Anuar García Gutiérrez

El sistema penal acusatorio adversarial, implementado en México en 2016, nació como una reforma que prometía procesos más transparentes, ágiles y garantes de los derechos ciudadanos. A casi una década de su operación, la realidad es otra: un modelo que en lugar de brindar justicia, se ha convertido en sinónimo de impunidad, corrupción y desconfianza social.
Uno de los principales problemas es la demora en los procedimientos. Audiencias que deberían resolverse en meses llegan a tardar de uno a dos años, producto de una larga lista de justificantes procesales: amparos, medios de impugnación, excusas administrativas e incluso justificantes médicos. Esto resulta contradictorio si se considera que el modelo está diseñado para que los procesos concluyan en el menor tiempo posible. En la práctica, el sistema se convirtió en una puerta giratoria para delincuentes y en un negocio rentable para la corrupción.
La etapa inicial de control de detención, que debería ser garante de seguridad y justicia inmediata, se ha debilitado. Hoy, los jueces evitan imponer prisión preventiva justificada, aun cuando existen pruebas contundentes e incluso casos de flagrancia. Así, delincuentes detenidos en el acto mismo del crimen enfrentan sus procesos en libertad. Este escenario alimenta la percepción ciudadana de que la justicia en México tiene precio y favores.
Las estadísticas confirman el colapso del sistema. Según el INEGI, solo 5.2% de las causas penales alcanzan el juicio oral, mientras que otros estudios estiman que apenas entre el 8% y el 10% de los casos denunciados llegan a sentencia. Esto significa que más del 90% de los delitos quedan sin resolución definitiva, fortaleciendo la impunidad.
La situación se agrava en estados como Jalisco, señalado como uno de los más corruptos en materia judicial. En lugar de promover cambios, se busca dar continuidad a los mismos jueces, perpetuando un sistema marcado por los favores y la corrupción. Esto refuerza la desconfianza social y consolida la percepción de que la justicia es negociable.
A nivel federal, se intentó legitimar al sistema promoviendo la elección ciudadana de jueces y magistrados. Sin embargo, la convocatoria y los resultados dejaron en claro que los perfiles seleccionados respondían al partido en el poder. Más que democratizar la justicia, este mecanismo se tradujo en una captura política del Poder Judicial, disfrazada de participación ciudadana.
La conclusión es clara: la justicia penal no es justa, mucho menos garante. Lo que nació como una reforma para proteger derechos y agilizar procesos, terminó consolidando la impunidad y debilitando la confianza social. El reto no es crear otra reforma, sino ejecutar con seriedad lo que ya está establecido en la ley: recursos suficientes, jueces imparciales, fiscales capacitados, procesos ágiles y castigo a la corrupción.

Anuar García

La justicia penal ha fracasado en México

Jalisco se encuentra en el ojo del huracán internacional. El “Washington Post” señaló recientemente a Guadalajara, sede del Mundial de Futbol 2026, como el epicentro de las desapariciones en México. La denuncia expone una dolorosa realidad: mientras las autoridades locales y federales enfocan su atención en preparar la vitrina deportiva, la crisis humanitaria se agrava día con día.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y con datos estatales, Jalisco acumula más de 15 mil personas desaparecidas. Solo en 2025, los municipios metropolitanos concentran el mayor número de reportes: Guadalajara con 437 casos, Zapopan con 358, Tlajomulco con 228 y San Pedro Tlaquepaque con 192 . Estas cifras reflejan que, pese a la visibilidad mediática del problema, la tendencia se mantiene alarmante.
El panorama es aún más crudo si se revisan los reportes forenses. Según el INEGI, al cierre de 2024 había 10 mil 045 cadáveres almacenados en los anfiteatros de la Fiscalía General de la República y fiscalías estatales , de los cuales 412 restos humanos no habían sido identificados. Aunque Jalisco reporta oficialmente solo cuatro cuerpos en resguardo, la magnitud nacional del rezago forense da cuenta de la crisis estructural en materia de identificación y acceso a la justicia.
En Guadalajara, los reportes mensuales de desapariciones son constantes: tan solo en 2025 se registraron 250 personas desaparecidas . Agosto fue el mes con mayor incidencia, con 46 reportes en un solo mes , un incremento que refleja la incapacidad de las autoridades para contener la problemática.
Los colectivos de búsqueda señalan que la indiferencia estatal es una doble agresión. “Nosotras seguimos buscando con nuestras propias manos, mientras el gobierno prepara estadios y hoteles para un Mundial que no necesitamos”, expresó una integrante del colectivo Luz de Esperanza.
La contradicción es evidente: mientras las familias de desaparecidos cargan con la incertidumbre y la búsqueda interminable, los recursos públicos se concentran en generar una imagen internacional de modernidad y turismo deportivo. Sin embargo, la realidad es ineludible: Jalisco no es hoy un escaparate de prosperidad, sino un territorio marcado por la impunidad y el dolor de miles de familias. 
Este panorama muestra que la crisis no distingue entre urbes turísticas, industriales o rurales: se trata de un problema que atraviesa todo el territorio jalisciense.
Se necesita más apoyo por parte de las autoridades y, sobre todo, una aceptación de la cruda realidad que vive el Estado de Jalisco . La situación es grave y ha llegado a ser noticia mundial, lo cual obliga a trabajar con carácter de prioridad en la seguridad pública y en la atención a las víctimas. Por supuesto que el Mundial de Futbol es un evento de relevancia, pero antes de eso, se requiere tener claro el panorama de seguridad, garantizar la protección de los ciudadanos y brindar confianza a los turistas. 
“No se trata únicamente de cifras: la percepción ciudadana también refleja un sentimiento generalizado de vulnerabilidad ante una inseguridad que parece imparable”.

Jalisco ignora la gravedad de las desapariciones y pone su atención en el Mundial de Futbol

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Estados Unidos debe presionar a México ante el avance del crimen organizado.
La relación entre Estados Unidos y México atraviesa un momento de tensión. El presidente estadounidense Donald Trump ha intensificado la recopilación de información y ha ejercido presión sobre el gobierno mexicano para que asuma con mayor fuerza la lucha contra el crimen organizado. La realidad, sin embargo, muestra un panorama en el que los grupos criminales mantienen amplias zonas bajo su control y las instituciones mexicanas parecen incapaces de contenerlos.
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Los delitos de alto impacto se multiplican en prácticamente todos los estados de la república. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta julio de 2025 se registraron más de 18 mil homicidios dolosos, con Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Estado de México entre las entidades más afectadas. A esto se suma la impunidad, que supera el 90%, según análisis de organizaciones como México Evalúa e Impunidad Cero.
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Frente a este escenario, no solo voces políticas como la de la senadora Lilly Téllez exigen que Estados Unidos intervenga con mayor apoyo en la batalla contra los cárteles, sino también amplios sectores de la ciudadanía. La violencia se ha convertido en el pan de cada día para millones de mexicanos.
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Los hechos recientes son una muestra clara: en Jalisco, dos familias fueron ejecutadas en hechos paralelos, generando terror entre los habitantes; en Guerrero, un joven ayudante de mecánico de 14 años fue asesinado a balazos en un estacionamiento frente a un hospital del IMSS; y en Tabasco, otro menor de edad perdió la vida mientras trabajaba afuera de un taller mecánico. Al mismo tiempo, pequeños negocios de comida han optado por cerrar sus puertas debido a las extorsiones, un delito que se expande con fuerza en todo el país.
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Pese a este panorama, el gobierno federal mantiene una narrativa de control y estabilidad, que contrasta con la percepción ciudadana. Organismos civiles y académicos advierten que el Estado mexicano ya no tiene la capacidad de enfrentar solo a los grupos criminales, que se han diversificado hacia delitos como secuestro, extorsión, robo de combustible y trata de personas.
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Ante esta realidad, resulta cada vez más evidente que México necesita aceptar el apoyo de Estados Unidos. No se trata de una opción política o de soberanía, sino de una urgencia nacional: sin cooperación internacional, el país seguirá hundiéndose en una espiral de violencia que golpea a las familias, a la economía y a la paz social. La ayuda externa, lejos de ser una imposición, hoy representa la única vía para recuperar la seguridad y aspirar nuevamente a un México libre de la opresión del crimen organizado.

Las reglas no escritas de la justicia

En México, la integración de las fuerzas policiales sigue condicionada a un sistema que alimenta la corrupción y socava la legitimidad institucional. El sistema de control y confianza, basado principalmente en el uso del polígrafo, es engañosamente simple: en Estados Unidos fue descartado hace décadas por su baja confiabilidad, pues puede manipularse y sus resultados son, literalmente, una moneda al aire; sin embargo, en México sigue vigente como pilar del ingreso y permanencia en las corporaciones de seguridad.
Esta práctica arbitraria distorsiona el filtro de ingreso, provocando que buenos elementos sean descartados por falsos positivos y, al mismo tiempo, que policías corruptos o vinculados al crimen organizado logren pasar el examen y mantenerse en el servicio. La realidad se agrava debido a la falta de personal y recursos, lo que provoca que los procesos de depuración sean superficiales o inexistentes, permitiendo que agentes con antecedentes de abusos, denuncias o nexos criminales, continúen patrullando nuestras calles. Esta falla institucional se refleja en las cifras de impunidad: solo el 6.4% de los delitos cometidos llega a denuncia y únicamente el 14% de estos, hallan una solución.
En materia de homicidios, nueve de cada 10 quedan impunes, con apenas un 17% de estos crímenes esclarecidos formalmente entre 2010 y 2022. Además, entre 2019 y 2024 se reportaron dos mil 881 casos de tortura, con tres mil 506 víctimas, y el 42% de los presos afirmaron haber sido golpeados para incriminarse, el 22% coaccionados para acusar a otros, y el 20% se declaró culpable tras agresiones físicas. Mientras tanto, muchos policías “buenos” abandonan la profesión por problemas de salud como hipertensión, estrés postraumático o trastornos psicológicos derivados del servicio, sin recibir atención médica ni respaldo institucional.
Las condiciones laborales son precarias: el salario promedio ronda los seis mil 620 pesos mensuales en el primer trimestre de 2025, por jornadas de casi 60 horas semanales. Esta cifra contrasta con el anuncio del gobierno federal, que aprobó un salario mínimo garantizado de, al menos, 17 mil pesos mensuales para policías, soldados, médicos y enfermeras, en línea con el promedio del IMSS. Sin embargo, esta reforma aún no ha sido publicada formalmente, y por ahora la realidad salarial sigue siendo angustiante.
De acuerdo con distintas organizaciones, el salario mensual promedio de un policía o agente de tránsito es de 13 mil pesos, equivalente a apenas 50 pesos por hora, y solo el 34% gana un salario digno (es decir, 17 mil pesos mensuales o más); muchos incluso deben pagar su equipo, combustible y reparaciones por su cuenta. La percepción del problema es clara: en 2024 México obtuvo 26 puntos de 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción, ubicándose en el lugar 140 de 180 países. El 83% de la población considera que la corrupción sigue siendo un problema frecuente y seis de cada 10 han sido víctimas de corrupción o extorsión policial.
A su vez, el impacto económico de la violencia continúa siendo brutal: en 2024 ascendió a 4.5 billones de pesos, lo que equivale al 6.7% del PIB nacional y supera ampliamente el gasto gubernamental en desarrollo económico. 
La suma de impunidad, tortura, bajos salarios, malas condiciones laborales y el mantenimiento de filtros de control ineficaces, crea un escenario donde los policías malos se quedan y los buenos se van.
Es urgente repensar la depuración del sistema de seguridad: se requieren investigaciones rigurosas de los lazos del personal con el crimen organizado, estudios socioeconómicos periódicos para detectar discrepancias entre ingresos y estilo de vida, atención integral en salud física y mental, condiciones dignas de trabajo y salarios que realmente reconozcan el riesgo y la responsabilidad que implica su labor.

Policías: Se quedan los malos y se van los buenos

En Jalisco, la violencia sexual infantil no solo existe: se extiende en silencio, sin voz y sin justicia. Las autoridades, lejos de garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes, parecen omisas ante su obligación, mientras la Fiscalía exhibe una preocupante falta de capacidad y empatía hacia las víctimas. El resultado es un patrón dolorosamente constante: miles de denuncias y carpetas de investigación que se acumulan sin resolución, dejando a los menores expuestos y vulnerables.
Las cifras revelan un panorama alarmante. Jalisco concentra el 5% de los reportes de abuso sexual infantil a nivel nacional, ocupando un lugar entre las entidades más afectadas. Entre 2017 y 2023 se registraron más de 17 mil casos de abuso sexual infantil, en un contexto de 153 mil 187 casos de lesiones por violencia y trata, y 8 mil 759 homicidios de niñas, niños y adolescentes relacionados con actos violentos. El perfil de las víctimas muestra un dato devastador: entre el 90% y 94% son mujeres, dependiendo de si la violencia ocurrió en el entorno familiar o no familiar.
El fenómeno, lejos de ser marginal, se concentra en zonas urbanas. Solo en el primer trimestre de 2019 se documentaron 611 casos en el Estado, con un promedio diario de 6.7 casos, la mayoría en el Área Metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, el acceso a la justicia es casi inexistente: al 30 de junio de 2025, apenas el 16.5% de las carpetas de investigación por abuso sexual infantil con víctima mujer habían sido judicializadas, muy por debajo de la meta oficial del 68%. En el primer semestre de 2025, la Fiscalía reportó más de 450 casos judicializados por delitos contra menores, cifra insuficiente frente a la magnitud del problema.
Las causas estructurales están claramente identificadas: presupuesto limitado y de difícil ejercicio, escasa coordinación entre el Estado y los municipios, cobertura deficiente en comunidades remotas, ausencia de protocolos estandarizados y un reconocimiento mínimo de las procuradurías municipales como autoridades de primer contacto. A este escenario se suma un dato que indigna: en 2024, 407 niñas y adolescentes fueron obligadas a parir producto de violencia sexual, sin recibir consejería, acompañamiento ni justicia contra sus agresores. 
Este contexto exige una respuesta inmediata y contundente. Es urgente implementar protocolos integrales de atención con perspectiva de género y enfoque en la infancia, fortalecer la capacidad de investigación y judicialización de la Fiscalía, garantizar atención psicológica, médica y legal a las víctimas, sancionar con rigor a los agresores, reparar el daño causado y diseñar políticas inclusivas para niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Además, es indispensable promover campañas de sensibilización social en escuelas, comunidades y familias para romper el silencio y crear entornos seguros.
Mientras las instituciones no asuman la protección de la infancia como prioridad absoluta, la impunidad seguirá siendo la norma y los menores de Jalisco permanecerán desprotegidos ante uno de los delitos más graves y devastadores, cuyas cicatrices marcan de por vida.

Urge parar los delitos sexuales contra los infantes en Jalisco

Durante años, el crimen organizado en México se concentró en el negocio del narcotráfico como su principal fuente de ingresos. Sin embargo, en los últimos tiempos esta estructura ha comenzado a transformarse a raíz de la presión ejercida por Estados Unidos, que ha incrementado operaciones de inteligencia, extradiciones y acciones conjuntas que han debilitado parcialmente las rutas tradicionales de tráfico. De acuerdo con análisis de organismos de seguridad y estudios internacionales, actualmente solo el 6% de la distribución directa de drogas estaría controlada por grupos mexicanos, lo que marca una caída significativa frente a épocas anteriores.
Esta disminución no ha traído consigo una reducción de la actividad criminal, sino una diversificación peligrosa: los grupos delincuenciales han migrado hacia otros delitos de alto impacto para sostener su economía y ampliar su control territorial.
Lejos de desaparecer, las organizaciones han adoptado una lógica empresarial: diversificar riesgos, ampliar operaciones y aumentar rentabilidad mediante la explotación de otros mercados ilícitos. La extorsión se ha convertido en uno de los métodos más lucrativos, especialmente en estados del Occidente, Centro y Sur del país. Comerciantes, transportistas, productores agrícolas y pequeños empresarios son obligados a pagar cuotas regulares bajo amenaza, lo que ha provocado el cierre de cientos de negocios y el desplazamiento de familias enteras.
Las denuncias por extorsión alcanzan cifras preocupantes, con un promedio superior a 32 casos diarios, aunque expertos estiman que la cifra negra podría superar el 90% debido al temor de represalias. El secuestro también se mantiene como una constante, no solo con fines económicos, sino como mecanismo de sometimiento y control.
Otro delito que ha cobrado fuerza es la trata de personas, que incluye la explotación sexual, laboral y el tráfico de migrantes, afectando principalmente a mujeres, niñas y personas en tránsito desde Centroamérica. Redes bien estructuradas operan en corredores clave del país, donde autoridades locales carecen de capacidad o voluntad para enfrentar el fenómeno. Además, la minería ilegal ha surgido como otra fuente importante de ingresos para las organizaciones, especialmente en regiones ricas en oro, mercurio y otros minerales estratégicos.
En los últimos cinco años, estas actividades han generado miles de millones de pesos en ganancias ilícitas, sin que exista una política efectiva de control o regulación. A esto se suma el robo de combustible, que persiste en diversas zonas del Centro y Norte del país, así como el incremento de delitos cibernéticos y fraudes digitales, mediante los cuales se estafan a ciudadanos y se lava dinero por medio de plataformas virtuales y criptomonedas.
Los estados más afectados por esta diversificación delictiva comparten características comunes: altos índices de violencia, deterioro institucional, ausencia de autoridad efectiva y colapso del sistema local de justicia. En el Occidente del país, se han documentado redes de extorsión extendidas a toda la cadena agroindustrial. En la región Centro, la minería ilegal y el tráfico de mercancías dominan el escenario criminal. En el Sur, el secuestro y la trata han alcanzado niveles alarmantes, mientras que en el Norte, el control de rutas y pasos fronterizos alimenta el tráfico de personas y mercancías.
Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, más del 90 % de los delitos en México permanecen impunes, mientras que el INEGI ha documentado que solo una de cada diez carpetas de investigación termina en sentencia condenatoria.
Esta situación ha consolidado un modelo de economía criminal que no solo resiste las acciones del Estado, sino que las rebasa. Las estructuras delictivas han evolucionado, ya no dependen exclusivamente de laboratorios clandestinos o de rutas internacionales de droga, sino que han creado sistemas de control económico local que abarcan desde mercados populares hasta corredores logísticos y comerciales. La capacidad de intimidar, someter y extraer rentas ilícitas de la población les ha permitido fortalecerse, generar nuevos liderazgos y ampliar su base operativa. Mientras tanto, las instituciones encargadas de impartir justicia enfrentan rezagos, falta de profesionalización, corrupción interna y poca coordinación. En muchas regiones, la población ha normalizado la presencia de estructuras delictivas como parte de la vida cotidiana, lo que refleja la profundidad del problema.
México enfrenta hoy un modelo criminal más complejo, rentable y territorializado. El tráfico de drogas ya no es el único motor de estas organizaciones. La diversificación hacia la extorsión, la trata, la minería ilegal, el robo de combustible y los fraudes digitales ha abierto nuevas rutas de poder e influencia, aprovechando los vacíos institucionales, la impunidad sistemática y la falta de estrategias integrales de seguridad. Mientras no exista una transformación profunda del sistema de justicia y una respuesta real por parte del Estado, el crimen seguirá adaptándose, avanzando y controlando espacios clave de la economía nacional.

El crimen organizado se diversifica: menos drogas, ¡más delitos!

Diez estados concentran los mayores niveles de extorsión a empresarios, alcanzando cifras nunca antes vistas. La inseguridad, el clima político y la falta de certeza jurídica colocan a México en una crisis de confianza para el sector privado.
La economía nacional se ve amenazada por el miedo, la impunidad y la ausencia de justicia. La inseguridad ha dejado de ser sólo un problema de percepción para convertirse en una realidad contundente y medible: México enfrenta el nivel más alto de extorsión empresarial desde que se tiene registro oficial, con 32 denuncias diarias en promedio y una cifra negra alarmante del 96.7% de casos no denunciados, según datos del Observatorio Nacional Ciudadano y el INEGI.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha alertado que la situación ya impacta directamente la inversión privada. De acuerdo con su más reciente reporte de confianza empresarial, los proyectos de inversión han caído en 12.8 puntos porcentuales, una cifra más baja incluso que durante la pandemia de COVID-19.
Los 10 estados con mayores niveles de extorsión a empresarios en lo que va del 2025 son: 
1. Estado de México. Encabeza la lista con más de mil 150 casos reportados y un fuerte incremento en llamadas de cobro de piso. 
2. Jalisco. Supera los 880 casos; los sectores restaurantero, agrícola y transporte son los más golpeados. 
3. Ciudad de México. Acumula más de 750 denuncias, especialmente en zonas comerciales y de abasto. 
4. Michoacán. Se estima que siete de cada 10 negocios pagan cuota, aunque no denuncian por miedo. 
5. Guanajuato. En ciudades como Irapuato y Celaya, la extorsión se ha duplicado en un año. 
6. Veracruz. Con más de 500 casos, destaca por la impunidad con la que operan los grupos criminales. 
7. Chiapas. Aumento del 35% en extorsiones vinculadas al crimen organizado y control territorial. 
8. Zacatecas. Reporta un alza del 42% en extorsiones desde 2023. 
9. Morelos. Las microempresas son el blanco preferido; muchas cierran sin denunciar. 
10. Guerrero. El Puerto de Acapulco sufre una extorsión sistemática a hoteleros y comerciantes.
Según Coparmex, las tres principales razones por las que ha caído la inversión privada son: 
* Inseguridad (36%). 
* Ambiente político hostil (28%). 
* Falta de certeza jurídica (18%).
Este clima ha provocado que miles de empresarios decidan congelar sus operaciones, desinvertir o migrar sus negocios a otros países. El miedo a perder su patrimonio o incluso la vida, ha puesto un freno a la economía productiva. 
Aunque las cifras oficiales hablan de cinco mil 887 víctimas reconocidas de extorsión en el primer semestre de 2025, expertos afirman que el número real podría ser diez veces mayor debido a la cifra negra. Esto se debe a que muchas víctimas no denuncian por temor a represalias o por falta de confianza en las autoridades.
Organismos como México Evalúa y Causa en Común han documentado que en varias entidades, los criminales operan con complicidad de autoridades municipales y estatales, lo que perpetúa un círculo de impunidad. 
México vive una crisis estructural de seguridad y justicia. La extorsión no solo afecta a las víctimas directas, sino que estrangula la economía, desincentiva el emprendimiento y condena al país a una parálisis productiva.
Si no se implementan estrategias efectivas de protección al sector empresarial, con inteligencia financiera, fortalecimiento institucional y desarticulación del cobro de piso, el país corre el riesgo de ver colapsar una de sus principales fuentes de empleo y desarrollo económico. 
La justicia no puede seguir siendo un privilegio lejano para quien produce y genera empleos. Si no se garantiza la seguridad de los empresarios, no habrá inversión, ni trabajo, ni crecimiento.

La extorsión empresarial: el cáncer silencioso que ahorca la inversión en México

En Jalisco, la violencia no cesa y las cifras son prueba de ello. A pesar del discurso oficial que presume avances en materia de seguridad, los datos muestran una realidad inquietante. En el primer cuatrimestre de 2025 se han registrado más de 600 homicidios dolosos, mientras que durante todo 2024 la cifra alcanzó los mil 445 casos, apenas cuatro menos que en 2023. En cuanto a feminicidios, hasta junio de 2025 se han documentado 13 casos oficiales, con una tasa que bajó de 0.84 a 0.63 por cada 100,000 mujeres. No obstante, lejos de representar un logro, estos números reflejan una tragedia sostenida y una violencia que continúa golpeando con fuerza a las mujeres jaliscienses y el Estado parece no tener intenciones de pararla, contario al discurso.
El feminicidio de Karla Bañuelos, joven de 20 años asesinada con un rifle AR-15 frente a su casa, generó una ola de indignación nacional. La difusión del video de su ejecución en redes sociales y medios provocó una fuerte presión social. Lo preocupante vino después: la detención de Kelvin “N”, presunto feminicida, fue grabada y presentada por la Fiscalía como si se tratara de una producción televisiva. Uniformados en formación, cámaras perfectamente posicionadas, discursos preparados; todo cuidadosamente diseñado para generar impacto mediático más que garantizar justicia. Esta escenificación institucional recordó inevitablemente el montaje del caso Florence Cassez, donde la verdad fue sacrificada a favor del espectáculo, lo cual viola el debido proceso.
Mientras tanto, casos como el de Valeria Márquez, influencer asesinada durante una transmisión en vivo desde su salón en Zapopan, permanecen sin respuesta ni avances. A pesar del fuerte eco en medios, la Fiscalía ha guardado silencio. No hay detenidos, no hay líneas de investigación claras, no hay resultados. Para muchos, se trata de un caso “incómodo” para el gobierno, pues no permite capital político ni control narrativo. Este contraste evidencia una justicia selectiva: lo que se graba se investiga, lo que no, se ignora, todo está a las órdenes de los reflectores de los medios y de las redes sociales.
A la anterior simulación se suma la reciente polémica en torno a las patrullas Tesla adquiridas por el gobierno estatal. Lo que fue anunciado como una medida de innovación tecnológica terminó por convertirse en símbolo de frivolidad: videos virales muestran a policías utilizando estas unidades para ver películas en Netflix durante su jornada laboral. Mientras las familias jaliscienses lloran a sus muertos y buscan desaparecidos, los elementos encargados de la seguridad pública disfrutan del entretenimiento desde vehículos de lujo, sin importarles cumplir con su función de brindar seguridad.
La estrategia de seguridad en Jalisco parece centrarse más en la imagen que en los resultados. Se invierte en patrullas, cámaras y discursos, pero no en mejorar la capacidad investigativa de la Fiscalía, en fortalecer las unidades de género ni en garantizar un acceso real a la justicia para las víctimas. La ciudadanía no necesita shows, necesita respuestas. No necesita operativos grabados, sino instituciones eficientes. No necesita estadísticas maquilladas, sino políticas efectivas que pongan en el centro la vida y la dignidad de las personas.
En conclusión, la realidad de Jalisco está lejos de lo que el gobierno intenta proyectar. La violencia no ha disminuido, sólo se ha encubierto bajo una narrativa cuidadosamente construida. El caso de Karla y su detención grabada, el abandono del expediente de Valeria, las cifras que no bajan y los policías que ven Netflix en patrullas de lujo conforman un panorama de simulación institucional que insulta a las víctimas y ofende a la sociedad. La justicia no puede ser un espectáculo. La justicia debe ser verdad, debe ser acción, y sobre todo, debe ser para todas y todos los ciudadanos sin distinción social ni de género. Jalisco necesita justicia, impunidad cero e índices bajos para realmente sentirnos seguros.

La simulación de la justicia en Jalisco, contraria al discurso oficial

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Mi pecho no es bodega

El gobierno de Jalisco ha anunciado la implementación de un operativo dirigido a vehículos con placas foráneas, otorgando a las policías municipales y estatales facultades para detener y revisar autos bajo el argumento de combatir la delincuencia. Esta medida es abiertamente inconstitucional, ya que transgrede el artículo 11 de la Constitución que garantiza el derecho de toda persona a transitar libremente por el territorio nacional, y el artículo 16, que establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sin un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.
En lugar de fortalecer la seguridad, la estrategia criminaliza a quienes por necesidad poseen un vehículo con placas de otra Entidad, exponiéndolos a revisiones arbitrarias sin orden judicial. Este tipo de acciones incrementa la desconfianza hacia las instituciones, pues se realizan en un contexto en el que los cuerpos policiales han sido señalados por actos de corrupción y abusos de autoridad. Tan solo en 2024 se registraron 2 mil 976 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco por violaciones a derechos fundamentales, y en los primeros cinco meses de 2025 ya suman más de mil 400 quejas, lo que evidencia que la relación entre ciudadanos y autoridades está lejos de ser de confianza.
Si la verdadera intención es disminuir los actos delictivos, el gobierno debería fortalecer el sistema de videovigilancia C5, aumentar la presencia de patrullas y establecer cordones de seguridad en las zonas de mayor riesgo. Implementar cateos indiscriminados sin control judicial es un retroceso en materia de derechos humanos y abre la puerta a prácticas de extorsión. La ciudadanía no puede confiar en autoridades que no están debidamente capacitadas y que han protagonizado casos de abuso documentados en los últimos años. 
La seguridad no puede lograrse a costa de las garantías constitucionales. Medidas como estas, más que prevenir el delito, generan un clima de hostigamiento, discriminación y desconfianza. Los jaliscienses merecen estrategias de seguridad inteligentes, legales y respetuosas de los derechos humanos, no operativos que violen la Constitución y atenten contra la libertad de tránsito.

No a la discriminación por placas foráneas en Jalisco