Jonás

Con motivo del Desfile Militar del 16 de Septiembre, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de la Marina mexicana, tomó la palabra en una coyuntura especial y aseguró que el escándalo de corrupción en el que han sido descubiertos notables integrantes de la institución ha sido “muy duro de aceptar”, pero hubiera sido “absolutamente imperdonable callarlo”. El titular de la Marina aseguró que la corrupción “no encontró lugar ni abrigo” con ellos.
El caso de la multimillonaria corrupción denunciado públicamente por el secretario de Seguridad del país, Omar García Harfuch el pasado 7 de septiembre, dejó en evidencia a la Marina y a las Fuerzas Armadas del país. 
Primero el fiscal de la república, Alejandro Gertz, y después la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, intentaron minimizar lo sucedido al asegurar que el anterior secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, denunció personalmente la corrupción que involucró a sus sobrinos políticos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. Pero el descrédito y los hechos son más potentes que los discursos. 
Por eso, la Marina está en una crisis interna.
Al paso de los días se ha calculado que el “huachicol fiscal” le ha costado a las finanzas nacionales miles de millones de dólares. 
También ha evidenciado que había conocimiento en el gobierno federal de las irregularidades en las que participaban los integrantes de la Marina, empresarios y directivos de Aduanas, al menos durante los dos últimos años del gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador… y no se hizo nada.
Adicionalmente, se ha filtrado a los medios de comunicación que José Rafael Ojeda no sólo no frenó a sus sobrinos, sino que encabezó una serie de castigos a quienes los denunciaban, y se mantuvo en la línea de concederles ascensos en la estructura de la institución.
Y claro, no puede aceptarse como “coincidencia” que dos integrantes de la Marina, Abraham Jeremías Pérez Ramírez y Adrián Omar del Ángel Zúñiga, hayan muerto precisamente después de las denuncias y detenciones presentadas por el secretario de Seguridad, el primero en un suicidio y el segundo en un accidente durante un ejercicio de tiro en Sonora. Los dos ejercían cargos directivos en aduanas en Altamira, Tamaulipas, y Manzanillo, Colima, respectivamente.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado públicamente que haya una trama de corrupción de ese tamaño e intenta exculpar a José Rafael Ojeda y al ex presidente López Obrador. A ella se le une el fiscal Alejandro Gertz Manero. El secretario García Harfuch se limita a informar de las acciones legales y las investigaciones.
Pero ante el país y ante los integrantes de la Marina, el almirante Morales Ángeles sabe que los discursos políticos no serán aceptados. Por eso, ayer durante el Desfile Militar del aniversario de la Independencia, intentó lavar la profunda y negra mancha de la corrupción.

La crisis de la Marina por el huachicol

En fechas de festejos patrios como la de hoy, tome en cuenta este nombre desconocido: Alicia Matías Teodoro. Seguramente no le dice nada, no le recuerda a nadie. No tenía miles de seguidores en redes sociales ni pretendió nunca ser youtuber ni influencer. Era una mujer de 49 años y tenía un trabajo humilde que le permitía sacar adelante la mayoría de los gastos cotidianos. 
A esa edad ya era abuela, y como la mayoría de las abuelas mexicanas, apoyaba en el cuidado de sus nietos.
Involuntariamente –y seguro si le hubieran preguntado jamás habría querido la fama que ahora la envuelve– alcanzó notoriedad nacional. El 10 de septiembre, un miércoles cualquiera, mientras cuidaba a su nieta en Iztapalapa, una pipa cargada de gas LP volcó en el Puente La Concordia al transitar por la Calzada Ignacio Zaragoza. Explotó y el gas que se expandía rápidamente quemó a su paso a vehículos y personas.
La señora Alicia Matías abrazó a su nieta. La cubrió con su cuerpo para protegerla y después, pasado el incendio en el aire, empezó a caminar por la avenida pidiendo auxilio. Tenía quemaduras graves en el 90% de su cuerpo y la ropa quemada se le caía junto con tiras de piel chamuscada. No se detuvo hasta que un policía le quitó a la niña de los brazos y se trepó con un motociclista para que lo llevara a entregar a la criatura en un hospital. También la bebé estaba herida, pero el daño fue menor y hoy está fuera de peligro, recuperándose.
Su abuela murió el 12 de septiembre. No resistió el daño de las quemaduras. 
Hasta ayer, 14 personas habían muerto después de la explosión, abrazados por el gas ardiente. 39 personas siguen hospitalizadas y otras 30 habían sido dadas de alta. 
Sin ceremonias, sin homenajes, es la abuela heroína.
Alicia Matías no sólo rescató a su nieta, envió un mensaje de esperanza y convicción. 
Seguramente, millones de madres y abuelas en México harían exactamente lo mismo por los suyos sin dudarlo dos segundos. 
¿Alicia Matías aceptaría un homenaje? Lo más probable es que no. Su sentido del deber, herencia de su cultura y sus antepasados, no se compra.
En un momento histórico como el actual, en el que los mexicanos padecemos una crisis de violencia e identidad, el potente mensaje de Alicia Matías trasciende fronteras y seguro puede llegar hasta donde dicen que de México llegan sólo delincuentes. 
Desde aquí, el mayor y más sincero reconocimiento a la abuela heroína, a Alicia Matías que encarna en silencio lo mejor de los mexicanos.

La abuela heroína

La semana pasada sorprendieron, dentro de la Universidad de Guadalajara y entre la sociedad en general, algunos enfrentamientos estudiantiles y tomas de edificios en la Universidad de Guadalajara. En primera instancia, se reconocieron oficialmente los conflictos en los centros universitarios de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), de Ciencias de la Salud (CUCS), de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) y de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA). En redes sociales se difundieron videos de enfrentamientos a golpes entre “estudiantes” del CUCSH.
Y la preocupación ha crecido desde entonces. 
Sorprendentemente, sólo ha hablado del tema, de manera pública y ante los medios de comunicación, el secretario general de la Universidad, César Barba Delgadillo.
Pero así, abiertamente, sorprende más el silencio de la rectora Karla Planter. Y también llama la atención que no se pronuncien personales como José Trinidad Padilla López y Tonatiuh Bravo Padilla, ambos ex rectores generales y el segundo, diputado local en funciones. 
Y naturalmente, hay personajes que ejercen un notorio liderazgo público, como la ahora rectora del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), Mara Robles, que no se han pronunciado en ningún sentido.
En términos de exigencias, los “estudiantes en formato de protesta”, llamémoslo así, piden nada menos que la eliminación de las elecciones para la integración del Consejo General Universitario (CGU) y la desaparición de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).
Pero son muchas las preguntas a responder. 
Comencemos por lo obvio: ¿Quiénes protestan? ¿Quiénes los dirigen? ¿Con qué intereses auténticos y cuáles son inconfesables? ¿De verdad, están involucrados grupos políticos ajenos a la Universidad? Se antoja imposible. 
Primero, quienes protestan se ostentan miembros de grupos desconocidos que retoman conceptos como “revolucionarios” o “auténticos”.
Eso los descalifica de entrada. ¿Revolucionarios? ¿De qué, de qué revolución hablan? Y después, en lugar de ser honestos y abiertamente universitarios, dan su pelea a golpes y encapuchados. De nuevo se autodesacreditan. 
Después de la muerte de Raúl Padilla López (2 de abril de 2023), la Universidad estuvo en la posibilidad de una crisis interna que pudo haber derivado en una descomposición interna. Pero las élites de poder hicieron acuerdos. Y han sido efectivos hasta ahora.
¿Actores políticos externos? ¿De dónde, del gobierno del Estado y de Movimiento Ciudadano, de los debilitados PAN y PRI, del desaparecido PRD? No. A la UdeG no le amenaza nadie desde fuera. 
Lo más probable es que alguien o algunos actores internos no estén cumpliendo compromisos y ello haya sacado de sus casillas a otros liderazgos. Por eso las protestas y las tomas de centros universitarios. 
Pero obsérvenlo bien todos ellos.
La Universidad de Guadalajara está ahora muy lejos de los años 80 y 90 del siglo pasado. Si la etapa de José Guadalupe Zuno ya está en la historia, también están por escribirse las historias formales de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG). En igual situación están las etapas de los Ramírez Ladewig y Raúl Padilla López. Son HISTORIA. 
La Universidad de Guadalajara está llamada a insertarse y empujar a Jalisco en esta dinámica, en la carrera mundial de la tecnología; si Jalisco se despega en el desarrollo económico, social y político, del promedio de república mexicana, será gracias al impulso de la UdeG, o no será.
La UdeG tiene presupuesto constitucional, tiene el apoyo de la élite política en el gobierno y no puede, no puede, dejarse llevar por conflictos internos de poca estofa. 
Después del acuerdo político que sobrevino a la muerte de Raúl Padilla, todos los actores internos están obligados a la pluralidad y el crecimiento académico. No puede ser de otra manera.

¿De qué tamaño es el problema en la Universidad de Guadalajara?

El terremoto que sacude a la Iglesia de la Luz del Mundo parece haber dejado pasmadas a las autoridades de Jalisco. 
Naasón Joaquín García, actual líder de esta asociación religiosa, purga una condena de 16 años en los Estados Unidos por un juicio que se desarrolló en el Estado de California. Pero nuevas acusaciones, ahora del gobierno federal estadounidense, provocaron que fuera trasladado a la ciudad de Nueva York, donde enfrentará un nuevo juicio que puede conducir a cadena perpetua.
Pero más sorprendente aún, es que haya sido detenida su madre, Eva García de Joaquín, una mujer de 79 años de edad y que como esposa de Samuel Joaquín Flores, se señalada entre otros delitos, de haber sujetado a una niña para que su cónyuge pudiera violarla. 
Las acusaciones de la fiscalía en Estados Unidos no sólo apuntan a Naasón Joaquín García, su padre Samuel Joaquín Flores y su abuelo Eusebio Joaquín González, también alcanzan a su madre Eva García y cercanos colaboradores como Joram Núñez Joaquín.
Los delitos de los que son acusados en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, se presentan así en un resumen público: “Coaccionar y abusar sexualmente de niñas, niños y mujeres; delitos financieros; obstruir las investigaciones penales sobre sus fechorías. Los acusados y sus cómplices llevaron a cabo este plan durante décadas, abusando de generaciones de miembros de la Iglesia y destruyendo luego las pruebas para obstaculizar su detección por parte de las fuerzas del orden de cumplimiento de ley. Los acusados y sus cómplices utilizaron la iglesia como vehículo para cometer tráfico sexual de mujeres y niños; inducir a las víctimas, incluyendo niños y niñas, a viajar para participar en actos sexuales forzados e ilegales; producir, recibir, distribuir y poseer pornografía infantil; emplear trabajo forzoso de miembros de la Iglesia; estructurar ilegalmente transacciones en efectivo y contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo; y obstruir la justicia para ocultar sus delitos”. 
La exposición es terrorífica.
Es evidente que los abusos cometidos a personas de buena fe, en un contexto religioso, adquieren una dimensión especial ante la sociedad. El daño rebasa por mucho lo que pueda relacionarse con patrimonio o recursos económicos. 
Al margen de lo que ocurra en los meses siguientes mientras se desarrollan los juicios, cabe otra vez avergonzarse por la nula acción de las autoridades en Jalisco y en México. 
¿Por qué actúan los fiscales en Estados Unidos? Porque de los delitos que se apuntan, muchos ocurrieron en territorio norteamericano. La Luz del Mundo se ha extendido al otro lado de la frontera. 
La duda es una exigencia: ¿Seguirá el silencio sobre todo esto en nuestro propio país?

La familia Joaquín y el silencio en México

El 2 de septiembre pasado, 30 gobernadores del país, incluido el de Jalisco, participaron en la Ciudad de México en una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. En ese evento, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, lanzó una afirmación que modifica radicalmente la estrategia de seguridad que había establecido la “cuarta transformación”: “El futuro de la seguridad en México, depende del fortalecimiento de la policías estatales y municipales”. 
García Harfuch agregó como argumento de respaldo, que el 96% de los delitos que ocurren en el país es del fuero común.
Se trata de una revisión total del modelo de seguridad que por la fuerza política de su mayoría legislativa, impuso a partir de 2018 el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien con su argumento de corrupción y ahorro, eliminó el presupuesto federal para las policías municipales, a la par que obligó a establecer la Guardia Nacional con una reforma en la que se especificó una característica que nunca se cumplió: los integrantes de la Guardia Nacional serían también, policías de proximidad. En la más reciente reforma, de hecho, se especificó que podrían actuar como agentes del Ministerio Público.
Evidentemente, al contrastar los resultados al término del sexenio, el modelo fracasó. 
Aunque evita mencionarlo y en su discurso público aún mantiene veneración a la figura de López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum se convierte ahora, a través de García Harfuch, en la rescatadora de las policías municipales del país.
En los hechos, el concepto de colaboración entre los tres niveles de gobierno en el combate a la delincuencia, la violencia y la inseguridad, retoma la ruta legal que por décadas se ejerció en México: la tarea de seguridad y policía de primer contacto debe ser ejercida por fuerzas civiles, no militares.
Se ha emprendido el camino de regreso, que nunca debió torcerse. 
Ayer mismo, en la Ciudad de México, un nuevo evento refuerza esta ruta de trabajo, porque tanto la presidenta Sheinbaum como el secretario García Harfuch recibieron al gobernador Pablo Lemus y a los presidentes municipales de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, y de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, para revisar la estrategia de seguridad en un polígono de la ciudad en donde coinciden los dos municipios y donde se registran la mayoría de los delitos violentos y patrimoniales. 
El alcalde Quirino Velázquez refirió que entre las estrategias acordadas, el secretario García Harfuch estableció un presupuesto específico para capacitar y equipar a los policías municipales.
No se habla, todavía, de retomar ninguno de los programas federales de financiamiento a las policías de los estados y los municipios, pero la ruta está claramente marcada, en la medida que se atiendan los municipios donde se generan más hechos de violencia e inseguridad en el país.
Si la presidenta Sheinbaum le instruye a García Harfuch el proyecto de combatir al crimen organizado y pacificar al país, y para ello le da facultades legales y presupuestales, se retomará lo que nunca debió perderse: fortalecer a las policías municipales y estatales.

¿Sheinbaum al rescate de las policías municipales?

El temporal de lluvias de este año está rompiendo todas las marcas. Cada tormenta, sin excepción, está causando inundaciones en la ciudad.
La mayoría se corrigen en unas cuantas horas, pero las hay que se convierten en catástrofes para la movilidad, como la que azotó el Sur de la ciudad en la tarde y noche del lunes 8 de septiembre, y literalmente paralizó avenidas como Adolfo Horn y Jesús Michel González, que son vías alternas para llegar o salir de Tlajomulco. El tránsito se concentró en Avenida López Mateos y se paralizó. 
Para acceder de la zona de Tlajomulco a la ciudad, los automovilistas tardaban de dos a tres horas.
Por Avenida López Mateos se veía a las personas caminando para llegar a su lugar de trabajo, a las escuelas o bien, cruzar el Periférico para tratar de encontrar otro medio de transporte. No utilizaban el transporte público porque los camiones también estaban atorados en el tráfico.
Desde que empezaron las lluvias, en la ciudad se habla de los temas de parálisis vial. Hace unas semanas se manejó la versión de construir un drenaje profundo que pueda recibir las enormes cantidades de agua. No se ha vuelto a recuperar el tema.
La discusión pública pasa ahora por construir un segundo piso o viaducto en Avenida López Mateos, y alternarlo con mayor transporte masivo. También hay una propuesta para que se construya un enorme túnel de 35 kilómetros de longitud. 
Los proyectos y las ideas van y vienen.
La realidad es que las autoridades (gobierno del Estado y gobiernos municipales) están esperanzadas en que ya terminen las lluvias. El año 2025 ha sido tortuoso, pero todo apunta a que este fenómeno se repetirá en 2026, cuando la ciudad espera recibir hasta tres millones de turistas con motivo de la Copa Mundial de Futbol y todas las actividades que se están preparando.
No estamos a ciegas: en el Área Metropolitana de Guadalajara se cuenta con un Mapa Único de Inundaciones, que describe 363 puntos de inundación que se han sumado con el paso de los años. De 2024 a 2025 se anexaron tres zonas de inundación en Tonalá, Tlaquepaque y Zapotlanejo.
Sin embargo, el mapa de inundaciones sólo es una herramienta de recuento. 
La ciudad se enfrenta a una serie de circunstancias que la condenan a que la historia se repita el año entrante y varios años más, si no se aplican medidas.
Están los frentes de obras en vialidades como Camino Real a Colima, Jesús Michel González y Adolfo Horn, además de Carretera a Chapala. Mientras estas vías no estén concluidas, no podrán ser rutas alternas para Avenida López Mateos. 
Sigue detenida la Línea 4 del Tren Ligero, que aliviaría en gran medida la demanda de movilidad de decenas de miles de personas en el Sur de la ciudad.
Los proyectos que se han manejado, como drenaje profundo, túneles o viaductos, para brindar más espacio de uso para el transporte público y privado, serán muy costos y tomarán años en construcción; hay que empezar ya. A menos que decidan esperar hasta pasado el evento deportivo del Mundial 2026. 
Mientras tanto, seguimos en la crisis de movilidad, con picos de intensidad y períodos de reducción, pero permanente.

Inundaciones en Guadalajara

Después que el domingo se confirmó la detención de 14 personas, entre éstas Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del extitular de la Marina en la administración de Andrés Manuel López Obrador, en un operativo que ataca una red de corrupción del “hauchicol fiscal”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lanzó una promesa en su rueda de prensa diaria: “Cero impunidad en el combate a la corrupción”. Y vital para ella y para su administración que este compromiso se cumpla.
El tema no quedó en los 14 detenidos, entre quienes figuran cinco integrantes de la Marina mexicana, empresarios y funcionarios de aduanas. No terminó ahí porque unas horas después se dio cuenta de que un capitán de la Marina, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, responsable de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, se suicidó luego de conocer que había sido denunciado como parte del entramado de corrupción del “hachicol fiscal”. No había orden de aprehensión en su contra, pero no quiso esperar a que sucediera.
Además, se anunció desde ayer que se liberarán más de 200 ordenes de aprehensión contra funcionarios de las aduanas, personal militar con responsabilidades administrativas y más involucrados en el manejo fraudulento de combustibles, que durante años han sangrado con miles de millones de pesos a las arcas públicas de la federación.
En estas mismas líneas, ayer, se subrayaba que quedó comprobado: sí hay corrupción en las instituciones militares mexicanas. Quedó derribado el postulado del expresidente López Obrador, en el sentido de que las instituciones de la milicia mexicana eran incorruptibles. Y aunque se corrompen las personas, no las instituciones, se puede enfatizar que al otorgarles tareas y facultades administrativas y de manejo de recursos multimillonarios, se les expuso innecesariamente a la corrupción. 
El compromiso de la presidenta Sheinbaum es imperativo.
Los cuestionamientos al desempeño de los militares mexicanos en obras de infraestructura, en administración de puertos y aduanas, y en el manejo de recursos millonarios, ya se habían hecho públicos desde la administración anterior. 
El gobierno de Claudia Sheinbaum, impulsada por las circunstancias imperantes –particularmente las exigencias de la administración Trump– ha cambiado radicalmente la política de “abrazos, no balazos”.
Y al comprometerse a continuar con las investigaciones, las detenciones y los procesamientos judiciales, le regresa sentido a la lucha contra la corrupción, que en el sexenio anterior se convirtió en un discurso hueco y manipulador. 
Sólo en el tema del “hauchicol fiscal” pueden ser muchos más de 200 los inculpados.
Y la corrupción puede empezar a detenerse, aunque no desaparecerá mágicamente, como lo presumió en sus mañaneras el expresidente. 
Es la última oportunidad que tiene la presidenta del país para que, con el apoyo del secretario Omar García Harfuch, se le infunda un poco de la credibilidad perdida al discurso oficial.

Cero impunidad: la promesa de Sheinbaum

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, hizo ayer un anunció que revienta el inicio de la semana: fueron detenidas 14 personas por participar en el “huachicol fiscal”. Entre éstos, figuran empresarios, funcionarios de aduanas e integrantes de la Marina, activos y retirados; pero quien más destaca es el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, identificado como sobrino del exsecretario de la Marina en la administración del gobierno lopezobradorista, Rafael Ojeda. 
Había sido comandante en la duodécima Zona Naval del país, que se ubica en Puerto Vallarta.
La detención de este grupo de personas se deriva de las investigaciones que se realizan desde que en marzo pasado, fue detenido un buquetanque con 10 millones de litros de hidrocarburo que era una pieza más en una larga cadena de tráfico de combustible, con la participación de funcionarios del más alto nivel. 
La detención de Farías Laguna se convierte en el golpe más sonado contra la corrupción de altos mandos durante la gestión de los gobierno emanados de Morena.
Las pruebas son contundentes y derriban la hipótesis del expresidente López Obrador: los integrantes de la milicia sí son susceptibles de corromperse. Y debe actuarse en consecuencia.
El secretario García Harfuch se apresuró, al anunciar el resultado del operativo de inteligencia y colaboración con diferentes dependencias, a disculpar a Rafael Ojeda, quien ocupara el más alto cargo de la Marina mexicana en el sexenio anterior: “El actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de esta honorable institución”, subrayó, en un intento oficial para restarle descrédito a la Marina mexicana. 
Farías Laguna y los cuatro restantes marinos detenidos tendrán que responder por sus actos. La justicia se aplica individualmente. Y efectivamente, la Marina mexicana no cometió delito alguno. Los cometieron individuos que se dejaron tentar por la ambición del dinero abundante y gratuito, quienes decidieron permitir trámites irregulares en el trasiego de millones de litros de combustible.
Más allá de cómo resuelve García Harfuch en el discurso, lo cierto es que con la primera prueba de corrupción e infiltración de la delincuencia en los cuerpos militares, se puede sospechar de toda la actividad en la que están involucradas la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina: obras de construcción, administración de aeropuertos, compras millonarias para actividades específicas y desde el sexenio pasado, la administración de todos los puertos y aduanas, que son las puertas por las que sale e ingresa la mercancía que con valor de miles de millones de dólares, se comercializa en México.
Andrés Manuel López Obrador se impuso con sus ideas restrictivas y simplistas: la milicia se introdujo en todas estas actividades por su inmunidad a la corrupción. Es falso. Siempre se supo. No son las instituciones, sino los individuos, quienes se corrompen. 
Las cúpulas militares del país deberán analizar la posibilidad de iniciar el retiro de su participación en todas estas actividades que ponen en riesgo su actividad y su prestigio. Es su deber si pretenden sobrevivir a la corrupción que afecta a todos los órganos públicos en el país.

Corrupción en la Marina y en las aduanas

Miguel De La Rosa Figueroa

El acecho a los espacios verdes

Juan Pablo Colín

El amparo. ¿Cae la línea de defensa ciudadana contra el poder?

Mi pecho no es bodega

Hiram Espinoza de los Monteros

AMLO y el huachicol del sexenio

Arturo Garibay

Robert Redford: Una despedida

Después de una semana de haber iniciado las protestas de grupos estudiantiles dentro de la Universidad de Guadalajara, la rectora general de la institución, Karla Planter Pérez, apareció públicamente en las redes sociales a presentar su respuesta a las demandas de quienes se dicen integrantes de la Universidad y se han manifestado: hay disposición al diálogo y también a atender las peticiones que son razonables.
La rectora, sin embargo, descartó tajantemente que se vayan a atender algunas solicitudes que a primera vista están fuera de lugar, como el establecimiento de espacios para el consumo de mariguana en centros universitarios y eliminar el proceso electoral para la integración del Consejo General Universitario.
Sobre lo primero, indicó que la Universidad es un espacio de conocimiento, de modo que no hay posibilidad de aceptar la petición para lugares de consumo de cannabis.
Sobre anular la elección interna, indicó que no es posible porque atenta contra los derechos de los 360 mil integrantes de la Universidad. 
En un punto específico que también ha estado presente en las demandas: la desaparición de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), la rectora indicó que la organización estudiantil no solamente seguirá, sino que además ha sido artífice para logros universitarios como el descuento en las tarifas de transporte público para estudiantes y la defensa de la Universidad en diferentes episodios de la vida reciente del Estado de Jalisco.
Lo que se puede ver de inmediato es que Karla Planter cierra filas con el grupo universitario que es dominante en los órganos de gobierno de la institución educativa, pero además subraya que no se permitirá la intromisión de agentes externos que se aprovechan de las causas legítimas de los estudiantes para fines políticos ajenos a la institución educativa. 
Mientras la rectora difundía este mensaje, seguían algunas protestas ahora en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI).
Lo que se puede sacar en claro del mensaje de la rectora, es que no hay intención de obtener una reconciliación a cualquier costo con quienes protestan, aunque se les dará espacio. Pero además, se subraya que hay actores externos a la Universidad. Era necesaria la respuesta y el posicionamiento oficial de la primera rectora de la UdeG, que también ha logrado el consenso y el apoyo del Gobierno del Estado.
Todo indica que las protestas terminarán por diluirse y cuando sean atendidas algunas de las demandas que se inserten en la propia agenda universitaria, pero que no modifiquen su estructura y los acuerdos políticos que le han dado estabilidad desde hace décadas. 
Realmente, los grupos internos de la Universidad que están en contra del “establishment” actual, tendrán que buscar por la vía de elecciones y la competencia interna, y no de las protestas, insertarse en la toma de decisiones.

Karla Planter: postura firme ante las protestas