Manuel Baeza

El intento de la oposición de sacar adelante, en caliente, la reforma al Poder Judicial de Jalisco, es una llamada de atención para el emecismo local y su gobierno.
Todo parece indicar que dentro del Congreso del Estado nadie de Movimiento Ciudadano se enteró a tiempo de que seis fracciones políticas y el único diputado independiente, se habían puesto de acuerdo para aprobar en comisión una iniciativa de reforma que llamaría a una elección popular en 2027 para cambiar a los integrantes del Poder Judicial de Jalisco.
Y si alguien de MC lo supo a tiempo, o se quedó callado, o simplemente no pudo maniobrar para evitar que Morena, PT, PRI, PAN, Futuro, y Hagamos trabajaran juntos, algo impensable para muchos en estos tiempos de polarización. 
Ante el riesgo de perder una votación, el resorte del grupo en el poder alcanzó a moverse para convencer a una diputada de Morena de abandonar la bancada de su partido y estudiar, dijo, unirse al Partido Verde Ecologista de México. Cerca la bala, pues si al conjunto de opositores le faltaba un voto para alcanzar la mayoría necesaria para una reforma constitucional (26 votos), ahora se quedan cortos en dos diputados.
Es probable que la iniciativa de reforma sobre el Poder Judicial no se concrete como esperaba la oposición, pero el daño ya está hecho. La suma de los partidos no naranjas (el Partido Verde siempre queda convenientemente ambiguo) hizo una grieta al bloque que conforma el resto del alfarismo, y lo que tiene el lemusismo en el Congreso local. 
Quienes creían que el PAN iba a trabajar siempre del lado emecista aunque no les gustara, se han dado cuenta de que algo cambió. Los azules saben que tienen fuerza importante a escala nacional, y quieren aumentar sus porcentajes de votación en Jalisco para recobrar importancia a nivel nacional.
La llamada de atención hacia MC es un hecho. Falta ver la respuesta. De entrada, se avecina una avalancha de críticas en redes sociales al panismo, principalmente a la diputada Claudia Murguía, coordinadora de su fracción, en un intento por restarle fuerza a ella y al partido. Además, los operadores políticos emecistas comenzarán a sondear diputados y otras figuras panistas y del PRI para atraerlos a su lado. 
Vienen tiempos políticos interesantes.

Congreso de Jalisco: una llamada de atención

Claudia Salas

La muerte de Nicole, una adolescente de 14 años, en Durango, tras someterse a una cirugía estética, no fue un accidente. Fue el resultado de una cadena de omisiones y vacíos legales que hoy cuestan una vida. Lo más grave es que nadie, ni el médico, ni las autoridades, ni la propia ley, tuvieron una herramienta efectiva para impedirlo. En México, una menor puede ser operada por motivos estéticos con el consentimiento de un adulto, aunque no exista justificación médica ni valoración psicológica. Eso no es libertad: es negligencia institucional.
La historia de Nicole no debería ser una nota roja, sino un parteaguas legislativo. Una adolescente murió por una decisión que el Estado permitió. No hay manera de justificar que el bisturí llegue antes que la madurez, ni que la belleza se imponga sobre la vida. Por eso he decidido presentar una iniciativa para reformar la Ley General de Salud: para que ninguna niña vuelva a morir por una cirugía que nunca debió practicarse.
Nuestro marco legal actual parece hecho para mirar hacia otro lado. El artículo 272 Bis de la Ley General de Salud habla de licencias sanitarias y cédulas profesionales, pero calla sobre lo esencial: quién puede, y quién no puede, someterse a una intervención estética. Ese silencio ha sido cómplice de un fenómeno cada vez más desbordado. En México se realizan más de 1.2 millones de procedimientos estéticos cada año; somos el sexto país del mundo en volumen. Pero también uno donde la supervisión es mínima, las clínicas irregulares se multiplican y la Cofepris apenas alcanza a cerrar unas cuantas decenas de establecimientos cada año. El resultado es un ecosistema donde la apariencia pesa más que la regulación.
No podemos ignorar que detrás de cada bisturí hay una industria millonaria que se alimenta de la inseguridad, del miedo a no ser suficiente, del mandato social de “arreglarse” para ser aceptada. Las redes sociales y la publicidad han convertido la cirugía estética en un ritual de pertenencia. Las adolescentes aprenden antes a filtrar una foto que a identificar los riesgos de una operación. Influencers promocionan clínicas sin autorización, se ofrecen descuentos en paquetes “para quinceañeras”, y la normalización de lo superficial avanza más rápido que cualquier intento de regulación. Basta con meterse a estimular un poco el algoritmo de las redes para recibir un sinfín de propuestas para realizarse cirugías estéticas.
¿Cuándo se volvió aceptable que la infancia tuviera fecha de caducidad?
La presión estética es hoy una forma de violencia. Y cuando esa presión se traduce en bisturí, anestesia y muerte, ya no hablamos de libertad individual, sino de omisión del Estado. Porque el consentimiento no siempre es suficiente: una niña puede desear lo que la sociedad le impone. Por eso el Estado debe poner límites, no desde la censura, sino desde la protección. 
Nadie está diciendo que la cirugía estética sea ilegítima; lo que es inadmisible es que se aplique en menores sin evaluación médica, sin contención psicológica y sin control sanitario. Eso no es derecho a decidir: es abandono legal.
La legislación mexicana tiene que ponerse al día con la realidad social y tecnológica que hoy moldea los cuerpos. Regular no es prohibir; es cuidar. La iniciativa que propondré busca precisamente eso: que se prohíban los procedimientos estéticos en menores de edad cuando no haya razón médica o reconstructiva; que toda persona que busque una cirugía de este tipo pase por una valoración médica y psicológica; y que la publicidad engañosa, los consultorios sin licencia y los falsos especialistas sean sancionados con el peso de la ley. 
Pero más allá del texto legislativo, necesitamos un cambio de enfoque. La salud no es solo física: también es emocional. Debemos entender que la autoestima no se construye con bisturí, sino con acompañamiento, educación y entornos donde una adolescente no sienta que su cuerpo necesita ser corregido para merecer amor o aceptación. Si la ley sigue siendo laxa, los consultorios seguirán llenos y los hospitales seguirán vacíos de justicia.
Nicole no murió por vanidad, ni por un error médico aislado. Murió porque el Estado no tuvo el valor de poner un alto. Porque las autoridades han permitido que la estética sea una industria sin reglas, porque la sociedad confunde empoderamiento con autocastigo, y porque seguimos creyendo que el cuerpo femenino está a disposición de todos: del mercado, de la opinión, del bisturí. 
No hay muerte más absurda que la que ocurre por una ley incompleta. No hay mejor homenaje que convertir esa ausencia en un cambio. Si su nombre sirve para que corrijamos el rumbo, que así sea. Que la historia de Nicole sea la última que se escriba con bisturí. 
Porque un país que no protege la vida de sus niñas no puede presumir de tener leyes modernas, porque la verdadera belleza del Estado no está en su discurso, sino en su capacidad de cuidar.

Nicole no murió por vanidad

Tzinti Ramírez

El 30 de septiembre pasado, en Quantico, Virginia, Donald Trump reunió a casi 800 oficiales y generales para presentar su nueva doctrina militar, al menos así lo anunció. Al frente del evento, Pete Hegseth, el ahora “secretario de guerra” estadunidense, título que cayó en desuso luego de la Segunda Guerra Mundial y que se resucitó recientemente por orden ejecutiva y sin pasar por aprobación del Congreso. La reunión fue un gesto simbólico, teatral, pero no por ello menos revelador. En la mente de Trump y Hegseth, Estados Unidos debe “regresar” –no sabemos cuándo dejó de serlo– a ser un país que “hace la guerra”.
Más allá de las intervenciones militares y de inteligencia en infinidad de países desde la SGM, es claro que desde 1947, cuando se adoptó el término “Defensa”, Estados Unidos no ha obtenido victorias militares. Corea terminó en armisticio, Vietnam en retirada y Afganistán en sendos enredos de más de una década de duración. El discurso entonces, más que aludir a victorias militares contundentes en la historia de EE.UU., parece aludir a la época de hacer y deshacer a su antojo durante la Guerra Fría. Intervenciones, golpes de Estado, financiamiento de grupos paramilitares, apoyo a dictaduras militares, labores de inteligencia que irrespetaban cualquier frontera del mundo.
Quizás a eso se refiera, en realidad y con profunda melancolía, Hegseth, al insistir en que el ejército de su país debe dejar atrás la “cultura del legalismo” y las “reglas políticamente correctas”. Propuso desoír las reglas de enfrentamiento o combate que dan forma a las convenciones de Ginebra y el Derecho Internacional Humanitario, normas que regulan cuándo, cómo y en qué medida está permitido el uso de la fuerza. Que lo diga un secretario (de Guerra) al tiempo que llama a mayor letalidad (sic) de las fuerzas armadas es por demás cínico y preocupante.
Hegseth lo explicó con su habitual “showbiz” que heredó de su época como presentador de Fox News: el ejército, dijo, se ha debilitado por culpa del “wokeismo”, de la diversidad, y de lo que él llama “la guerra contra los guerreros”. En su lógica, entrenar soldados para respetar límites legales o morales es educarlos para perder. Su libro “The War on Warriors” ya anticipaba este giro: una defensa de la brutalidad como supuesta virtud patriótica y una crítica a la ética contemporánea como síntoma de decadencia. Curiosamente en el discurso Trump-Hegseth, “restaurar el orden” significa actuar fuera de toda regla.
El giro que piensan impulsar no es técnico, sino político. Un país que intenta recuperar “autoridad” a través de la fuerza. Estados Unidos vive el espejismo de que su declive se debe a una pérdida de agresividad, cuando en realidad se trata de algo más profundo: el evidente abismo histórico entre el discurso de democracia, libertad y defensa de derechos frente a la realidad del actuar del hegemón mundial a lo largo del siglo XX y lo que va del XXI. Brecha que se ha hecho evidente a luz de los ojos de todo el mundo, entre otras cosas, por el apoyo al genocidio del gobierno de Netanyahu en Gaza.
El complejo militar-industrial estadunidense tiene décadas poniéndose en evidencia. Proponer sustituir el proyecto liberal por un nacionalismo armado, donde la guerra no es un instrumento sino una identidad, traerá problemas al exterior pero también al interior de los Estados Unidos. La exaltación de la guerra como terapia moral para un país que siente que ya no domina el mundo.
La propuesta es un relato que nombra muchos enemigos, incluso supuestos enemigos internos como lo dijo Trump durante la reunión. Un relato que ha probado hasta el momento ser peligroso allende las fronteras de EE.UU., pero que se vuelve más abusivo y autoritario también al interior. Trump pierde de vista la lección histórica de la que viene la Pax Americana: al hacer de la guerra un hábito se acaba perdiendo aquello que se decía proteger. La contradicción es demasiado evidente, demasiado burda para no hacer mella. Y en ese sentido, más que renacer, el imperio parece ensayar un último acto de nostalgia.

Tzinti Ramírez Reyes

“No más reglas políticamente correctas”

Marcela Páramo Ortega

Que les parece si en lugar de hablar sobre la Inclusión, hablamos sobre recorrer nuevos caminos o quizás no nuevos, sino distintos para que, sin simulaciones, trabajemos por la Inclusión.
La Inclusión pareciera ser un constructo social, pero más que un concepto debe ir acompañada de acciones que a través de políticas públicas, proyectos comunitarios y nuestras propias acciones, contribuya a cambiar la vida de los demás, específicamente, que mejore la vida de las personas que forman parte de poblaciones vulneradas.
La Inclusión es un derecho, por tanto, una obligación que como gobierno y sociedad debemos conseguir y que sea una realidad para todos y todas, teniendo así igualdad y equidad de oportunidades, como sujetos de derecho que somos, independientemente de nuestra condición de vida.
Por eso, esta semana les propongo que veamos la Inclusión, como la oportunidad para transformar la vida de quienes viven una situación vulnerable. ¿Por qué no actuar desde la empatía y llegar hasta la compasión, con un genuino deseo de que los demás se sientan bien? 
La empatía es una habilidad que debe ponerse en práctica para generar cambios, proyectos y por supuesto, políticas públicas, que nos ayuden a crear sociedades justas y humanas.
La empatía nos conecta con los demás, nos ayuda a sentir lo que siente el otro, un ejemplo muy simple es que cuando observamos que alguien tiene un accidente y percibimos su dolor por lo sucedido, casi podemos decir que “nos duele lo que pasó”. Ahí estamos hablando desde la emoción, y eso se denomina empatía emocional.
La empatía va más allá, tiene un componente cognitivo, es tratar de entender, de comprender su experiencia, ¿y por qué se siente así? La empatía cognitiva nos permite comprender lo que está sucediendo. Para seguir con el ejemplo anterior, sobre la persona que sufrió el accidente, tratar de percibir cómo se siente y porqué se siente así, llegar hasta la compasión, deseando lo mejor a esa persona y ver de qué forma podemos apoyarle a que se recupere del accidente que tuvo, para terminar con el ejemplo que vengo mencionando. 
Estamos hablando del espectro de la empatía humana, como lo menciona el psicólogo Jamil Sakí, con estos 3 componentes: la empatía emocional, la cognitiva y la compasión.
La empatía es una habilidad que se desarrolla y se practica, no es algo estático. La empatía por lo tanto puede generar cambios importantes en la forma como nos relacionamos con los demás.
Generar empatía puede ayudarnos a transitar nuevos y distintos caminos para promover y lograr la Inclusión sin simulación. La Inclusión debe llevarnos a todos los que formamos una sociedad, a generar cambios en nuestro entorno para mejorar la vida de quienes más necesitan nuestro apoyo.
Mi compromiso social ha sido trabajar con y para las personas con discapacidad, por eso insisto tanto en que todos nos apliquemos a formar comunidades más justas y más humanas, donde alejemos la exclusión y la discriminación.
El ritmo acelerado en el que vivimos, el exceso de actividades, las horas que dedicamos al trabajo, a ir de un lugar a otro, el uso indiscriminado de la tecnología, no siempre nos ha conectado; en muchos casos nos ha hecho más individualistas y hasta indiferentes ante algunas situaciones.
Hemos normalizado situaciones de violencia, bullying, discriminación y hasta exclusión que se dan desde edades muy tempranas. Puedo decir que ni siquiera nos altera, escuchar las consecuencias terribles, en casos hasta mortales que esto conlleva. 
Nos estamos olvidando de formar nuestro carácter, de fortalecer los valores, de desarrollar la empatía, la compasión, que nos permitiría vernos con otros ojos, donde la aceptación de unos y otros tal cual somos, nos concediera crear espacios seguros e inclusivos, en los que todos tengamos el mismo valor por ser reconocidos como personas y que nos debemos un trato digno y respetuoso, sin hacer notorias nuestras diferencias y características por vivir con discapacidad.
Antes de que esto haga más estragos en nuestras comunidades y en nuestra sociedad, yo los invitó a generar muchos y más momentos de empatía, donde nuestras acciones nos lleven a tener comunidades más justas y más equitativas. 
Es momento de hacer un alto, reflexionar el camino que llevamos personalmente, como familias, como sociedad.
Cierto es que en la formación de sociedades más equilibradas, menos discriminatorias, el gobierno tiene responsabilidad. A través de políticas y programas públicos debe eliminar o estrechar la brecha de desigualdad; también la Comisión de Derechos Humanos y muchas otras instituciones están obligados a trabajar en la creación de un piso parejo, con estricto respeto a los derechos fundamentales. 
Esto, de ninguna manera, nos exenta que cada uno de nosotros hagamos lo pertinente. No debemos atenernos al trabajo de las autoridades; si queremos vivir en una mejor sociedad pongamos manos a la obra, incluso para supervisar las acciones de las autoridades. Seamos una sociedad responsable, organizada, que también pide cuentas y está al pendiente de las acciones de nuestros gobiernos; supervisemos cuanto y de qué forma gastan nuestro dinero. 
Solo involucrándonos y teniendo nuestras propias acciones conseguiremos la Inclusión que realmente trasforme vidas.

“Marcela Páramo Ortega  “

Transformar vidas

Anuar García Gutiérrez

El reclutamiento de menores en México continúa expandiéndose como una práctica silenciosa que se alimenta de la desigualdad, la impunidad y una ley que, aunque busca proteger, termina favoreciendo la reincidencia. No es un fenómeno limitado a una región; afecta a entidades como Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Sinaloa, Veracruz y otras donde adolescentes son captados, engañados o coaccionados para incorporarse a actividades delictivas.
Uno de los casos más recientes y preocupantes es el de un joven conocido como “Axel, el Panda”, quien fue reportado en la Alerta AMBER como persona desaparecida y tras su localización, reconoció formar parte de una célula criminal. Aunque sigue siendo adolescente, ha declarado abiertamente que mantiene liderazgo dentro del grupo y que continúa reclutando a otros menores aprovechando su experiencia y posición. Su caso evidencia el nivel de normalización que ha alcanzado el fenómeno: un menor que, lejos de buscar protección, se siente parte de una estructura que le da identidad, poder y sentido de pertenencia.
Esta realidad no es aislada. Muchos adolescentes, al ser localizados o retornar voluntariamente, confiesan su deseo de reincorporarse a las agrupaciones delictivas. La ley los protege por su edad, impidiendo su procesamiento como adultos, lo que genera un vacío que el crimen aprovecha: jóvenes protegidos por el Estado, pero funcionalmente activos dentro del delito. Y cuando desaparecen otra vez, se les vuelve a considerar víctimas. El ciclo se repite una y otra vez, convirtiendo la protección en un círculo de impunidad que termina por transformarlos en delincuentes de alto impacto.
Aunado a ello, se ha desarrollado una peligrosa apología del delito entre los menores. Hoy, en gran parte del país, el crimen ya no solo se teme, sino que se admira. La música, los contenidos digitales y la cultura popular han construido una narrativa donde el dinero fácil, el poder y la violencia son símbolos de éxito. Muchos jóvenes crecen creyendo que la carrera delictiva es más efectiva que una educación o un trabajo formal. No alcanzan a comprender que detrás de esa falsa imagen hay una realidad brutal: prisión, muerte o la pérdida definitiva de la libertad y la identidad.
El marco jurídico mexicano, sin embargo, mantiene un enfoque protector. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJPA) establece que las personas de entre 12 y 18 años deben ser tratadas bajo un sistema especializado, con medidas socioeducativas y no punitivas. Su finalidad es reeducar y reintegrar, no castigar. Pero en la práctica, esa visión se ha quedado corta: los centros especializados carecen de recursos, programas de seguimiento y apoyo psicológico. Así, la ley protege, pero no transforma; libera, pero no rehabilita.
Frente a este panorama, surge un debate urgente: los menores que cometen delitos graves deberían ser procesados con un criterio más riguroso. No se trata de criminalizar la infancia, sino de reconocer la gravedad de ciertos actos y establecer consecuencias proporcionales. En países como Estados Unidos, el sistema permite que adolescentes sean juzgados como adultos bajo las llamadas “Juvenile Transfer Laws”. Dependiendo del estado y del tipo de delito, como homicidio, secuestro o crimen organizado, donde jóvenes desde los 14 o 15 años pueden ser transferidos a tribunales para adultos si la magnitud del crimen lo amerita. En esos casos, el sistema prioriza la responsabilidad individual y busca disuadir la reincidencia mediante sanciones reales y procesos de reinserción estructurados.
México debe establecer este modelo, adaptándolo a su propio contexto, garantizando siempre el respeto a los derechos humanos, pero incorporando la proporcionalidad del castigo en los casos de alta peligrosidad. Los adolescentes deben ser protegidos, sí, pero también deben comprender las consecuencias de sus actos. Un sistema de justicia verdaderamente humano no solo cuida, sino que educa con firmeza y responsabilidad.

Anuar García

Menores de edad, los nuevos criminales de México

Gloria Ramos

Pensar en el 2028 es para algunos un sinónimo de que aún falta mucho tiempo, pero para otros significa que esa fecha ya está a la vuelta de la esquina, y si pensamos como un atleta de alto rendimiento, el tiempo se acorta y los proceso de clasificación ya comenzaron; además, el nivel de exigencia para cada uno de ellos es mayor: las copas del mundo, preolímpicos y mundiales, son eventos en los que se otorgan puntos para lograr la plaza. Otros, incluso, podrán pelear en un evento el boleto directo al 2028.
Una plaza olímpica significa años de trabajo, de esfuerzo, de sacrificios. Los atletas trabajan arduamente para poder encarar cada paso rumbo a unas olimpiadas; quizás no es un camino fácil, pero ya que logras tu sueño, todo lo vivido vale la pena. Son pocos los que llegan a la gloria y muchos los que se quedan a nada de ver cristalizado su trabajo. Sabemos que viven todo tipo de situaciones que los conducen a las lágrimas, pero también alcanzan lágrimas de felicidad.
Los procesos son diferentes para cada deportista dependiendo de su deporte, pero sin importar esto, los entrenamientos siguen. Por ello, la importancia de que puedan foguearse a nivel internacional; poder medirse a rivales con experiencia olímpica los hacen crecer en todos los sentidos. Ayudar mucho el medirse “al tú por tú” con ellos.
Los Ángeles 2028 son la meta para muchos. México busca que algunos deportistas, a pesar de su corta edad, puedan consolidarse en esta edición olímpica. Los recursos los tienen y las capacidades también. Para otros significará el cierre de su carrera por lo que este proceso al 2028 será vital para cada uno de ellos.

Los Ángeles 2028

José Francisco Muñoz Valle

En los sistemas de salud modernos, la figura del médico general ha sido subvalorada. Sin embargo, la experiencia internacional y la propia evidencia nacional confirman que la fortaleza del primer nivel de atención es la verdadera medida de un sistema sanitario robusto y equitativo. No hay salud pública sostenible sin médicas y médicos generales bien formados, reconocidos y respaldados por políticas educativas y profesionales claras.
La Academia Nacional de Educación Médica y Desarrollo Profesional Continuo (ACANEMED) establece en sus estatutos un principio esencial: el fortalecimiento de la educación médica debe estar basado en la Atención Primaria a la Salud (APS), entendida como el enfoque que coloca en el centro las necesidades de las personas, la prevención y la equidad. Esto implica que la formación médica no puede seguir privilegiando únicamente la visión hospitalaria y especializada, es trascendental nuestro deber en preparar profesionales capaces de resolver los problemas más frecuentes de salud en las comunidades.
Reivindicar al profesional de la salud formado en medicina general significa reconocer que su papel va más allá de un tránsito obligatorio hacia una especialidad, es por su parte, convertirse en el eje del sistema de salud, capaz de integrar la prevención, el diagnóstico temprano y el acompañamiento continuo de los pacientes. Una educación médica alineada a la APS robustecería de manera decisiva el primer nivel de atención: menos hospitales saturados, menos enfermedades crónicas avanzadas, más bienestar comunitario.
Desde el capítulo Jalisco de la ACANEMED, como presidente impulsaré la importancia de la educación interprofesional, la innovación y la responsabilidad social como ejes de la formación en Jalisco. Esto demanda rediseñar los planes de estudio, implementar metodologías activas de aprendizaje en escenarios comunitarios, fomentar el trabajo en equipo con enfermería, nutrición, psicología y otras disciplinas, y sobre todo, asegurar condiciones dignas de trabajo y reconocimiento para quienes se desempeñan en este nivel. El momento actual en México y en Jalisco es propicio para hacer lo que nos corresponde.
Si queremos un sistema más justo, eficiente y humano, debemos apostar por una educación médica que forme y dignifique a la medicina general, integrando ciencia, humanismo y comunidad. La APS debe ser el primer eslabón en la cadena y ser el punto más sólido de todo el sistema de salud.

José Francisco Muñoz Valle70f-4aea-8e7f-7e792d3f59b0

Educación médica: el futuro siempre ha sido nuestro presente

Staff quiero tv

Después de tres años de pausa, el programa de Escuelas de Tiempo Completo volverá a operar en Jalisco a finales de este mes. En una primera etapa, participarán 20 planteles, la mayoría ubicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
El proyecto busca ofrecer jornadas extendidas con actividades académicas, artísticas y de alimentación, beneficiando principalmente a niñas y niños que requieren mayor apoyo educativo.
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Con esta reactivación, la Secretaría de Educación de Jalisco apuesta por fortalecer la formación integral y reducir brechas en el aprendizaje, marcando un paso importante hacia una educación más equitativa y de calidad en el estado.
Además, el programa representa un apoyo directo a las familias trabajadoras, al proporcionar un entorno seguro para sus hijos durante más horas del día, contribuyendo así a la conciliación entre la vida laboral y familiar. Para ello, se contempla la contratación de personal adicional, adecuaciones en los planteles y procesos de licitación para el suministro de alimentos y materiales educativos.

Escuelas de tiempo completo regresan en Jalisco este mes

Chihuahua es el primer estado en prohibir el lenguaje inclusivo

Tamaulipas: SEDENA investiga muerte de 6 persona con la participación de militares

El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) anunció que los usuarios ya pueden pagar el servicio de agua potable a través del banco Banregio, como parte de una estrategia para modernizar sus métodos de pago y facilitar el trámite a la ciudadanía.
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El director general de MIAA, Jesús Vallín, explicó que actualmente existen más de mil 500 recaudadores externos, entre bancos y tiendas de conveniencia, lo que brinda comodidad y flexibilidad a los usuarios. Con estas opciones, el organismo busca que las familias puedan cumplir puntualmente con su pago sin complicaciones.
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Banregio ofrece tres modalidades de pago: mediante su aplicación móvil, en la página web 
o directamente en ventanilla de cualquier sucursal, sin cargos adicionales por comisión. MIAA recomienda tener a la mano el estado de cuenta y conservar el comprobante para cualquier aclaración.
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Aguascalientes: MIAA habilita pagos en un nuevo punto Bancario

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