Ser familiar de una persona desaparecida es un trabajo de tiempo completo

Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco hemos acompañado numerosos casos de desaparición y escuchado, una y otra vez, el mismo relato: familias que cargan solas con la búsqueda de sus seres queridos. Madres, padres, hijas e hijos, hermanas y hermanos que, ante la inacción o lentitud de las autoridades, se ven obligados a asumir tareas que, por ley, corresponden al Estado.
Lo hemos dicho con firmeza: ser familiar de una persona desaparecida se ha convertido en un trabajo de tiempo completo. Uno no remunerado, no elegido, profundamente doloroso y, lamentablemente, sostenido en el abandono institucional.
Las familias buscan, documentan, investigan, se organizan, interrogan, aprenden procedimientos legales y técnicos, enfrentan procesos revictimizantes y, muchas veces, son ignoradas o tratadas con sospecha. Ellas, no las instituciones, han construido redes de información, bases de datos, estrategias de búsqueda y rutas jurídicas. Su trabajo ha sido esencial para encontrar fosas, cuerpos e incluso responsables.

Desde nuestra posición como organismo defensor de derechos humanos, reconocemos esta realidad con preocupación. La ausencia de protocolos efectivos, la falta de coordinación entre instituciones y la escasez de recursos no pueden seguir siendo excusas. El dolor de una familia no puede sustituir la obligación del Estado.
El impacto psicosocial que conlleva esta búsqueda constante es inmenso. Las familias padecen ansiedad, estrés crónico, pérdidas patrimoniales y económicas, aislamiento social y un duelo suspendido que afecta cada aspecto de su vida y, a pesar de todo, siguen adelante.

La Comisión tiene la responsabilidad de visibilizar esta carga y exigir garantías mínimas para quienes buscan: atención digna, acceso a la justicia, protección ante amenazas, acompañamiento psicológico, asesoría jurídica y, sobre todo, acciones concretas y efectivas para localizar a sus seres queridos.

Reiteramos: el acompañamiento institucional no debe ser simbólico, sino operativo, efectivo y constante.
Reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano de los familiares, documentando violaciones, emitiendo Recomendaciones e impulsando políticas públicas que reconozcan a las familias no solo como víctimas indirectas, sino como actores clave en la lucha contra la desaparición y la impunidad.
Ser familiar de una persona desaparecida no debería ser un trabajo. Pero hoy lo es. Y mientras lo siga siendo, nuestro deber es acompañarlos y protegerlos, así como exigir al Estado que asuma la responsabilidad que le corresponde.