La era digital ha transformado la realidad en un ecosistema de datos. Ante esta realidad, la reciente resolución, promovida por el Infoem como autoridad de protección de datos mexiquense, ante la Asamblea Global de Privacidad (GPA) y aprobada por unanimidad, sobre educación y ciudadanía digital, no es un documento más, sino una hoja de ruta indispensable. La GPA, como foro global que congrega a las autoridades de protección de datos a nivel mundial, ha puesto el foco en un punto ciego de la modernidad: la desprotección de la infancia en entornos de aprendizaje digitalizados.
El texto adoptado en la XLVII Sesión de la Asamblea es claro: la privacidad y la ética tecnológica deben ser ejes transversales desde la educación preescolar hasta la universitaria. La resolución reconoce los riesgos de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial generativa, y subraya que los datos del alumnado solo deben usarse con fines pedagógicos, bajo principios de minimización y transparencia. Esto interpela directamente a nuestro país y, por supuesto, al Estado de México. No podemos permitir que las aulas se conviertan en laboratorios para la perfilación de menores o la mercantilización de su información.
Las implicaciones son profundas. Las autoridades educativas deben revisar y robustecer sus políticas, integrando la alfabetización digital y la privacidad desde el diseño en los planes de estudio. Los proveedores de plataformas tecnológicas tienen la obligación de adoptar la “privacidad desde el diseño” como estándar, no como un extra opcional. Para docentes y familias, el desafío es formarse continuamente para guiar a una generación que no conoce un mundo sin pantallas, enseñándoles a ejercer sus derechos de acceso, rectificación y oposición sobre sus datos.
Sin embargo, el camino está lleno de retos. La vigilancia excesiva, los algoritmos opacos que perpetúan sesgos y la brecha digital son amenazas reales. La resolución nos impulsa a ver las oportunidades: crear estándares de protección interoperables, fomentar una gobernanza ética de los datos y, sobre todo, poner el interés superior de la niñez en el centro de toda innovación tecnológica.
Desde el Infoem, hemos sido pioneros en esta visión, impulsando esta resolución a nivel global. Se proponen acciones concretas:
1. Integrar un módulo obligatorio sobre derechos y riesgos digitales en la formación docente.
2. Exigir evaluaciones de impacto en la privacidad antes de implementar cualquier nueva tecnología en las escuelas o que afecten a los alumnos.
3. Crear una certificación para instituciones educativas que demuestren buenas prácticas en la gestión de datos personales.
4. Desarrollar campañas masivas de sensibilización, como nuestro premiado “Villano Robadatos” y los esfuerzos de Cine Conversatorios y micrositios de prevención de la violencia digital, para hacer de la autoprotección un hábito cultural.
La protección de datos en el ámbito educativo no es una opción, es la base de una ciudadanía digital libre y responsable. Es hora de que todas las partes —gobierno, sector privado y sociedad— asuman su corresponsabilidad. Debemos construir un ecosistema digital educativo que empodere, no que explote. El futuro de nuestros niños y niñas depende de ello.