Corrupción en la Marina y en las aduanas
El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, hizo ayer un anunció que revienta el inicio de la semana: fueron detenidas 14 personas por participar en el “huachicol fiscal”. Entre éstos, figuran empresarios, funcionarios de aduanas e integrantes de la Marina, activos y retirados; pero quien más destaca es el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, identificado como sobrino del exsecretario de la Marina en la administración del gobierno lopezobradorista, Rafael Ojeda.
Había sido comandante en la duodécima Zona Naval del país, que se ubica en Puerto Vallarta.
La detención de este grupo de personas se deriva de las investigaciones que se realizan desde que en marzo pasado, fue detenido un buquetanque con 10 millones de litros de hidrocarburo que era una pieza más en una larga cadena de tráfico de combustible, con la participación de funcionarios del más alto nivel.
La detención de Farías Laguna se convierte en el golpe más sonado contra la corrupción de altos mandos durante la gestión de los gobierno emanados de Morena.
Las pruebas son contundentes y derriban la hipótesis del expresidente López Obrador: los integrantes de la milicia sí son susceptibles de corromperse. Y debe actuarse en consecuencia.
El secretario García Harfuch se apresuró, al anunciar el resultado del operativo de inteligencia y colaboración con diferentes dependencias, a disculpar a Rafael Ojeda, quien ocupara el más alto cargo de la Marina mexicana en el sexenio anterior: “El actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de esta honorable institución”, subrayó, en un intento oficial para restarle descrédito a la Marina mexicana.
Farías Laguna y los cuatro restantes marinos detenidos tendrán que responder por sus actos. La justicia se aplica individualmente. Y efectivamente, la Marina mexicana no cometió delito alguno. Los cometieron individuos que se dejaron tentar por la ambición del dinero abundante y gratuito, quienes decidieron permitir trámites irregulares en el trasiego de millones de litros de combustible.
Más allá de cómo resuelve García Harfuch en el discurso, lo cierto es que con la primera prueba de corrupción e infiltración de la delincuencia en los cuerpos militares, se puede sospechar de toda la actividad en la que están involucradas la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina: obras de construcción, administración de aeropuertos, compras millonarias para actividades específicas y desde el sexenio pasado, la administración de todos los puertos y aduanas, que son las puertas por las que sale e ingresa la mercancía que con valor de miles de millones de dólares, se comercializa en México.
Andrés Manuel López Obrador se impuso con sus ideas restrictivas y simplistas: la milicia se introdujo en todas estas actividades por su inmunidad a la corrupción. Es falso. Siempre se supo. No son las instituciones, sino los individuos, quienes se corrompen.
Las cúpulas militares del país deberán analizar la posibilidad de iniciar el retiro de su participación en todas estas actividades que ponen en riesgo su actividad y su prestigio. Es su deber si pretenden sobrevivir a la corrupción que afecta a todos los órganos públicos en el país.
