Anuar García Gutiérrez

La realidad política de México en materia de seguridad se encuentra atrapada en una simulación institucional donde el discurso se ha convertido en sustituto de los resultados. Los gobiernos, tanto estatales como federales, han optado por mantener una narrativa de control y optimismo que choca con la vida cotidiana de los ciudadanos. Mientras en los informes se presume una reducción de delitos y un fortalecimiento de las estrategias de seguridad, en las calles se respira miedo, desconfianza y una violencia que no deja de expandirse.
La delincuencia organizada ha dejado de ser un actor periférico para convertirse en parte del sistema. Las estructuras criminales se han infiltrado en los espacios políticos, económicos y sociales, logrando una convivencia peligrosa con las instituciones del Estado. Los delitos graves: asesinatos, extorsión, desapariciones, lavado de dinero y corrupción, son ahora el reflejo de una descomposición sostenida por la impunidad y por la falta de voluntad real de quienes deberían garantizar la ley.
El mes de octubre de este año dejó ver con claridad el rostro de esta crisis. El asesinato de Bernardo Bravo, líder de los productores de limón en el Valle de Apatzingán, Michoacán, se convirtió en símbolo del costo de decir la verdad en un país donde denunciar es casi una sentencia de muerte. Bravo había hecho públicas las constantes extorsiones que sufrían los productores agrícolas y exigía protección del Estado. Días después, fue encontrado sin vida dentro de su vehículo, con impactos de arma de fuego. Su caso no sólo refleja el poder de la delincuencia, sino la fragilidad del ciudadano frente a la ausencia del Estado. En México, levantar la voz para exigir justicia o denunciar corrupción se ha vuelto una condena, y callar, una forma de sobrevivir.
Paralelamente, Jalisco continúa siendo epicentro de hallazgos de fosas clandestinas y restos humanos que exponen la magnitud del problema de desapariciones. Las cifras oficiales hablan de más de quince mil personas desaparecidas, pero la verdadera tragedia se mide en los rostros de las familias que siguen buscando a sus seres queridos sin apoyo, sin respuestas y sin esperanza. Cada fosa descubierta es la evidencia de una estructura institucional colapsada y de una sociedad que poco a poco normaliza el horror.
A la anterior crisis se suma la reciente detención en Jalisco de un funcionario vinculado al sector transporte, quien mantenía estrechos lazos con políticos locales y es señalado por presunta participación en delitos de corrupción y extorsión. Este hecho, lejos de ser aislado, confirma lo que la ciudadanía percibe desde hace años: la línea entre la función pública y los intereses delictivos es cada vez más delgada.
En lugar de combatir al crimen, muchos servidores públicos terminan participando en su engranaje, amparados por relaciones políticas y redes de complicidad. Casos como este muestran que el problema de la corrupción institucional no se combate desde los discursos, sino desde el poder que se niega a autorregularse.
Después de ese suceso, se hizo evidente otro aspecto que exhibe la fragilidad del Estado mexicano: la presión internacional en temas de seguridad. La reciente revocación de visas a más de cincuenta políticos y funcionarios por parte del gobierno de Estados Unidos volvió a demostrar que las decisiones más relevantes en materia de seguridad parecen impulsarse desde fuera, y no desde la voluntad interna de corregir el rumbo. Este tipo de sanciones, lejos de fortalecer la soberanía nacional, ponen en evidencia que otro país debe intervenir para forzar acciones que México debería asumir por responsabilidad propia. Es alarmante que la motivación para investigar, sancionar o depurar estructuras corruptas no nazca del deber institucional, sino del miedo a la presión extranjera, a la revocación de visas o a la persecución judicial en Estados Unidos por delitos relacionados a narcotráfico, ahora perseguido como terrorismo internacional.
Los anteriores sucesos, ocurridos en un solo mes, muestran con crudeza que México vive una crisis estructural donde la simulación ha reemplazado la acción. Las cifras maquilladas no pueden ocultar la pérdida de confianza, la desesperanza de las víctimas ni la expansión del poder criminal. Los discursos oficiales se repiten como un libreto ensayado mientras la justicia se desmorona en los hechos. La impunidad se ha vuelto norma y la violencia, un idioma cotidiano que la sociedad aprende a entender a la fuerza.
El país necesita con urgencia una transformación que no parta de la propaganda, sino de la voluntad política y moral de quienes gobiernan. No se trata de presentar estadísticas favorables, sino de devolver la seguridad, la dignidad y la verdad a la ciudadanía. Porque cuando alzar la voz cuesta la vida, cuando las fosas sustituyen a los tribunales y cuando las decisiones dependen de la presión extranjera, el Estado deja de ser garante y se convierte en espectador. En el silencio institucional, lo que muere no es la justicia, sino la esperanza de volver a creer en ella.

Anuar García

La simulación como estrategia de Seguridad en México

En Jalisco, las madres buscadoras enfrentan una doble condena: La del silencio de las autoridades y la del miedo impuesto por el crimen organizado. Día tras día, recorren terrenos baldíos, fosas clandestinas y oficinas de gobierno sin recibir el apoyo ni la protección que por ley deberían tener. A pesar de portar solo palas, fe y fotografías, son vistas como una molestia, una incomodidad para el sistema. 
Una de ellas, integrante de un colectivo de búsqueda, vive desde agosto una serie de amenazas y hostigamientos por buscar a su tío, desaparecido desde enero de 2020. Días antes de ser intimidada, había recorrido nuevamente la zona donde lo vio por última vez.
Después, comenzaron los mensajes por redes sociales, el robo de su cuenta de WhatsApp y la filtración de información personal; en los mensajes, los agresores le advertían que sabían dónde vivía, mencionaban detalles de su vida diaria y aseguraban que el crimen organizado la vigilaba, también difundieron una supuesta fotografía suya señalándola como objetivo; el 19 de agosto su vivienda fue objeto de vandalismo: personas desconocidas dañaron su automóvil y destruyeron objetos personales, ella activó el dispositivo de atención inmediata y acudieron elementos de la policía municipal de Tlaquepaque; sin embargo, los oficiales minimizaron el hecho, afirmando que probablemente no estaba relacionado con su labor de búsqueda, y se negaron a ofrecer resguardo durante la noche. Lo anterior, pese a que la mujer ya contaba con medidas de protección otorgadas por la Fiscalía tras haber denunciado amenazas previas; su caso, como el de muchas otras buscadoras, refleja el abandono institucional que las deja solas frente al riesgo.
En lo que va de 2025, Jalisco ha sido escenario del asesinato de al menos dos madres buscadoras: María del Carmen Morales fue asesinada junto con su hijo mientras realizaba labores cotidianas; ella buscaba a otro de sus hijos desaparecido desde 2024. Cabe señalar que la Fiscalía estatal descartó inicialmente que el crimen tuviera relación con su activismo, pero los colectivos exigieron justicia y cuestionaron la indiferencia institucional.
Días después, fue atacada en su propio hogar Teresa González Murillo, quien también participaba en un colectivo de búsqueda, a la cual intentaron privarla de la libertad y, al no lograrlo, le dispararon; murió días más tarde en el hospital. En su caso, las autoridades atribuyeron los hechos a un posible robo, sin considerar su trabajo como móvil principal, al estilo de siempre, maquillando los delitos para no hacer ver mal al Estado de Jalisco en incidencia delictiva a nivel nacional.
La labor de las madres buscadoras sigue siendo una muestra de perseverancia frente a la omisión institucional. Su trabajo debería estar acompañado por protección, atención psicológica y coordinación efectiva entre autoridades y colectivos. Garantizar su seguridad no es un gesto de empatía, es una obligación del Estado, por lo que mientras eso no ocurra, la búsqueda continuará siendo una tarea ciudadana que revela lo que la justicia aún no ha sabido responder.

El abandono de Jalisco a las madres buscadoras

El reclutamiento de menores en México continúa expandiéndose como una práctica silenciosa que se alimenta de la desigualdad, la impunidad y una ley que, aunque busca proteger, termina favoreciendo la reincidencia. No es un fenómeno limitado a una región; afecta a entidades como Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Sinaloa, Veracruz y otras donde adolescentes son captados, engañados o coaccionados para incorporarse a actividades delictivas.
Uno de los casos más recientes y preocupantes es el de un joven conocido como “Axel, el Panda”, quien fue reportado en la Alerta AMBER como persona desaparecida y tras su localización, reconoció formar parte de una célula criminal. Aunque sigue siendo adolescente, ha declarado abiertamente que mantiene liderazgo dentro del grupo y que continúa reclutando a otros menores aprovechando su experiencia y posición. Su caso evidencia el nivel de normalización que ha alcanzado el fenómeno: un menor que, lejos de buscar protección, se siente parte de una estructura que le da identidad, poder y sentido de pertenencia.
Esta realidad no es aislada. Muchos adolescentes, al ser localizados o retornar voluntariamente, confiesan su deseo de reincorporarse a las agrupaciones delictivas. La ley los protege por su edad, impidiendo su procesamiento como adultos, lo que genera un vacío que el crimen aprovecha: jóvenes protegidos por el Estado, pero funcionalmente activos dentro del delito. Y cuando desaparecen otra vez, se les vuelve a considerar víctimas. El ciclo se repite una y otra vez, convirtiendo la protección en un círculo de impunidad que termina por transformarlos en delincuentes de alto impacto.
Aunado a ello, se ha desarrollado una peligrosa apología del delito entre los menores. Hoy, en gran parte del país, el crimen ya no solo se teme, sino que se admira. La música, los contenidos digitales y la cultura popular han construido una narrativa donde el dinero fácil, el poder y la violencia son símbolos de éxito. Muchos jóvenes crecen creyendo que la carrera delictiva es más efectiva que una educación o un trabajo formal. No alcanzan a comprender que detrás de esa falsa imagen hay una realidad brutal: prisión, muerte o la pérdida definitiva de la libertad y la identidad.
El marco jurídico mexicano, sin embargo, mantiene un enfoque protector. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJPA) establece que las personas de entre 12 y 18 años deben ser tratadas bajo un sistema especializado, con medidas socioeducativas y no punitivas. Su finalidad es reeducar y reintegrar, no castigar. Pero en la práctica, esa visión se ha quedado corta: los centros especializados carecen de recursos, programas de seguimiento y apoyo psicológico. Así, la ley protege, pero no transforma; libera, pero no rehabilita.
Frente a este panorama, surge un debate urgente: los menores que cometen delitos graves deberían ser procesados con un criterio más riguroso. No se trata de criminalizar la infancia, sino de reconocer la gravedad de ciertos actos y establecer consecuencias proporcionales. En países como Estados Unidos, el sistema permite que adolescentes sean juzgados como adultos bajo las llamadas “Juvenile Transfer Laws”. Dependiendo del estado y del tipo de delito, como homicidio, secuestro o crimen organizado, donde jóvenes desde los 14 o 15 años pueden ser transferidos a tribunales para adultos si la magnitud del crimen lo amerita. En esos casos, el sistema prioriza la responsabilidad individual y busca disuadir la reincidencia mediante sanciones reales y procesos de reinserción estructurados.
México debe establecer este modelo, adaptándolo a su propio contexto, garantizando siempre el respeto a los derechos humanos, pero incorporando la proporcionalidad del castigo en los casos de alta peligrosidad. Los adolescentes deben ser protegidos, sí, pero también deben comprender las consecuencias de sus actos. Un sistema de justicia verdaderamente humano no solo cuida, sino que educa con firmeza y responsabilidad.

Menores de edad, los nuevos criminales de México

El pasado 24 de septiembre de 2025, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ofreció una disculpa pública a las familias de los desaparecidos Dalia, Ramón, Emilio y Carolina. Sin embargo, este acto no surgió por voluntad propia del mandatario, sino como cumplimiento de la Recomendación 167/2023 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con fecha del 31 de agosto de 2023. Dicha recomendación fue dirigida principalmente a las fiscalías de Jalisco y Zacatecas, tras documentarse graves omisiones, dilaciones e inactividad en las investigaciones sobre la desaparición de cuatro personas, ocurridas en 2010.
Esta disculpa es apenas un reflejo de años de negligencia institucional. Durante más de una década, las autoridades han mostrado omisiones sistemáticas frente a la crisis de desapariciones en el Estado. Lo que debería ser un esfuerzo coordinado del aparato de justicia se ha convertido en una estadística que crece sin freno, con fosas clandestinas que se descubren no por investigaciones de la Fiscalía, sino gracias al trabajo desesperado de colectivos de familiares. Son las víctimas indirectas quienes, con recursos propios y en condiciones precarias, salen al campo a buscar lo que el Estado no les ofrece: verdad y paz.
Las cifras revelan la magnitud del problema. El director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Alejandro Axel Martínez Rivera, ha reconocido que se resguardan alrededor de 8,000 fragmentos humanos sin identificar. Los colectivos aseguran que se han encontrado bolsas con restos humanos, ropa y hasta cientos de pares de zapatos en fosas clandestinas. Y lo más alarmante: en el SEMEFO de Jalisco existen alrededor de mil 300 cadáveres sin identificar, un rezago forense que muestra la incapacidad de las instituciones para dar respuestas a las familias que siguen buscando a sus desaparecidos.
En este escenario, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco, enfrenta cuestionamientos severos. Aunque su función es recibir denuncias, coordinar la búsqueda, investigar y dar acompañamiento integral a las familias, las denuncias públicas coinciden en la falta de protocolos efectivos, la ausencia de información y la revictimización constante. En casos recientes, los familiares han señalado que no recibieron seguridad ni atención adecuada y que tuvieron que organizar campañas y hasta huelgas para exigir avances, mostrando que las autoridades no cumplen con su deber básico de procurar justicia.
Existen protocolos claros que deberían aplicarse desde el primer momento en que se reporta una desaparición. Entre ellos, el Protocolo Homologado de Búsqueda y el Protocolo Homologado de Investigación para delitos de desaparición, además del Protocolo ALBA Jalisco que activa una búsqueda inmediata en casos de mujeres y niñas en riesgo. Estos lineamientos, respaldados por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, obligan a la Fiscalía a actuar de inmediato: recibir la denuncia sin esperar horas ni días, elaborar fichas de búsqueda, desplegar operativos en campo, preservar indicios, coordinar con peritos y especialistas forenses, revisar cámaras de seguridad, atender a testigos y, sobre todo, mantener informadas a las familias con acompañamiento psicológico y jurídico.
La realidad, sin embargo, muestra un divorcio entre la norma y la práctica. Muchas veces los protocolos no se activan con la urgencia requerida y las familias se ven obligadas a suplir las deficiencias del Estado. Los colectivos recorren terrenos baldíos, barrancas y ranchos, arriesgando su vida sin conocimientos técnicos pero con la esperanza inquebrantable de hallar a sus seres queridos. Mientras tanto, las autoridades cumplen actos simbólicos como las disculpas públicas, pero siguen fallando en lo más importante: investigar, buscar, identificar y sancionar.
El dolor de las personas que buscan a sus familiares desaparecidos no se resuelve con discursos ni con ceremonias obligadas por recomendaciones de derechos humanos. Lo que se necesita es voluntad real para aplicar protocolos, investigaciones sólidas que conduzcan a la verdad, y una reparación integral que garantice justicia y no repetición. La disculpa del 24 de septiembre puede ser vista como un primer paso, pero no puede ser el último. Detrás de cada carpeta de investigación hay una familia que no pierde la fe, y detrás de cada cifra hay una historia que exige respuestas. 
Jalisco no necesita más cifras y mucho menos disculpas obligadas: ¡Se necesita justicia!

Desaparecidos en Jalisco; ¡las disculpas no alcanzan!

El gobierno de Jalisco ha anunciado la implementación de un operativo dirigido a vehículos con placas foráneas, otorgando a las policías municipales y estatales facultades para detener y revisar autos bajo el argumento de combatir la delincuencia. Esta medida es abiertamente inconstitucional, ya que transgrede el artículo 11 de la Constitución que garantiza el derecho de toda persona a transitar libremente por el territorio nacional, y el artículo 16, que establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sin un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.
En lugar de fortalecer la seguridad, la estrategia criminaliza a quienes por necesidad poseen un vehículo con placas de otra Entidad, exponiéndolos a revisiones arbitrarias sin orden judicial. Este tipo de acciones incrementa la desconfianza hacia las instituciones, pues se realizan en un contexto en el que los cuerpos policiales han sido señalados por actos de corrupción y abusos de autoridad. Tan solo en 2024 se registraron 2 mil 976 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco por violaciones a derechos fundamentales, y en los primeros cinco meses de 2025 ya suman más de mil 400 quejas, lo que evidencia que la relación entre ciudadanos y autoridades está lejos de ser de confianza.
Si la verdadera intención es disminuir los actos delictivos, el gobierno debería fortalecer el sistema de videovigilancia C5, aumentar la presencia de patrullas y establecer cordones de seguridad en las zonas de mayor riesgo. Implementar cateos indiscriminados sin control judicial es un retroceso en materia de derechos humanos y abre la puerta a prácticas de extorsión. La ciudadanía no puede confiar en autoridades que no están debidamente capacitadas y que han protagonizado casos de abuso documentados en los últimos años. 
La seguridad no puede lograrse a costa de las garantías constitucionales. Medidas como estas, más que prevenir el delito, generan un clima de hostigamiento, discriminación y desconfianza. Los jaliscienses merecen estrategias de seguridad inteligentes, legales y respetuosas de los derechos humanos, no operativos que violen la Constitución y atenten contra la libertad de tránsito.

No a la discriminación por placas foráneas en Jalisco

El sistema penal acusatorio adversarial, implementado en México en 2016, nació como una reforma que prometía procesos más transparentes, ágiles y garantes de los derechos ciudadanos. A casi una década de su operación, la realidad es otra: un modelo que en lugar de brindar justicia, se ha convertido en sinónimo de impunidad, corrupción y desconfianza social.
Uno de los principales problemas es la demora en los procedimientos. Audiencias que deberían resolverse en meses llegan a tardar de uno a dos años, producto de una larga lista de justificantes procesales: amparos, medios de impugnación, excusas administrativas e incluso justificantes médicos. Esto resulta contradictorio si se considera que el modelo está diseñado para que los procesos concluyan en el menor tiempo posible. En la práctica, el sistema se convirtió en una puerta giratoria para delincuentes y en un negocio rentable para la corrupción.
La etapa inicial de control de detención, que debería ser garante de seguridad y justicia inmediata, se ha debilitado. Hoy, los jueces evitan imponer prisión preventiva justificada, aun cuando existen pruebas contundentes e incluso casos de flagrancia. Así, delincuentes detenidos en el acto mismo del crimen enfrentan sus procesos en libertad. Este escenario alimenta la percepción ciudadana de que la justicia en México tiene precio y favores.
Las estadísticas confirman el colapso del sistema. Según el INEGI, solo 5.2% de las causas penales alcanzan el juicio oral, mientras que otros estudios estiman que apenas entre el 8% y el 10% de los casos denunciados llegan a sentencia. Esto significa que más del 90% de los delitos quedan sin resolución definitiva, fortaleciendo la impunidad.
La situación se agrava en estados como Jalisco, señalado como uno de los más corruptos en materia judicial. En lugar de promover cambios, se busca dar continuidad a los mismos jueces, perpetuando un sistema marcado por los favores y la corrupción. Esto refuerza la desconfianza social y consolida la percepción de que la justicia es negociable.
A nivel federal, se intentó legitimar al sistema promoviendo la elección ciudadana de jueces y magistrados. Sin embargo, la convocatoria y los resultados dejaron en claro que los perfiles seleccionados respondían al partido en el poder. Más que democratizar la justicia, este mecanismo se tradujo en una captura política del Poder Judicial, disfrazada de participación ciudadana.
La conclusión es clara: la justicia penal no es justa, mucho menos garante. Lo que nació como una reforma para proteger derechos y agilizar procesos, terminó consolidando la impunidad y debilitando la confianza social. El reto no es crear otra reforma, sino ejecutar con seriedad lo que ya está establecido en la ley: recursos suficientes, jueces imparciales, fiscales capacitados, procesos ágiles y castigo a la corrupción.

La justicia penal ha fracasado en México

Jalisco se encuentra en el ojo del huracán internacional. El “Washington Post” señaló recientemente a Guadalajara, sede del Mundial de Futbol 2026, como el epicentro de las desapariciones en México. La denuncia expone una dolorosa realidad: mientras las autoridades locales y federales enfocan su atención en preparar la vitrina deportiva, la crisis humanitaria se agrava día con día.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y con datos estatales, Jalisco acumula más de 15 mil personas desaparecidas. Solo en 2025, los municipios metropolitanos concentran el mayor número de reportes: Guadalajara con 437 casos, Zapopan con 358, Tlajomulco con 228 y San Pedro Tlaquepaque con 192 . Estas cifras reflejan que, pese a la visibilidad mediática del problema, la tendencia se mantiene alarmante.
El panorama es aún más crudo si se revisan los reportes forenses. Según el INEGI, al cierre de 2024 había 10 mil 045 cadáveres almacenados en los anfiteatros de la Fiscalía General de la República y fiscalías estatales , de los cuales 412 restos humanos no habían sido identificados. Aunque Jalisco reporta oficialmente solo cuatro cuerpos en resguardo, la magnitud nacional del rezago forense da cuenta de la crisis estructural en materia de identificación y acceso a la justicia.
En Guadalajara, los reportes mensuales de desapariciones son constantes: tan solo en 2025 se registraron 250 personas desaparecidas . Agosto fue el mes con mayor incidencia, con 46 reportes en un solo mes , un incremento que refleja la incapacidad de las autoridades para contener la problemática.
Los colectivos de búsqueda señalan que la indiferencia estatal es una doble agresión. “Nosotras seguimos buscando con nuestras propias manos, mientras el gobierno prepara estadios y hoteles para un Mundial que no necesitamos”, expresó una integrante del colectivo Luz de Esperanza.
La contradicción es evidente: mientras las familias de desaparecidos cargan con la incertidumbre y la búsqueda interminable, los recursos públicos se concentran en generar una imagen internacional de modernidad y turismo deportivo. Sin embargo, la realidad es ineludible: Jalisco no es hoy un escaparate de prosperidad, sino un territorio marcado por la impunidad y el dolor de miles de familias. 
Este panorama muestra que la crisis no distingue entre urbes turísticas, industriales o rurales: se trata de un problema que atraviesa todo el territorio jalisciense.
Se necesita más apoyo por parte de las autoridades y, sobre todo, una aceptación de la cruda realidad que vive el Estado de Jalisco . La situación es grave y ha llegado a ser noticia mundial, lo cual obliga a trabajar con carácter de prioridad en la seguridad pública y en la atención a las víctimas. Por supuesto que el Mundial de Futbol es un evento de relevancia, pero antes de eso, se requiere tener claro el panorama de seguridad, garantizar la protección de los ciudadanos y brindar confianza a los turistas. 
“No se trata únicamente de cifras: la percepción ciudadana también refleja un sentimiento generalizado de vulnerabilidad ante una inseguridad que parece imparable”.

Jalisco ignora la gravedad de las desapariciones y pone su atención en el Mundial de Futbol

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Estados Unidos debe presionar a México ante el avance del crimen organizado.
La relación entre Estados Unidos y México atraviesa un momento de tensión. El presidente estadounidense Donald Trump ha intensificado la recopilación de información y ha ejercido presión sobre el gobierno mexicano para que asuma con mayor fuerza la lucha contra el crimen organizado. La realidad, sin embargo, muestra un panorama en el que los grupos criminales mantienen amplias zonas bajo su control y las instituciones mexicanas parecen incapaces de contenerlos.
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Los delitos de alto impacto se multiplican en prácticamente todos los estados de la república. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta julio de 2025 se registraron más de 18 mil homicidios dolosos, con Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Estado de México entre las entidades más afectadas. A esto se suma la impunidad, que supera el 90%, según análisis de organizaciones como México Evalúa e Impunidad Cero.
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Frente a este escenario, no solo voces políticas como la de la senadora Lilly Téllez exigen que Estados Unidos intervenga con mayor apoyo en la batalla contra los cárteles, sino también amplios sectores de la ciudadanía. La violencia se ha convertido en el pan de cada día para millones de mexicanos.
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Los hechos recientes son una muestra clara: en Jalisco, dos familias fueron ejecutadas en hechos paralelos, generando terror entre los habitantes; en Guerrero, un joven ayudante de mecánico de 14 años fue asesinado a balazos en un estacionamiento frente a un hospital del IMSS; y en Tabasco, otro menor de edad perdió la vida mientras trabajaba afuera de un taller mecánico. Al mismo tiempo, pequeños negocios de comida han optado por cerrar sus puertas debido a las extorsiones, un delito que se expande con fuerza en todo el país.
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Pese a este panorama, el gobierno federal mantiene una narrativa de control y estabilidad, que contrasta con la percepción ciudadana. Organismos civiles y académicos advierten que el Estado mexicano ya no tiene la capacidad de enfrentar solo a los grupos criminales, que se han diversificado hacia delitos como secuestro, extorsión, robo de combustible y trata de personas.
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Ante esta realidad, resulta cada vez más evidente que México necesita aceptar el apoyo de Estados Unidos. No se trata de una opción política o de soberanía, sino de una urgencia nacional: sin cooperación internacional, el país seguirá hundiéndose en una espiral de violencia que golpea a las familias, a la economía y a la paz social. La ayuda externa, lejos de ser una imposición, hoy representa la única vía para recuperar la seguridad y aspirar nuevamente a un México libre de la opresión del crimen organizado.

Las reglas no escritas de la justicia

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La ciudad que celebra y olvida

Jalisco ha sido presentado en las últimas semanas como un ejemplo de avances en materia de seguridad. Autoridades estatales y federales celebraron una reducción significativa en los índices delictivos durante el primer semestre de 2025, particularmente en homicidios dolosos y robos. Sin embargo, el panorama no es tan claro como parece: encuestas independientes, datos de victimización y la percepción de la ciudadanía revelan que la realidad puede estar siendo subestimada.
Indicadores a la baja, pero con reservas si tomamos en cuenta las cifras oficiales, ya que las mismas dictan que los homicidios dolosos disminuyeron 25.1% respecto al mismo periodo de 2024, colocándose Jalisco entre las entidades con mejores resultados en este rubro. Delitos patrimoniales, como el robo de vehículos particulares, también mostraron una tendencia descendente. El Semáforo Delictivo reportó en mayo de 2025 un total de 720 robos a vehículo, 150 a casa habitación y 284 a negocios, reflejando avances respecto a años previos.
No obstante, estas cifras sólo muestran la punta del iceberg; en Jalisco, el 96% de los delitos no se denuncian ni investigan, un porcentaje superior al promedio nacional (92.4%). Esta llamada “cifra negra” genera dudas sobre la representatividad de los registros oficiales y dificulta dimensionar el verdadero alcance de la criminalidad.
Percepción ciudadana: La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 estimó que a nivel nacional hubo 33.5 millones de delitos asociados a 23.1 millones de víctimas, con una tasa de 34 mil 918 delitos por cada 100 mil habitantes. Aunque en Jalisco la victimización pasó de 24 mil 793 víctimas en 2023 a 24 mil 179 en 2024 por cada 100 mil habitantes, la percepción de inseguridad sigue siendo alta.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de junio de 2025, señala que el 68.5% de las mujeres y el 56.7% de los hombres consideran insegura su ciudad. En municipios como Guadalajara, la cifra asciende al 73.1%, lo que refleja un desajuste entre las estadísticas oficiales y la experiencia cotidiana de la población.
Así mismo se reportó un aumento del 43.5% en las órdenes de aprehensión cumplimentadas, al pasar de mil 765 en 2024 a 2 mil 533 en 2025. Si bien estas acciones son un avance, no atacan los problemas de fondo: corrupción policial, falta de confianza en las instituciones y deficiencias en la prevención del delito.
Ahora bien, aunque Jalisco ha mejorado en algunos indicadores, el Índice de Paz México 2025 recuerda que las tasas de homicidios nacionales son todavía 54.7% más altas que en 2015. Esto subraya que los retos siguen siendo profundos y que las estrategias deben ir más allá de los números: la ciudadanía exige confianza, transparencia y equidad en la aplicación de la justicia y la seguridad.

¿Disminuyen realmente los delitos en Jalisco?