Centrales camioneras: del riesgo cotidiano a la seguridad que merecemos

En México hay más de 130 mil personas desaparecidas. No es solo una tragedia social: es la mayor deuda del Estado mexicano con su gente. Cada día, en promedio, 40 personas dejan de ser localizadas y la mayoría de esos casos ocurre en contextos cotidianos: el trayecto al trabajo, el regreso a casa, un viaje en autobús.

Hace cuatro años, un joven que mencionaremos como “Ramón”, salió de su comunidad con la ilusión de encontrar un empleo mejor en la ciudad. Tomó un autobús desde una terminal improvisada en una tienda de abarrotes; no tuvo que mostrar identificación, nadie registró su nombre ni su destino. Desde entonces, no se volvió a saber de él. Y ese vacío no es solo una historia personal: es la radiografía de un sistema que permite que alguien desaparezca sin dejar rastro, porque al Estado nunca le importó poner reglas mínimas en el transporte más usado por los mexicanos.
El autotransporte de pasajeros es el medio de movilidad más importante de México.

Tan solo en 2023 transportó a 3 mil 785 millones de pasajeros a través de mil terminales donde operan más de cuatro mil empresas de autobuses. Si bien este es el transporte accesible y económico con que contamos, su masividad contrasta con un hecho alarmante: en muchas centrales no se pide identificación, no se registran abordajes ni descensos, y no hay filtros mínimos de seguridad.

Esa omisión ha convertido a las terminales en territorios sin ley, donde los delincuentes encuentran campo abierto para el reclutamiento forzado y la trata de personas. Tan solo en la Central de Tlaquepaque, entre junio y diciembre del año pasado, se documentaron 67 desapariciones, en su mayoría jóvenes atraídos por falsas ofertas de empleo.
La iniciativa que hoy se impulsa en el Congreso busca cerrar ese vacío. Se trata de adicionar un artículo 46 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y

Autotransporte Federal y reformar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para obligar a los permisionarios a emitir boletos nominativos donde se coloque el nombre de la persona que viaja tal como aparece en su identificación oficial vigente. Partiendo de ese dato tan básico, que no se realiza, seguimos con establecer controles de acceso a los andenes, generar bases de datos seguras y confiables, así como realizar revisiones aleatorias en rutas de mayor riesgo. El objetivo es claro: que viajar en autobús sea tan seguro como viajar en avión.

La urgencia es evidente. Debemos homologar los criterios de seguridad de las centrales con los de los aeropuertos para garantizar una mínima trazabilidad de las personas que viajan, y así contar con información certera de quiénes están viajando, cuál fue su punto de partida y llegada, para que en caso de reportes de desaparición, las autoridades tengan la capacidad de investigar con mayores elementos y actuar en las primeras 72 horas que son cruciales.

Con esto, cerramos la puerta a las redes criminales que hoy se aprovechan de la vulnerabilidad. No se trata de burocratizar la movilidad ni de criminalizar a los pasajeros, sino de blindar la vida de millones de personas que dependen de este transporte.

Los retos no son menores: acabar con la infraestructura desigual de las terminales, los costos de implementación, capacitación de personal, mejora en los procesos de reclutamiento de personal, y la necesidad de garantizar la protección de datos personales para evitar que sean mal utilizados. Si México pudo blindar sus aeropuertos, ¿por qué no hacerlo con las centrales camioneras que mueven casi cuatro mil millones de pasajeros al año? La inversión en filtros y sistemas de registro es mínima si se compara con el costo humano, social y político de cada persona que puede estar en riesgo de desaparecer.

El mensaje es simple y contundente: no podemos seguir permitiendo que las centrales camioneras sean puntos ciegos de la seguridad nacional. La movilidad no puede seguir siendo el eslabón débil en la lucha contra la desaparición y la trata.

En un país marcado por la ausencia y la incertidumbre, esta iniciativa es una respuesta estratégica y humana. En este periodo de sesiones, en la Cámara de Diputados deberemos votar esta decisión: o legislamos para cerrar este vacío que alimenta la tragedia, o nos convertimos en cómplices por omisión. Cada persona que sube a un autobús merece llegar con vida a su destino. Y la historia de aquel joven que llamamos “Ramón” no puede seguir repitiéndose.