El incierto futuro de la transparencia en Jalisco
La reciente reforma constitucional federal que extinguió al INAI marcó el inicio de un efecto dominó que hoy toca las puertas de Jalisco: la eventual desaparición del ITEI, organismo garante de la transparencia en Jalisco. El argumento esgrimido desde el centro es el de la “simplificación administrativa” y la reducción de costos. Sin embargo, detrás de ese discurso nos preocupa un riesgo mayor: la recentralización del poder en manos de las contralorías gubernamentales estatales y por ende, lo mismo en el ámbito federal.
El acceso a la información y la protección de datos personales no son trámites burocráticos, sino derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales. Por décadas, órganos garantes como el ITEI han actuado como árbitros “imparciales” entre la ciudadanía y el gobierno, obligando a este último a rendir cuentas. Trasladar esas funciones a las contralorías significa que quien debe transparentar la información será juez y parte, debilitando un principio esencial de cualquier democracia: la independencia del vigilante.
Además, la desaparición del ITEI abre dudas serias sobre el futuro de la Plataforma Nacional de Transparencia y de los acervos documentales que permiten rastrear contratos, nóminas, concesiones y decisiones públicas. Sin un garante autónomo, el acceso puede volverse lento, discrecional e incluso obstaculizado por razones políticas. Más preocupante aún es el vacío en materia de protección de datos personales frente a particulares: bancos, hospitales, universidades o empresas tecnológicas manejan información sensible de millones de jaliscienses. ¿Quién garantizará que no se abuse de esa información?
Jalisco tiene frente a sí una decisión de gran calado: someterse a la inercia recentralizadora o diseñar un nuevo modelo que preserve la esencia de la transparencia. No se trata de mantener estructuras por mantenerlas, sino de garantizar derechos. Una alternativa viable sería crear un órgano desconcentrado o descentralizado —la reforma constitucional prohíbe que sea autónomo, es decir, un OCA— pero sí con independencia técnica, recursos propios y participación ciudadana real. Ese modelo permitiría mantener un contrapeso efectivo sin violar la nueva arquitectura constitucional.
El futuro de la transparencia en Jalisco no puede decidirse bajo la lógica de la austeridad inmediata. Está en juego la confianza ciudadana, la calidad de la democracia y la posibilidad misma de ejercer el derecho a saber.
La transparencia no es un lujo ni un capricho institucional, es la condición mínima para que la ciudadanía pueda vigilar el uso del poder y de los recursos públicos. En estados como Jalisco, donde la desconfianza hacia las instituciones sigue siendo relativamente aceptable, desmontar al ITEI significaría enviar el mensaje de que la rendición de cuentas puede esperar, cuando en realidad es más urgente que nunca. Basta recordar que gracias a las solicitudes de información se han revelado contratos irregulares, gastos injustificados y decisiones que de otro modo hubieran permanecido ocultas.
En lugar de desaparecer órganos garantes, lo que se necesita es fortalecerlos, dotarlos de mayores herramientas tecnológicas y presupuestales, y hacerlos más cercanos a la gente. La transparencia no debe verse como una traba, sino como un aliado del buen gobierno. El debate que hoy se libra en Jalisco no solo es técnico o jurídico: es una prueba de si estamos dispuestos a apostar por instituciones que limiten los excesos del poder o si, por el contrario, regresamos a épocas en las que la opacidad era la regla.
