Carlos Palacios

En el Congreso de la Unión, no todos los votos pesan igual. Hay decisiones que marcan el rumbo de un país, y la aprobación del paquete de reformas en materia de ingresos para 2026 fue una de ellas. Voté a favor de la propuesta que nos envió la presidenta Claudia Sheimbaum, porque estoy convencido de que México necesita una política fiscal con rumbo, con responsabilidad y, sobre todo, con rostro humano.
Mientras la oposición intenta sembrar miedo con discursos de endeudamiento o crisis, la realidad es clara: el país proyecta ingresos por 10.19 billones de pesos, casi 900 mil millones más que el año anterior, sin crear nuevos impuestos ni aumentar el IVA o el ISR. Esa es la diferencia entre gobernar con visión y simplemente criticar desde la comodidad de la oposición.
Estas reformas no nacen del capricho, sino de fundamentos sólidos: estabilidad cambiaria, control inflacionario y un manejo prudente del endeudamiento público. En 2026, el déficit se reducirá al 4.1% del PIB, muy por debajo del 5.7% de 2024. Eso no es endeudamiento irresponsable, es disciplina fiscal.
Además, el paquete fortalece el combate a los fraudes fiscales y al comercio ilegal de hidrocarburos, prácticas que tanto daño le han hecho al país –como ya lo he dicho, la lucha contra la corrupcion va en serio–. Por cada empresa fantasma que se elimina, se recuperan recursos que se traducen en escuelas, hospitales, becas y caminos. No se trata solo de números, sino de justicia fiscal. 
Pero esta reforma también tiene corazón. Por primera vez, se establece tasa cero para productos de higiene menstrual, una medida que atiende una demanda histórica de las mujeres mexicanas y que avanza hacia la equidad real. Igualmente, se desincentiva el consumo de bebidas azucaradas y tabaco, apostando por la salud pública y no por la recaudación fácil.
El paquete de ingresos también simplifica obligaciones fiscales para las pequeñas empresas, promueve la repatriación de capitales y fortalece las participaciones federales hacia estados y municipios. Es decir, más recursos donde realmente se necesitan. 
En política, hay decisiones que se toman mirando los titulares del día siguiente, y otras pensando en el país que queremos dejar a nuestros hijos. Esta fue una de esas segundas. Con responsabilidad y visión, votamos por un México que avanza con estabilidad, equidad y certidumbre.
Hoy reafirmo mi voto con orgullo y el de toda la bancada del movimiento transformador, porque aprobar este paquete no fue un acto partidista, sino patriótico. Apostamos por un Estado fuerte, justo y moderno. Y en tiempos de confusión, eso también es un acto de valentía. 
¡Por el bien de todos, por el futuro de México!

Una política fiscal con rumbo y con rostro humano

La semana que termina, en la Cámara de Diputados aprobamos una reforma que puede transformar de raíz el sistema jurídico mexicano. Se trata de modificaciones a tres pilares fundamentales: la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Más allá de su complejidad técnica, el dictamen encierra una convicción profunda: convertir la justicia en un derecho real y accesible para todas y todos los mexicanos.
La iniciativa, impulsada por la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, pretende dejar atrás un modelo judicial burocrático, elitista y costoso. En su lugar, propone una justicia moderna, digital y con sentido social. Por primera vez, el juicio de amparo digital será una realidad: expedientes electrónicos, notificaciones en línea y trámites digitales con plena validez jurídica. Este cambio no solo reducirá tiempos y costos, sino que también aumentará la transparencia y la confianza en el Poder Judicial. 
Modernizar el amparo es, en el fondo, democratizar la justicia. Durante décadas, la defensa de los derechos fundamentales ha sido un terreno reservado para quienes podían pagar litigios largos y complicados. Con esta reforma, la tecnología se convierte en una herramienta de igualdad.
Otro punto crucial es la redefinición del interés legítimo. Sólo podrán promover el amparo quienes sufran una afectación real, individual o colectiva. Se acaban los abusos de quienes usaban esta figura para frenar políticas públicas o defender privilegios particulares. A la vez, se abre la puerta para que colectivos sociales y comunidades defiendan sus derechos de manera efectiva. 
La reforma también combate la dilación procesal. Los jueces tendrán mayores facultades para desechar recursos improcedentes y evitar tácticas dilatorias. Además, se amplía el plazo para dictar sentencia, con el propósito de garantizar resoluciones mejor fundamentadas y más justas.
En materia de medidas cautelares, se priorizará el interés social y el orden público, evitando que el amparo se utilice para proteger actos ilegales o recursos ilícitos. En el ámbito fiscal y administrativo, se cerrarán los espacios para litigios repetitivos e improcedentes, fortaleciendo la certeza jurídica y la eficiencia del Estado. 
Esta no es una reforma meramente técnica: es una reforma de justicia social. Una justicia más rápida, más clara y más humana. Si cumple lo que promete, marcará un paso decisivo hacia un México donde la justicia deje de ser privilegio… y se convierta, por fin, en un derecho al servicio del pueblo.

La justicia deja de ser un privilegio

El martes pasado participé en tribuna en el debate de la Ley Aduanera, previo a su aprobación. Esta histórica propuesta, enviada por la presidenta a la Cámara de Diputados y turnada a la Comisión de Hacienda, de la cual formo parte, marca un hito en la lucha contra la corrupción. En mi participación señalé diversos puntos, destacando la decisión que representa un antes y un después en este combate. Durante décadas, las aduanas han sido símbolo de corrupción, evasión fiscal, contrabando y subvaluación.
En relación con el contrabando y la subvaluación de mercancías no nacionales —recordemos que la subvaluación consiste en reportar menos mercancía de la que realmente ingresa para pagar menos impuestos—, también está el llamado “huachicol fiscal”. Esto ocurre cuando se ingresan millones de litros de gasolina al país, declarados bajo categorías de menor tributación, como aceites o lubricantes, con el mismo propósito de evadir impuestos.
Desde los años 80 se permitió y encubrió la subvaluación fiscal, especialmente de productos provenientes de China, lo que afectó los negocios de millones de familias mexicanas. Esta práctica casi acabó con la industria del calzado en el país. ¿Acaso hemos olvidado la zona zapatera de Guadalajara? ¿Y qué decir de las fábricas familiares de nuestra ciudad o de la industria textil, que sigue resistiendo con dificultad? No olvidemos que también se practicaba el “huachicol” con azúcar, leche, acero y juguetes chinos, afectando gravemente a nuestra industria del juguete mexicano, ¡de la que fuimos referente mundial!
Hoy se está luchando contra la corrupción aduanera desde su raíz, sin importar de dónde provenga. ¿Conocemos casos de altos mandos de aduanas investigados, detenidos o procesados por corrupción durante los sexenios de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón o Peña Nieto? Los partidos que se han opuesto a esta reforma —PRI, PAN y MC— temen perder el control sobre las 50 aduanas del país, donde durante años se construyeron redes de complicidad, impunidad y enriquecimiento ilícito.
Sostengo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha demostrado valentía y determinación al enfrentar uno de los focos más antiguos de corrupción en México, con la convicción de que sin honestidad no hay transformación posible. 
Para concluir, la reforma aduanera, que va de la mano del Plan México presentado por la presidenta y coordinado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, tiene como objetivo fortalecer el mercado mexicano, eficientar la recaudación, garantizar el pago justo de impuestos por las mercancías que ingresan al país, evitar el contrabando y fomentar la generación de empleos. Esta no es una reforma técnica más; es una reforma ética.
Por el bien del país, por el bien de todos y por el futuro de México.

Histórica decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la corrupción en las aduanas

El próximo 12 de octubre, la Universidad de Guadalajara cumple 100 años de su refundación. En ésta se instaló la Universidad que ahora conocemos como la más importante del Occidente del país, la segunda más grande de México. En este momento, la Universidad se encuentra en una crisis política que surge de las protestas de estudiantes.
Esta crisis, aunque intenten negarla, puede ser el síntoma de la exigencia de cambio por parte de estudiantes inconformes, no necesariamente agrupados, con ideas políticas propias. 
Debe recordarse que la Universidad ha tenido al menos tres etapas de marcados liderazgos.
La primera fue en su refundación y hasta la década de los años 60 del siglo pasado, con el FESO, Frente de Estudiantes Socialistas de Occidente; después llegó la Federación de Estudiantes de Guadalajara (FEG), que tuvo también una etapa de 30 a 35 años con fuerza política y alta influencia, y que surtió de cuadros políticos a la Universidad y al Estado de Jalisco.
La última etapa es la encabeza por Raúl Padilla López, un importante reformador en la Universidad. Entre paréntesis: puedo decir que fue el último político relevante a nivel nacional que ha tenido Jalisco.
En este período se crea la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) que fue una válvula de escape para que los estudiantes pidieran democracia a la FEG, algo que les costó sangre y muchas golpizas a los fundadores, que ahora son funcionarios universitarios. En esta etapa se avanzó mucho; hubo cambios importantes y logros innegables en la democratización de los procesos estudiantiles en la Universidad.
Advierto que al nacer la FEU, al comenzar los años 90, coincidió con reclamos de cambio en el mundo y en nuestro propio país; su aparición coincide con el nacimiento del Frente Democrático Nacional y el Partido de la Revolución Democrática (PRD). La izquierda electoral comienza a posicionarse para concretar el cambio. Ese impulso también se siente en la Universidad; los estudiantes piden democracia y la logran.
¿Qué es lo que puede estar sucediendo ahora? La inconformidad que se ha manifestado dentro de la Universidad puede ser un síntoma del agotamiento del modelo actual, y lo que pueden estar pidiendo legítimamente los estudiantes es que la propia Universidad rediseñe su modelo de representación estudiantil desde la base de los consejos universitarios y la participación vigente.
El modelo actual se origina 35 años atrás y es perfectible. Bien se pudiera adecuar a los tiempos y las exigencias; escuchar las voces disidentes de algunos estudiantes. No caería nada mal que dentro de algunos órganos de gobierno pudiera tener lugar esta representación discordante, porque podría aportar elementos importantes para los modelos educativos y los planes de estudio, y la forma de organización.
Tanto la rectora Karla Planter como el secretario general, César Barba; los rectores de centro y directores de escuelas, han participado activamente en procesos políticos dentro de la Universidad y antes estuvieron del otro lado, el de los estudiantes. Pueden recuperar la sensibilidad que tuvieron entonces para escuchar ahora y desde una posición crítica para con la democracia universitaria, admitir un viraje para que la Universidad siga siendo punta de lanza en los procesos y cambios del país, como lo ha sido ya, por ejemplo, con la Red Universitaria, que marcó un hito al llevar a la Universidad a todos los rincones del Estado.
Ahora se podría, también, marcar la pauta a otras universidades públicas sobre cómo reorganizarse y democratizarse sin permitir la intervención de agentes externos, y siempre respetando su autonomía y organizándose con los propios actores universitarios.
Quienes participamos en política sabemos que no hay enemigo pequeño y que no debe subestimarse a nadie, sino escuchar todas las voces para concretar cambios necesarios.
Una posdata: 
Hoy 03 de octubre, se cumplen cinco años de la partida de Claudio Palacios, mi padre. ¡Aquí sigo cuidando tu legado y cumpliendo con tus encomiendas!

Tiempo de cambios en los 100 años de la UdeG

Cada 21 de septiembre desde el año de 1981 se conmemora el Día Internacional de la Paz. En ese marco, el pasado martes 24 me reuní en la Cámara de Diputados con representantes de diversos ámbitos de la sociedad y de todas partes del país, para celebrar el Foro “100 Lideres por la Paz” convocados por Hiram Valdez presidente de COMNAPAZ –un jalisciense comprometido–, conscientes de que nuestro país atraviesa por una crisis de inseguridad y violencia profunda, producto de la herencia neoliberal, una política que a nivel internacional dejó una desmedida e inhumana devastacion que por décadas ha corroído el sistema político no solo de México. 
La herencia neoliberal nos dejó un mundo donde la explotación del hombre por el hombre para producir riqueza fue la constante. En la actualidad, los embates han impactado y degradado el tejido social, erosionado la confianza en las instituciones y afectado profundamente la calidad de vida de millones de personas.
Coincidimos en que es fundamental construir modelos integrales que atiendan el tema de la inseguridad “no con una perspectiva limitada de policías y ladrones”, sino con un modelo estructurado, focalizado y que afronte los factores generadores de violencia a través de la construcción activa de condiciones de justicia, equidad, participación social y bienestar colectivo, es decir, buscamos institucionalizar la paz como política pública “transversal, en los tres niveles de gobierno a través de una agenda común de paz desde la corresponsabilidad entre ciudadanía y Estado. Debemos dejar de pensar en las políticas públicas como instrumentos fríos y convertirlas en acciones cálidas, personales, donde el individuo sea el centro de las políticas, donde se desarrollen a partir de las necesidades individuales, personalísima. Debemos dejar de evaluar las políticas públicas con números, estadísticas, porcentajes y gráficas, y medir su efectividad por la satisfacción y la calidad de vida de las personas, reitero, en lo individual”.
Porque tal como lo indica la declaratoria de la ONU de 1999, “la paz no es únicamente la ausencia de conflicto, sino una construcción social activa, sostenida en valores, actitudes, comportamientos y estructuras que fomenten la convivencia armónica, el respeto a los derechos humanos, la equidad y la justicia. Esta declaratoria exhorta a los Estados a generar políticas públicas orientadas a educar, sensibilizar y actuar en favor de una cultura de paz”.
Es por ello que, derivado de los trabajos del foro 100 lideres por la paz, me he comprometido con COMNAPAZ, para impulsar la aprobación de un paquete de cinco iniciativas que van de la educación a la cultura y deporte. Comenzaremos los cabildeos necesarios y además, involucraremos a las comisiones respectivas para hacer posible hacer un cambio de fondo en el lenguaje y la vida cotidiana de todas y todos los mexicanos, donde la cultura de la paz sea el lenguaje activo y una filosofía de vida, por supuesto dentro del humanismo mexicano.

100 lideres por la paz

Allá por el año de 1542, se fundó nuestra noble y leal ciudad de Guadalajara, justo detrás del Teatro Degollado, donde se encuentra ubicada la estatua de Beatriz Hernández, a quien se le reconoce por ser la fundadora. A este espacio se le denomina “El lugar de la fundación”, de la ciudad más mexicana de México, nuestra “GUADALAJARA”.
Les platico que ese punto, en el Centro Histórico de la ciudad, es donde los primeros colonos de Guadalajara decidieron construir sus primeras casas. Fue ahí donde tomaron la determinación de mandar a vivir a sus sirvientes al otro lado del Río San Juan de Dios, lo que conocemos como el Barrio de Analco. Dicho cauce ahora se encuentra entubado debajo de la Calzada Independencia. Esa decisión creó, hasta hoy en día, una de las brechas sociales más marcadas y significativas desde aquel tiempo, denominada “de la Calzada para acá&#8221; o &#8220;para allá&#8221;. El poder político, económico y religioso se instaló en la parte Poniente de la metrópoli. Solo hay que revisar la geografía social de nuestra ciudad para reconocer lo evidente: la Catedral, el Palacio Municipal de Guadalajara, el Palacio de Gobierno, la Rectoría de la UdeG y el Congreso del Estado se encuentran en este sector de la ciudad.
Un dato más: en 2014, cuando se creó el programa &#8220;Mi Bici&#8221;, sólo se instaló un ciclopuerto cruzando la Calzada Independencia hacia el lado Oriente de la ciudad, y se encontraba afuera del Hospicio Cabañas. También podemos hacer la lista en negativo: ningún medio de comunicación, ya sea radio, TV o impreso, tiene sus instalaciones del lado Oriente de la Calzada Independencia; ningún partido político, el Supremo Tribunal de Estado, ninguna secretaría estatal o delegación federal, ningún juzgado. Eso sí, “de la Calzada para acá” se construyó la primera cárcel, la Antigua Penal de Oblatos, y también se mandó hacia acá lo que se conocía como la zona de tolerancia o zona roja, donde se ubicaron los burdeles de la ciudad. 
Los que nacimos y/o vivimos de la Calzada para acá tenemos clara la mala distribución de los recursos públicos en relación con el gasto que se da del otro lado de la Calzada. Aun cuando electoralmente somos más votantes “de la Calzada para acá&#8221;, los gobiernos, de todos los partidos que han gobernado Guadalajara, le han dedicado más recursos al lado Poniente, aun siendo evidente la brecha histórica, social y política.
“De la Calzada para Acá” vive la fuerza de trabajo de la ciudad; se encuentran las cicatrices más profundas de lucha de nuestra historia, como los Vikingos de San Andrés, Gante 22 de Abril, la Penal de Oblatos y sus historias oscuras. Se dice que lo que no se menciona no existe; es por esto que este espacio es una provocación para que, desde el Oriente de Guadalajara, visibilicemos la inequidad en el gasto público de nuestra ciudad y sigamos en la pelea por tener una ciudad más igualitaria de ambos lados de la Calzada. 
Por cierto, esperemos que, en el marco del Mundial de Futbol 2026, las autoridades estatales y de Guadalajara no olviden darle una manita de gato a los espacios públicos en la Zona Oriente.
P.D.:.Esta columna llevará por nombre &#8220;De la Calzada para Acá&#8221; en reconocimiento a las profundas desigualdades que persisten en nuestra ciudad y a la necesidad de visibilizar las realidades que enfrentamos quienes habitamos en el lado Oriente de la Calzada Independencia. A través de este espacio, buscaremos dar voz y mostrar las luchas, las historias y las inquietudes de nuestra comunidad, así como cuestionar la distribución de recursos y la atención que se otorga a ambos lados de la Calzada. Es un llamado a la reflexión y a la acción, para que juntos trabajemos por una Guadalajara más equitativa y justa para todos.

Las razones “De la Calzada para Acá“

En el transcurso de la historia moderna de nuestro país, la democracia ha tomado rumbo a partir de las reformas políticas y electorales que se han llevado a cabo desde las cámaras, con la participación de diversos sectores de la sociedad, como universidades, iniciativa privada, movimientos sociales, sindicatos, medios de comunicación y, por supuesto, los partidos políticos.
Desde que su servidor tiene memoria política, cada sexenio se lleva a cabo una reforma electoral que ha aportado diversos aspectos que han fortalecido la vida democrática de nuestro país.
Cada uno de los actores mencionados trata siempre de impulsar su interés o agenda. Cada reforma política ha proporcionado fundamentos democráticos y líneas discursivas para continuar en la vía de la transformación.
La discusión sobre la futura reforma electoral que se encuentra en construcción no es la excepción. Sin embargo, mientras una buena parte de la comentocracia y la oposición no dejan de gritar que somos una dictadura y que seremos una peor —lo cual estoy convencido de que es una falacia—. Quienes por años hemos participado de una forma u otra en la discusión de las reformas pasadas, nos encontramos ya en la prospectiva.
Los foros y diálogos ahora empiezan a tomar forma con temas prioritarios en la agenda de la reforma. Creo, hasta ahora, que el tema dominante es la elección de los “pluris” o diputados de representación proporcional.
Pluris: ¿de dónde venimos y a dónde vamos?
La representación proporcional nació como una válvula de escape para que la oposición de izquierda de los años 60 y 70 —en particular los jóvenes politizados— regresara a participar en la vida política, partidista y democrática, tras las represiones contra estudiantes, sindicatos y campesinos que provocaron levantamientos armados y grupos guerrilleros en diferentes regiones del país en esa época.
Este modelo de representación proporcional logró inicialmente sus objetivos: el regreso de los jóvenes a la vida democrática y la pluralidad en la Cámara de Diputados. Con el paso del tiempo, este modelo de representación proporcional o plurinominal sufrió cambios y, como suele suceder, los espacios disponibles fueron ocupados casi exclusivamente por las cúpulas de los partidos.
Aunque los partidos han utilizado estos espacios para que también sus mejores y más especializados cuadros lleguen a las cámaras, también han sido utilizados por las cúpulas partidistas y grupos de poder, lo que ha provocado un desgaste en la labor legislativa y una percepción negativa de los ciudadanos sobre el trabajo de los diputados.
Es por todo lo anterior que, con una visión democrática, progresista y, por supuesto, escuchando el reclamo social, la presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto iniciar una discusión amplia sobre la forma de acceder a la representación proporcional de los partidos políticos, partiendo de varias premisas.
Primero, el modelo de listas fijas controladas completamente por las cúpulas partidarias debe cambiar para dar paso a una nueva fórmula. Segundo, se debe eliminar la cláusula de gobernabilidad que otorga un porcentaje extra de diputados al partido con mayor votación, creada en la época del “PRIANATO”. Tercero, podemos optar por una representación proporcional pura en la integración de la Cámara de Diputados o migrar a un modelo de mayoría relativa mixto, con representación proporcional de primeras minorías, donde los mejores votados de los partidos que no obtienen el triunfo son a quienes se les asignan los escaños de representación proporcional.
Un ejemplo de este modelo es Jalisco, donde conocemos y aplicamos esa fórmula de asignación electoral desde principios de este siglo. 
Por supuesto, considero que este tema seguirá en la agenda en los próximos meses y será materia de los principales debates, junto con la discusión sobre la reducción de los millonarios presupuestos que se otorgan a los partidos políticos.
Como dato, este año ascienden a poco menos de 8 mil millones de pesos, otro modelo caduco. La fórmula de asignación de presupuesto es irracional, onerosa, ridícula y ofensiva para los millones de mexicanos que aún subsisten con el mínimo de recursos diarios. Este tema lo abordaremos en una siguiente entrega.

Las reformas electorales: de dónde venimos y la perspectiva hacia el futuro

Aldo Arturo González

Deporte de altura

Luz del Carmen Godínez

El derecho a un medio ambiente sano: nuestra obligación ante el cambio climático

Nora Ampudia

El costo económico de la violencia

Vicente Viveros

Los extremos

Jonás

Morir por un clásico de futbol

Uno de los temas que genera mayor consenso social y político es el rechazo generalizado al presupuesto que reciben los partidos políticos.
Para entenderlo es necesario hablar un poco de la historia. El presupuesto a los partidos nace —al igual que los plurinominales— de la necesidad de los partidos políticos de oposición en las décadas de los años 60, 70 y 80, los cuales no recibían presupuesto público, mientras que los recursos públicos y privados eran obtenidos casi en su totalidad por el PRI. A partir de las reformas políticas de finales de los 80 y principios de los 90, se crea y adiciona a la ley una fórmula de distribución que dota a los partidos de recursos públicos mínimos para su sostenimiento y tareas de formación. Al igual que con los plurinominales, la legislación fue evolucionando hasta la actualidad.
&nbsp;
La fórmula
La Ley General de Partidos Políticos establece que se toma la cantidad de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, con base en la actualización del 31 de julio de cada año, y se multiplica por el 65% del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Es decir, al día de hoy con un valor diario de la UMA de $113.00, el 65% equivale a 71 pesos que, multiplicados por 101 millones de electores, resulta en más de 7 mil cien millones de pesos. Posteriormente, de esta cantidad el 70% se distribuye según la votación obtenida por los partidos en el proceso electoral federal anterior, y el 30% de forma igualitaria.
&nbsp;
¿Cuánto recibirán los partidos a nivel federal este año?
PAN: 1,233 MDP
PRI: 933 MDP
PT: 637 MDP
Partido Verde: 790 MDP
MC: 921 MDP
Morena: 2,100 MDP
La fórmula, como ya lo he mencionado, es excesiva, abusiva, desproporcionada, ofensiva y está fuera de la realidad actual de nuestro país. México se encuentra en un momento histórico de cambios profundos en las instituciones públicas, en algunas con una refundación completa y en otras con transformaciones reales que signifiquen un cambio profundo en la vida pública. Las cúpulas de los partidos, desde que existe esta fórmula, se han puesto de acuerdo para mantener este estatus. A siete años de iniciada la transformación, es un buen momento para replantear esta fórmula. Yo iría un paso más allá y propondría abordar el tema de la fiscalización sobre el uso de esos recursos públicos, con una minuciosa observación, revisión y seguimiento.
&nbsp;
¡Cuentas claras!
Para concluir, hago dos preguntas:
¿Conoce usted, amable lector, algún caso de algún dirigente de partido político que haya sido consignado por desvío de recursos, peculado o alguna observación hecha a los partidos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)?
¿Conoce usted algún caso en el que algún dirigente de partido político haya tenido que resarcir dinero al erario con sus propios recursos por el mal manejo de esos fondos?
Demos un paso más allá en la reforma política y vayamos hacia donde tengamos que ir.

Dinero público para los partidos políticos