Jonás

La Iglesia de La Luz del Mundo es una fuente inagotable de sorpresas que nos prueba, una vez más, cómo las instituciones están rebasadas por actos y decisiones de particulares que están fuera de toda lógica y sobre todo, fuera de la ley. Este 23 de septiembre, en el municipio michoacano de Vista Hermosa, un operativo conjunto de autoridades federales y michoacanas, encontró y detuvo a un grupo de 38 personas que se capacitaban en tácticas militares y uso de armamento, con supuestos fines religiosos: proteger a los pastores de su iglesia y resguardar sus sedes religiosas. 
Lo increíble del caso, es que estaban en un predio que se presume, es controlado por un cártel del crimen organizado, y son integrantes de este grupo delictivo quienes los capacitan.
Los organismos privados de seguridad están totalmente reglamentados en nuestro país. Apegándose al Derecho establecido e informando puntualmente sobre sus operaciones y equipamiento a las autoridades correspondientes, pueden operar con toda normalidad.
Los guardaespaldas o “guaruras” y las policías privadas, pueden tramitar licencia y darse de alta ante autoridades federales para la portación y uso de armas. Con licencia oficial y dando cuenta de sus actividades y dónde las realizan, están facultados para proteger edificios, instituciones y personas particulares, aunque se trate de líderes religiosos.
Pero lo que ocurre en la Iglesia de la Luz del Mundo rompe todos los límites y construye una red de delitos que deben ser detenidos y castigados.
Este “ejército religioso” se hace llamar “Jahzer”, utilizando un término de origen bíblico según la tradición de una organización religiosa fundada por la familia Joaquín, e iniciada en la década de los años 30 del siglo pasado por Eusebio Joaquín González, abuelo de Naasón Joaquín García, hoy condenado por delitos sexuales en California, Estados Unidos, y acusado de nuevos delitos por las autoridades federales del país vecino. El actual líder de esta iglesia se enfrenta a un escenario de cadena perpetua, acusado junto con otros miembros de su familia, incluida su madre.
Sorprendentemente, ante el escándalo mediático que protagoniza Naasón Joaquín García por el proceso judicial que lo mantiene preso desde hace años, la Fiscalía General de Jalisco informó que en nuestro Estado, justo donde se fundó esta organización cristiana, no existe una sola investigación ni denuncia contra el líder religioso o sus colaboradores.
Adicionalmente, sin que esto sea una acusación sino un señalamiento que alimenta sospechas fundadas, durante decenios esta iglesia ha promovido acuerdos políticos con los diferentes gobiernos de municipios y del Estado de Jalisco. Muchos de sus miembros han alcanzado posiciones en espacios de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, como resultado de estos acuerdos. 
Y aunque no hay acción de la justica contra las acciones que pueden constituir delitos por parte de los integrantes de la Luz del Mundo, es claro por lo que actualmente sucede, que esta organización de naturaleza religioso debe ser investigada y fiscalizada. Cuando menos, deben eliminarse las actividades y procedimientos que ante las evidencias actuales, pueden ser delitos cometidos o en curso.

La guardia secreta de La Luz del Mundo

Mediante una audiencia virtual (se realizó por vía electrónica, mientras permanece detenido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México), el juez de Control de la Región Judicial número 9, con asiento en Villahermosa, Tabasco, Ramón Adolfo Brown Ruiz, le dictó a Hernán Bermúdez Requena, ahora tratado como “Hernán N”, prisión preventiva oficiosa. Está acusado de tres delitos graves: delincuencia organizada, secuestro exprés y extorsión.
El juez, además, le dio a la Fiscalía General de Tabasco un plazo de tres meses para todo el proceso de la investigación complementaria. 
La historia de “El Abuelo”, entra así en un período de letargo.
Con esta determinación judicial se le aplicará un enfriamiento total a la crisis política que parecía amenazar el futuro inmediato del senador Adán Augusto López. 
En este proceso judicial que se sigue contra el ex secretario de Seguridad del gobierno de Tabasco hay varias cuestiones que salen de lo ordinario.
Primero: es irregular que el proceso se ubique en un juzgado en Villahermosa, mientras que el acusado está detenido en un centro penitenciario federal en el Estado de México. A menos que la Fiscalía General de la República (FGR), que no ha dado ninguna explicación, determine la atracción de la investigación, se presta a especulaciones inmediatas que el detenido permanezca fuera del área de competencia del juez de la capital tabasqueña. 
Segundo: Ignorar los nexos políticos del caso es totalmente improcedente. Las acusaciones contra “Hernán N” se presentan contra un ex funcionario de primer nivel en el gobierno estatal tabasqueño. No se puede explicar ni investigar la comisión de esos delitos sin indagar en sus relaciones con funcionarios como Adán Augusto López y Carlos Merino, gobernadores tabasqueños mientras él era el primer responsable de la seguridad en el Estado.
En este punto, y después de que la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, ha intervenido repetidamente en el asunto al evaluarlo durante sus ruedas de prensa oficiales, en Palacio Nacional, subrayando que no se puede incriminar al senador Adán Augusto López mientras la FGR no lo determine en una investigación oficial, obliga a cuestionar ahora a Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR: ¿No es elemental llamarlo a declarar para integrar la investigación? 
¿O le dejarán esa facultad al juez Ramón Adolfo Brown en una investigación de índole estatal? 
Tres meses para la investigación complementaria… Están desactivando la crisis política.

Hernán Bermúdez, vinculado a proceso

En un momento de numerosos frentes abiertos, como el “huachicol fiscal” que involucra a elementos de la Marina, funcionarios de aduanas y empresarios investigados por la Fiscalía General de la República (FGR), además del tema Hernán Bermúdez Requena, líder de “La Barredora”, la presidenta Claudia Sheinbaum se estrenó como creadora de cortinas de humo, y desde Palacio Nacional anunció que se está construyendo una nueva alianza política entre los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC). Jocosamente la llamo la “alianza MCPAN”.
Eso que tanto hacía el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, generar distractores e instalar nuevos temas en el discurso público para distraer de conflictos importantes, ahora lo está intentando la presidenta Sheinbaum. 
Revisemos primero el anuncio de carácter político partidista. 
¿Puede haber una alianza entre los partidos MC y PAN para el proceso electoral 2027 y eventualmente, para la carrera presidencial que culminará en las elecciones de 2030? Definitivamente, sí.
La alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no le dio al PAN casi nada en victorias electorales. Además, la dinámica en la que está metido Alejandro Moreno “Alito” como discutible líder priísta, lleva al partido tricolor por una ruta de caída permanente. Hacer alianza con el PRI es más costoso que benéfico.
El PAN y Movimiento Ciudadano, en tanto que son oposición, tienen más oportunidades si van juntos que por separado. Pero eso es teoría y no necesariamente se traducirá en hechos.
Además, la alianza electoral todavía no está en la agenda de ambos partidos y en honor a la vedad, Morena tiene mucho margen de maniobra para convencerlos de no unirse, ofreciendo a cambio alianzas bajo la mesa que les permitan a ambos partidos mantener espacios sin convertirse en un contendiente serio en las elecciones. 
Así las cosas, con toda seguridad se puede afirmar que a la presidenta Sheinbaum y su equipo de gobierno les importa mucho más cómo resolver el pendiente del “huachicol fiscal”, tanto por la presión de la opinión pública en México, como por el impacto que pueda generar en el gobierno de Donald Trump.
Les importa mucho más, también, concluir el caso Hernán Bermúdez Requena en relación con el senador Adán Augusto López y sus posibles derivaciones negativas que puedan impactar en el ex presidente López Obrador y sus aliados políticos, incluidos sus hijos. 
Les importa mucho más, igualmente, la ruta de revisión del T-MEC que marcará el futuro económico del país el año entrante, en un momento en el que la economía sigue en una dinámica de estancamiento y marcada dependencia de la economía estadounidense. 
Esos sí son problemas. 
Lo de las elecciones se atenderá en su momento. No se ve por dónde, con alianza o sin alianza, los partidos de oposición puedan ser contendientes electorales que pongan en serio riesgo la hegemonía de Morena.

Sheinbaum anticipa la “alianza MCPAN”

A unos días de que presente en el Zócalo de la Ciudad de México su primer informe de gobierno (el informe formal, ante el Poder Legislativo, se entregó el 1 de septiembre), la presidenta Claudia Sheinbaum se confronta con asuntos públicos de diferente grado de complejidad, pero hay un factor que la respalda ampliamente: la aprobación pública. En términos generales, la presidenta del país tiene una aprobación superior al 70%, de acuerdo con estadísticas de diferentes fuentes.
El grado de aprobación del que goza es incluso superior al que tenía el ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso es histórico y pocos jefes de Estado pueden presumirlo en el mundo. La constante es exactamente lo contrario.
Sin embargo, la presidenta de nuestro país está envuelta en un tema escandaloso que si se descuida, puede echar por la borda la aceptación y la buena imagen de la que goza entre una mayoría de los mexicanos. Se trata del caso Hernán Bermúdez Requena, ligado a los nombres de Adán Augusto López Hernández y Andrés Manuel López Obrador; y de paso, se liga también con una defensa innecesaria de los hijos del ex presidente del país.
Primero: Hernán Bermúdez, ex secretario de Seguridad de Tabasco, enfrenta las consecuencias de haber sido un funcionario no sólo corrupto, sino promotor de la delincuencia. Se le identifica como jefe de un cártel del crimen organizado, “La Barredora”. Las consecuencias de esto, para él, son variables. Entre varias, figura la posibilidad de quedarse en la cárcel de por vida. No debe olvidarse que entre sus principales acusadores están el actual gobernador de Tabasco, Javier May, y su secretario general de gobierno, Ramiro López Obrador, hermano del ex presidente.
Segundo: Bermúdez Requena llegó al cargo impulsado por Adán Augusto López, quien fuera gobernador de Tabasco, cercanísmo al ex presidente López Obrador y después secretario de Gobernación y precandidato a la presidencia. Hoy, presenta el poco creíble argumento de que no se daba cuenta de las aventuras delictivas de su ex secretario.
Tercero: Al hacer comparativo de las fechas en las que ocurrían los hechos delictivos de “La Barredora” y Hernán Bermúdez, queda evidenciado que coincidían con el periodo de gobierno del ex presidente López Obrador. La duda es razonable: ¿No se enteraba del crecimiento de la delincuencia el presidente que presumía saber todo lo que ocurría en el país? 
Conclusiones aparte, la presidenta Sheinbaum ha salido en defensa, increíblemente, de Adán Augusto López. Y digo “increíblemente” porque no es necesario, de ninguna manera, que ella se pronuncie sobre el tema. Basta un simple “que se haga cargo la Fiscalía General de la República”.
Y también sale en defensa del ex presidente López Obrador, y hasta de sus hijos señalados en diferentes publicaciones. Y en contraparte, critica a los medios de comunicación que hacen públicas las conductas cuestionables de todos ellos. 
Todo esto en conjunto, pone en riesgo su bien ganada aprobación entre los mexicanos. ¿Por qué lo hace? Es algo que quizá después se verá obligada a explicar.

La credibilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum

Como sucede siempre en la revisión de las actuaciones del poder, la población se detiene en los asuntos más populares, más entendibles, y deja pasar las cuestiones técnicas, las que impactan con profundidad pero son materia abordada por unos pocos. Eso nos está ocurriendo con la iniciativa anunciada por la presidenta del país, Claudia Sheinbaum Pardo, para reforma la Ley de Amparo. 
Al día de hoy, lo más conocido es lo dicho por la presidenta misma y los dos personajes más influyentes en las cámaras de Diputados y Senadores, Ricardo Monreal y Adán Augusto López.
La presidenta afirma que con la reforma, se imprimirá celeridad y orden en las resoluciones de juicios de amparo, que son materia exclusiva de los jueces federales. El diputado Monreal Ávila anunció que habría un “parlamento abierto” para que los diputados de todos los partidos presentarán sus posturas en torno de la reforma.
En tanto, el muy cuestionado Adán Augusto López, anunció que no habrá en la Cámara Alta ese parlamento abierto. En otras palabras, que se atengan las diferentes fracciones de senadores al número de votos que puedan reunir; la mayoría es de Morena y sus aliados. 
Al mexicano promedio, hay que decirlo, una reforma a la Ley de Amparo le tiene sin cuidado. No forma parte de la agenda de vida.
Sin embargo, y hay que subrayarlo como herederos de la propuesta del jalisciense Mariano Otero, el Juicio de Amparo concebido por este histórico abogado jalisciense, se convirtió en uno de los más prestigiosos logros del Derecho Mexicano ante el mundo. Ha sido el mecanismo mediante el cual, cualquier ciudadano común pudo frenar la acción de las autoridades, al argumentar un abuso de poder, así se tratara de un asunto penal, medioambiental, urbano o civil.
Naturalmente, a lo largo de la historia ha habido un uso abusivo del Juicio de Amparo. “A nadie se le niega un amparo y un vaso de agua”, dice el refrán irónico. Pero que no haya confusión: el freno a la acción de las autoridades siempre fue temporal. El Juicio de Amparo estuvo perfectamente delimitado.
El problema de fondo es que la reforma anunciada a la Ley de Amparo, promovida por la presidenta del país, dará a las autoridades interpeladas el pretexto ideal para no atender su obligación: podrán alegar imposibilidad jurídica, imposibilidad material o incompetencia. Incluso, podrán indicar que carecen de recursos para su aplicación.
El Juicio de Amparo se convertirá, si la reforma se aprueba, en un bonito apéndice legal. 
En el momento en que el diputado Ricardo Monreal anunció que se instalará un “parlamento abierto” para revisar la propuesta de reforma, dejó entrever la posibilidad de que la reforma se analice y ¿será posible?, se modifique. ¿Queda esperanza? Es cuestión de ser optimistas o pesimistas.

Sheinbaum y la reforma a la Ley de Amparo

Después de una semana de haber iniciado las protestas de grupos estudiantiles dentro de la Universidad de Guadalajara, la rectora general de la institución, Karla Planter Pérez, apareció públicamente en las redes sociales a presentar su respuesta a las demandas de quienes se dicen integrantes de la Universidad y se han manifestado: hay disposición al diálogo y también a atender las peticiones que son razonables.
La rectora, sin embargo, descartó tajantemente que se vayan a atender algunas solicitudes que a primera vista están fuera de lugar, como el establecimiento de espacios para el consumo de mariguana en centros universitarios y eliminar el proceso electoral para la integración del Consejo General Universitario.
Sobre lo primero, indicó que la Universidad es un espacio de conocimiento, de modo que no hay posibilidad de aceptar la petición para lugares de consumo de cannabis.
Sobre anular la elección interna, indicó que no es posible porque atenta contra los derechos de los 360 mil integrantes de la Universidad. 
En un punto específico que también ha estado presente en las demandas: la desaparición de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), la rectora indicó que la organización estudiantil no solamente seguirá, sino que además ha sido artífice para logros universitarios como el descuento en las tarifas de transporte público para estudiantes y la defensa de la Universidad en diferentes episodios de la vida reciente del Estado de Jalisco.
Lo que se puede ver de inmediato es que Karla Planter cierra filas con el grupo universitario que es dominante en los órganos de gobierno de la institución educativa, pero además subraya que no se permitirá la intromisión de agentes externos que se aprovechan de las causas legítimas de los estudiantes para fines políticos ajenos a la institución educativa. 
Mientras la rectora difundía este mensaje, seguían algunas protestas ahora en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI).
Lo que se puede sacar en claro del mensaje de la rectora, es que no hay intención de obtener una reconciliación a cualquier costo con quienes protestan, aunque se les dará espacio. Pero además, se subraya que hay actores externos a la Universidad. Era necesaria la respuesta y el posicionamiento oficial de la primera rectora de la UdeG, que también ha logrado el consenso y el apoyo del Gobierno del Estado.
Todo indica que las protestas terminarán por diluirse y cuando sean atendidas algunas de las demandas que se inserten en la propia agenda universitaria, pero que no modifiquen su estructura y los acuerdos políticos que le han dado estabilidad desde hace décadas. 
Realmente, los grupos internos de la Universidad que están en contra del “establishment” actual, tendrán que buscar por la vía de elecciones y la competencia interna, y no de las protestas, insertarse en la toma de decisiones.

Karla Planter: postura firme ante las protestas

Con motivo del Desfile Militar del 16 de Septiembre, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de la Marina mexicana, tomó la palabra en una coyuntura especial y aseguró que el escándalo de corrupción en el que han sido descubiertos notables integrantes de la institución ha sido “muy duro de aceptar”, pero hubiera sido “absolutamente imperdonable callarlo”. El titular de la Marina aseguró que la corrupción “no encontró lugar ni abrigo” con ellos.
El caso de la multimillonaria corrupción denunciado públicamente por el secretario de Seguridad del país, Omar García Harfuch el pasado 7 de septiembre, dejó en evidencia a la Marina y a las Fuerzas Armadas del país. 
Primero el fiscal de la república, Alejandro Gertz, y después la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, intentaron minimizar lo sucedido al asegurar que el anterior secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, denunció personalmente la corrupción que involucró a sus sobrinos políticos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna. Pero el descrédito y los hechos son más potentes que los discursos. 
Por eso, la Marina está en una crisis interna.
Al paso de los días se ha calculado que el “huachicol fiscal” le ha costado a las finanzas nacionales miles de millones de dólares. 
También ha evidenciado que había conocimiento en el gobierno federal de las irregularidades en las que participaban los integrantes de la Marina, empresarios y directivos de Aduanas, al menos durante los dos últimos años del gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador… y no se hizo nada.
Adicionalmente, se ha filtrado a los medios de comunicación que José Rafael Ojeda no sólo no frenó a sus sobrinos, sino que encabezó una serie de castigos a quienes los denunciaban, y se mantuvo en la línea de concederles ascensos en la estructura de la institución.
Y claro, no puede aceptarse como “coincidencia” que dos integrantes de la Marina, Abraham Jeremías Pérez Ramírez y Adrián Omar del Ángel Zúñiga, hayan muerto precisamente después de las denuncias y detenciones presentadas por el secretario de Seguridad, el primero en un suicidio y el segundo en un accidente durante un ejercicio de tiro en Sonora. Los dos ejercían cargos directivos en aduanas en Altamira, Tamaulipas, y Manzanillo, Colima, respectivamente.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado públicamente que haya una trama de corrupción de ese tamaño e intenta exculpar a José Rafael Ojeda y al ex presidente López Obrador. A ella se le une el fiscal Alejandro Gertz Manero. El secretario García Harfuch se limita a informar de las acciones legales y las investigaciones.
Pero ante el país y ante los integrantes de la Marina, el almirante Morales Ángeles sabe que los discursos políticos no serán aceptados. Por eso, ayer durante el Desfile Militar del aniversario de la Independencia, intentó lavar la profunda y negra mancha de la corrupción.

La crisis de la Marina por el huachicol

En fechas de festejos patrios como la de hoy, tome en cuenta este nombre desconocido: Alicia Matías Teodoro. Seguramente no le dice nada, no le recuerda a nadie. No tenía miles de seguidores en redes sociales ni pretendió nunca ser youtuber ni influencer. Era una mujer de 49 años y tenía un trabajo humilde que le permitía sacar adelante la mayoría de los gastos cotidianos. 
A esa edad ya era abuela, y como la mayoría de las abuelas mexicanas, apoyaba en el cuidado de sus nietos.
Involuntariamente –y seguro si le hubieran preguntado jamás habría querido la fama que ahora la envuelve– alcanzó notoriedad nacional. El 10 de septiembre, un miércoles cualquiera, mientras cuidaba a su nieta en Iztapalapa, una pipa cargada de gas LP volcó en el Puente La Concordia al transitar por la Calzada Ignacio Zaragoza. Explotó y el gas que se expandía rápidamente quemó a su paso a vehículos y personas.
La señora Alicia Matías abrazó a su nieta. La cubrió con su cuerpo para protegerla y después, pasado el incendio en el aire, empezó a caminar por la avenida pidiendo auxilio. Tenía quemaduras graves en el 90% de su cuerpo y la ropa quemada se le caía junto con tiras de piel chamuscada. No se detuvo hasta que un policía le quitó a la niña de los brazos y se trepó con un motociclista para que lo llevara a entregar a la criatura en un hospital. También la bebé estaba herida, pero el daño fue menor y hoy está fuera de peligro, recuperándose.
Su abuela murió el 12 de septiembre. No resistió el daño de las quemaduras. 
Hasta ayer, 14 personas habían muerto después de la explosión, abrazados por el gas ardiente. 39 personas siguen hospitalizadas y otras 30 habían sido dadas de alta. 
Sin ceremonias, sin homenajes, es la abuela heroína.
Alicia Matías no sólo rescató a su nieta, envió un mensaje de esperanza y convicción. 
Seguramente, millones de madres y abuelas en México harían exactamente lo mismo por los suyos sin dudarlo dos segundos. 
¿Alicia Matías aceptaría un homenaje? Lo más probable es que no. Su sentido del deber, herencia de su cultura y sus antepasados, no se compra.
En un momento histórico como el actual, en el que los mexicanos padecemos una crisis de violencia e identidad, el potente mensaje de Alicia Matías trasciende fronteras y seguro puede llegar hasta donde dicen que de México llegan sólo delincuentes. 
Desde aquí, el mayor y más sincero reconocimiento a la abuela heroína, a Alicia Matías que encarna en silencio lo mejor de los mexicanos.

La abuela heroína

La mayoría de las veces, realmente, las fechas que marcan un parteaguas no se hacen notar sino hasta pasado el tiempo. Este 24 de septiembre de 2025, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, compartió en sus redes sociales un video en el que comparte espacio con la primera rectora de la Universidad de Guadalajara, Karla Planter Pérez, para anunciar la creación de una red de hospitales-escuela que se desprenden del original Hospital Civil de Guadalajara. 
Es un histórico. Así de simple.
El gobernador Lemus y la rectora Planter confirmaron que en 2026 se iniciará la construcción de un hospital civil con la misma lógica del Hospital Civil Viejo en Puerto Vallarta. En el año 2027 el proyecto se repetirá en Ciudad Guzmán, cabecera de Zapotlán el Grande. 
Al mismo tiempo, y no es menos importante, se financiará la construcción de las áreas de urgencias y cirugías en el Hospital Civil de Oriente, ubicado en Tonalá, que actualmente es un imponente edificio, pero está lejos de ofrecer los servicios médicos que se han anunciado desde años atrás.
Sobre la red de hospitales-escuela se pueden hacer lecturas varias. 
La primera discurre por dos vías. Aunque tarde años, ofrecerá espacios de formación para nuevas generaciones de médicos y enfermeras, además de especialistas varios en diferentes áreas.
Además, ofrece la oportunidad de que en tiempo razonable, decenas de miles de personas en el Área Metropolitana de Guadalajara y en regiones de Vallarta y Ciudad Guzmán, puedan acudir a recibir atención médica. No es asunto menor, porque actualmente cuatro millones de jaliscienses (cifra presentada por el gobernador Lemus) carecen de seguridad social.
El esquema presentado por Pablo Lemus especifica que conjuntamente, la Universidad de Guadalajara y el Gobierno de Jalisco aportarán 400 millones de pesos (200 millones cada cual) para los nuevos hospitales. El compromiso importa, aunque la cantidad sea mínima. 
Sólo el nuevo Hospital Civil de Oriente en Tonalá significó una inversión de dos mil 472 millones de pesos aportados por el gobierno jalisciense. Y aún falta mucho en inversión, construcción y equipamiento para que alcance la meta de atender a más de 100 mil pacientes, como se anunció en su momento.
Los 400 millones de pesos anunciados son apenas la semilla de un proyecto que rendirá frutos en varios años. Será muy importante que tanto Pablo Lemus como Karla Planter aseguren por la vía jurídica y presupuestal, que los dos nuevos proyectos queden asegurados para el futuro.
El Hospital Civil Juan I. Menchaca, conocido como el “Hospital Civil Nuevo”, se proyectó en la década de 1940 del siglo pasado. Pasaron casi 50 años hasta que el gobierno estatal destinó el presupuesto suficiente para su edificación y conclusión. Se abrió y empezó a operar hasta 1988. 
No podemos permitirnos que se repita la historia.

Los hospitales escuela de Lemus y Planter