La reforma al Poder Judicial, una oportunidad para limpiarlo de corrupción
La iniciativa de reforma al Poder Judicial local que formulamos quienes integramos el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, propone limpiar a esta institución de los graves problemas de corrupción que enfrenta y que impiden al pueblo acceder a la justicia honesta, gratuita, legal, ágil, imparcial y profesional.
Nuestra iniciativa toma los aspectos claves de la reforma constitucional federal, por tanto, contempla renovar, en 2027, mediante el voto de la ciudadanía, las 34 magistraturas y las 203 plazas de juezas y jueces del Estado.
Hay quienes dicen que esto ocasionará que ganen los cargos judiciales las personas más populares, no las más preparadas. Esta es una afirmación falsa, porque en la iniciativa incluimos dos etapas previas que deberán cubrir las y los aspirantes, antes de ser postuladas a las candidaturas judiciales.
La primera de ellas es la acreditación de diversos requisitos de elegibilidad: contar con título en la abogacía, tener cuando menos cinco años en el ejercicio profesional del derecho, haber obtenido calificaciones de ocho y nueve en las materias relacionadas con el cargo que se postula, gozar de buena reputación y no tener antecedentes penales ni sanción administrativa.
La segunda etapa refiere la evaluación de conocimientos a través de una instancia profesional, independiente, objetiva e imparcial que diseñe los exámenes de conocimientos, garantice su secrecía, lo aplique y califique bajo criterios de máxima publicidad. Esto, por cierto, es contrario a la propuesta de Movimiento Ciudadano, cuya iniciativa plantea que sea la escuela del Poder Judicial la que aplique los exámenes de conocimientos a todos los comités de evaluación, convirtiéndose en juez y parte, con el propósito de mantener el control e injerencia hacia quienes en su momento asumirán los juzgados y magistraturas.
Con estas dos etapas garantizamos a la ciudadanía el profesionalismo y la honorabilidad de las y los aspirantes.
No obstante, consideramos una tercera etapa en la iniciativa que planteamos, consistente en la insaculación. Esto es que todas y todos los aspirantes que hayan acreditado los requisitos de elegibilidad y a la vez hayan logrado los mayores puntajes, sean sometidos a un proceso aleatorio mediante el cual se obtengan los nombres que pasarán en definitiva al proceso de la elección judicial. Vemos necesaria esta tercera etapa porque uno de los problemas generadores de corrupción es el control político que se ejerce por poderes ajenos al Poder Judicial y que, basado en el sentido de deuda política del nombramiento, coacciona a los impartidores de justicia el sentido de las resoluciones.
El problema de la corrupción en el Poder Judicial local no es una invención y hay sentidos reclamos de la ciudadanía para reformarlo y sanarlo, la elección de sus integrantes y la insaculación no son obstáculos, sino procedimientos que contribuyen a su legitimación, profesionalismo e independencia.
