Laura Haro Ramirez

En los cuarteles generales de Morena en todo el país, hay un nerviosismo incontenible por la detención en Paraguay de Hernán Bermúdez Requena, líder de una de las estructuras de la criminalidad en Tabasco, y que al mismo tiempo ocupó un espacio de poder en el gobierno de Adán Augusto López Hernández, como encargado de la seguridad en aquella Entidad. Comentan que en las oficinas morenistas la tensión se siente en cada pasillo porque con este hecho, se vuelve casi imposible ocultar todas las prácticas oscuras al interior del partido.
Quienes por años han insistido en presentar a Morena como el movimiento de la transformación moral, ahora no saben ni dónde meter la cabeza, porque los contrastes entre la narrativa y la realidad son brutales; aquí no hay adversarios externos a los cuales culpar, es simple y sencillamente la corrupción, la criminalidad y la complicidad en su máxima expresión.
El hecho no desnuda únicamente al partido de los que viajan a destinos de lujo en primera clase o al partido de los peores gobiernos de México, sino que retrata el verdadero rostro de Morena. No se puede minimizar absolutamente el hecho de que a Bermúdez Requena le abrió las puertas de su gobierno Adán Augusto López, ni se puede defender la idea absurda de que lo sucedido no era del conocimiento del ex gobernador y ex secretario de gobernación.
La evidencia apunta a que Bermúdez no era un advenedizo, sino un operador con peso político, protegido y proyectado por uno de los mejores amigos de López Obrador. Ahora la pregunta obligada es, ¿cuántos casos como este hay en los 24 gobiernos estatales que tiene Morena? No es casualidad que el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantenga abiertas investigaciones en contra de distintos gobiernos de extracción morenista, por sus presuntos vínculos con la criminalidad.
Américo Villarreal en Tamaulipas, investigado por presunto financiamiento ilícito; Rubén Rocha Moya en Sinaloa, salpicado en declaraciones en Estados Unidos; y Marina del Pilar, en Baja California, sin visa, son algunos casos que sugieren que Morena no es en realidad el partido impoluto que ha dicho ser, sino todo lo contrario. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos casos hay? ¿Cuántos Bermúdez Requena hay en los gobiernos de la 4T?
Para un país que vive sumido en el dolor de la violencia criminal, donde todos los días se llora la muerte, la desaparición, la extorsión y la impunidad, hechos como el del anterior gobierno de Adán Augusto, en Tabasco, son una afrenta contra los mexicanos. Morena podrá verter la cantidad de discursos políticos sobre el caso e intentar desviar la atención, pero esta mancha no se la van a poder quitar al chaleco guinda: su sociedad con la criminalidad ha quedado al descubierto; tristemente tienen capturada la justicia mexicana, por lo que el papel de la oposición y la ciudadanía serán clave para que este caso escale hasta las últimas consecuencias.

Laura Haro

Se derrumba el discurso de Morena

La afirmación de la Presidenta de México sobre el 90% de abasto de medicamentos, pronunciada en su informe de gobierno, chocó con una realidad que muchas familias conocen en carne propia: Las quimioterapias no llegan. El dato oficial, el gran evento y el aplauso eufórico parecían cerrar una historia de desabasto que se ha extendido por años y que, lejos de resolverse, sigue provocando angustia y muerte de pacientes oncológicos y otros grupos vulnerables.
Alejandro Barbosa, dirigente de la organización civil Nariz Roja respondió con voz firme: “No hay quimio”, y desafió a la presidenta a recorrer los hospitales para constatar que faltan claves y dosis esenciales. La denuncia no es un reclamo aislado, desde el sexenio pasado se vendió la idea de un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, pero de Dinamarca sólo nos dieron la “D” de desabasto. 
Apenas la semana pasada, el secretario de Salud Jalisco, señaló que en lo que va del año el gobierno federal ha dejado de surtir el 82% de las claves de medicamentos contra el cáncer. Mientras, en el Congreso local, diputados aprobaron un exhorto del Poder Legislativo estatal al gobierno federal, para exigir la entrega de los medicamentos, pero los legisladores de Morena se opusieron en esta votación.
La contradicción entre el discurso y la realidad, se puede explicar por tres factores clave: irregularidades en compras públicas, cambios en los contratos con proveedores y la crisis en la logística de distribución. Los gobiernos de Morena han dejado graves vacíos en el proceso: Compras de emergencia, sobreprecios, contratos a empresas sin registro sanitario y retrasos, todo bajo el sello de Birmex, la paraestatal encargada del abastecimiento de medicamentos.
En tanto, las familias pagan el costo directamente en sus bolsillos. El gasto en salud ha aumentado 41% desde 2018; lo que convierte el asunto en una cuestión tanto sanitaria como económica. Para algunas familias, la alternativa ante los anaqueles vacíos en las farmacias de los hospitales públicos es el endeudamiento, para otras familias, tristemente es la angustiante resignación.
Asegurar que se ha alcanzado el 90% equivale a cerrar los ojos ante la decadencia del sistema de salud, es dejar de oír el clamor de las familias y dejar de sentir el dolor colectivo. La política no puede gobernar a base de discursos, se requieren hechos, y sobre todo, una interlocución real con quienes atienden y acompañan a pacientes. Voces como la de Nariz Roja no son las de un adversario al que hay que calumniar, son el amplificador que millones de personas necesitan para que su angustia llegue a los tomadores de decisión.
No se trata de una batalla de cifras contra sentimientos, ni de fifís contra el gobierno, es simplemente exigir salud para todas las personas. La obligación del Estado es garantizarla, y hasta entonces, los discursos sólo serán un eco que no cura ningún padecimiento. Desde este espacio: nuestra solidaridad con cada familia que sufre el desabasto de medicamentos. Lo decimos fuerte y claro: no hay quimio.

No hay quimio

Hoy entran en funciones los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; me atrevo a decir que es la Corte más incierta y riesgosa de su historia. Con la entrada en funciones de los ministros surgidos de la fraudulenta elección judicial –consecuencia directa de la reforma al Poder Judicial, de Morena–, México se adentra en un terreno donde la independencia judicial quedó en el olvido y la credibilidad que la máxima instancia de justicia del país construyó durante décadas, pende de un hilo.
La historia de la Suprema Corte no escapa de claroscuros. Durante buena parte, fue un poder subordinado al presidencialismo, y no fue sino hasta las reformas de 1994 cuando se fortaleció su autonomía y se concibió la idea de darle a México un tribunal constitucional capaz de equilibrar al resto de los poderes. Aquella reforma impulsada por el PRI, buscaba dotar de prestigio y autoridad a la Corte, al establecer nuevas reglas para garantizar su independencia. Fue un esfuerzo por modernizar el sistema judicial y colocarlo a la altura de una democracia en construcción.
Pero hoy, casi treinta años después, ese esfuerzo parece revertirse, y los pasos dados hacia una democracia más robusta, se retrocedieron con los mecanismos de manipulación y simulación implementados por el régimen de Morena que nos cambió trayectoria por afinidad política, formación por acordeón y carrera judicial por imposición. No cuesta mucho decir que los nuevos ministros que mañana rendirán protesta deben su cargo no a su conocimiento jurídico, sino a su adhesión política y son piezas clave en la instauración del proyecto dictatorial de la 4T.
El problema es todavía más grave cuando recordamos que la Corte ha sido la última instancia de defensa de los derechos de las y los ciudadanos ante circunstancias de abuso constitucional; en tiempos en que en el Congreso de la Unión y los congresos locales legislan con prisas, bajo encargo, con oídos sordos y a las órdenes del Ejecutivo, es la Corte quien debiera ponerles freno, pero desde hoy, los amparos, las controversias constitucionales y cada sentencia estarán sujetas a lo que se dicte desde Palacio Nacional –o desde alguna hacienda en Palenque, Chiapas–.
Durante el sexenio pasado se abrió un encarnizado debate por la reforma a Ley de la Industria Eléctrica, mejor conocida como la reforma eléctrica, que atentaba por completo a la competencia y a la generación de energías renovables. Morena aplicó toda la presión del Estado, pero fue la Corte la que se antepuso y la declaró inconstitucional. ¿Quién quedará a partir de hoy para enfrentar al poder, cuando incluso los organismos autónomos han sido eliminados? Lo cierto es que los ministros serviles de la “transformación” no lo harán. 
A propósito de esta pregunta, queda una última instancia: la ciudadanía y el poder de su voto. Es el último resquicio de resistencia ante el régimen, y Morena quiere aniquilarlo con la reforma electoral. Por eso es tiempo de llenar las calles, de protestar y mantenernos en unidad, porque desde hoy ya no hay nadie quien nos defienda.

La nueva Corte, pieza clave del proyecto dictatorial

Si hablamos del Bosque de Los Colomos, hablamos de vida. No es un simple parque, es una de las áreas hidrológicas más importantes del Área Metropolitana de Guadalajara. Este espacio en pleno corazón de la metrópoli, otorga servicios ambientales vitales para la capital de Jalisco y la ciudad de Zapopan, como por ejemplo, el agua que sale de las llaves de nuestra casa; de ese tamaño es su valor, pero contrario a esto, se encuentra amenazado una vez más, por la voracidad inmobiliaria.
Aunque el exgobernador Aristóteles Sandoval le otorgó la declaratoria de área de conservación hidrológica –una declaratoria de Área Natural Protegida– para blindar este espacio de los intereses inmobiliarios, su alto valor económico es una tentación para muchos, pues ocupa una gran extensión territorial en la zona de más alta plusvalía del Occidente de México, donde el metro cuadrado ronda los 3 mil 560 dólares, lo que equivale a 67 mil pesos mexicanos.
Pero las luchas por Colomos han sido históricas: en otra extensión de este espacio natural se encuentra Colomos III, hoy Bosque Pedagógico del Agua, Ahí también realizamos una férrea defensa, pues nuevamente se encontraba amenazado por el crecimiento vertical de la zona; pero fue gracias a nuestra lucha y al compromiso de Aristóteles Sandoval, que un espacio lleno de manantiales y acuíferos que estaba condenado a convertirse en torres de lujo, hoy sean 12 hectáreas de Área Natural Protegida.
Y, sin embargo, lo de hoy raya en lo absurdo: pese a la crisis hídrica que vive la Zona Metropolitana, las oleadas de calor y las caóticas inundaciones, un grupo inmobiliario pretende construir una torre de 15 niveles, en una zona de recarga de mantos acuíferos, ¿qué es esto si no un suicidio medioambiental? Pese a lo irracional del asunto, el caso se encuentra en el Tribunal de Justicia Administrativa, el mismo que avaló la construcción de 17 mil viviendas en un área de conservación en Valle de Los Molinos a través de la Magistrada “Casitas”.
En estos tiempos en los que la constante ha sido disfrazar de progreso lo que en realidad es depredación –para muestra el Tren Maya y la tala de 10 millones de árboles en el Sureste mexicano– Jalisco no escapa de esa realidad. Muy distinto a cuando gobernaba el PRI, por ejemplo: de las 11 Áreas Naturales Protegidas Estatales que existen en nuestra Entidad, siete fueron decretadas por el Partido Revolucionario Institucional, a diferencia de Movimiento Ciudadano, que sólo ha declarado dos; esa es la diferencia entre un gobierno con vocación y uno sin idea de lo que hace.
Para el caso, a Colomos ya lo defendimos en el pasado, y lo vamos a volver a hacer en el presente, porque el agua no se negocia y los bosques no están en venta, son de Jalisco y sus habitantes. Si queremos futuro, primero hay que proteger con valentía lo que nos da vida, y para eso, aquí está el PRI; en próximas horas anunciaremos las acciones que llevaremos a cabo las y los priístas.

A Colomos ya lo defendimos, lo haremos otra vez

Una vez más, la magistrada Paloma Romana Magallanes de la Rosa –mejor conocida como “la magistrada casitas”, presidenta de la Sexta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco– volvió a hacer de las suyas con el patrimonio medioambiental de los jaliscienses, convirtiéndose de nueva cuenta en la llave maestra para abrir el camino a la voracidad inmobiliaria, en una de las áreas de protección ecológica más vulnerables de la metrópoli.
Recientemente ordenó al Ayuntamiento de Zapopan otorgar permisos para la construcción de 17 mil viviendas sobre el corredor Colotlán, una zona reconocida como de conservación ecológica y de gran importancia hídrica para el Norte de la ciudad. Cualquier persona con un mínimo de responsabilidad entendería lo que esto implica: una amenaza para el entorno ambiental en forma de 65 mil habitantes más, 34 mil automóviles adicionales, agua comprometida, infraestructura colapsada y servicios públicos rebasados. Lo que está en juego no es un simple trámite administrativo, es la sostenibilidad misma de la ciudad.
Este no es un caso aislado. Apenas en junio, la misma magistrada avaló el proyecto inmobiliario “El Dosel”, construido sobre un cauce en el polígono del Bosque El Nixticuil, una de las reservas más importantes del Norte de la metrópoli. Con una simple sentencia, consideró que no había afectaciones al interés público y medioambiental, y ordenó levantar los sellos de clausura aplicados por la autoridad, favoreciendo a una empresa privada y abriendo la puerta a la destrucción de un ecosistema clave para la recarga hídrica, algo que el Área Metropolitana de Guadalajara no puede darse el lujo de perder.
Las resoluciones de la magistrada casitas se colocan del lado del negocio inmobiliario, nunca del interés colectivo. Ha disfrazado de legalidad el hurto de la ciudad, con sentencias fabricadas a la medida para el intercambio de cemento donde había zonas verdes. Frente a esto, no se puede permanecer inmóviles, hay que reaccionar con toda firmeza.
La semana pasada informé que instruí a mi equipo jurídico que prepare todos los instrumentos legales necesarios con el fin de revertir estas decisiones y ponerle un alto a esta magistrada corrupta que solo hace justicia VIP, porque a la depredación inmobiliaria y sus cómplices se les combate con justicia verdadera. Y lo he planteado en distintos espacios: es momento de impulsar una reforma profunda al Tribunal de Justicia Administrativa, quitarle las atribuciones que han sido utilizadas para favorecer intereses oscuros y avanzar hacia un modelo de justicia climática real, que realmente proteja a las generaciones presentes y futuras de Jalisco.
Nuestra vocación medioambiental es irrenunciable y no vamos a permitir que la corrupción se disfrace de justicia, mucho menos si atenta en contra de nuestro patrimonio natural. Aquí, la magistrada casitas se topó con pared.

La magistrada casitas y la justicia VIP

De acuerdo con el estudio “Work in Progress 2024“ de la plataforma Buk, el 63% de los mexicanos trabaja incluso durante sus vacaciones, y en promedio solo logra desconectarse cuatro días al año. Según datos de la Secretaría de Turismo y del INEGI, en 2023 apenas el 56% de los hogares emprendió un viaje de placer, pero la mayoría fue dentro de su mismo estado o a destinos cercanos, debido a los altos costos de transporte, hospedaje y alimentación.
La Asociación Mexicana de Agencias de Viajes reporta un aumento de hasta 18% en los precios de hospedaje y transporte entre 2022 y 2024. Expertos estiman que una estancia familiar de cuatro días implica un gasto entre 7 mil y 15 mil pesos, casi un salario mensual para muchas familias. Mientras tantos mexicanos luchan por disfrutar unas breves vacaciones accesibles, algunos morenistas exhiben el lujo de forma ostentosa.
Andy López Beltrán, secretario de Organización de Morena y ex señalado por amañar contratos públicos en el sexenio anterior, ha dejado claro que es mejor cazador de ofertas que organizador de elecciones, pues luego de ser captado en Japón hospedado en uno de los hoteles más lujosos de Tokio, ha asegurado haber cubierto el viaje con recursos propios, pagando 7 mil 500 pesos por noche, pero si uno busca el precio de hospedaje en el hotel Okura, se encuentra con una tarifa de casi 22 mil pesos.
Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena, viajó con su esposa a España para celebrar su 40 aniversario y fue captado en un restaurante de lujo en Madrid; Mario Delgado, secretario de Educación Pública y exdirigente de Morena, fue visto en Portugal, mientras que el presidente de la Mesa Directiva del Senado, el morenista Fernández Noroña, ha criticado en distintas ocasiones por viajar en primera clase y usar las salas VIP en los aeropuertos.
Todas estas escapadas dejan un sabor amargo a un país donde las vacaciones son un lujo inaccesible para muchos. Las imágenes de líderes morenistas en hoteles de lujo y destinos europeos se vuelven grotescas e incongruentes, pues predican una austeridad republicana que sólo le administran a los gobernados. La misma presidenta de México ha tenido que intervenir y llamar a ejercer el poder con humildad, y la dirigente de Morena, ha pedido poner el ejemplo de la justa medianía.
En esta disonancia entre privilegio y austeridad, se revelan grietas profundas al interior de Morena, la declaración de desobediencia a los valores predicados desde el púlpito de la 4T por parte del propio hijo del “mesías” de la transformación, no hace otra cosa que desenmascarar a un partido rico, con movimiento pobre, y aquel ideal juarista de la justa medianía queda solamente palabras, mientras que los viajeros de la 4T acumulan más millas para su próximo viaje.

La justa medianía y los viajeros de Morena

¿Cómo comienza una dictadura? No comienza con tanques en las calles, ni con un autoritarismo confeso. Comienza, casi siempre, disfrazada de legalidad y de justicia. Con pequeñas acciones: una denuncia aquí, una “investigación” allá, un juez que se alinea, una prensa que calla, un brazo armado que adquiere poder. Empieza justo cuando se normalizan la venganza, la persecución y el amedrentamiento como instrumentos del poder. Cualquier parecido con Morena no es coincidencia.
Así comienzan las dictaduras. No de golpe, sino de forma muy gradual, y siempre de la mano del silencio estratégico. En los últimos días, Morena ha emprendido una persecución política a gran escala en contra de dos personajes que hemos sido consistentes en denunciar de manera pública el desastre y la tiranía de estos gobiernos. En Jalisco, este partido interpuso una denuncia en mi contra por exhibir su alianza con Movimiento Ciudadano en la aprobación del tarifazo al SIAPA, mientras que a nivel nacional, Alejandro Moreno ha sido el blanco de una persecución brutal por parte del Estado.
En los últimos años, el dirigente nacional del PRI, Alejando Moreno ha sido espiado, difamado, amenazado y hostigado por Morena y la cúpula de sus gobiernos, y la razón no es una búsqueda legítima de justicia, sino una maniobra para dividir, intimidar y debilitar a la oposición.
Desde marzo de 2019, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, dirigida por María de la Luz Mijangos, luego de numerosas indagatorias, concluyó que no existía evidencia para ejercer acción penal en contra de Alejandro Moreno, por lo tanto fue exonerado formalmente. Pese a ello, Morena ha mantenido la persecución, pues “Alito” Moreno ha sido el único líder de la oposición con el valor de señalar los vínculos de morenistas destacados con la criminalidad.
Mientras esto sucede, el régimen oficialista mantiene completamente blindados a personajes como Rubén Rocha, responsable de la violencia en Sinaloa, y Adán Augusto López, señalado por contratar a Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad, hoy prófugo de la justicia y acusado de mantener vínculos con grupos delictivos en Tabasco, ¿o qué decir de la cúpula morenista a la que se le ha captado en vacaciones de lujo en Europa y Asia, viajando en primera clase y comiendo en los restaurantes más exclusivos?
Resulta ofensivo para la inteligencia de las y los mexicanos que Morena hable de combate a la corrupción cuando protege sistemáticamente a los suyos, señalados de gravísimas faltas. Si nos remontamos al pasado, es el mismo partido que defendió a Pío López Obrador tras ser captado recibiendo sobres de dinero. Es el mismo partido que calló frente a los contratos millonarios del hijo del expresidente, pero ahí no hubo garrote, porque en la dictadura, a los amigos gracia.
La persecución política que hoy vivimos las y los priistas no es casualidad. Nuestra valentía, nuestra capacidad e inteligencia les aterra. Saben que somos la mayor amenaza para terminar con su dictadura, y lo vamos a hacer, de eso no hay duda.

Tiempos de persecución política

En la política, como en casi cualquier circunstancia de la vida, hay decisiones que definen el carácter de quienes las toman. Y cuando se toma la determinación personal de plantarse frente a los abusos, de alzar la voz en contra de la mentira y la manipulación, hay que tener en claro que tarde o temprano vendrán los intentos de silenciarnos. Esto no fue nuevo para mí cuando emprendí la lucha en defensa de Colomos III, ni recientemente, cuando nos opusimos contra el tarifazo al SIAPA; y no estaba equivocada.
Esta semana, Morena Jalisco, anunció que interpusieron una denuncia en mi contra por ejercer un derecho básico: decir la verdad, pero sobre todo, por defender el bolsillo de las familias de la Zona Metropolitana de Guadalajara y su derecho al agua. Así de absurdo como se lee. Justifican que hay difamación en su contra, ¿por señalar lo evidente?
Pese a su discurso, Morena fue cómplice de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado para aumentar 9.65% las cuotas del agua potable a los hogares de la metrópoli; si no lo cree, hay que ver el tablero de las votaciones de la sesión del 26 de junio, para ver que la votación de Morena y sus aliados fue determinante para que este abuso contra la ciudadanía tuviera lugar.
Ahora me acusan por los materiales que el PRI, en pleno ejercicio de su libertad política, difunde en cada colonia para alertar a la ciudadanía sobre este atropello. Es evidente que lo más conveniente para Morena hubiera sido nuestro silencio, pero haber callado hubiera sido una traición a millones de personas que esperan de la oposición una verdadera defensa de sus derechos.
Si en lo local y a nivel nacional, el PRI ha defendido que cualquier persona tiene derecho a la transparencia, ¿por qué en esta ocasión Morena esperaba que diéramos un paso atrás? No hay que saber mucho de política para anticipar cuál sería nuestra postura. Pero al final, la respuesta de Morena no fue un debate, no fue una aclaración pública, ni una disculpa a la ciudadanía por alinearse con Movimiento Ciudadano, fue una denuncia.
A lo largo de estos años, Morena ha dejado claro que su estrategia es judicializar la política para callar las voces incómodas. Pero bien dicen por ahí que “el que nada debe, nada teme”. Por nuestra cuenta, sí usamos la justicia a favor de la ciudadanía: presentamos amparos colectivos para dar marcha atrás a este tarifazo, y acudimos a la CEDHJ para defender su derecho humano al agua; amplias diferencias entre ese partido y el PRI.
En nuestros recorridos por las colonias hemos visto el enojo de la gente, pues no hay agua, y la que hay sale sucia… y ahora cara. Por eso no tengo miedo de esta denuncia, tengo convicción de que estamos haciendo lo correcto. Tengo palabra y tengo un compromiso con la verdad, y eso nadie me lo puede quitar.

¿Miedo por defender a la gente?

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Colomos no es sólo un parque: es una reserva hídrica de gran importancia para Guadalajara y Zapopan, es también un enorme archivo biológico y una herramienta de purificación de aire indispensable para la ciudad. Ocupa alrededor de 207 hectáreas en su conjunto, y fue declarado Área de Protección Hidrológica durante el gobierno de Aristóteles Sandoval; históricamente, sus manantiales han alimentado las redes de agua de miles de familias, hoy día bombeando más de 200 litros por segundo.
Las cifras ayudan a entender la magnitud de este bosque urbano. De acuerdo con información oficial, Colomos I y II albergan entre 28 mil y 32 mil árboles. A esto hay que sumar los ejemplares de Colomos III que, aunque no hay una cifra oficial, un estudio reciente señala que al menos se han plantado 4 mil 500 árboles en estos terrenos. Es decir, hablamos de decenas de miles de árboles que sostienen un microclima y servicios ecosistémicos palpables para la metrópoli.
¿Qué significa eso en términos concretos para la calidad del aire? Estudios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, muestran que en entornos urbanos, una hectárea de cubierta arbórea remueve hasta 75 kilogramos de contaminantes al año. Si trasladamos esa estimación a las 207 hectáreas de Colomos, la remoción total podría ascender hasta 15.5 toneladas de contaminantes anualmente, que para una metrópoli asfixiada por la contaminación vehicular e industrial, representan un respiro invaluable para la mejora de la salud pública.
Pese al valor público y socioambiental que representa este espacio natural, en los últimos años, los gobiernos de Movimiento Ciudadano han desatendido la defensa jurídica de estos predios, tan es así que en 2021 no enviaron a su representante para asistir a una de las audiencias que fueron determinantes en uno de los juicios; como resultado se ordenó la restitución de casi seis hectáreas de Colomos III a particulares, mientras que en la parte que obedece al municipio de Guadalajara, el Ayuntamiento tapatío presentó pruebas y alegatos de manera tardía para frenar la construcción de una torre de 15 pisos.
Mientras la ciudad vive graves inundaciones y escasez de agua de manera simultánea, así como oleadas de calor y múltiples contingencias por la mala calidad del aire, uno de nuestros principales pulmones y zonas de recarga, vive en constante amenaza por la voracidad inmobiliaria y la omisión de los actuales gobiernos. Bajo este revés, el PRI ha vuelto a abanderar la lucha en defensa de Colomos, exigiendo información sobre los juicios, alertando a la ciudadanía y plantándonos en estos espacios para advertir que no permitiremos un robo al patrimonio de Jalisco.
En definitiva, no es momento para actuar con tibieza: perder un metro de Colomos es perdernos de aire limpio, agua y de un refugio para el caos de la ciudad. La política debe ser un escudo para proteger lo que es de todos, no como una acción partidista, sino como mera obligación social. Por eso, para defender nuestro bosque, aquí está el PRI.

El verdadero valor de Colomos