Jonás

Esta semana, a partir del 1 de septiembre, nos hemos enfrentado día con día al colapso vial que se padece en Avenida López Mateos. El tema es desesperante. Los automovilistas se quejan porque un trayecto que normalmente toma 20 minutos, se está recorriendo ahora en dos horas. Las historias se multiplican igual que la molestia de todos: los que conducen su auto, los que son choferes de transporte público y transporte de carga, igual que quienes son usuarios del sistema de transporte masivo. ¿Tiene solución el colapso vial en Avenida López Mateos? 
Existen varios factores a considerar, porque no se trata de un tema fundado en la percepción, sino que abundan las cifras estadísticas y los estudios especializados.
Lo primero a considerar –y asimilar– es que no se trata un “nuevo problema”. No acaba de suceder porque el 1 de septiembre hayan regresado a clases en el sistema público de educación más de 1.6 millones de estudiantes. El caos vial en esta vialidad es el resultado de un proceso que se ha desatendido por años. También es importante reconocer que el Área Metropolitana de Guadalajara y sus nueve municipios conurbados no se agota en una sola avenida, sino que los conflictos viales se extienden por toda la red de grandes avenidas: Revolución, Lázaro Cárdenas, Juan Gil Preciado, Juan Pablo II, Ávila Camacho, Unión-Américas, Javier Mina-Juárez-Vallarta, Mariano Otero, Periférico en toda su extensión y muchas más.
Sin embargo, el caso López Mateos recibe especial atención porque además de cruzar los tres municipios más poblados de la urbe (Tlajomulco, Zapopan y Guadalajara), se ha convertido en el acceso principal del Sur de la ciudad. Es todo un caso de estudio.
En el sexenio pasado, en un lapso de más de un año, el gobierno estatal realizó una consulta para tomar en cuenta la opinión de miles de ciudadanos que propusieron y aprobaron soluciones posibles. Lo más solicitado fue transporte masivo y orden en el tránsito. 
Ahora, ya en la administración del gobernador Pablo Lemus, el conflicto en López Mateos no sólo no redujo. Parece haber aumentado en los últimos meses y toma visos de tragedia cada vez que hay fuertes lluvias e inundaciones. El mandatario anuncia una serie de cinco mesas de análisis que revisen a fondo diferentes problemáticas que abarcan cantidad de automotores, usos de la vialidad, horarios, transporte de carga y de pasajeros, etcétera.
El asunto va para largo. Y sumando los conocimientos de los especialistas dedicados a temas urbanos y de movilidad, junto con los de autoridades que todos los días trabajan en evitar que el colapso vial sea mayor, más los de habitantes de todo el corredor, se puede concluir, entre otras cosas, lo siguiente:
&#8211; Es indispensable aumentar el transporte masivo. Debe acelerarse la conclusión y operación de la Línea 4. No es posible que se tenga que esperar hasta mediados del año 2026.
&#8211; Cuando termine el temporal de lluvias, lo que aún tomará algunas semanas, las emergencias disminuirán, pero también deben urgirse a la conclusión de obras que impactan tremendamente en la movilidad: Glorieta de La Minerva, Camino Real a Colima, Avenida Adolfo Horn, Avenida La Tijera. Además, deben intervenirse también más vialidades que pueden contribuir como rutas alternas. No hay razón para esperar, así se trate de temas presupuestales.
&#8211; El famoso “segundo piso” debe analizarse detenidamente. Puede resultar más dañino que benéfico: ¿cuánto tiempo tomaría su construcción? ¿Cuántos bloqueos provocarían sus obras? ¿Cuáles son los beneficios que ofrece?
&#8211; Ordenamiento urbano. ¿Seguirán construyendo más zonas habitacionales en el corredor López Mateos? Aunque sea un buen negocio para los desarrolladores, ¿no es pertinente revisar el costo en calidad de vida para los habitantes ya establecidos? 
Sólo para comenzar.

¿Tiene solución el colapso vial en Avenida López Mateos?

Los eventos de alcance nacional que marcan el naciente mes de septiembre tienen un alcance tan profundo, que se requerirán varias semanas para asimilarlos, igual que sus consecuencias. Pero en comparación con el primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum y el combate político en la Cámara de Diputados para que finalmente, la panista Kenia López Rabadán asumiera como presidenta de la Mesa Directiva, lo que marcará más profundamente la vida del país es la instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Los nuevos ministros, que en esencia tienen la misión de proteger la aplicación de la Constitución Política de nuestra república, comenzaron su instalación con ceremonias sincréticas (una limpia en Cuicuilco y la entrega de bastones de mando) que supuestamente, reponen en el lugar histórico que les corresponde a los pueblos indígenas de nuestro país. Pero tan absurdo como eso, hubiera sido que inauguraran su tarea con una misa en la Catedral Metropolitana presidida por el arzobispo primado de México.
Con total respeto al credo que decida profesar cada uno de los mexicanos –por cierto, un derecho consagrado en la Constitución–, los ministros de la Corte deben ser los primeros en respetar el Estado Laico mexicano y evitar que se les relacione con prácticas religiosas cualquiera que sea su origen.
Por otra parte, como herederos autoproclamados de una nueva conformación del Poder Judicial, basada en las elecciones populares en las urnas, deben atender la doble mancha que acompaña su llegada: 1. La imposición de la reforma al Poder Judicial, basada no en un acuerdo plural, sino en la determinación de un grupo político que además, instaló una mayoría calificada en el Poder Legislativo atropellando a las minorías. 2. Una elección constitucional que careció de legitimidad pública, a pesar de que tanto en el Instituto Nacional Electoral (INE) como en la Sala Superior del Tribunal Electoral federal (TEPJF) hayan impuesto una mayoría de votos por la fuerza, pero no por la vía del razonamiento jurídico.
Si el origen de una reforma al Poder Judicial se motivó en el mal desempeño de éste, los hechos de corrupción y nepotismo, y sobre todo, la personal voluntad del expresidente Andrés Manuel López Obrador que aplicó la reforma y se la heredó a la presidenta Claudia Sheinbaum, lo conducente sería que los nuevos ministros se comportaran de modo que no fueran criticables.
Pero su inauguración en la vida nacional se abre con actos de carácter semirreligioso (ahora se inspirarán en el Quetzalcóatl de los mexicas) y con actos superficiales, demagógicos y populistas. Ni siquiera cuentan con el respaldo de todos los pueblos indígenas pues en muchos de éstos ni siquiera existe la figura del “bastón de mando”.
La evidencia, hasta ahora, es que están ligados por compromisos electorales (los innegables acordeones) con la élite dominante del poder… igual que lo estuvieron los integrantes del Poder Judicial “de antes”. 
Más allá de ceremonias y ritos, de discursos y celebración, lo que requiere es lo que se ha exigido siempre: justicia pronta, expedita y gratuita, como establece el Artículo 17 de la Constitución. ¿Cumplirán?

El Poder Judicial Federal, hijo de la reforma

El primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum fue, como era de esperarse, una celebración. Una colección de frases pintadas de éxito y logros; cifras enormes de resultados en todos los ámbitos y aplausos estruendosos. En esta dinámica, no hubo ninguna diferencia con los informes del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero es importante destacar las diferencias que hay entre los dos sexenios, a pesar de que la presidenta del país insista en que su gestión es un “segundo piso”.
Los informes de gobierno, como es costumbre inveterada en México, son siempre triunfalistas. Quienes esperaban de la presidenta Sheinbaum un abordaje distinto e histórico como lo es su presencia en la Silla Presidencial, quedaron defraudados. 
Hay, sin embargo, varios rubros en los que la presidenta tiene todo el derecho de hacer lucir los logros de una gestión que ha estado plagada de obstáculos. A saber:
a) Se ha sorteado con relativo éxito, hasta ahora, la compleja relación con el gobierno de Donald Trump. El presidente estadounidense seguirá siendo un reto, una amenaza constante en materia política, económica y de seguridad, pero los resultados hasta el momento revelan oficio del equipo de la presidenta y templanza en su abordaje.
b) Programas sociales. Estos sí son una herencia. Claudia Sheinbaum sólo ha podido extender su beneficio a mujeres menores de 65 años de edad, pero garantizar su aplicación es la base más sólida del éxito político de su administración. La mayor parte del 70% de aprobación al desempeño de la presidenta que se revela en una encuesta nacional, proviene de los beneficiarios de la Secretaría del Bienestar. El futuro puede traer sorpresas, pero por el momento, son intocables.
c) Combate a la inseguridad. Las voces más críticas afirman que el combate al crimen organizado y la violencia es resultado de la presión del gobierno estadounidense, pero sea o no ése el motivo, el hecho es que el gobierno de Claudia Sheinbaum terminó con la inamovilidad del sexenio de López Obrador. Sí se combate a los cárteles, a la producción de drogas, a los delitos más hirientes, como la extorsión. Hay detenciones, investigaciones y empieza a verse el trabajo de inteligencia. El constante mensaje de que han reducido 25% los homicidios, no parece convencer a la opinión pública, pero aunque el trayecto para recuperar la paz apenas inicia, sí se avanza en esa dirección.
d) Reducción de la pobreza. Será su gran bandera, su “grito de guerra”. Con el paso de los meses se empezará a dimensionar sin tanta estridencia cuál ha sido el logro económico de la “cuarta transformación”, pero mientras eso acontece, lo presumirán en el mundo.
Lo que la presidenta no abordó en su informe, y no es necesario extenderse, es que siguen faltando medicamentos; falta infraestructura de todo tipo; son muy limitados los planes en materia educativa y falta, sobre todo, la gran prueba para medir si la reforma al Poder Judicial arroja los resultados que tanto presumen. 
El informe, en fin, careció de autocrítica. Pero es el día de la fiesta. Elaborar un listado de lo que no se ha hecho o se ha hecho a medias, será materia para otro texto.

Primer informe… como siempre

Inicia el mes de septiembre, y no será sólo el mes de las Fiestas Patrias, por más que los coleccionistas de eventos simbólicos estén esperando para la foto la noche del Grito, la primera que atestiguará cómo una mujer agite el cordón de la campana de Dolores. Habrá fiesta, sí, pero también es un mes que puede abrir la puerta a nuevos y profundos problemas nacionales.
Para iniciar, esta misma semana la presidenta recibe la visita de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos. La presencia del funcionario estadounidense, uno de los más críticos con el gobierno mexicano, puede pasar desaperciba o convertirse en el inicio de un proceso que se ha anticipados durante meses: la petición para que inicie un proceso de detención de funcionarios de gobierno por su complicidad con el crimen organizado.
Además, la visita de Rubio puede ser el momento decisivo para la firma de un acuerdo de seguridad entre los dos países, que ya había sido anticipado por la presidenta Sheinbaum, aunque el anuncio se quedó en eso, sin llegar a concretarse todavía. 
Con septiembre llega también el nuevo período ordinario de sesiones en las cámaras de diputados y senadores. 
Después de la crisis de imagen que provocó el pleito entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno Cárdenas, la Cámara de Diputados llega al nuevo período otra vez en medio de un escándalo.
No se llegó a un acuerdo para la elección de la nueva Mesa Directiva, que apuntaba a tener Kenia López Rabadán como presidenta, pero los morenistas se amotinaron y al no concretarse la elección, Sergio Gutiérrez Luna continuará en el cargo hasta el 5 de septiembre. 
Morena rechazó a la terna propuesta por el PAN: Kenia López Rabadán, Margarita Zavala, Federico Döring y Germán Martínez. Se sabe que desde Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum los vetó a todos. Por primera vez en muchos años, el período de trabajos legislativos inicia sin acuerdos políticos y tanto la presidenta como la coordinación de Morena que encabeza Ricardo Monreal, imponen arbitrariamente su mayoría.
La oposición en pleno, es decir Movimiento Ciudadano, Acción Nacional y el Revolucionario Institucional, apoyaron a Kenia López, en respeto al acuerdo político, pero para Morena es imposible que entren en la Mesa Directiva tanto Margarita Zavala como Federico Döring y Germán Martínez, porque temen que puedan bloquear la instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Así, entre nuevos conflictos y problemas potenciales, arranca el mes de las Fiestas Patrias, y todavía queda pendiente la discusión del presupuesto federal para el año 2026.

Septiembre, mes de conflictos para Sheinbaum

El tan conocido episodio del enfrentamiento a aventones y golpes entre Alejandro “Alito” Moreno y Gerardo Fernández Noroña, en la última sesión de la Comisión Permanente, desnudó por completo los defectos más graves tanto del PRI –partido político en caída libre– como de Morena, el partido en el gobierno, que a pesar de ser la fuerza dominante, todavía queda mucho a deber en su desempeño político en el ámbito nacional.
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Lamentable, además, resulta que con el efecto inevitable de las mañaneras, la presidenta Claudia Sheinbaum vuelva a rebajar su investidura y su imagen al referirse a algo que no ameritaba una respuesta de la jefa del Estado mexicano, y remitir otra vez a la conocida figura del “PRIAN”, que por más que ha sido desacreditada no por los morenistas, sino por los votantes en México, sigue sirviendo como pretexto de discusión superficial.
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A Morena, a la presidenta Claudia Sheinbaum y a los integrantes de la élite del partido dominante, suele olvidárseles –o eso parece– que son el gobierno, el partido en el poder que han ganado dos elecciones presidenciales, y que ya no queda utilidad en la comparación permanente con el PRI, con el PAN y con la oposición política que han derrotado.
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Mucho más útil y necesario es que corrijan los errores, que no son pocos, que han evidenciado en el primer sexenio y en lo que va del segundo, de lo que ellos bautizaron como la “cuarta transformación”.
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Que si Alejandro Moreno es un “porro”, como lo han llamado; que si en su historial hay numerosos yerros, algunos por comprobarse y otros por reconocidas tranzas o por el pragmatismo que fue característico de muchos personajes priístas, es algo que todos sabemos. El gobierno de la presidenta Sheinbaum no tiene por qué hacer evidentes sus logros, comparándose con los defectos del adversario político. Hay tantas necesidades, tantas decisiones pendientes, tanto que mejorar en México y tantos compromisos por los cuales responder, que la ganancia obtenida ante la exhibición de pobreza política y altura de miras en el pleito en la Comisión Permanente es completamente nula. Ni “Alito” ni Fernández Noroña tienen beneficio real después de ese episodio.
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Cuando se revisa en la historia del país a figuras que se ganaron el cariño del pueblo o el reconocimiento general por su desempeño en la vida pública, nunca se encuentra que hayan brillado por sus conflictos con el adversario, sino por sus logros y propuestas, y por cumplir compromisos que parecían muy difíciles o hasta imposibles, tanto así que pasaron a 
la posteridad.
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Urge que Morena, que los morenistas y que sus funcionarios en el ejercicio de gobierno, admitan plenamente sus deficiencias y lo que han hecho mal, y superen el comparativo con quienes ya fueron derrotados en las urnas. No se trata de tomar postura entre Morena o el “PRIAN”, se trata de cumplir con la misión para la cual se comprometieron al pedir los votos de los mexicanos.
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Que superen ya, el pleito Noroña-Alito

Es difícil elegir entre los dos. El ex lacayo Gerardo Fernández Noroña, hoy transformado en líder legislativo y celoso guardián de sus bienes económicos, se ha convertido en todo lo que criticó, y el senador y presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, es la más viva expresión de la condena que sufre su partido y la clase política que él representa.
Sin embargo, entre “Alito” y Noroña sí hay diferencias que se hacen más visibles en el momento histórico que estamos sobrellevando.
Vivimos un tiempo en el que la clase política gobernante, específicamente el Partido Morena, sus dirigentes y todos los funcionarios públicos de este partido, se apropió del manto de la moralidad. Dicho de otro modo: según ellos, nadie tiene autoridad para criticar a la administración pública y sus decisiones, si no ha recibido el permiso morenista.
Ningún político o exfuncionario está calificado para revisar o cuestionar una decisión oficial o la aplicación del presupuesto, mucho menos si pertenece o colaboró con otro partido político. Inmediatamente entra en la categoría de los “traidores” o “neoliberales”.
La razón nos abandonó.
El mismo ex presidente López Obrador lo dijo alguna vez: se requería 90% de lealtad y 10% de capacidad.
Increíblemente, la presidenta Claudia Sheinbaum (a quien se refieren reverencialmente como “la Doctora” por sus antecedentes en ámbito académico), cuestionó en su rueda de prensa cotidiana, si merecía más importancia la finca de 12 millones de pesos de Fernández Noroña o el hecho de que una autoridad estadounidense haya puesto en el mismo nivel a los capos del narcotráfico junto con el ex secretario de Seguridad del calderonato, Genaro García Luna. 
Poco favor le hace al país la presidenta Sheinbaum al sumarse a la discusión popular que ha resultado de un sexenio completo de polarización. 
En abono a la verdad: García Luna fue perseguido y detenido por las autoridades de Estados Unidos, no las de México.
Su caso no tiene absolutamente nada que ver con la actitud y el comportamiento de Gerardo Fernández Noroña, un autonombrado “luchador social” que al asumir como senador y presidente de la Cámara Alta, se consideró “un lacayao” que había llegado a un cargo de primer nivel gracias a la “cuarta transformación”, pero que ahora se ha convertido en lo que más criticó: un burgués de la burocracia federal, capaz de comprar una finca de 12 millones de pesos, viajar en primera clase por el mundo y enfrentarse a golpes a un líder político de la oligarquía que más ha odiado (al menos públicamente).
Reprobar los enfrentamientos en los espacios parlamentarios es cándido porque es la esencia del parlamentarismo.
Pretender que tomemos partido entre un Noroña y un “Alito” ofende la inteligencia.
Y la presidenta de la república debería evitar defender a ninguno de los dos, e incluso, debería ya ignorar en su narrativa a los “demonios azules” del calderonato porque ya son bastante conocidos los “demonios morenistas” de esta época.

Entre Fernández Noroña y “Alito” Moreno

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La historia de “El Mayo” Zambada y su confesión en Estados Unidos: medio siglo “pagándole a políticos, policías y militares”, siendo uno de los principales corruptores de autoridades, sacude a la clase política mexicana. Las consecuencias apenas inician.
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En el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, llama la atención la primera defensa ante la punta del iceberg de las revelaciones del capo: si hay acusaciones, deben mostrarse las pruebas, reclama la presidenta desde Palacio Nacional, en su rueda de prensa mañanera. Su reclamo es justo, pero ingenuo. “El Mayo” está fuera del alcance del Estado mexicano, fuera del alcalde de nuestro sistema de justicia que lo dejó libre durante al menos medio siglo, como uno de los capos que se convierten en leyenda popular.
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No presentará pruebas. Sólo hará declaraciones. Y con eso será suficiente. Las autoridades judiciales y ejecutivas de los Estados Unidos iniciarán investigaciones, presentarán cargos, revelarán “verdades” que seguramente sacudirán a élites políticas del país. Algunas carreras acabarán abruptamente. Y como es de esperarse –muchos mexicanos no sólo lo desean, lo piden– quizá varios personajes de la clase política y de la vida pública acabarán en prisión.
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Pero este largo proceso que se desarrollará durante los próximos años, no requerirá pruebas explícitas como lo exige la presidenta del país.
Basta con razonarlo un poco: ¿Es posible que una organización criminal como el Cártel de Sinaloa haya sobrevivido durante todo este tiempo sin los contubernios, los acuerdos y los sobornos que se entregaron?
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Es conocido públicamente en pequeñas poblaciones y grandes ciudades mexicanas que el crimen organizado amenaza “con plomo” a los policías, agentes investigadores, ministerios públicos, jueces o magistrados, o bien, si aceptan ciertas conductas, los premian “con plata”.
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El soborno no fue un invento de “El Mayo” Zambada, pero sí fue uno de sus principales impulsores.
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Que numerosos políticos mexicanos o miembros de corporaciones de seguridad o militares sean exhibidos es quizá el menos de los problemas que tenemos ahora. La gran cuestión es si con la detención y sentencia de “El Mayo” Zambada, todo por la acción de autoridades 
estadounidenses y no mexicanas, inicia un ciclo de limpieza de la corrupción.
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La desgracia que puede ocurrirnos es que sólo cambiemos a “El Mayo” por otros capos que mantengan y extiendan lo que hemos padecido durante décadas.
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El día después de “El Mayo”

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Ismael Zambada García, “El Mayo”, se declaró culpable ante la corte estadounidense del jueza Brian Cogan, el mismo que juzgó y condenó a uno de sus cómplices de toda la vida, Joaquín “El Chapo” Guzmán. A sus 77 años de edad y en condiciones físicas bastante disminuidas, uno de los capos más buscados en décadas evita el desgaste de un juicio y se enfrenta a dos certezas: no estará expuesto a pena de muerte y enfrenta la cadena perpetua.
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En estas condiciones, queda totalmente justificada la frase de la fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, quien en plan festivo anunció que “El Mayo” morirá en una prisión norteamericana.
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Además de que se comprometió a pagarle al gobierno estadounidense la increíble cifra de 15 mil millones de dólares, el abogado que lo representó, Frank Pérez, aseguró al salir de la corte que no existe ningún acuerdo con autoridades estadounidenses para que Zambada García les comparta la información que acumuló en su vida criminal desde que tenía 19 años y se inició sembrando mariguana en los campos de Sinaloa.
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Pero una historia tan larga como la de Zambada no se va a encerrar en unos pocos párrafos. No es creíble. Frank Pérez contradice con su afirmación la añeja tradición norteamericana de los testigos protegidos y el uso discrecional de la información para abonar a los fines que más convengan al gobierno estadounidense.
Y es precisamente esta certeza, un acuerdo secreto para no tratar al “Mayo” como un criminal cualquiera a cambio de la información que acumuló en décadas, lo que genera numerosas especulaciones sobre el futuro que le puede esperar a empresarios, políticos, exfuncionarios e incluso, personal militar y de seguridad (aceptó haber sobornado a miembros de todos estos grupos).
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Es evidente que mientras dure la administración de Donald Trump, el gobierno estadounidense hará todo lo posible para generar la percepción de que está combatiendo con éxito a los cárteles del narcotráfico, ahora también clasificados como terroristas. Y queda constancia, desde hace varios meses, de que hay presión para que se actúe no sólo contra quienes son integrantes y cabecillas de la delincuencia organizada, sino también contra quienes desde la administración pública, se han corrompido para permitir las potentes actividades criminales que ahora están presentes en todos los ámbitos de la vida en México.
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Esto, que parecería una buena noticia para quienes esperan que se haga justicia, representa un terremoto de enorme magnitud para el entramado de gobierno.
Desde la presidencia de la república, pasando por gobiernos estatales y todas las estructuras de poder formal, puede generar crisis de gobernabilidad.
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¿Hasta dónde puede llegar la red de corrupción y contubernios? ¿Cuántos pueden caer en cuanto empiece a desgranarse la historia de culpables y sospechosos?
Por eso, la presidenta Claudia Sheinbaum se empeño hace unos días en rechazar que haya algún acuerdo con la DEA o con autoridades norteamericanas para permitir su intervención en el combate a la criminalidad. Ciertamente, su objetivo es defender la soberanía del país e impedir que se minimice el papel del gobierno federal, pero la repercusión de las revelaciones de Zambada y todos los narcotraficantes entregados a Estados Unidos, estremecerá la vida pública mexicana durante muchos años.
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“Mayo” Zambada, un terremoto en la política mexicana

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió ayer con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en un hecho criminal y trágico hace casi 11 años, el 26 de septiembre de 2014. Los papás de los estudiantes estaban decepcionados. Algunos comentaron incluso que a la luz de los nuevos compromisos de la presidenta, se han dejado “caer” algunas líneas de investigación en las que se había avanzado durante una década.
En términos generales, los papás de los normalistas siguen considerando que la responsabilidad de la desaparición de sus hijos recae en el Ejército Mexicano y que se trata de “un crimen de Estado”, por lo que deslizan la posibilidad de que la presidencia de la república (antes Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum Pardo) estén encubriendo lo sucedido.
Es un paréntesis difícil para cerrar la semana presidencial. 
Claudia Sheinbaum abrió el mes de septiembre con su primer informe presidencia, pletórico de cifras alegres y triunfantes. El informe se cuestionó, sí, pero se perdió en la ola de información tanto oficial como mediática y de las redes sociales.
Después, la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, significó un triunfo para la gestión de la presidenta. El funcionario de Donald Trump, literalmente, reconoció a México y al gobierno actual. Lo consideró aliado, reprobó considerar una participación de fuerzas armadas en nuestro país y subrayó que la relación y cooperación entre los dos gobiernos es inmejorable, de hecho, es la más sólida actualmente con el gobierno estadounidense.
Y en ese cierre triunfante, en el que el equipo cercano de la presidenta destacaba la aprobación pública de al menos 70% de la población y el éxito para la narrativa nacional que implicó la visita de Marco Rubio, ocurrió la reunión con los padres de los 43 desaparecidos. 
En justicia, Claudia Sheinbaum no tiene nada que ver con el tema.
Es, de facto, una herencia más que le dejó Andrés Manuel López Obrador, quien sí prometió resolver el tema y nunca lo hizo. 
Es injusto sugerir que la presidenta del país encubre un “crimen de Estado”, pero también es irrazonable pedir a los padres de los normalistas que comprendan y perdonen. Han sido utilizados, literalmente, por el discurso político de la “cuarta transformación”, que los ha convertido en aliados para reprochar a los gobiernos de “la etapa neoliberal” que no resolvían los delitos y la criminalidad. 
La presidenta Sheinbaum no resolverá el tema de los 43 de Ayotzinapa. No puede. 
Se van a cumplir 11 años y seguirán sumándose con el tiempo. 
La transformación es un discurso. 
Con sus luces y sus sombras, el gobierno debe aceptar qué si puede y qué no puede hacer y no prometer lo que no se puede cumplir.

Los 43 de Ayotzinapa en el período Sheinbaum