PEF 2026: ¿pago del pasado o apuesta al futuro?

El Poder Ejecutivo envió al Poder Legislativo una propuesta del Paquete Económico para 2026, la cual llama la atención por el tamaño del endeudamiento previsto, la magnitud de los compromisos financieros y la aparente contradicción entre el discurso de austeridad y la realidad del gasto. Si usted pensaba que la política de endeudamiento ya estaba bajo control, lo que viene demuestra lo contrario.

Primero lo que ya se filtra con claridad: la deuda pública alcanzará aproximadamente el 52.3 % del PIB en 2026. Esa cifra implica que más de la mitad de la economía estará comprometida con obligaciones pasadas o presentes, una proporción que no se veía desde crisis fiscales anteriores. Además, para cubrir los nuevos compromisos, se propone un endeudamiento neto de 4.1 % del PIB.
Gran parte del nuevo financiamiento no se destinará a inversión productiva, sino al servicio de la deuda existente: los intereses y amortizaciones. Se estima que el costo financiero de la deuda será también del orden del 4.1 % del PIB. De tal modo, se comprime el espacio presupuestario para otros sectores urgentes.

Quizá la señal más clara de que algo está mal calibrado sea lo que sucede con salud, educación y seguridad. Pese a los anuncios, estos rubros —que históricamente demandan más recursos— apenas alcanzan asignaciones equivalentes al 2.9 % del PIB para educación, al 2.5 % para salud y al 0.5 % para seguridad. No sólo no crecen de forma proporcional al nivel de endeudamiento, sino que en muchos casos están por debajo de las recomendaciones o de lo que los ciudadanos esperarían como prioridad.

En contraste, la inversión pública, que podría amortiguar este peso con crecimiento y productividad, no recibe el protagonismo que cabría esperar. Si bien hay proyectos importantes, la proporción del gasto destinado a inversión no crece al ritmo que lo hace el costo de la deuda, y muchas de las nuevas contrataciones de deuda parecen estar destinadas exclusivamente a gastos financieros, transferencias (como a Pemex) y obligaciones previas.

El PEF 2026 es una mezcla complicada entre necesidad financiera, obligaciones ineludibles y apuesta política. El endeudamiento no es necesariamente malo, pero se vuelve riesgoso cuando crece más rápido que los ingresos reales, cuando muchos pesos nuevos se destinan al pago de lo viejo, y cuando los sectores que impactan directamente al ciudadano (salud, educación, seguridad) no reciben mejoras proporcionales.

Los ciudadanos tienen todo el derecho de preguntar: ¿Podemos fiarnos de que estas cifras reflejen realidades productivas, o son simplemente una tentativa de maquillar la situación presupuestal hasta que pase este gobierno? ¿Será este endeudamiento una semilla de crecimiento, o la antesala de déficits inmanejables?
Si las autoridades quieren ganarse la confianza, deben transparentar no solo cuánto se endeuda, sino para qué se usa ese dinero, cuál es el retorno social, y qué medidas tienen previstas para amortiguar los riesgos fiscales de corto y mediano plazo. Sin eso, la narrativa de estabilidad queda en entredicho.