Fiscalizar distinto para transparentar de verdad
La próxima semana, Guadalajara será sede del “Segundo Encuentro Nacional por la Armonización Legislativa y el Fortalecimiento del Sistema de Fiscalización en México”. Una cita crucial en tiempos donde no podemos dejar campo abierto a la opacidad, donde los órganos de control han sido debilitados y el uso del dinero público exige mayor vigilancia, no menos.
Ahí estarán la Auditoría Superior de la Federación, especialistas, legisladoras, legisladores y ejecutores del gasto para responder una pregunta urgente: ¿Cómo mejorar la auditoría de los recursos públicos? Porque la fiscalización no es solo un trámite técnico: es una herramienta política, democrática y social. Su función es garantizar que cada peso destinado a programas, obras o subsidios se aplique donde debe y como se debe.
En México, no se supervisa igual en un Estado que en otro. Hay criterios dispares, estándares cambiantes y zonas completas del país donde el control es débil o simbólico. No es casualidad, los vacíos normativos, las reglas flexibles y las interpretaciones a modo han permitido que muchas irregularidades se diluyan entre burocracia y desinterés, o creyendo que lo punitivo resarce el daño. Y a este escenario se suma un problema estructural: los organismos que velaban por la transparencia han sido desmantelados o silenciados. Hoy, más que nunca, el Congreso tiene la responsabilidad de recomponer el sistema y cerrar los espacios que permiten que la corrupción se disfrace de legalidad.
Desde la Cámara de Diputados y los congresos locales, tenemos que rediseñar las reglas del juego para construir nuevos modelos que no dejen huecos donde se esconda la simulación y lograr preservar el cometido y buen uso de cada presupuesto asignado. Este encuentro busca justo eso: homologar criterios, compartir soluciones reales y empujar una nueva cultura de control público, donde fiscalizar deje de ser un acto simbólico y se convierta en una práctica efectiva. Donde ya no baste con entregar informes engargolados y se apueste por una vigilancia ejercida no solo por las autoridades, sino también hacerlo ciudadano.
Pero para lograrlo, necesitamos prevención, profesionalismo y formación especializada. No se puede seguir improvisando el manejo del dinero común. Hay que dotar de capacidades técnicas a los órganos de revisión y blindar el ejercicio público contra la negligencia o el dolo. Ejemplos hay muchos, y en la revisión anual de cada cuenta pública podemos tomar varios, pero hoy la visión tiene que ser distinta y propositiva.
Cuidar los recursos públicos no es opción: es deber. Además, es una de las pocas opciones para recuperar la confianza en las instituciones. Establecer reglas comunes, eliminar los márgenes para la discrecionalidad y asegurar que el seguimiento al gasto tenga consecuencias reales es lo mínimo que la sociedad espera de sus representantes. La revisión del gasto no es un concepto lejano. Es la base de cualquier gobierno que diga trabajar por la gente.
En casa, en el mercado o en la vida diaria, todas y todos cuidamos lo que tenemos. ¿Por qué no habría de exigirse lo mismo cuando se trata del dinero de todas y todos? Fiscalizar distinto y hacer un gasto público acompañado para prevenir desacatos, no es solo un reto técnico, es una decisión política a la que tenemos que sumarnos para transparentar de verdad.
