Mario Muñoz

La oposición mexicana vive su peor hora. No es exageración: se trata de un bloque desdibujado, sin identidad, sin proyecto, sin cuadros políticos de peso en el ámbito federal, que enfrente al poder. Una oposición que se ha convertido en una caricatura de sí misma, reducida a la triste función de aplaudir o mendigar migajas, incapaz de plantarse con dignidad frente a un Gobierno federal que acumula poder y lo ejerce sin contrapesos reales.
El ejemplo más reciente lo dio Esteban Villegas, gobernador priista de Durango, quien no dudó en pedir una ovación de pie para Claudia Sheinbaum. Y lo hizo con entusiasmo servil, autoproclamándose “claudista”. ¿Puede alguien imaginar un espectáculo más grotesco que un opositor rindiendo pleitesía pública a la Presidenta a la que se supone debería criticar? Este episodio resume el naufragio: un priista convertido en porrista del poder. De lo peor.
La oposición se ha transformado en una fuerza centavera, dispuesta a vender sus principios por pequeñas cuotas de sobrevivencia política. PAN, PRI y PRD son apenas siglas sin alma, incapaces de articular una narrativa que conecte con la ciudadanía. Su “alianza” fue un pacto de sobrevivencia, no un proyecto de nación. Sus dirigentes carecen de visión y sus bancadas de ideas.
Mientras Morena avanza con disciplina férrea, aprovechando la maquinaria electoral y el respaldo presidencial, la oposición sigue atrapada en la mediocridad de sus propios liderazgos. No hay cuadros nuevos, no hay intelectuales de peso, no hay narrativa. Sólo gestos huecos y declaraciones que terminan en el vacío mediático. El resultado es claro: Morena no gana solo por su fuerza, sino porque enfrente no tiene adversarios, sino comparsas.
Las elecciones presidenciales de 2030 —y las gubernaturas intermedias— plantean un reto mayúsculo para quienes quieran disputarle el poder a Morena. El problema es que los opositores parecen más interesados en acomodarse en las sobras del poder que en construir una alternativa. Gobernadores como Villegas exhiben la rendición adelantada: se alinean con la Presidenta porque saben que su sobrevivencia depende más del favor oficial que del voto ciudadano.
Así, la oposición se convierte en un adorno, en un decorado del sistema que Morena ha erigido. No incomoda, no cuestiona. Acompaña. Y cuando alguien se atreve a criticar, lo hace con la timidez de quien no quiere cerrar las puertas del poder futuro. 
México necesita contrapesos reales, pero lo que tiene es una oposición que, por traicionar sus principios y perder identidad, se volvió irrelevante. Morena gobierna sin adversarios; del otro lado sólo quedan caricaturas políticas que se aplauden entre sí, mientras el país avanza hacia un nuevo monopolio del poder.

La oposición centavera

En Los Altos de Jalisco la política parece una mala broma: alcaldes que presumen cargo, pero no oficio. El problema no son solo ellos: es la gente que los elige una y otra vez, como si esperara que la mula aprenda a leer.
Dos veces me he quedado atorado en la autopista. Seis horas muertas en cada ocasión. Ni la de cuota ni la libre funcionan. Y mientras uno mastica el coraje en medio de la fila interminable, los alcaldes de Zapotlanejo, Acatic, Tepatitlán, Valle de Guadalupe, Arandas… en fin, ¿dónde están? Probablemente inaugurando una cancha de futbol siete con listón y mariachi, mientras las carreteras se convierten en un monumento al abandono.
Seamos francos: estos ediles no detonan inversiones, no gestionan obras, no mejoran servicios públicos. Pero cómo engordan la chequera personal, eso sí. Expertos en el arte del erario convertido en alcancía privada. Políticos fracasados como servidores públicos, pero astutos como mercaderes de la corrupción. Sus oficinas parecen más una ventanilla de favores personales que un gobierno municipal. 
El resultado es un paisaje de atraso: carreteras insufribles, comunidades olvidadas y un vacío de liderazgo que se llena con discursos huecos, fiestas patronales y fotografías en Facebook. Porque eso sí, nunca falta el “alcalde cercano a la gente” repartiendo abrazos y sonrisas impostadas, como si un filtro de Instagram pavimentara calles o atrajera inversión.
Y en cada elección, ahí están de nuevo: con la mano estirada, la sonrisa fingida y la cartera lista para engordar. Y, por increíble que parezca, la ciudadanía responde con votos, como si tuviera el síndrome de Estocolmo electoral: enamorada de sus secuestradores presupuestales. 
La pobreza política de Los Altos de Jalisco es, al final, reflejo de la resignación ciudadana. Se vota con fe ciega, se aguanta con paciencia de burro y se premia con reelección a quienes deberían estar en el banquillo de los acusados. No hay magia: la basura política se recicla porque los votantes así lo permiten.
¿Alcaldes inútiles? Sí. ¿Alcaldes gilipollas? También. Pero más grave aún: ciudadanos que prefieren el autoengaño antes que exigir dignidad. Al final, cada bache, cada bloqueo carretero y cada hora perdida en el tráfico es un recordatorio de que en Los Altos el poder se delega al mediocre… y se le aplaude como si fuera estadista.

Alcaldes inútiles

El gobierno federal prometió un sistema de salud “como el de Dinamarca”. Y sí, cumplió: solo que en la versión de Andersen, la de los cuentos de hadas, porque en la realidad mexicana lo que tenemos es un hospital fantasma, farmacias vacías y millones de pacientes esperando milagros que nunca llegan.
El Inegi acaba de poner los números en blanco y negro: mientras los pobres bajaron de 51.9 a 38.5 millones, los mexicanos sin acceso a servicios de salud se dispararon de 20.1 a 44.5 millones. Es decir, menos pobres… pero más enfermos abandonados. Una ecuación macabra: la gente tiene más dinero en la bolsa, pero si le da cáncer o diabetes, igual termina hipotecando la casa para comprar medicinas inexistentes en el “sistema universal”.
Todo comenzó con la demolición del Seguro Popular que, con sus defectos, al menos funcionaba. Se sustituyó por el Insabi, un cascarón inútil que no duró ni un sexenio. Después vino el IMSS-Bienestar, otra improvisación que en el papel suena bien, pero en la práctica no cubre ni la sombra de lo prometido.
Mientras tanto, el gran logro sanitario del sexenio pasado —la Mega Farmacia del Bienestar— se inauguró en 2023 con 10 mil millones de pesos y un anuncio presidencial digno de epopeya. Hoy, a casi dos años, es un mausoleo de estantes vacíos. El símbolo perfecto de un gobierno que confundió la salud con la propaganda.
Los pacientes oncológicos lo saben de sobra. En Jalisco, el propio gobierno estatal denunció que la federación apenas surte el 13% de las claves de medicinas contra el cáncer. Por eso padres y madres marcharon en Guadalajara, Cancún, Toluca o la Ciudad de México exigiendo algo tan básico como quimioterapias para sus hijos. Pero el mensaje oficial insiste en que todo estaría “regularizándose” entre el 15 y el 20 de agosto. Como si el cáncer entendiera de plazos burocráticos. Y fue falso. Ahora afirman que será en dos semanas.
El mapa del abandono sanitario también exhibe sus jerarquías: Chiapas, Puebla, Morelos, Oaxaca y Estado de México encabezan la tragedia. Jalisco, con su propio programa de Seguro Salud, logró un respiro, pero no puede sustituir la obligación federal.
En resumen: menos pobres en la estadística, más enfermos sin atención en la realidad. Se combatió a los pobres, no a la pobreza; se ahorró en medicinas, pero se gastó en elefantes blancos. Dinamarca quedó lejos, muy lejos. Lo que sí tenemos es un sistema de salud de tercer mundo, maquillado con discursos de primer mundo. Y eso, más que un fracaso, es una traición.

En el país del nunca jamás…

Claudia Sheinbaum arrancó su sexenio con tres piedras amarradas al tobillo: inseguridad, salud y Pemex. Tres lastres tan pesados que, para 2030, seguirán ahí… y tal vez más grandes.
Hoy nos vamos a detener en el más resbaloso: Pemex. La joya oxidada de la corona, el barril sin fondo que cada presidente promete rescatar y que, como Titanic tropical, siempre termina más hundido que antes.
La presidenta, con su característico optimismo de conferencia matutina, anunció que en 2027 Pemex “saldrá solito” y no necesitará de Hacienda. Lo dijo acompañada del secretario Édgar Amador, que asentía como quien oye a un niño afirmar que su perro habla inglés. La receta mágica: reducir la deuda, estabilizar las finanzas, mejorar la producción y, por supuesto, confiar en la disciplina fiscal de un Gobierno que ya abrió la chequera con un fondo de 250 mil millones de pesos.
Los números suenan bonitos… hasta que se les mira de cerca. La deuda total de Pemex ronda los 98 mil millones de dólares, con un pasivo laboral de 1.3 billones de pesos y una nómina de 133 mil empleados que cuesta más que todo el presupuesto anual de varios Estados juntos. Y aunque en el segundo trimestre de 2025 reportó utilidades, fue un respiro pasajero, como cuando un enfermo grave abre los ojos… y vuelve a caer en coma.
El plan incluye aumentar la producción de 1.6 a 1.8 millones de barriles diarios en 2027. Ojo: eso sigue muy por debajo de la meta de 2.6 millones que se presumía hace apenas unos años. Es decir, vamos a celebrar producir menos de lo que alguna vez prometimos. Todo mientras el huachicol sigue drenando 13 mil millones de pesos en seis meses, las refinerías operan a medias y Dos Bocas, la gran apuesta petrolera, se cuece a fuego lento entre retrasos y sobrecostos.
Los expertos son claros: Pemex pierde dinero refinando, se está quedando sin petróleo rentable y su tecnología parece sacada de un museo industrial. Pero la narrativa oficial es que con inversión pública y privada —esa misma que huye cuando huele ineficiencia—, la petrolera alcanzará la autosuficiencia.
Y aquí está la parte graciosa: para dejar de depender de Hacienda, Pemex necesita… más dinero de Hacienda. Es como curar la obesidad con pastel. O como decir que la casa dejará de caerse a pedazos después de tapar las grietas con cinta adhesiva.
Mientras tanto, la inseguridad sigue desbordada y el sistema de salud intenta funcionar con hospitales sin medicinas y médicos que parecen más voluntarios que profesionistas pagados. Pero eso sí: cada mañana, desde Palacio, se reparten esperanzas como si fueran vales de despensa o pensiones del Bienestar.
Pemex es el espejo perfecto de este Gobierno: grandilocuencia, diagnósticos correctos, soluciones superficiales y una fe ciega en que los problemas se resolverán por decreto. Y así como no habrá seguridad plena ni salud digna para todos, tampoco habrá un Pemex autosuficiente en 2027. Habrá, eso sí, otro plan de rescate, otro discurso esperanzador y otra ronda de aplausos… hasta que llegue el siguiente sexenio a repetir la historia.

Los tres talones de Aquiles

Por más que Claudia Sheinbaum insista en que su Gobierno ha sido un modelo de eficiencia con sus ahorros históricos, la realidad en las farmacias y hospitales del país pinta otra historia, una verdaderamente trágica: el desabasto de medicamentos, especialmente los oncológicos, es tan real como las lágrimas de una madre que no consigue quimioterapia para su hijo. Pero: ¿Quién necesita medicinas cuando se presume con entusiasmo un “ahorro” de 50 mil millones de pesos? ¡Aplausos por administrar la pobreza con disciplina danesa!
La presidenta presume como trofeo ese ahorro monumental, mientras Estados como Jalisco —por citar solo un ejemplo—, el Gobierno federal apenas ha surtido el 13% de las claves de medicamentos contra el cáncer que le corresponden. El 13%. Como si la vida se pudiera tratar con aspirinas y promesas.
¿Y qué fue de la famosa megafarmacia, esa joya de la improvisación obradorista que Sheinbaum heredó como si fuera una obra maestra? Fracasó. Fracasó con estrépito, como todo lo que se planea con ocurrencias, sin logística ni sensibilidad. Un hangar con estantes vacíos no cura a nadie, pero sirve para la foto y el aplauso fácil. Mientras tanto, las personas enfermas siguen esperando lo que no llega: insulina, retrovirales, medicamentos psiquiátricos, oncológicos. ¿Ahorro para qué, si el costo lo paga el pueblo con dolor?
La tragedia va más allá de las cifras: es humana. Cada paciente que interrumpe su tratamiento, cada niño al que se le niega su derecho a una medicina, es una prueba del desdén federal. Porque eso es: desprecio, mezquindad institucional disfrazada de austeridad. El Gobierno presume eficiencia mientras la ciudadanía padece negligencia.
Y aún así, nos piden paciencia, nos repiten que todo va “mejor que nunca”. Que no hay desabasto, sólo “reorganización del sistema”. Que vamos camino a Dinamarca, aunque en esa Dinamarca nadie muere esperando un medicamento que su gobierno no quiso comprar a tiempo.
Lo cierto es que la política de salud de este Gobierno se parece más a un acto de magia que a una política pública: desaparecen las medicinas, desaparecen los datos, desaparecen las responsabilidades. Lo único que no desaparece es el cinismo. 
Pero eso sí: 50 mil millones bien guardaditos.

Dinamarca, pero sin medicinas

La pregunta es inevitable: ¿Qué hacemos con los policías? No como institución abstracta, sino como individuos con placa, arma y autoridad. Porque algo está profundamente roto.
No es nuevo, pero cada tragedia lo confirma. El caso de los cuatro policías de Zapopan involucrados en el asesinato de una familia es, sin exagerar, el colmo. Y también, una señal de agotamiento del modelo actual.
Durante años, los gobiernos han intentado mejorar el rostro de las corporaciones con uniformes nuevos, patrullas blindadas y, sobre todo, mejores salarios. Se ha repetido el mantra de que con sueldos dignos llegarían la honestidad, la vocación y el compromiso. Pero no ha sido así. Algo no está funcionando. Lo estructural sigue pudriéndose desde adentro.
Nadie se ha atrevido a mirar de verdad a los policías. ¿Qué pasa por sus mentes? ¿Qué los lleva a cruzar la línea entre el deber y la complicidad? No existe un estudio serio, con rigor psicológico y sociológico, que nos explique qué sueñan, qué temen, qué arrastran del pasado, qué entienden por justicia, qué valores los rigen o los destruyen. ¿Cuántos de ellos cargan con traumas, deudas, humillaciones, adicciones o deseos de poder que acaban por volverse peligrosos?
Las pruebas de control y confianza se han vuelto un trámite. Las sanciones y los códigos internos se aplican con lentitud o con discrecionalidad. Y las leyes, cuando existen, no se traducen en resultados. Los Congresos no legislan con eficacia. Los Ejecutivos no operan con eficiencia. Los ministerios públicos no investigan. Y los jueces –cuando no están cooptados– simplemente duermen. Es un sistema de vigilancia sin vigilantes, una justicia sin músculo, una seguridad que da miedo.
En este contexto, no es descabellado preguntarse si debemos replantear por completo el modelo. ¿Y si desaparecen las policías municipales y estatales? ¿Y si la Guardia Nacional asume de lleno la función, bajo estándares únicos y supervisión civil real? Sería un salto drástico, con riesgos, pero tal vez menor que el peligro de seguir fingiendo que todo puede corregirse con un nuevo jefe, una limpieza interna o un incremento salarial.
Lo cierto es que estamos ante una crisis ética, funcional y estructural. Y como sociedad, ya no podemos seguir cruzándonos de brazos o culpando al “mal elemento”. 
Entonces: ¿Qué hacemos con los policías? Mientras aún nos queda algo por salvar.

¿Qué hacemos con los policías?

Tiene lógica que Joaquín “El Chapo” Guzmán no negoció con el gobierno de Estados Unidos para acortar su sentencia: cadena perpetua y otros 30 años de prisión. Es implícito que prefirió guardar silencio para no exponer o dejar en riesgo a su familia en México. 
Pero el caso de Ovidio Guzmán, su hijo y heredero de uno de los cárteles más poderosos del mundo, es otra historia. Ya se declaró culpable y en seis meses conocerá su castigo.
Tras declararse culpable de cuatro cargos en un tribunal de Chicago, “El Ratón” no sólo selló su destino en las manos de la justicia estadounidense, sino que, al convertirse en testigo protegido, lanzó una amenaza directa al corazón de la política mexicana. Ex presidentes, ex gobernadores y ex alcaldes están en la mira. Y también gobernantes vigentes. Sinaloa, Baja California, Durango, Sonora, Chihuahua y Jalisco están en la vitrina.
Con su declaración de culpabilidad, no sólo enfrenta una posible reducción de su sentencia: se convierte en una pieza fundamental en la maquinaria judicial de Estados Unidos, y lo más peligroso para México: en una bomba de relojería que podría hacer explotar las conexiones entre el narcotráfico y las más altas esferas del poder político en el país. El acuerdo con las autoridades estadounidenses, que promete protegerlo a cambio de información, está lejos de ser una simple colaboración con la justicia. Ovidio tiene en sus manos un arsenal de secretos que podrían destapar una red de complicidad política de dimensiones insospechadas.
Al ser un testigo clave en un proceso de tal magnitud, no sólo tiene la capacidad de delatar a su propia familia, el Cártel de Sinaloa, sino que también puede señalar a los políticos y funcionarios que, durante años, han servido como cómplices o, al menos, se han hecho de la vista gorda frente a las operaciones de su organización. En sus manos está el poder de arrastrar a aquellos que, bajo la sombra del narcotráfico, han asegurado su riqueza y poder a costa de la seguridad y el bienestar de la sociedad mexicana. El gobierno estadounidense, que ha etiquetado al Cártel de Sinaloa como un grupo terrorista, le ofrece ahora la oportunidad de cooperar y desmantelar esa maquinaria. Pero más allá de los cárteles, su testimonio podría llevar a que caigan figuras del poder político.
Ovidio no sólo tiene acceso a los secretos de su propio cártel, sino a las intrincadas relaciones que existen entre los poderosos y el narcotráfico. Si decide dar un paso más, podría desatar una ola de revelaciones. Y su abogado Jeffrey Lichtman ya cimbró con las primeras declaraciones contra los gobiernos de López Obrador y Claudia Sheinbaum. 
En paralelo, la historia del “Mayo” Zambada también sacudirá.

Ovidio Guzmán: la amenaza

En este país surrealista que es México, en ocasiones las prioridades del Gobierno parecen escritas por los guionistas de La Rosa de Guadalupe, pero con presupuesto de campaña y brújula moral extraviada. La semana pasada, por ejemplo, se difundió un boletín oficial —con todo el protocolo, firma institucional y tono de tragedia ecológica— por la muerte de un cocodrilo. 
Y claro, las redes institucionales se activaron, las alertas de prensa brincaron y el Gobierno mostró su sensibilidad con la fauna silvestre. Faltó que decretaran duelo ambiental de 24 horas. 
Que no me lean los ambientalistas, porque voy al punto.
El problema no es que se proteja la vida animal. Está bien, es necesario. Lo escandaloso es el contraste: por una persona desaparecida, ni un tuit. Por un joven asesinado en una calle mal iluminada, silencio. Por las víctimas de la violencia que se acumulan como cifras, nada. Pero por el cocodrilo, boletín.
¿Qué mensaje manda un Estado que se conmueve más por un saurio que por un ser humano? ¿En qué momento se invirtió la escala de valores? ¿Cuándo decidimos que la vida humana podía pasarse por alto, mientras no toquemos al “medio ambiente”? 
No es exageración.
Cada semana se reportan desapariciones, feminicidios, asesinatos. Y si acaso hay una declaración oficial, es tibia, burocrática, llena de tecnicismos que diluyen la responsabilidad. A veces ni eso. Mientras tanto, hay familias que llevan años exigiendo justicia sin obtener siquiera una respuesta. Y cuando lo hacen, es para decirles que “no hay presupuesto” o que “la carpeta sigue abierta”. 
¿Dónde está el boletín por los niños sin tratamiento oncológico? ¿O por los desplazados por el crimen organizado? ¿Dónde está la postura institucional ante la impunidad que reina en tantos rincones del país?
El Gobierno debe entender que cuidar el medio ambiente no está peleado con cuidar a su gente. Pero cuando se sobreactúa en un lado y se ignora el otro, no es amor a la naturaleza: es populismo verde. 
Proteger la vida silvestre sí. Pero que no se nos olvide que la vida humana también cuenta. O al menos, debería. 
Porque si seguimos así, pronto habrá más boletines por animales muertos… que respuestas por humanos desaparecidos. 
¡Primero, lo primero!

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Cada año, las finanzas públicas del país parecen resistir con hilo y aguja. Entre el gasto creciente en pensiones, la deuda pública y los programas sociales, el Gobierno federal enfrenta una presión implacable. A esto se suma el fracaso de Pemex, que deja de ser motor económico para convertirse en un agujero negro que drena recursos. Ante esta situación, la receta oficial es clara: aumentar impuestos o crear nuevos gravámenes, sin importar el impacto social.
El ejemplo más reciente y evidente es el impuesto a las bebidas azucaradas, cuya recaudación estimada para 2026 saltará de 26 mil 797 millones de pesos a 75 mil 290 millones. El discurso gubernamental sostiene que el incremento busca desalentar el consumo de refrescos, en beneficio de la salud pública. Sin embargo, esta narrativa es una farsa. El verdadero objetivo es llenar las arcas del Estado, sin considerar la carga que esto representa para la población. No es una política de salud, sino una medida fiscal disfrazada.
Este impuesto refleja la fragilidad del modelo económico y fiscal del país. El sistema de pensiones, con un déficit estructural creciente, exige recursos constantes; la deuda pública sigue ascendiendo; y los programas sociales, aunque necesarios, no son sostenibles si dependen únicamente de la recaudación inmediata y no del crecimiento económico. Cada peso recaudado a través de impuestos regresivos termina siendo un paliativo, no una solución estructural.
El impuesto a los refrescos no es un caso aislado. Forma parte de una estrategia sistemática: si el crecimiento económico real no genera suficientes ingresos, el Gobierno traslada el costo a los ciudadanos. El efecto es claro: quienes menos tienen, terminan pagando la factura de un sistema fiscal que depende más de la presión tributaria que de la productividad y la inversión.
El dilema es evidente. Mientras no se implementen reformas profundas que fortalezcan la recaudación vía empleo, inversión y competitividad, medidas como el aumento al impuesto de las bebidas azucaradas seguirán siendo la principal fuente de ingresos extraordinarios. La retórica de la salud pública es apenas un pretexto; la verdadera prioridad es equilibrar las cuentas fiscales, aunque eso signifique sacrificar el poder adquisitivo de millones de familias.
En síntesis, el aumento del impuesto a los refrescos es un síntoma de la crisis fiscal que enfrenta México: ante el fracaso de Pemex, el gasto público insostenible y la deuda creciente, no hay otra alternativa para el Gobierno que trasladar el costo a la población. La salud, en este caso, queda en segundo plano; lo que importa es mantener las finanzas a flote, aunque sea a costa de los contribuyentes.

El impuesto que esconde la verdad