Nación su primer informe de gobierno. Son de destacar las políticas públicas y las acciones que ha implementado para mejorar las condiciones y la calidad de vida de la población mexicana y que le han hecho merecer, porque amor con amor se paga, de una aprobación ciudadana que rebasa el 70% y que la sitúa como la mejor mandataria de América y la segunda a nivel mundial.
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¿Cómo ha impactado hasta este momento el trabajo de la Dra. Sheinbaum a las familias jaliscienses? Veamos la cobertura de los programas sociales:
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En el estado, 872 mil 180 adultos mayores reciben la pensión para el bienestar; 62 mil 720 mujeres gozan de la pensión de 60 y más; 47 mil 253 personas están integradas a la pensión por discapacidad.  
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En el rubro educativo, 108 mil estudiantes de educación media superior cuentan con la Beca Benito Juárez y 206 mil alumnas y alumnos de educación básica tienen asignada la Beca Rita Cetina. Esta beca y la pensión para mujeres de 60 y más, son dos de los compromisos que la presidenta asumió en su campaña y hoy son realidad. 
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En el campo, 54 mil 691 campesinos participan del programa de producción para el bienestar y los pequeños productores de leche, maíz, frijol y trigo cuentan con precios de garantía.
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En materia de seguridad, los homicidios en México y en Jalisco han disminuido en un 25% gracias a la estrategia implementada por nuestra presidenta, que contempla cuatro ejes fundamentales: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación y coordinación con las entidades federativas. 
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De un millón 800 mil 000 viviendas que se construirán en el país durante el sexenio, el INFONAVIT desarrollará en Jalisco 50 mil, la CONAVI otras 10 mil y el FOVISSSTE 11 mil más. En este primer año comenzó la liberación de reservas territoriales para dicho fin y la elaboración de los proyectos de construcción. Estas viviendas se destinarán a trabajadores con empleo formal que perciben entre uno y hasta dos salarios mínimos, que no habían podido adquirir por el alcance de su crédito el patrimonio de una casa para sus familias. Las 10 mil viviendas de la CONAVI se otorgarán mediante créditos a mujeres jefas de familia, adultos mayores, jóvenes y población indígena que no cuentan con un trabajo formal y carecen de hogar propio. También en este primer año, el gobierno federal liberó en Jalisco más de 5 mil escrituras de INFONAVIT, a través de un esquema de quitas y cancelación de deudas, otorgando con ello certeza jurídica a miles de familias de derechohabientes.
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Jalisco vive y participa de la acción transformadora que implementa el gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum en todo México a través de estas acciones y otras más, que encaminan a nuestro Estado y a la Nación hacia la prosperidad compartida y sustentable. Los resultados del primer año de su gobierno demuestran que, como dijo la presidenta de la República, “Vamos bien y vamos a ir mejor”.
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La Transformación avanza en Jalisco