FMI: México requiere un Consejo Fiscal Independiente

El 19 de septiembre de este año, el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó a la conclusión, entre otras medidas de política económica, de que México necesita un Consejo Fiscal Independiente.

Como miembro del FMI, el gobierno de México, al igual que los otros gobiernos integrantes, es sujeto de una revisión técnica por parte del personal especializado del organismo para poder utilizar los préstamos a los que México tiene derecho como miembro. Estas revisiones, generalmente anuales y denominadas consultas, generan un informe con recomendaciones en materia de política económica, muy en especial en materia de política fiscal y de política monetaria.

Entre las recomendaciones de este año se destaca la recomendación de tener un Consejo Fiscal Independiente (CFI) para fortalecer el marco fiscal de mediano plazo, generar transparencia en el uso de los recursos públicos y mejorar la credibilidad en materia de política fiscal, lo que a su vez mejorará las expectativas sobre la deuda pública y permitirá la reducción del costo de ésta.

Un Consejo Fiscal evalúa y monitorea la política fiscal para determinar la eficiencia en la recaudación, el gasto y la deuda pública, y para ello genera información objetiva, clara, transparente y “de libre acceso” sobre la gestión fiscal del gobierno. También emite informes sobre responsabilidad fiscal, proyecciones, análisis de presupuestos y de riesgos fiscales. En pocas palabras: evalúa las decisiones en materia de recaudación, gasto y endeudamiento, mejora la transparencia en el ejercicio del gasto público, evita sesgos políticos en la formulación y ejecución del presupuesto público y mejora la disciplina, la responsabilidad y la credibilidad fiscal, fortaleciendo la confianza en la gestión de los recursos públicos, que finalmente son nuestros recursos.

La recomendación del FMI se deriva del continuo crecimiento de la deuda pública y su costo financiero, que para el próximo año 2026 será de 1 billón 576 mil millones de pesos, el costo financiero más elevado de los últimos 34 años, además de que el déficit fiscal no podrá reducirse al 3% del PIB, lo internacionalmente recomendable, sino que será del 4.3% del PIB en 2025 y 4.1% en 2026, por lo que no se podrá alcanzar la meta del 3.9% planteada por el gobierno el año pasado. Por su parte, la deuda pública pasará del 58.9% del PIB, en 2025, al 59.9% en 2026, y de acuerdo con las estimaciones del FMI, podrá llegar hasta el 61.5% en el 2030.

La necesidad del Consejo Fiscal Autónomo se desprende también de diversos hechos entre los que se destacan los ocurridos el 2 de abril y 5 de noviembre del 2020 cuando se extinguieron 109 fideicomisos públicos, lo que implicó 68 mil 400 millones de pesos de ahorro con el pretexto de la denominada “austeridad republicana”, sin aclarar posteriormente el uso que la Tesorería de la Federación hizo con dichos recursos. Entre los fideicomisos eliminados se destacan: el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, 65 fideicomisos relacionados con el CONACYT que incluían fondos sectoriales para innovación, ciencia y tecnología; también se eliminaron fideicomisos para cuidado del medio ambiente, protección de víctimas y activistas de derechos humanos y producción cultural.
Finalmente, otra probable razón es el subejercicio de los recursos asignados por el presupuesto público a diversas dependencias y que ha sido significativo en los últimos años. Tan solo el primer semestre de este 2025 el gobierno dejó de gastar aproximadamente 286 mil 885 millones de pesos respecto a lo originalmente programado en sectores claves como salud, seguridad pública, transporte, ciencia y tecnología. Al final del periodo fiscal, dichos recursos regresan a la tesorería y el ejecutivo puede disponer de ellos sin rendir cuentas a la Cámara de Diputados y a la sociedad.
Algunos observadores dirán que en México existen instituciones con funciones cercanas que son el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas dependiente de la Cámara de Diputados y el Instituto Belisario Domínguez dependiente del Senado, pero no un Consejo Fiscal plenamente constituido y formalmente autónomo, de acuerdo con las características internacionales ideales. Actualmente realizan funciones de evaluación, sin embargo, no son órganos autónomos e independientes del gobierno, y dada la concentración del poder político en dichas cámaras se genera un sesgo en la aplicación de los recursos públicos.
Actualmente, más de 30 países en el mundo cuentan con Instituciones Fiscales Independientes o Consejos Fiscales Autónomos entre ellos: Chile, Brasil, Colombia, Francia, Alemania, España.