Hiram Espinoza de los Monteros

En los discursos oficiales, publicaciones en redes, videos a modo de selfies y cualquier afiche propagandístico, la palabra “coordinación” aparece una y otra vez. Se presume que en materia de seguridad, Federación, Estado y municipios trabajan unidos sin importar partidos políticos. Se habla de esfuerzos conjuntos, de mesas permanentes y de una estrategia común para enfrentar a la delincuencia. Ese relato, más allá de los matices, busca transmitir confianza: la seguridad no se negocia y se atiende en bloque.
Ah, pero la coordinación se diluye cuando de presupuesto se trata. El caso de las carreteras federales en Jalisco lo hace aún más evidente. Desde la Cámara de Diputados se acusa que el Gobierno del Estado no ha ejercido una bolsa de 400 millones de pesos para mantenimiento.
En contraste, desde el Ejecutivo estatal se asegura que ese dinero nunca ha estado bajo su control, sino que corresponde a la delegación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. 
Mientras tanto, los más de dos mil kilómetros de carreteras federales que atraviesan Jalisco permanecen deteriorados, plagados de baches y con deficiencias que representan un riesgo para la seguridad vial, la economía y la vida cotidiana de miles de personas. La ciudadanía, al final, paga las consecuencias de un desencuentro político.
La obra pública es terreno de protagonismos. Cada partido busca colgarse la medalla de los recursos invertidos, los proyectos inaugurados y las obras entregadas. En lugar de un frente común que tanta falta le hace a los ciudadanos. 
Si en seguridad es posible presumir coordinación diaria y sin distingos, lo mismo debería ocurrir en materia presupuestal. Jalisco necesita que diputados, senadores, autoridades federales y estatales trabajen como un solo bloque, sin importar siglas… Sí, planteo lo nunca antes visto, lo sé, pero ¿qué sería de esta vida sin soñar?

Hiram Espinoza

Coordinación… pero no en el presupuesto

El sábado pasado —30 de agosto— al conmemorarse el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, colectivos de familias marcharon en distintas ciudades del país para exigir justicia y recordar a quienes siguen sin regresar a casa. Dos días después, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su primer informe de gobierno convertido en un recuento amplio de programas sociales y políticas públicas… y no hubo una sola palabra para los desaparecidos.
La omisión no es un detalle cualquiera si tomamos en cuenta las cifras que México registra: más de 130 mil personas desaparecidas, y que Jalisco concentra la mayor parte de los casos. El discurso por el informe contuvo más de 7 mil palabras y relegó el tema sin hacer visible la crisis humanitaria que representa. Organismos civiles como el Centro Prodh, subrayan que este vacío en el discurso oficial significa, en la práctica, una invisibilización de las víctimas.
El silencio oficial también tiene consecuencias políticas. Si el gobierno federal evita pronunciarse sobre la crisis más dolorosa del país, corre el riesgo de que se perciba como “normal” y convertirla en un problema sin prioridad en la agenda pública. Cada vez que el tema se omite en los discursos de poder, se envía un mensaje de indiferencia institucional y se profundiza la desconfianza de las familias hacia el Estado. 
Pero mientras el poder calla, las familias alzan la voz. En el Congreso de Jalisco, colectivos como Luz de Esperanza y Justicia Unida montaron una exposición artística para recordar que detrás de cada ficha hay un rostro, un nombre y una historia. Ese contraste entre la memoria activa en las calles y la ausencia en el discurso presidencial, revela una fractura profunda entre sociedad y gobierno.
Nombrar es reconocer primero que la ausencia pesa no solo a la familia directa, sino también a la sociedad, porque hemos visto que se replican y aumentan los casos. Cuando desde la máxima autoridad de gobierno se omite la crisis de desapariciones, lo que se transmite es indiferencia, porque callar es desaparecer dos veces.

Desaparecidos también en el discurso de Sheinbaum

El próximo lunes inicia un nuevo periodo legislativo en el que Morena y sus aliados consolidarán su control del país. Ese mismo día asumen funciones los nueve nuevos Ministros –electos en la primera elección popular de integrantes del Poder Judicial–, a quienes se les identifica, en su mayoría, como cercanos al oficialismo. Esto pone en entredicho la independencia en decisiones que involucren asuntos vinculados al Estado.
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El oficialismo controla no solo el Congreso y ahora –parece– la Corte, se suma el diseño de una reforma electoral que podría eliminar plurinominales y reducir aún más los contrapesos. 
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Sin oposición efectiva, Morena y sus aliados consolidan un sistema en el que todas las instituciones orbitan en torno a su proyecto político.
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En este entorno, se esperaría que la oposición –PRI, PAN y Movimiento Ciudadano– actúen como un freno institucional, pero el lamentable episodio de ayer en el Senado, cuando Alejandro “Alito” Moreno, líder del PRI, agredió físicamente al presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, es evidencia de lo contrario. La oposición está 
secuestrada por el espectáculo, los pleitos personales y la deslegitimación mutua.
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El PAN, por su parte, atraviesa crisis internas, y Movimiento Ciudadano prefiere mantenerse como “tercera vía”, sin asumir un rol claro ante el rumbo oficialista que se extiende. En conjunto, difícilmente representan el contrapeso que la democracia en México requiere… El oficialismo avanza porque la oposición se arrastra.
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Un poder hegemónico nunca es garantía de progreso; al contrario, deriva en imposiciones, abusos y decisiones alejadas de la pluralidad que caracteriza a una sociedad diversa como la mexicana. Cuando sólo importa una voz y una visión de lo que México es y de lo que 
México necesita, se corre el riesgo de acallar las disidencias y sofocar la crítica, cancelando el disenso que es parte central de la democracia. Lo que queda es nula pluralidad y obediencia ciega.

Justo cuando más se necesita una oposición

Los asesinatos recientes de Katia Daniela Medina, defensora y activista trans, y Joselinne Páez, son muestra de una violencia estructural. Organizaciones como Unión Diversa de Jalisco denuncian que cada transfeminicidio es el resultado de discursos de odio, omisión institucional y revictimización… y es cierto.
La discusión en torno a la tipificación del transfeminicidio en el Código Penal —y la incorporación de agravantes por odio— parece urgente y necesaria. Se trataría de un avance significativo en el plano institucional, que permitiría visibilizar una violencia con nombre propio y obligaría tanto a procuradores de justicia como a jueces, a reconocer la identidad de las víctimas como sujetos de derechos en una situación históricamente vulnerable.
Surge entonces la duda sobre cómo operarán los diferentes grupos parlamentarios frente a la propuesta de reforma presentada por la diputada de Movimiento Ciudadano, Montserrat Pérez Cisneros, especialmente después del rechazo explícito que mostraron en la votación obligada por la Suprema Corte respecto al reconocimiento de las infancias trans.
En marzo pasado, el Congreso de Jalisco rechazó con 21 votos en contra, 13 a favor y una abstención, una reforma para que niñas, niños y adolescentes trans pudieran modificar legalmente su identidad de género en el acta de nacimiento. Esta decisión limita desde la infancia el reconocimiento de la dignidad de las personas trans. Allí se evidencia la noción de “violencia institucional”: no es solo una omisión, sino una imposición normativa que revoca el derecho al reconocimiento básico. La ley no solo no protege, sino que retrae derechos fundamentales. 
La pregunta inevitable es: ¿Puede una tipificación legal frenar o solo mitigar la violencia? La experiencia sugiere que por sí sola no basta. Sin embargo, visibilizar esta violencia desde la ley permite construir memoria, exigir protocolos claros y capacitar a los cuerpos de seguridad. Al reconocerles como grupo vulnerable, podría también impulsarse un cambio social que no sería inmediato, pero sí un paso hacia adelante. Porque en Jalisco, la violencia contra las personas trans no solo se mide en crímenes de odio, sino también en las leyes que les niegan reconocimiento y, con ello, el derecho a vivir con dignidad.

Doble violencia para personas trans

La vialidad de López Mateos, lenta, atorada, a veces nula por los embotellamientos y accidentes, se ha convertido en tema recurrente de las recientes administraciones; la que está en curso no es la excepción… Sus raíces parecen ligadas al crecimiento desordenado de la metrópoli, cuando Tlajomulco se convirtió en polo masivo para la construcción de vivienda de interés social sin infraestructura suficiente. ¿Será cierta esta tesis? Porque desde antes, en otra lógica y con otras capacidades económicas, nacieron Bugambilias, El Palomar, El Manantial. La realidad es que cada fraccionamiento sumó presión a una arteria que desde entonces se volvió insuficiente.
En el gobierno de Enrique Alfaro se intentó apaciguar la inconformidad con los Diálogos por la Movilidad Sustentable de López Mateos, que derivaron en la regulación de horarios para el transporte de carga. Ya con Pablo Lemus, se implementaron carriles de contraflujo en ciertos horarios, una medida que parecía prometedora, pero poco duró el gusto… La presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles reabrió el debate sobre “soluciones” más profundas, significa la posibilidad de un segundo piso.
En 2023, una consulta ciudadana dejó claro el sentir: apenas un 2% apoyó un segundo piso en López Mateos; 40% pidió priorizar el transporte público. Hoy, volver a abrir el debate sin considerar ese resultado es incongruente y erosiona la credibilidad en la participación ciudadana porque el tema de fondo sigue intacto: no se ha pensado con seriedad en una línea de tren ligero o un sistema BRT con flota suficiente para absorber la demanda.
Pero incluso, si se asumiera ese compromiso, vendría otra pregunta inevitable: ¿Con qué recursos? La magnitud de una obra así requiere inversión federal, y hasta ahora no se ha visto voluntad económica para proyectos de este tipo, ni siquiera para los que ya han sido presentados. Quizá hubiera valido la pena que en la última reunión de Pablo Lemus con Claudia Sheinbaum se añadiera este punto a la agenda… por lo menos para el registro anecdótico.
El problema vial persiste y las soluciones han sido, hasta ahora, parches que ganan tiempo (por lo regular poco), pero no resuelven. López Mateos no necesita otro ejercicio para la foto, sino una estrategia integral que reconozca su historia y planee su futuro. Y si las consultas no sirven para orientar las decisiones, quizá el verdadero embotellamiento esté en la voluntad política.

López Mateos: la consulta, el recuerdo y la deuda pendiente

En Jalisco, una mujer violentada puede pedir ayuda por WhatsApp. Al menos eso promete el nuevo Chatbot Violeta, una herramienta que —según el gobierno estatal— permite orientar y acompañar a víctimas de violencia de género desde el celular. Pero cuando la violencia ocurre en tiempo real, cada segundo cuenta. Y ahí es donde surgen las dudas.
Al enviar un mensaje al número 3314151002, el sistema despliega un menú con cinco opciones: “Estoy en riesgo”, “Quiero denunciar”, “Servicios de los Centros de Justicia para las Mujeres”, “Quiero conocer las sedes” e “Información de la red”. Es una estructura útil para orientación general. Pero si alguien está en peligro inminente, ¿realmente puede esperar a que el sistema procese esas rutas y genere un folio antes de recibir auxilio?
La duda es legítima y necesaria. La herramienta no es un botón de pánico ni una línea de atención de emergencias. Es una guía interactiva que, en el mejor de los casos, puede derivar en apoyo posterior. Pero si se promueve como un canal de respuesta inmediata, se corre el riesgo de generar una peligrosa falsa seguridad.
Que la tecnología esté al servicio de las mujeres es indispensable. Pero eso no sustituye lo esencial: policías capacitados, personal especializado, refugios seguros, procesos judiciales que no revictimicen. La violencia machista no se resuelve con emojis ni menús de opciones.

Chatbot Violeta: ¿herramienta de apoyo o placebo?

El 7 de agosto próximo, la Fiscalía de Jalisco ofrecerá por primera vez una disculpa pública por las omisiones y nulos resultados en la investigación de la desaparición de Dalia Guadalupe y Luis Ramón. La disculpa llegará casi 15 años después (septiembre de 2010) de que la pareja salió de Ahualulco de Mercado con la intención de –vía terrestre– llegar a Estados Unidos.
El último dato de ubicación es en el Estado de Zacatecas, donde Natividad, madre de Dalia, también presentó la denuncia con los mismos resultados: nulos. Dos denuncias, una en Jalisco y otra en Zacatecas, doble omisión, doble desinterés, doble ineptitud. El resultado es un calvario similar al de miles de familias que en México buscan a alguien.
El caso de Dalia y Luis fue llevado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en donde en diciembre de 2023 determinaron que hubo afectación al derecho a la búsqueda, localización e identificación, a la verdad, al acceso a la justicia y otra serie fallas derivadas de este caso.
Pienso en el recorrido… en los muchos funcionarios, Ministerios Públicos, policías investigadores, actuarios, peritos, o cuanta burocracia se involucre, que vio pasar el caso y lo fue dejando al final de los montones de papeles que contienen denuncias; después se van a archivo, cajas de cartón color café a la que colocan cualquier número para ligarlo al listado que enuncia los expedientes… 
Pienso en el cansancio por la cantidad de trabajo rezagado, pero pienso más en la señora Natividad a quien recién conozco por foto y en la que aparece dirigiendo su mirada al suelo; la curvatura de sus ojos transmite una profunda tristeza, ¿cómo esperar otra cosa? Hace 14 años y 10 meses no sabe nada de su hija y su yerno.
La primera denuncia por estos hechos se presentó en Jalisco, el 18 de octubre de 2010, ante la entonces Procuraduría de Justicia de Jalisco; la encabezaba Tomás Coronado Olmos. A lo largo de casi tres sexenios, la institución no solo fue omisa: fue cómplice de una investigación abandonada, interrumpida y archivada. Ni la transición a Fiscalía General en 2013, ni el paso por la oficina de Luis Carlos Nájera, Eduardo Almaguer, Marisela Gómez Cobos, Raúl Sánchez Jiménez, Gerardo Octavio Solís o Luis Joaquín Méndez, logró cambiar la inercia de inacción… hoy está Salvador González con escasos siete meses y semanas en el cargo, pero con carrera dentro de esta institución, reitero, rebasada.
Doña Natividad Guerrero, madre de Dalia y suegra de Luis Ramón, estará presente cuando el Estado le ofrezca disculpas. Su sola presencia debería incomodar a quienes construyeron sus carreras ignorando expedientes como el suyo, archivados en esas cajas de cartón color café.

Disculparse tres lustros después

No es la primera vez que un gobierno promete llevar la cultura a las aulas, pero sí es la primera que Jalisco anuncia que todas las primarias y secundarias públicas tendrán clases de música como parte de su plan de estudios. El gobernador Pablo Lemus presentó la medida como una apuesta para que el Estado sea “referente cultural a nivel mundial”. ¿Está mal querer más arte en las escuelas? Claro que no, de hecho, es urgente.
Prometer aulas con instrumentos y remodelar 920 escuelas suena ambicioso. Sin embargo, según el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, casi el 15% de los planteles en Jalisco no tienen conexión al agua potable, y 25% carece de sistema de drenaje. ¿Llegará la flauta antes que la plomería?
Además de imaginar salones con guitarras, sería bueno garantizar baños funcionales, techos seguros y agua potable. El reto es que se mantenga la apuesta por la cultura y a su vez también resolver lo básico en una política que logre lo integral de la dignificación del estudiante a fin de que Jalisco sea ese polo cultural con compromiso sostenido.
La cultura no debe llegar al final de la lista de prioridades, sino entrelazarse con otras necesidades esenciales. Que este impulso no se quede en discurso: si vamos a formar músicos, artistas y ciudadanos sensibles, empecemos afinando desde lo más básico. Que se construya y no se improvise.

Flautas y tuberías en armonía

Jonás

Karla Planter: postura firme ante las protestas

Miguel De La Rosa Figueroa

El acecho a los espacios verdes

Juan Pablo Colín

El amparo. ¿Cae la línea de defensa ciudadana contra el poder?

Mi pecho no es bodega

José Manuel Romo Parra

El grito de Amalia 66 años después

En el discurso oficial, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quedará como el que declaró la “lucha frontal contra la corrupción”. Esa fue su bandera política y su reiterado motor narrativo. El tiempo avanza, llegó el segundo piso de la 4T y la realidad se impone: el sexenio de AMLO terminó dejando casos de corrupción tan graves y visibles como los que alguna vez prometió erradicar.
El huachicol fiscal es el ejemplo más claro. No se trató de perforaciones u ordeñas clandestinas en ductos, sino de un entramado en aduanas donde el combustible ingresaba con facturas falsas para evadir impuestos millonarios. Todo bajo la supervisión de la Marina, institución que el propio presidente presumió como garante de honestidad. La participación de marinos, empresarios y agentes aduanales revela que la corrupción se infiltró en el mismo aparato que debía combatirla.
Para la acción de blanqueo de los capitales, la Fiscalía General de la República investiga a Vector, el banco fundado por Alfonso Romo, empresario no cercano, sino cercanísimo a López Obrador. Fue el jefe de la Oficina de la Presidencia en los años de arranque de su sexenio e invariablemente el hombre que logró que la iniciativa privada de mayor calado en México dejara de hacer muecas a AMLO cuando candidato. La FGR no ha presentado una imputación formal en contra de Romo, pero el solo hecho de que se le vincule en pesquisas de este calibre algo ha de significar.
No olvidemos el caso Segalmex, diseñado como emblema social y convertido en el fraude alimentario más grande en la historia reciente. De modo que la corrupción en el sexenio pasado no fue anecdótica, peor aún, fue estructural: se coló en áreas vitales como energía, alimentos y finanzas. Y aunque hoy se hable de detenciones y cateos, lo cierto es que la raíz sigue intacta.
En este contexto, el discurso reciente del titular de Marina durante el desfile del 16 de septiembre puede leerse como un deslinde: reconocer errores, marcar distancia frente al pasado inmediato y enviar una señal de ruptura. Pero aún está por verse si es un quiebre real o simplemente un acto simbólico para oxigenar la narrativa del gobierno de Claudia Sheinbaum.
La 4T prometió cortar de raíz la corrupción; lo que vemos es que floreció con nuevas formas. Si el actual gobierno quiere diferenciarse, deberá procesar a los responsables de estos esquemas sin importar su rango o cercanía al poder. De lo contrario, todo se reducirá a lo mismo: discursos de cambio en medio de un pantano cada vez más profundo.

AMLO y el huachicol del sexenio