Hiram Espinoza de los Monteros

Hace unos días, mientras conversaba con un integrante de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, le contaba que por lo regular suelo detenerme a leer las fichas de desaparecidos que abundan en distintos sitios de la ciudad. Leo sus nombres, las fechas, la ropa que llevaban, la edad. Intento imaginar cómo serían ahora, qué circunstancias los alejaron de sus casas… Él me escuchó sorprendido. Me dijo que seguramente era de los pocos que lo hacía, porque esas fichas no suelen llamar la atención de nadie: “Por eso preferimos entregarlas en mano, solo así la gente las mira”.
De modo que, en una ciudad saturada de imágenes, el rostro de una persona desaparecida se ha vuelto un elemento más del paisaje. Está ahí, a la altura de los ojos, pero casi nadie lo ve. Se confunde con los anuncios de conciertos, con las ofertas de empleo, con los papeles que prometen curas milagrosas para cualquier enfermedad o productos para bajar de peso. Es como si la tragedia se hubiera vuelto parte del mobiliario urbano.
Le pregunté cuál era entonces el sentido de seguir pegando esas fichas si nadie las ve. Él solo alzó los hombros en una especie de “quién sabe”. Terminó la charla y me quedé pensando en ello.
Ahora pienso que cada pega de fichas que realizan los colectivos es, en realidad, un acto de resistencia. Son una forma de reclamar públicamente la ausencia, de mantener viva la búsqueda, de no permitir que el silencio oficial sepulte la memoria. También pensé que es una forma de terapia, una manera de hacer algo ante la impotencia de no saber dónde están. 
En estos días, mientras la ciudad se llena de papel picado, desfiles y catrinas monumentales, pienso en esa otra Guadalajara que también se prepara para el Día de Muertos, pero no con luces ni música, sino con la esperanza de encontrar a los suyos. Pienso en la exposición “Ceguera Voluntaria”, de la artista Claudia Rodríguez, que alude justamente a esa mirada esquiva, a esa comodidad social de voltear hacia otro lado cuando la realidad resulta insoportable.
Celebramos la muerte, pero tememos mirar a los desaparecidos. Honramos a los difuntos de antaño con flores y ofrendas, pero somos incapaces de enfrentar el dolor contemporáneo que habita nuestras calles. Esa ceguera voluntaria no es solo una metáfora artística, es una condición colectiva: sabemos lo que ocurre, pero preferimos que se disuelva entre el ruido, el tráfico y la rutina. 
¿Y si la falta de atención a las fichas de búsqueda no es falta de empatía, sino una forma de seguir operando en la vida diaria? Sobrevivencia emocional.
La muestra “Ceguera Voluntaria”, de la artista Claudia Rodríguez, puede visitarse en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA), ubicado frente al edificio administrativo de la UdeG.

Hiram Espinoza

La ciudad que celebra y olvida

Los bloqueos agrícolas que paralizaron los accesos a la Zona Metropolitana de Guadalajara son reflejo de un campo y sus trabajadores cansados de políticas públicas insuficientes para atender sus necesidades. Los productores de maíz reclaman algo tan elemental como lo es el pago de un precio justo para que el esfuerzo de siembra y cosecha se refleje en ganancias que logren disminuir la deuda que implica la compra de semillas y fertilizantes. Es un círculo que lleva décadas perpetrándose.
Los campesinos estiman que producir una hectárea de maíz tiene un costo promedio que ronda los 50 mil pesos, con rendimientos que van por ahí de entre 10 a 12 toneladas por hectárea. Esto significa que el costo real de producción ronda los 4,100 pesos por tonelada, mientras que el precio de compra se mantiene en unos 5,600 pesos. El margen apenas cubre transporte, mantenimiento y riesgo climático. 
Así pues, se paga a precios de hambre a quienes producen el alimento que sacia a toda la sociedad. Esa es la paradoja moral y económica de México: mientras los consumidores enfrentan alzas en la canasta básica, los productores apenas sobreviven con márgenes que no cubren sus propios costos.
El reto no es solo financiero, sino estructural. Requiere una política agroalimentaria que mire más allá del mercado internacional y apueste por la soberanía interna. El maíz, símbolo cultural y base de nuestra dieta, no puede depender de decisiones de importación ni de precios impuestos desde los escritorios del gobierno federal. Si desde el campo salen a complicar vialidades no es mera rebeldía, es cansancio por estar presentes en el discurso como herederos del orgullo nacional, pero ausentes en la lógica de la planeación y el presupuesto público.
En el caso de Jalisco –porque también Zacatecas, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Guanajuato registraron bloqueos–, el levantamiento de la protesta se logró después que el gobierno estatal se comprometió a instalar una mesa de diálogo con autoridades federales para revisar los precios del maíz blanco. El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, y el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural ofrecieron acompañar a los agricultores “en la lucha por un precio digno”. El tránsito volvió a fluir, pero la inconformidad sigue en pie y a la espera de que la promesa se cumpla.

Del campo a la ciudad

“No hubiera podido haber Programas del Bienestar, si no hubiera acabado con gran parte de la corrupción en el gobierno”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al defender la herencia de López Obrador. La frase funciona como narrativa política; pero, frente al archivo reciente, las investigaciones, ¡vaya! la realidad… se tambalea.
Porque sí hubo casos de corrupción comprobados. Segalmex es el emblema: el propio gobierno reconoció desvíos por miles de millones de pesos y la Auditoría Superior de la Federación estimó el boquete en más de 15 mil millones. A eso se suma el recientemente expuesto huachicol fiscal, fraude en aduanas y combustibles que la FGR aún investiga, con pérdidas multimillonarias al erario. Y si hablamos de las suspicacias en torno al combate al crimen organizado, el crecimiento de “La Barredora” en Tabasco exhibe redes criminales con vínculos políticos incómodos para Morena, el partido con más poder hoy en México.
Y podemos seguir… los megaproyectos de la 4T fueron blindados bajo el argumento de “seguridad nacional”, dificultando el acceso a datos de costos, contratos y riesgos. Si no hay información abierta, tampoco puede haber fiscalización ciudadana. La opacidad genera dudas y eso dista de ser un gobierno “sin nada que ocultar”.
Para ser claros, los programas sociales no crecieron únicamente por “ahorros” generados a partir de combatir la corrupción. Crecieron a partir de los recortes presupuestales a distintas funciones que el gobierno federal encabezado por AMLO fue rezagando: seguridad, salud, transporte, ciencia y hasta educación. La cultura recibió tijeretazos acumulados de más del 50%, y la conservación de carreteras quedó rezagada frente a obras prioritarias. Es decir: se financiaron becas y pensiones sacrificando otras funciones básicas del Estado.
¿Eso invalida los programas sociales? No. Su impacto en popularidad y en bienestar inmediato de millones de mexicanos es real. Pero sostener que existen gracias a que “se acabó la corrupción” es una verdad medio mentirosilla. Porque las irregularidades de Segalmex, el huachicol fiscal y la opacidad en proyectos muestran que la corrupción no desapareció. Y porque los programas crecieron gracias a recortes en otras áreas que hoy se sienten en baches, hospitales, museos y laboratorios.

Corrupción, programas sociales y otros menesteres

En el discurso oficial, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quedará como el que declaró la “lucha frontal contra la corrupción”. Esa fue su bandera política y su reiterado motor narrativo. El tiempo avanza, llegó el segundo piso de la 4T y la realidad se impone: el sexenio de AMLO terminó dejando casos de corrupción tan graves y visibles como los que alguna vez prometió erradicar.
El huachicol fiscal es el ejemplo más claro. No se trató de perforaciones u ordeñas clandestinas en ductos, sino de un entramado en aduanas donde el combustible ingresaba con facturas falsas para evadir impuestos millonarios. Todo bajo la supervisión de la Marina, institución que el propio presidente presumió como garante de honestidad. La participación de marinos, empresarios y agentes aduanales revela que la corrupción se infiltró en el mismo aparato que debía combatirla.
Para la acción de blanqueo de los capitales, la Fiscalía General de la República investiga a Vector, el banco fundado por Alfonso Romo, empresario no cercano, sino cercanísimo a López Obrador. Fue el jefe de la Oficina de la Presidencia en los años de arranque de su sexenio e invariablemente el hombre que logró que la iniciativa privada de mayor calado en México dejara de hacer muecas a AMLO cuando candidato. La FGR no ha presentado una imputación formal en contra de Romo, pero el solo hecho de que se le vincule en pesquisas de este calibre algo ha de significar.
No olvidemos el caso Segalmex, diseñado como emblema social y convertido en el fraude alimentario más grande en la historia reciente. De modo que la corrupción en el sexenio pasado no fue anecdótica, peor aún, fue estructural: se coló en áreas vitales como energía, alimentos y finanzas. Y aunque hoy se hable de detenciones y cateos, lo cierto es que la raíz sigue intacta.
En este contexto, el discurso reciente del titular de Marina durante el desfile del 16 de septiembre puede leerse como un deslinde: reconocer errores, marcar distancia frente al pasado inmediato y enviar una señal de ruptura. Pero aún está por verse si es un quiebre real o simplemente un acto simbólico para oxigenar la narrativa del gobierno de Claudia Sheinbaum.
La 4T prometió cortar de raíz la corrupción; lo que vemos es que floreció con nuevas formas. Si el actual gobierno quiere diferenciarse, deberá procesar a los responsables de estos esquemas sin importar su rango o cercanía al poder. De lo contrario, todo se reducirá a lo mismo: discursos de cambio en medio de un pantano cada vez más profundo.

AMLO y el huachicol del sexenio

En los discursos oficiales, publicaciones en redes, videos a modo de selfies y cualquier afiche propagandístico, la palabra “coordinación” aparece una y otra vez. Se presume que en materia de seguridad, Federación, Estado y municipios trabajan unidos sin importar partidos políticos. Se habla de esfuerzos conjuntos, de mesas permanentes y de una estrategia común para enfrentar a la delincuencia. Ese relato, más allá de los matices, busca transmitir confianza: la seguridad no se negocia y se atiende en bloque.
Ah, pero la coordinación se diluye cuando de presupuesto se trata. El caso de las carreteras federales en Jalisco lo hace aún más evidente. Desde la Cámara de Diputados se acusa que el Gobierno del Estado no ha ejercido una bolsa de 400 millones de pesos para mantenimiento.
En contraste, desde el Ejecutivo estatal se asegura que ese dinero nunca ha estado bajo su control, sino que corresponde a la delegación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. 
Mientras tanto, los más de dos mil kilómetros de carreteras federales que atraviesan Jalisco permanecen deteriorados, plagados de baches y con deficiencias que representan un riesgo para la seguridad vial, la economía y la vida cotidiana de miles de personas. La ciudadanía, al final, paga las consecuencias de un desencuentro político.
La obra pública es terreno de protagonismos. Cada partido busca colgarse la medalla de los recursos invertidos, los proyectos inaugurados y las obras entregadas. En lugar de un frente común que tanta falta le hace a los ciudadanos. 
Si en seguridad es posible presumir coordinación diaria y sin distingos, lo mismo debería ocurrir en materia presupuestal. Jalisco necesita que diputados, senadores, autoridades federales y estatales trabajen como un solo bloque, sin importar siglas… Sí, planteo lo nunca antes visto, lo sé, pero ¿qué sería de esta vida sin soñar?

Coordinación… pero no en el presupuesto

El sábado pasado —30 de agosto— al conmemorarse el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, colectivos de familias marcharon en distintas ciudades del país para exigir justicia y recordar a quienes siguen sin regresar a casa. Dos días después, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su primer informe de gobierno convertido en un recuento amplio de programas sociales y políticas públicas… y no hubo una sola palabra para los desaparecidos.
La omisión no es un detalle cualquiera si tomamos en cuenta las cifras que México registra: más de 130 mil personas desaparecidas, y que Jalisco concentra la mayor parte de los casos. El discurso por el informe contuvo más de 7 mil palabras y relegó el tema sin hacer visible la crisis humanitaria que representa. Organismos civiles como el Centro Prodh, subrayan que este vacío en el discurso oficial significa, en la práctica, una invisibilización de las víctimas.
El silencio oficial también tiene consecuencias políticas. Si el gobierno federal evita pronunciarse sobre la crisis más dolorosa del país, corre el riesgo de que se perciba como “normal” y convertirla en un problema sin prioridad en la agenda pública. Cada vez que el tema se omite en los discursos de poder, se envía un mensaje de indiferencia institucional y se profundiza la desconfianza de las familias hacia el Estado. 
Pero mientras el poder calla, las familias alzan la voz. En el Congreso de Jalisco, colectivos como Luz de Esperanza y Justicia Unida montaron una exposición artística para recordar que detrás de cada ficha hay un rostro, un nombre y una historia. Ese contraste entre la memoria activa en las calles y la ausencia en el discurso presidencial, revela una fractura profunda entre sociedad y gobierno.
Nombrar es reconocer primero que la ausencia pesa no solo a la familia directa, sino también a la sociedad, porque hemos visto que se replican y aumentan los casos. Cuando desde la máxima autoridad de gobierno se omite la crisis de desapariciones, lo que se transmite es indiferencia, porque callar es desaparecer dos veces.

Desaparecidos también en el discurso de Sheinbaum

El próximo lunes inicia un nuevo periodo legislativo en el que Morena y sus aliados consolidarán su control del país. Ese mismo día asumen funciones los nueve nuevos Ministros –electos en la primera elección popular de integrantes del Poder Judicial–, a quienes se les identifica, en su mayoría, como cercanos al oficialismo. Esto pone en entredicho la independencia en decisiones que involucren asuntos vinculados al Estado.
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El oficialismo controla no solo el Congreso y ahora –parece– la Corte, se suma el diseño de una reforma electoral que podría eliminar plurinominales y reducir aún más los contrapesos. 
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Sin oposición efectiva, Morena y sus aliados consolidan un sistema en el que todas las instituciones orbitan en torno a su proyecto político.
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En este entorno, se esperaría que la oposición –PRI, PAN y Movimiento Ciudadano– actúen como un freno institucional, pero el lamentable episodio de ayer en el Senado, cuando Alejandro “Alito” Moreno, líder del PRI, agredió físicamente al presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, es evidencia de lo contrario. La oposición está 
secuestrada por el espectáculo, los pleitos personales y la deslegitimación mutua.
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El PAN, por su parte, atraviesa crisis internas, y Movimiento Ciudadano prefiere mantenerse como “tercera vía”, sin asumir un rol claro ante el rumbo oficialista que se extiende. En conjunto, difícilmente representan el contrapeso que la democracia en México requiere… El oficialismo avanza porque la oposición se arrastra.
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Un poder hegemónico nunca es garantía de progreso; al contrario, deriva en imposiciones, abusos y decisiones alejadas de la pluralidad que caracteriza a una sociedad diversa como la mexicana. Cuando sólo importa una voz y una visión de lo que México es y de lo que 
México necesita, se corre el riesgo de acallar las disidencias y sofocar la crítica, cancelando el disenso que es parte central de la democracia. Lo que queda es nula pluralidad y obediencia ciega.

Justo cuando más se necesita una oposición

Los asesinatos recientes de Katia Daniela Medina, defensora y activista trans, y Joselinne Páez, son muestra de una violencia estructural. Organizaciones como Unión Diversa de Jalisco denuncian que cada transfeminicidio es el resultado de discursos de odio, omisión institucional y revictimización… y es cierto.
La discusión en torno a la tipificación del transfeminicidio en el Código Penal —y la incorporación de agravantes por odio— parece urgente y necesaria. Se trataría de un avance significativo en el plano institucional, que permitiría visibilizar una violencia con nombre propio y obligaría tanto a procuradores de justicia como a jueces, a reconocer la identidad de las víctimas como sujetos de derechos en una situación históricamente vulnerable.
Surge entonces la duda sobre cómo operarán los diferentes grupos parlamentarios frente a la propuesta de reforma presentada por la diputada de Movimiento Ciudadano, Montserrat Pérez Cisneros, especialmente después del rechazo explícito que mostraron en la votación obligada por la Suprema Corte respecto al reconocimiento de las infancias trans.
En marzo pasado, el Congreso de Jalisco rechazó con 21 votos en contra, 13 a favor y una abstención, una reforma para que niñas, niños y adolescentes trans pudieran modificar legalmente su identidad de género en el acta de nacimiento. Esta decisión limita desde la infancia el reconocimiento de la dignidad de las personas trans. Allí se evidencia la noción de “violencia institucional”: no es solo una omisión, sino una imposición normativa que revoca el derecho al reconocimiento básico. La ley no solo no protege, sino que retrae derechos fundamentales. 
La pregunta inevitable es: ¿Puede una tipificación legal frenar o solo mitigar la violencia? La experiencia sugiere que por sí sola no basta. Sin embargo, visibilizar esta violencia desde la ley permite construir memoria, exigir protocolos claros y capacitar a los cuerpos de seguridad. Al reconocerles como grupo vulnerable, podría también impulsarse un cambio social que no sería inmediato, pero sí un paso hacia adelante. Porque en Jalisco, la violencia contra las personas trans no solo se mide en crímenes de odio, sino también en las leyes que les niegan reconocimiento y, con ello, el derecho a vivir con dignidad.

Doble violencia para personas trans

Isaura Amador

La buena vecindad: el primer paso hacia una mejor ciudad

Laura Haro Ramirez

Chapala nos da vida, el PRI lo defiende

Federico Torres López

Keep calm and carry on (Mantén la calma y sigue adelante)

Jonás

Se abre la contienda: Lomelí va por Guadalajara

Laura Castro Golarte

El fondo del desastre

El 30 de septiembre de 2010 desaparecieron Dalia Guadalupe Cruz Guerrero, Luis Ramón Enciso Ramírez, Bernardo Celado Pinches y Carolina Naranjo García, jóvenes de entre 21 y 28 años que buscaban llegar a Estados Unidos y cuyo rastro se perdió en la frontera de Jalisco con Zacatecas. Quince años después, el Estado de Jalisco pidió perdón. Hoy lo hizo el gobernador Pablo Lemus Navarro, en el ex recinto legislativo, sede histórica de la soberanía popular. Fue el segundo evento con estos fines.
El 14 de agosto de este año, la Fiscalía estatal intentó ofrecer la disculpa pública. El acto, realizado en el Patio de los Naranjos, se convirtió en un trámite burocrático: se cambió la fecha tres veces, se ignoraron peticiones de las familias, se excluyó a organismos acompañantes y hasta se negó la lectura de una carta escrita por Diego Enciso, hijo de Dalia y Luis Ramón. La madre de Dalia, doña Natividad, lo describió como revictimizante. Más que reparación, fue un recordatorio del abandono institucional vivido 15 años atrás.
La diferencia no es menor. Hoy la disculpa se ofreció en el ex recinto legislativo, no en un patio lateral, y fue encabezada por el gobernador. Ese espacio representa la pluralidad política y la mayor representatividad ciudadana. Cambiar de escenario y de voz, transmite un mensaje distinto: ya no solo un trámite, sino un reconocimiento solemne de la deuda histórica.
Pablo Lemus miró a los familiares a los ojos y dijo: “Lo digo con todas sus letras: ofrezco una disculpa pública”. Aclaró que no es un punto final, sino el inicio de un compromiso. Palabras importantes, aunque todavía insuficientes frente a 15 años de ausencia. 
Una disculpa pública es mucho más que un acto protocolario. Es memoria, reconocimiento y una promesa de no repetición. El fracaso del 14 de agosto mostró lo que ocurre cuando se improvisa. El acto de ayer (24 de septiembre de 2025), más solemne y representativo, buscó corregir ese error y recuperar algo de confianza.
El verdadero desafío no se resuelve en un recinto, sino en los hechos: investigar, sancionar y garantizar que ninguna otra familia recorra este mismo camino. Porque lo simbólico pesa, pero lo real es lo único que sana, lo mismo ocurre con las más de 14 mil personas desaparecidas en Jalisco.

Cuando pedir perdón no basta