Desaparecidos en Jalisco; ¡las disculpas no alcanzan!
El pasado 24 de septiembre de 2025, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, ofreció una disculpa pública a las familias de los desaparecidos Dalia, Ramón, Emilio y Carolina. Sin embargo, este acto no surgió por voluntad propia del mandatario, sino como cumplimiento de la Recomendación 167/2023 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con fecha del 31 de agosto de 2023. Dicha recomendación fue dirigida principalmente a las fiscalías de Jalisco y Zacatecas, tras documentarse graves omisiones, dilaciones e inactividad en las investigaciones sobre la desaparición de cuatro personas, ocurridas en 2010.
Esta disculpa es apenas un reflejo de años de negligencia institucional. Durante más de una década, las autoridades han mostrado omisiones sistemáticas frente a la crisis de desapariciones en el Estado. Lo que debería ser un esfuerzo coordinado del aparato de justicia se ha convertido en una estadística que crece sin freno, con fosas clandestinas que se descubren no por investigaciones de la Fiscalía, sino gracias al trabajo desesperado de colectivos de familiares. Son las víctimas indirectas quienes, con recursos propios y en condiciones precarias, salen al campo a buscar lo que el Estado no les ofrece: verdad y paz.
Las cifras revelan la magnitud del problema. El director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Alejandro Axel Martínez Rivera, ha reconocido que se resguardan alrededor de 8,000 fragmentos humanos sin identificar. Los colectivos aseguran que se han encontrado bolsas con restos humanos, ropa y hasta cientos de pares de zapatos en fosas clandestinas. Y lo más alarmante: en el SEMEFO de Jalisco existen alrededor de mil 300 cadáveres sin identificar, un rezago forense que muestra la incapacidad de las instituciones para dar respuestas a las familias que siguen buscando a sus desaparecidos.
En este escenario, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco, enfrenta cuestionamientos severos. Aunque su función es recibir denuncias, coordinar la búsqueda, investigar y dar acompañamiento integral a las familias, las denuncias públicas coinciden en la falta de protocolos efectivos, la ausencia de información y la revictimización constante. En casos recientes, los familiares han señalado que no recibieron seguridad ni atención adecuada y que tuvieron que organizar campañas y hasta huelgas para exigir avances, mostrando que las autoridades no cumplen con su deber básico de procurar justicia.
Existen protocolos claros que deberían aplicarse desde el primer momento en que se reporta una desaparición. Entre ellos, el Protocolo Homologado de Búsqueda y el Protocolo Homologado de Investigación para delitos de desaparición, además del Protocolo ALBA Jalisco que activa una búsqueda inmediata en casos de mujeres y niñas en riesgo. Estos lineamientos, respaldados por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, obligan a la Fiscalía a actuar de inmediato: recibir la denuncia sin esperar horas ni días, elaborar fichas de búsqueda, desplegar operativos en campo, preservar indicios, coordinar con peritos y especialistas forenses, revisar cámaras de seguridad, atender a testigos y, sobre todo, mantener informadas a las familias con acompañamiento psicológico y jurídico.
La realidad, sin embargo, muestra un divorcio entre la norma y la práctica. Muchas veces los protocolos no se activan con la urgencia requerida y las familias se ven obligadas a suplir las deficiencias del Estado. Los colectivos recorren terrenos baldíos, barrancas y ranchos, arriesgando su vida sin conocimientos técnicos pero con la esperanza inquebrantable de hallar a sus seres queridos. Mientras tanto, las autoridades cumplen actos simbólicos como las disculpas públicas, pero siguen fallando en lo más importante: investigar, buscar, identificar y sancionar.
El dolor de las personas que buscan a sus familiares desaparecidos no se resuelve con discursos ni con ceremonias obligadas por recomendaciones de derechos humanos. Lo que se necesita es voluntad real para aplicar protocolos, investigaciones sólidas que conduzcan a la verdad, y una reparación integral que garantice justicia y no repetición. La disculpa del 24 de septiembre puede ser vista como un primer paso, pero no puede ser el último. Detrás de cada carpeta de investigación hay una familia que no pierde la fe, y detrás de cada cifra hay una historia que exige respuestas.
Jalisco no necesita más cifras y mucho menos disculpas obligadas: ¡Se necesita justicia!
