Jonás

El 2 de septiembre pasado, 30 gobernadores del país, incluido el de Jalisco, participaron en la Ciudad de México en una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. En ese evento, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, lanzó una afirmación que modifica radicalmente la estrategia de seguridad que había establecido la “cuarta transformación”: “El futuro de la seguridad en México, depende del fortalecimiento de la policías estatales y municipales”. 
García Harfuch agregó como argumento de respaldo, que el 96% de los delitos que ocurren en el país es del fuero común.
Se trata de una revisión total del modelo de seguridad que por la fuerza política de su mayoría legislativa, impuso a partir de 2018 el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien con su argumento de corrupción y ahorro, eliminó el presupuesto federal para las policías municipales, a la par que obligó a establecer la Guardia Nacional con una reforma en la que se especificó una característica que nunca se cumplió: los integrantes de la Guardia Nacional serían también, policías de proximidad. En la más reciente reforma, de hecho, se especificó que podrían actuar como agentes del Ministerio Público.
Evidentemente, al contrastar los resultados al término del sexenio, el modelo fracasó. 
Aunque evita mencionarlo y en su discurso público aún mantiene veneración a la figura de López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum se convierte ahora, a través de García Harfuch, en la rescatadora de las policías municipales del país.
En los hechos, el concepto de colaboración entre los tres niveles de gobierno en el combate a la delincuencia, la violencia y la inseguridad, retoma la ruta legal que por décadas se ejerció en México: la tarea de seguridad y policía de primer contacto debe ser ejercida por fuerzas civiles, no militares.
Se ha emprendido el camino de regreso, que nunca debió torcerse. 
Ayer mismo, en la Ciudad de México, un nuevo evento refuerza esta ruta de trabajo, porque tanto la presidenta Sheinbaum como el secretario García Harfuch recibieron al gobernador Pablo Lemus y a los presidentes municipales de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, y de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, para revisar la estrategia de seguridad en un polígono de la ciudad en donde coinciden los dos municipios y donde se registran la mayoría de los delitos violentos y patrimoniales. 
El alcalde Quirino Velázquez refirió que entre las estrategias acordadas, el secretario García Harfuch estableció un presupuesto específico para capacitar y equipar a los policías municipales.
No se habla, todavía, de retomar ninguno de los programas federales de financiamiento a las policías de los estados y los municipios, pero la ruta está claramente marcada, en la medida que se atiendan los municipios donde se generan más hechos de violencia e inseguridad en el país.
Si la presidenta Sheinbaum le instruye a García Harfuch el proyecto de combatir al crimen organizado y pacificar al país, y para ello le da facultades legales y presupuestales, se retomará lo que nunca debió perderse: fortalecer a las policías municipales y estatales.

¿Sheinbaum al rescate de las policías municipales?

El temporal de lluvias de este año está rompiendo todas las marcas. Cada tormenta, sin excepción, está causando inundaciones en la ciudad.
La mayoría se corrigen en unas cuantas horas, pero las hay que se convierten en catástrofes para la movilidad, como la que azotó el Sur de la ciudad en la tarde y noche del lunes 8 de septiembre, y literalmente paralizó avenidas como Adolfo Horn y Jesús Michel González, que son vías alternas para llegar o salir de Tlajomulco. El tránsito se concentró en Avenida López Mateos y se paralizó. 
Para acceder de la zona de Tlajomulco a la ciudad, los automovilistas tardaban de dos a tres horas.
Por Avenida López Mateos se veía a las personas caminando para llegar a su lugar de trabajo, a las escuelas o bien, cruzar el Periférico para tratar de encontrar otro medio de transporte. No utilizaban el transporte público porque los camiones también estaban atorados en el tráfico.
Desde que empezaron las lluvias, en la ciudad se habla de los temas de parálisis vial. Hace unas semanas se manejó la versión de construir un drenaje profundo que pueda recibir las enormes cantidades de agua. No se ha vuelto a recuperar el tema.
La discusión pública pasa ahora por construir un segundo piso o viaducto en Avenida López Mateos, y alternarlo con mayor transporte masivo. También hay una propuesta para que se construya un enorme túnel de 35 kilómetros de longitud. 
Los proyectos y las ideas van y vienen.
La realidad es que las autoridades (gobierno del Estado y gobiernos municipales) están esperanzadas en que ya terminen las lluvias. El año 2025 ha sido tortuoso, pero todo apunta a que este fenómeno se repetirá en 2026, cuando la ciudad espera recibir hasta tres millones de turistas con motivo de la Copa Mundial de Futbol y todas las actividades que se están preparando.
No estamos a ciegas: en el Área Metropolitana de Guadalajara se cuenta con un Mapa Único de Inundaciones, que describe 363 puntos de inundación que se han sumado con el paso de los años. De 2024 a 2025 se anexaron tres zonas de inundación en Tonalá, Tlaquepaque y Zapotlanejo.
Sin embargo, el mapa de inundaciones sólo es una herramienta de recuento. 
La ciudad se enfrenta a una serie de circunstancias que la condenan a que la historia se repita el año entrante y varios años más, si no se aplican medidas.
Están los frentes de obras en vialidades como Camino Real a Colima, Jesús Michel González y Adolfo Horn, además de Carretera a Chapala. Mientras estas vías no estén concluidas, no podrán ser rutas alternas para Avenida López Mateos. 
Sigue detenida la Línea 4 del Tren Ligero, que aliviaría en gran medida la demanda de movilidad de decenas de miles de personas en el Sur de la ciudad.
Los proyectos que se han manejado, como drenaje profundo, túneles o viaductos, para brindar más espacio de uso para el transporte público y privado, serán muy costos y tomarán años en construcción; hay que empezar ya. A menos que decidan esperar hasta pasado el evento deportivo del Mundial 2026. 
Mientras tanto, seguimos en la crisis de movilidad, con picos de intensidad y períodos de reducción, pero permanente.

Inundaciones en Guadalajara

Después que el domingo se confirmó la detención de 14 personas, entre éstas Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del extitular de la Marina en la administración de Andrés Manuel López Obrador, en un operativo que ataca una red de corrupción del “hauchicol fiscal”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó una promesa en su rueda de prensa diaria: “Cero impunidad en el combate a la corrupción”. Y vital para ella y para su administración que este compromiso se cumpla.
El tema no quedó en los 14 detenidos, entre quienes figuran cinco integrantes de la Marina mexicana, empresarios y funcionarios de aduanas. No terminó ahí porque unas horas después se dio cuenta de que un capitán de la Marina, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, responsable de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, se suicidó luego de conocer que había sido denunciado como parte del entramado de corrupción del “hachicol fiscal”. No había orden de aprehensión en su contra, pero no quiso esperar a que sucediera.
Además, se anunció desde ayer que se liberarán más de 200 ordenes de aprehensión contra funcionarios de las aduanas, personal militar con responsabilidades administrativas y más involucrados en el manejo fraudulento de combustibles, que durante años han sangrado con miles de millones de pesos a las arcas públicas de la federación.
En estas mismas líneas, ayer, se subrayaba que quedó comprobado: sí hay corrupción en las instituciones militares mexicanas. Quedó derribado el postulado del expresidente López Obrador, en el sentido de que las instituciones de la milicia mexicana eran incorruptibles. Y aunque se corrompen las personas, no las instituciones, se puede enfatizar que al otorgarles tareas y facultades administrativas y de manejo de recursos multimillonarios, se les expuso innecesariamente a la corrupción. 
El compromiso de la presidenta Sheinbaum es imperativo.
Los cuestionamientos al desempeño de los militares mexicanos en obras de infraestructura, en administración de puertos y aduanas, y en el manejo de recursos millonarios, ya se habían hecho públicos desde la administración anterior. 
El gobierno de Claudia Sheinbaum, impulsada por las circunstancias imperantes –particularmente las exigencias de la administración Trump– ha cambiado radicalmente la política de “abrazos, no balazos”.
Y al comprometerse a continuar con las investigaciones, las detenciones y los procesamientos judiciales, le regresa sentido a la lucha contra la corrupción, que en el sexenio anterior se convirtió en un discurso hueco y manipulador. 
Sólo en el tema del “hauchicol fiscal” pueden ser muchos más de 200 los inculpados.
Y la corrupción puede empezar a detenerse, aunque no desaparecerá mágicamente, como lo presumió en sus mañaneras el expresidente. 
Es la última oportunidad que tiene la presidenta del país para que, con el apoyo del secretario Omar García Harfuch, se le infunda un poco de la credibilidad perdida al discurso oficial.

Cero impunidad: la promesa de Sheinbaum

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, hizo ayer un anunció que revienta el inicio de la semana: fueron detenidas 14 personas por participar en el “huachicol fiscal”. Entre éstos, figuran empresarios, funcionarios de aduanas e integrantes de la Marina, activos y retirados; pero quien más destaca es el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, identificado como sobrino del exsecretario de la Marina en la administración del gobierno lopezobradorista, Rafael Ojeda. 
Había sido comandante en la duodécima Zona Naval del país, que se ubica en Puerto Vallarta.
La detención de este grupo de personas se deriva de las investigaciones que se realizan desde que en marzo pasado, fue detenido un buquetanque con 10 millones de litros de hidrocarburo que era una pieza más en una larga cadena de tráfico de combustible, con la participación de funcionarios del más alto nivel. 
La detención de Farías Laguna se convierte en el golpe más sonado contra la corrupción de altos mandos durante la gestión de los gobierno emanados de Morena.
Las pruebas son contundentes y derriban la hipótesis del expresidente López Obrador: los integrantes de la milicia sí son susceptibles de corromperse. Y debe actuarse en consecuencia.
El secretario García Harfuch se apresuró, al anunciar el resultado del operativo de inteligencia y colaboración con diferentes dependencias, a disculpar a Rafael Ojeda, quien ocupara el más alto cargo de la Marina mexicana en el sexenio anterior: “El actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de esta honorable institución”, subrayó, en un intento oficial para restarle descrédito a la Marina mexicana. 
Farías Laguna y los cuatro restantes marinos detenidos tendrán que responder por sus actos. La justicia se aplica individualmente. Y efectivamente, la Marina mexicana no cometió delito alguno. Los cometieron individuos que se dejaron tentar por la ambición del dinero abundante y gratuito, quienes decidieron permitir trámites irregulares en el trasiego de millones de litros de combustible.
Más allá de cómo resuelve García Harfuch en el discurso, lo cierto es que con la primera prueba de corrupción e infiltración de la delincuencia en los cuerpos militares, se puede sospechar de toda la actividad en la que están involucradas la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina: obras de construcción, administración de aeropuertos, compras millonarias para actividades específicas y desde el sexenio pasado, la administración de todos los puertos y aduanas, que son las puertas por las que sale e ingresa la mercancía que con valor de miles de millones de dólares, se comercializa en México.
Andrés Manuel López Obrador se impuso con sus ideas restrictivas y simplistas: la milicia se introdujo en todas estas actividades por su inmunidad a la corrupción. Es falso. Siempre se supo. No son las instituciones, sino los individuos, quienes se corrompen. 
Las cúpulas militares del país deberán analizar la posibilidad de iniciar el retiro de su participación en todas estas actividades que ponen en riesgo su actividad y su prestigio. Es su deber si pretenden sobrevivir a la corrupción que afecta a todos los órganos públicos en el país.

Corrupción en la Marina y en las aduanas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió ayer con padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en un hecho criminal y trágico hace casi 11 años, el 26 de septiembre de 2014. Los papás de los estudiantes estaban decepcionados. Algunos comentaron incluso que a la luz de los nuevos compromisos de la presidenta, se han dejado “caer” algunas líneas de investigación en las que se había avanzado durante una década.
En términos generales, los papás de los normalistas siguen considerando que la responsabilidad de la desaparición de sus hijos recae en el Ejército Mexicano y que se trata de “un crimen de Estado”, por lo que deslizan la posibilidad de que la presidencia de la república (antes Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum Pardo) estén encubriendo lo sucedido.
Es un paréntesis difícil para cerrar la semana presidencial. 
Claudia Sheinbaum abrió el mes de septiembre con su primer informe presidencia, pletórico de cifras alegres y triunfantes. El informe se cuestionó, sí, pero se perdió en la ola de información tanto oficial como mediática y de las redes sociales.
Después, la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, significó un triunfo para la gestión de la presidenta. El funcionario de Donald Trump, literalmente, reconoció a México y al gobierno actual. Lo consideró aliado, reprobó considerar una participación de fuerzas armadas en nuestro país y subrayó que la relación y cooperación entre los dos gobiernos es inmejorable, de hecho, es la más sólida actualmente con el gobierno estadounidense.
Y en ese cierre triunfante, en el que el equipo cercano de la presidenta destacaba la aprobación pública de al menos 70% de la población y el éxito para la narrativa nacional que implicó la visita de Marco Rubio, ocurrió la reunión con los padres de los 43 desaparecidos. 
En justicia, Claudia Sheinbaum no tiene nada que ver con el tema.
Es, de facto, una herencia más que le dejó Andrés Manuel López Obrador, quien sí prometió resolver el tema y nunca lo hizo. 
Es injusto sugerir que la presidenta del país encubre un “crimen de Estado”, pero también es irrazonable pedir a los padres de los normalistas que comprendan y perdonen. Han sido utilizados, literalmente, por el discurso político de la “cuarta transformación”, que los ha convertido en aliados para reprochar a los gobiernos de “la etapa neoliberal” que no resolvían los delitos y la criminalidad. 
La presidenta Sheinbaum no resolverá el tema de los 43 de Ayotzinapa. No puede. 
Se van a cumplir 11 años y seguirán sumándose con el tiempo. 
La transformación es un discurso. 
Con sus luces y sus sombras, el gobierno debe aceptar qué si puede y qué no puede hacer y no prometer lo que no se puede cumplir.

Los 43 de Ayotzinapa en el período Sheinbaum

Esta semana, a partir del 1 de septiembre, nos hemos enfrentado día con día al colapso vial que se padece en Avenida López Mateos. El tema es desesperante. Los automovilistas se quejan porque un trayecto que normalmente toma 20 minutos, se está recorriendo ahora en dos horas. Las historias se multiplican igual que la molestia de todos: los que conducen su auto, los que son choferes de transporte público y transporte de carga, igual que quienes son usuarios del sistema de transporte masivo. ¿Tiene solución el colapso vial en Avenida López Mateos? 
Existen varios factores a considerar, porque no se trata de un tema fundado en la percepción, sino que abundan las cifras estadísticas y los estudios especializados.
Lo primero a considerar –y asimilar– es que no se trata un “nuevo problema”. No acaba de suceder porque el 1 de septiembre hayan regresado a clases en el sistema público de educación más de 1.6 millones de estudiantes. El caos vial en esta vialidad es el resultado de un proceso que se ha desatendido por años. También es importante reconocer que el Área Metropolitana de Guadalajara y sus nueve municipios conurbados no se agota en una sola avenida, sino que los conflictos viales se extienden por toda la red de grandes avenidas: Revolución, Lázaro Cárdenas, Juan Gil Preciado, Juan Pablo II, Ávila Camacho, Unión-Américas, Javier Mina-Juárez-Vallarta, Mariano Otero, Periférico en toda su extensión y muchas más.
Sin embargo, el caso López Mateos recibe especial atención porque además de cruzar los tres municipios más poblados de la urbe (Tlajomulco, Zapopan y Guadalajara), se ha convertido en el acceso principal del Sur de la ciudad. Es todo un caso de estudio.
En el sexenio pasado, en un lapso de más de un año, el gobierno estatal realizó una consulta para tomar en cuenta la opinión de miles de ciudadanos que propusieron y aprobaron soluciones posibles. Lo más solicitado fue transporte masivo y orden en el tránsito. 
Ahora, ya en la administración del gobernador Pablo Lemus, el conflicto en López Mateos no sólo no redujo. Parece haber aumentado en los últimos meses y toma visos de tragedia cada vez que hay fuertes lluvias e inundaciones. El mandatario anuncia una serie de cinco mesas de análisis que revisen a fondo diferentes problemáticas que abarcan cantidad de automotores, usos de la vialidad, horarios, transporte de carga y de pasajeros, etcétera.
El asunto va para largo. Y sumando los conocimientos de los especialistas dedicados a temas urbanos y de movilidad, junto con los de autoridades que todos los días trabajan en evitar que el colapso vial sea mayor, más los de habitantes de todo el corredor, se puede concluir, entre otras cosas, lo siguiente:
&#8211; Es indispensable aumentar el transporte masivo. Debe acelerarse la conclusión y operación de la Línea 4. No es posible que se tenga que esperar hasta mediados del año 2026.
&#8211; Cuando termine el temporal de lluvias, lo que aún tomará algunas semanas, las emergencias disminuirán, pero también deben urgirse a la conclusión de obras que impactan tremendamente en la movilidad: Glorieta de La Minerva, Camino Real a Colima, Avenida Adolfo Horn, Avenida La Tijera. Además, deben intervenirse también más vialidades que pueden contribuir como rutas alternas. No hay razón para esperar, así se trate de temas presupuestales.
&#8211; El famoso “segundo piso” debe analizarse detenidamente. Puede resultar más dañino que benéfico: ¿cuánto tiempo tomaría su construcción? ¿Cuántos bloqueos provocarían sus obras? ¿Cuáles son los beneficios que ofrece?
&#8211; Ordenamiento urbano. ¿Seguirán construyendo más zonas habitacionales en el corredor López Mateos? Aunque sea un buen negocio para los desarrolladores, ¿no es pertinente revisar el costo en calidad de vida para los habitantes ya establecidos? 
Sólo para comenzar.

¿Tiene solución el colapso vial en Avenida López Mateos?

Los eventos de alcance nacional que marcan el naciente mes de septiembre tienen un alcance tan profundo, que se requerirán varias semanas para asimilarlos, igual que sus consecuencias. Pero en comparación con el primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum y el combate político en la Cámara de Diputados para que finalmente, la panista Kenia López Rabadán asumiera como presidenta de la Mesa Directiva, lo que marcará más profundamente la vida del país es la instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Los nuevos ministros, que en esencia tienen la misión de proteger la aplicación de la Constitución Política de nuestra república, comenzaron su instalación con ceremonias sincréticas (una limpia en Cuicuilco y la entrega de bastones de mando) que supuestamente, reponen en el lugar histórico que les corresponde a los pueblos indígenas de nuestro país. Pero tan absurdo como eso, hubiera sido que inauguraran su tarea con una misa en la Catedral Metropolitana presidida por el arzobispo primado de México.
Con total respeto al credo que decida profesar cada uno de los mexicanos –por cierto, un derecho consagrado en la Constitución–, los ministros de la Corte deben ser los primeros en respetar el Estado Laico mexicano y evitar que se les relacione con prácticas religiosas cualquiera que sea su origen.
Por otra parte, como herederos autoproclamados de una nueva conformación del Poder Judicial, basada en las elecciones populares en las urnas, deben atender la doble mancha que acompaña su llegada: 1. La imposición de la reforma al Poder Judicial, basada no en un acuerdo plural, sino en la determinación de un grupo político que además, instaló una mayoría calificada en el Poder Legislativo atropellando a las minorías. 2. Una elección constitucional que careció de legitimidad pública, a pesar de que tanto en el Instituto Nacional Electoral (INE) como en la Sala Superior del Tribunal Electoral federal (TEPJF) hayan impuesto una mayoría de votos por la fuerza, pero no por la vía del razonamiento jurídico.
Si el origen de una reforma al Poder Judicial se motivó en el mal desempeño de éste, los hechos de corrupción y nepotismo, y sobre todo, la personal voluntad del expresidente Andrés Manuel López Obrador que aplicó la reforma y se la heredó a la presidenta Claudia Sheinbaum, lo conducente sería que los nuevos ministros se comportaran de modo que no fueran criticables.
Pero su inauguración en la vida nacional se abre con actos de carácter semirreligioso (ahora se inspirarán en el Quetzalcóatl de los mexicas) y con actos superficiales, demagógicos y populistas. Ni siquiera cuentan con el respaldo de todos los pueblos indígenas pues en muchos de éstos ni siquiera existe la figura del “bastón de mando”.
La evidencia, hasta ahora, es que están ligados por compromisos electorales (los innegables acordeones) con la élite dominante del poder… igual que lo estuvieron los integrantes del Poder Judicial “de antes”. 
Más allá de ceremonias y ritos, de discursos y celebración, lo que requiere es lo que se ha exigido siempre: justicia pronta, expedita y gratuita, como establece el Artículo 17 de la Constitución. ¿Cumplirán?

El Poder Judicial Federal, hijo de la reforma

El primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum fue, como era de esperarse, una celebración. Una colección de frases pintadas de éxito y logros; cifras enormes de resultados en todos los ámbitos y aplausos estruendosos. En esta dinámica, no hubo ninguna diferencia con los informes del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero es importante destacar las diferencias que hay entre los dos sexenios, a pesar de que la presidenta del país insista en que su gestión es un “segundo piso”.
Los informes de gobierno, como es costumbre inveterada en México, son siempre triunfalistas. Quienes esperaban de la presidenta Sheinbaum un abordaje distinto e histórico como lo es su presencia en la Silla Presidencial, quedaron defraudados. 
Hay, sin embargo, varios rubros en los que la presidenta tiene todo el derecho de hacer lucir los logros de una gestión que ha estado plagada de obstáculos. A saber:
a) Se ha sorteado con relativo éxito, hasta ahora, la compleja relación con el gobierno de Donald Trump. El presidente estadounidense seguirá siendo un reto, una amenaza constante en materia política, económica y de seguridad, pero los resultados hasta el momento revelan oficio del equipo de la presidenta y templanza en su abordaje.
b) Programas sociales. Estos sí son una herencia. Claudia Sheinbaum sólo ha podido extender su beneficio a mujeres menores de 65 años de edad, pero garantizar su aplicación es la base más sólida del éxito político de su administración. La mayor parte del 70% de aprobación al desempeño de la presidenta que se revela en una encuesta nacional, proviene de los beneficiarios de la Secretaría del Bienestar. El futuro puede traer sorpresas, pero por el momento, son intocables.
c) Combate a la inseguridad. Las voces más críticas afirman que el combate al crimen organizado y la violencia es resultado de la presión del gobierno estadounidense, pero sea o no ése el motivo, el hecho es que el gobierno de Claudia Sheinbaum terminó con la inamovilidad del sexenio de López Obrador. Sí se combate a los cárteles, a la producción de drogas, a los delitos más hirientes, como la extorsión. Hay detenciones, investigaciones y empieza a verse el trabajo de inteligencia. El constante mensaje de que han reducido 25% los homicidios, no parece convencer a la opinión pública, pero aunque el trayecto para recuperar la paz apenas inicia, sí se avanza en esa dirección.
d) Reducción de la pobreza. Será su gran bandera, su “grito de guerra”. Con el paso de los meses se empezará a dimensionar sin tanta estridencia cuál ha sido el logro económico de la “cuarta transformación”, pero mientras eso acontece, lo presumirán en el mundo.
Lo que la presidenta no abordó en su informe, y no es necesario extenderse, es que siguen faltando medicamentos; falta infraestructura de todo tipo; son muy limitados los planes en materia educativa y falta, sobre todo, la gran prueba para medir si la reforma al Poder Judicial arroja los resultados que tanto presumen. 
El informe, en fin, careció de autocrítica. Pero es el día de la fiesta. Elaborar un listado de lo que no se ha hecho o se ha hecho a medias, será materia para otro texto.

Primer informe… como siempre

El terremoto que sacude a la Iglesia de la Luz del Mundo parece haber dejado pasmadas a las autoridades de Jalisco. 
Naasón Joaquín García, actual líder de esta asociación religiosa, purga una condena de 16 años en los Estados Unidos por un juicio que se desarrolló en el Estado de California. Pero nuevas acusaciones, ahora del gobierno federal estadounidense, provocaron que fuera trasladado a la ciudad de Nueva York, donde enfrentará un nuevo juicio que puede conducir a cadena perpetua.
Pero más sorprendente aún, es que haya sido detenida su madre, Eva García de Joaquín, una mujer de 79 años de edad y que como esposa de Samuel Joaquín Flores, se señalada entre otros delitos, de haber sujetado a una niña para que su cónyuge pudiera violarla. 
Las acusaciones de la fiscalía en Estados Unidos no sólo apuntan a Naasón Joaquín García, su padre Samuel Joaquín Flores y su abuelo Eusebio Joaquín González, también alcanzan a su madre Eva García y cercanos colaboradores como Joram Núñez Joaquín.
Los delitos de los que son acusados en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, se presentan así en un resumen público: “Coaccionar y abusar sexualmente de niñas, niños y mujeres; delitos financieros; obstruir las investigaciones penales sobre sus fechorías. Los acusados y sus cómplices llevaron a cabo este plan durante décadas, abusando de generaciones de miembros de la Iglesia y destruyendo luego las pruebas para obstaculizar su detección por parte de las fuerzas del orden de cumplimiento de ley. Los acusados y sus cómplices utilizaron la iglesia como vehículo para cometer tráfico sexual de mujeres y niños; inducir a las víctimas, incluyendo niños y niñas, a viajar para participar en actos sexuales forzados e ilegales; producir, recibir, distribuir y poseer pornografía infantil; emplear trabajo forzoso de miembros de la Iglesia; estructurar ilegalmente transacciones en efectivo y contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo; y obstruir la justicia para ocultar sus delitos”. 
La exposición es terrorífica.
Es evidente que los abusos cometidos a personas de buena fe, en un contexto religioso, adquieren una dimensión especial ante la sociedad. El daño rebasa por mucho lo que pueda relacionarse con patrimonio o recursos económicos. 
Al margen de lo que ocurra en los meses siguientes mientras se desarrollan los juicios, cabe otra vez avergonzarse por la nula acción de las autoridades en Jalisco y en México. 
¿Por qué actúan los fiscales en Estados Unidos? Porque de los delitos que se apuntan, muchos ocurrieron en territorio norteamericano. La Luz del Mundo se ha extendido al otro lado de la frontera. 
La duda es una exigencia: ¿Seguirá el silencio sobre todo esto en nuestro propio país?

La familia Joaquín y el silencio en México