Laura Haro Ramirez

La Universidad de Guadalajara acaba de cumplir un siglo desde su refundación, y con ello, celebra no sólo una trayectoria académica, sino la construcción de una identidad colectiva que ha marcado a generaciones enteras. Hoy no se puede entender a Jalisco y a México sin la existencia de la UdeG, porque la Universidad es un proyecto de educación pública, movilidad social, de pensamiento crítico y de cultura viva, que ha transformado la vida nacional.
Fundada en 1925 —aunque con raíces más antiguas, que se remontan al siglo XVIII con la Real Universidad de Guadalajara—, la Casa de Estudios nació en un contexto de reconstrucción nacional. México salía de la Revolución y buscaba consolidar instituciones que formaran ciudadanía, ciencia y progreso. En ese escenario, la Universidad de Guadalajara se convirtió en un faro regional que conectó a Jalisco con los grandes debates nacionales: la reforma educativa, la expansión de la enseñanza laica, el acceso al conocimiento como derecho y no como privilegio.
A lo largo de este siglo, la máxima casa de estudios de Jalisco ha sido más que un sistema educativo, es el refugio de ideas liberadoras en tiempos de autoritarismo, sosteniendo una visión humanista que da equilibrio entre excelencia académica y compromiso social. Todo gracias a su autonomía, la cual debemos defender siempre.
Basta pensar en la red universitaria, un legado que sólo pudo ser posible gracias a un visionario como Raúl Padilla; es el modelo que ha permitido que jóvenes de todo el Estado tengan acceso a educación superior sin abandonar sus regiones de origen. Ese logro, que a veces se da por sentado, ha transformado el mapa social y económico del Estado. Y no sólo en términos educativos, pues en cultura, la UdeG se ha convertido en un referente con el Festival Internacional de Cine, la Feria Internacional del Libro, Papirolas y una red de museos y recintos que proyectan a Jalisco al mundo.
Pero si algo ha distinguido a la Universidad de Guadalajara es su capacidad de resistir y adaptarse, sobreviviendo a crisis políticas, recortes presupuestales y tensiones con gobiernos, siempre sin perder su vocación pública. En la actualidad, cuando la educación enfrenta retos como la precarización laboral, la desigualdad o la inseguridad, la UdeG tiene la responsabilidad de seguir a la vanguardia para seguir adelante en su misión de formar personas libres, críticas y solidarias.
Hace un siglo, Jalisco soñó en grande y refundó la Universidad de Guadalajara. Desde aquel 12 de octubre de 1925, la UdeG no ha dejado de impulsar el conocimiento y llenar de orgullo a nuestro Estado. Hoy somos la segunda universidad pública más importante de México, con más de 336 mil estudiantes, 19 centros universitarios, 100 licenciaturas, más de 330 posgrados y 175 preparatorias que abren caminos a miles de jóvenes parte de la manada. 
Como orgullosa Leona Negra no me queda más que decir: ¡Feliz centenario a mi Universidad!

Laura Haro

Cien años del rugido de la Universidad de Guadalajara

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, presentado por Morena, confirma otro año de gasto para sostener el discurso político y no para resolver los problemas de fondo que vive México. El gasto proyectado plantea un total de 10.19 billones de pesos, con un aumento de 5.9 % respecto al año anterior. Sin embargo, “México Evalúa” ya ha advertido que tres de cada cuatro pesos ya están comprometidos en pensiones, participaciones federales e intereses de deuda, lo que deja un margen mínimo de acción.
Con datos de la propia Secretaría de Hacienda, el presupuesto de este año se financia con un déficit histórico de alrededor de 1.39 billones de pesos, lo que significa más endeudamiento para los mexicanos. Sin embargo, a pesar de ese nivel de gasto, las prioridades no reflejan las necesidades del país. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por ejemplo, sufriría un recorte de 14.6%, mientras que la Secretaría de Energía tendría un incremento de 93%, para proyectos como la refinería de Dos Bocas, mientras que áreas críticas como medio ambiente enfrentará una reducción de más de 5 por ciento.
En materia social, el presupuesto de salud representaría apenas el 2.6% del PIB, lejos del 6% recomendado por la OMS, esto de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). En educación proyecta recortes del 6.5% en niveles medio superior y superior, a pesar de los graves rezagos en cobertura y calidad. Y en infraestructura, el Instituto Mexicano para la Competitividad, estima que de los cerca de 960 mil millones de pesos destinados, más de la mitad se concentrarán en megaproyectos con poca rentabilidad social, mientras que las carreteras y la infraestructura hídrica seguirán durmiendo el sueño de los justos.
Ante este panorama, en el PRI estamos convencidos de que sí hay alternativas. Proponemos un paquete económico responsable que deje de castigar a las familias mexicanas con más impuestos, más deuda y aumentos en las tarifas como la CFE. Buscamos ampliar las deducciones personales —como medicamentos, colegiaturas, vivienda o servicios de internet— y por proteger el ahorro de los trabajadores. Planteamos reorientar el gasto eliminando el despilfarro en proyectos faraónicos y canalizando recursos a salud, educación, seguridad e infraestructura básica.
El ideal de un Estado es que invierta en su gente, por eso el PRI propone más recursos para vacunación, salud mental, escuelas de tiempo completo, estancias infantiles, atención a víctimas, búsqueda de desaparecidos, y programas de movilidad urbana. Además, proponemos la creación del programa nacional de bacheo y pavimentación, con un presupuesto de 5 mil millones de pesos, para atender las carreteras que hoy permanecen intransitables.
Durante los últimos seis años, los presupuestos de Morena han debilitado al Estado mexicano, concentrando recursos en proyectos opacos y reduciendo la capacidad en áreas esenciales. Si no se corrige el rumbo, el país seguirá hipotecando su futuro. En el PRI creemos que otra ruta es posible: una donde el presupuesto sea la herramienta del desarrollo y no el instrumento del poder.

El presupuesto de Morena hipoteca el futuro

Colomos no es sólo un parque: es una reserva hídrica de gran importancia para Guadalajara y Zapopan, es también un enorme archivo biológico y una herramienta de purificación de aire indispensable para la ciudad. Ocupa alrededor de 207 hectáreas en su conjunto, y fue declarado Área de Protección Hidrológica durante el gobierno de Aristóteles Sandoval; históricamente, sus manantiales han alimentado las redes de agua de miles de familias, hoy día bombeando más de 200 litros por segundo.
Las cifras ayudan a entender la magnitud de este bosque urbano. De acuerdo con información oficial, Colomos I y II albergan entre 28 mil y 32 mil árboles. A esto hay que sumar los ejemplares de Colomos III que, aunque no hay una cifra oficial, un estudio reciente señala que al menos se han plantado 4 mil 500 árboles en estos terrenos. Es decir, hablamos de decenas de miles de árboles que sostienen un microclima y servicios ecosistémicos palpables para la metrópoli.
¿Qué significa eso en términos concretos para la calidad del aire? Estudios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, muestran que en entornos urbanos, una hectárea de cubierta arbórea remueve hasta 75 kilogramos de contaminantes al año. Si trasladamos esa estimación a las 207 hectáreas de Colomos, la remoción total podría ascender hasta 15.5 toneladas de contaminantes anualmente, que para una metrópoli asfixiada por la contaminación vehicular e industrial, representan un respiro invaluable para la mejora de la salud pública.
Pese al valor público y socioambiental que representa este espacio natural, en los últimos años, los gobiernos de Movimiento Ciudadano han desatendido la defensa jurídica de estos predios, tan es así que en 2021 no enviaron a su representante para asistir a una de las audiencias que fueron determinantes en uno de los juicios; como resultado se ordenó la restitución de casi seis hectáreas de Colomos III a particulares, mientras que en la parte que obedece al municipio de Guadalajara, el Ayuntamiento tapatío presentó pruebas y alegatos de manera tardía para frenar la construcción de una torre de 15 pisos.
Mientras la ciudad vive graves inundaciones y escasez de agua de manera simultánea, así como oleadas de calor y múltiples contingencias por la mala calidad del aire, uno de nuestros principales pulmones y zonas de recarga, vive en constante amenaza por la voracidad inmobiliaria y la omisión de los actuales gobiernos. Bajo este revés, el PRI ha vuelto a abanderar la lucha en defensa de Colomos, exigiendo información sobre los juicios, alertando a la ciudadanía y plantándonos en estos espacios para advertir que no permitiremos un robo al patrimonio de Jalisco.
En definitiva, no es momento para actuar con tibieza: perder un metro de Colomos es perdernos de aire limpio, agua y de un refugio para el caos de la ciudad. La política debe ser un escudo para proteger lo que es de todos, no como una acción partidista, sino como mera obligación social. Por eso, para defender nuestro bosque, aquí está el PRI.

El verdadero valor de Colomos

En los cuarteles generales de Morena en todo el país, hay un nerviosismo incontenible por la detención en Paraguay de Hernán Bermúdez Requena, líder de una de las estructuras de la criminalidad en Tabasco, y que al mismo tiempo ocupó un espacio de poder en el gobierno de Adán Augusto López Hernández, como encargado de la seguridad en aquella Entidad. Comentan que en las oficinas morenistas la tensión se siente en cada pasillo porque con este hecho, se vuelve casi imposible ocultar todas las prácticas oscuras al interior del partido.
Quienes por años han insistido en presentar a Morena como el movimiento de la transformación moral, ahora no saben ni dónde meter la cabeza, porque los contrastes entre la narrativa y la realidad son brutales; aquí no hay adversarios externos a los cuales culpar, es simple y sencillamente la corrupción, la criminalidad y la complicidad en su máxima expresión.
El hecho no desnuda únicamente al partido de los que viajan a destinos de lujo en primera clase o al partido de los peores gobiernos de México, sino que retrata el verdadero rostro de Morena. No se puede minimizar absolutamente el hecho de que a Bermúdez Requena le abrió las puertas de su gobierno Adán Augusto López, ni se puede defender la idea absurda de que lo sucedido no era del conocimiento del ex gobernador y ex secretario de gobernación.
La evidencia apunta a que Bermúdez no era un advenedizo, sino un operador con peso político, protegido y proyectado por uno de los mejores amigos de López Obrador. Ahora la pregunta obligada es, ¿cuántos casos como este hay en los 24 gobiernos estatales que tiene Morena? No es casualidad que el Departamento de Justicia de Estados Unidos mantenga abiertas investigaciones en contra de distintos gobiernos de extracción morenista, por sus presuntos vínculos con la criminalidad.
Américo Villarreal en Tamaulipas, investigado por presunto financiamiento ilícito; Rubén Rocha Moya en Sinaloa, salpicado en declaraciones en Estados Unidos; y Marina del Pilar, en Baja California, sin visa, son algunos casos que sugieren que Morena no es en realidad el partido impoluto que ha dicho ser, sino todo lo contrario. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos casos hay? ¿Cuántos Bermúdez Requena hay en los gobiernos de la 4T?
Para un país que vive sumido en el dolor de la violencia criminal, donde todos los días se llora la muerte, la desaparición, la extorsión y la impunidad, hechos como el del anterior gobierno de Adán Augusto, en Tabasco, son una afrenta contra los mexicanos. Morena podrá verter la cantidad de discursos políticos sobre el caso e intentar desviar la atención, pero esta mancha no se la van a poder quitar al chaleco guinda: su sociedad con la criminalidad ha quedado al descubierto; tristemente tienen capturada la justicia mexicana, por lo que el papel de la oposición y la ciudadanía serán clave para que este caso escale hasta las últimas consecuencias.

Se derrumba el discurso de Morena

La afirmación de la Presidenta de México sobre el 90% de abasto de medicamentos, pronunciada en su informe de gobierno, chocó con una realidad que muchas familias conocen en carne propia: Las quimioterapias no llegan. El dato oficial, el gran evento y el aplauso eufórico parecían cerrar una historia de desabasto que se ha extendido por años y que, lejos de resolverse, sigue provocando angustia y muerte de pacientes oncológicos y otros grupos vulnerables.
Alejandro Barbosa, dirigente de la organización civil Nariz Roja respondió con voz firme: “No hay quimio”, y desafió a la presidenta a recorrer los hospitales para constatar que faltan claves y dosis esenciales. La denuncia no es un reclamo aislado, desde el sexenio pasado se vendió la idea de un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, pero de Dinamarca sólo nos dieron la “D” de desabasto. 
Apenas la semana pasada, el secretario de Salud Jalisco, señaló que en lo que va del año el gobierno federal ha dejado de surtir el 82% de las claves de medicamentos contra el cáncer. Mientras, en el Congreso local, diputados aprobaron un exhorto del Poder Legislativo estatal al gobierno federal, para exigir la entrega de los medicamentos, pero los legisladores de Morena se opusieron en esta votación.
La contradicción entre el discurso y la realidad, se puede explicar por tres factores clave: irregularidades en compras públicas, cambios en los contratos con proveedores y la crisis en la logística de distribución. Los gobiernos de Morena han dejado graves vacíos en el proceso: Compras de emergencia, sobreprecios, contratos a empresas sin registro sanitario y retrasos, todo bajo el sello de Birmex, la paraestatal encargada del abastecimiento de medicamentos.
En tanto, las familias pagan el costo directamente en sus bolsillos. El gasto en salud ha aumentado 41% desde 2018; lo que convierte el asunto en una cuestión tanto sanitaria como económica. Para algunas familias, la alternativa ante los anaqueles vacíos en las farmacias de los hospitales públicos es el endeudamiento, para otras familias, tristemente es la angustiante resignación.
Asegurar que se ha alcanzado el 90% equivale a cerrar los ojos ante la decadencia del sistema de salud, es dejar de oír el clamor de las familias y dejar de sentir el dolor colectivo. La política no puede gobernar a base de discursos, se requieren hechos, y sobre todo, una interlocución real con quienes atienden y acompañan a pacientes. Voces como la de Nariz Roja no son las de un adversario al que hay que calumniar, son el amplificador que millones de personas necesitan para que su angustia llegue a los tomadores de decisión.
No se trata de una batalla de cifras contra sentimientos, ni de fifís contra el gobierno, es simplemente exigir salud para todas las personas. La obligación del Estado es garantizarla, y hasta entonces, los discursos sólo serán un eco que no cura ningún padecimiento. Desde este espacio: nuestra solidaridad con cada familia que sufre el desabasto de medicamentos. Lo decimos fuerte y claro: no hay quimio.

No hay quimio

Hoy entran en funciones los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; me atrevo a decir que es la Corte más incierta y riesgosa de su historia. Con la entrada en funciones de los ministros surgidos de la fraudulenta elección judicial –consecuencia directa de la reforma al Poder Judicial, de Morena–, México se adentra en un terreno donde la independencia judicial quedó en el olvido y la credibilidad que la máxima instancia de justicia del país construyó durante décadas, pende de un hilo.
La historia de la Suprema Corte no escapa de claroscuros. Durante buena parte, fue un poder subordinado al presidencialismo, y no fue sino hasta las reformas de 1994 cuando se fortaleció su autonomía y se concibió la idea de darle a México un tribunal constitucional capaz de equilibrar al resto de los poderes. Aquella reforma impulsada por el PRI, buscaba dotar de prestigio y autoridad a la Corte, al establecer nuevas reglas para garantizar su independencia. Fue un esfuerzo por modernizar el sistema judicial y colocarlo a la altura de una democracia en construcción.
Pero hoy, casi treinta años después, ese esfuerzo parece revertirse, y los pasos dados hacia una democracia más robusta, se retrocedieron con los mecanismos de manipulación y simulación implementados por el régimen de Morena que nos cambió trayectoria por afinidad política, formación por acordeón y carrera judicial por imposición. No cuesta mucho decir que los nuevos ministros que mañana rendirán protesta deben su cargo no a su conocimiento jurídico, sino a su adhesión política y son piezas clave en la instauración del proyecto dictatorial de la 4T.
El problema es todavía más grave cuando recordamos que la Corte ha sido la última instancia de defensa de los derechos de las y los ciudadanos ante circunstancias de abuso constitucional; en tiempos en que en el Congreso de la Unión y los congresos locales legislan con prisas, bajo encargo, con oídos sordos y a las órdenes del Ejecutivo, es la Corte quien debiera ponerles freno, pero desde hoy, los amparos, las controversias constitucionales y cada sentencia estarán sujetas a lo que se dicte desde Palacio Nacional –o desde alguna hacienda en Palenque, Chiapas–.
Durante el sexenio pasado se abrió un encarnizado debate por la reforma a Ley de la Industria Eléctrica, mejor conocida como la reforma eléctrica, que atentaba por completo a la competencia y a la generación de energías renovables. Morena aplicó toda la presión del Estado, pero fue la Corte la que se antepuso y la declaró inconstitucional. ¿Quién quedará a partir de hoy para enfrentar al poder, cuando incluso los organismos autónomos han sido eliminados? Lo cierto es que los ministros serviles de la “transformación” no lo harán. 
A propósito de esta pregunta, queda una última instancia: la ciudadanía y el poder de su voto. Es el último resquicio de resistencia ante el régimen, y Morena quiere aniquilarlo con la reforma electoral. Por eso es tiempo de llenar las calles, de protestar y mantenernos en unidad, porque desde hoy ya no hay nadie quien nos defienda.

La nueva Corte, pieza clave del proyecto dictatorial

Si hablamos del Bosque de Los Colomos, hablamos de vida. No es un simple parque, es una de las áreas hidrológicas más importantes del Área Metropolitana de Guadalajara. Este espacio en pleno corazón de la metrópoli, otorga servicios ambientales vitales para la capital de Jalisco y la ciudad de Zapopan, como por ejemplo, el agua que sale de las llaves de nuestra casa; de ese tamaño es su valor, pero contrario a esto, se encuentra amenazado una vez más, por la voracidad inmobiliaria.
Aunque el exgobernador Aristóteles Sandoval le otorgó la declaratoria de área de conservación hidrológica –una declaratoria de Área Natural Protegida– para blindar este espacio de los intereses inmobiliarios, su alto valor económico es una tentación para muchos, pues ocupa una gran extensión territorial en la zona de más alta plusvalía del Occidente de México, donde el metro cuadrado ronda los 3 mil 560 dólares, lo que equivale a 67 mil pesos mexicanos.
Pero las luchas por Colomos han sido históricas: en otra extensión de este espacio natural se encuentra Colomos III, hoy Bosque Pedagógico del Agua, Ahí también realizamos una férrea defensa, pues nuevamente se encontraba amenazado por el crecimiento vertical de la zona; pero fue gracias a nuestra lucha y al compromiso de Aristóteles Sandoval, que un espacio lleno de manantiales y acuíferos que estaba condenado a convertirse en torres de lujo, hoy sean 12 hectáreas de Área Natural Protegida.
Y, sin embargo, lo de hoy raya en lo absurdo: pese a la crisis hídrica que vive la Zona Metropolitana, las oleadas de calor y las caóticas inundaciones, un grupo inmobiliario pretende construir una torre de 15 niveles, en una zona de recarga de mantos acuíferos, ¿qué es esto si no un suicidio medioambiental? Pese a lo irracional del asunto, el caso se encuentra en el Tribunal de Justicia Administrativa, el mismo que avaló la construcción de 17 mil viviendas en un área de conservación en Valle de Los Molinos a través de la Magistrada “Casitas”.
En estos tiempos en los que la constante ha sido disfrazar de progreso lo que en realidad es depredación –para muestra el Tren Maya y la tala de 10 millones de árboles en el Sureste mexicano– Jalisco no escapa de esa realidad. Muy distinto a cuando gobernaba el PRI, por ejemplo: de las 11 Áreas Naturales Protegidas Estatales que existen en nuestra Entidad, siete fueron decretadas por el Partido Revolucionario Institucional, a diferencia de Movimiento Ciudadano, que sólo ha declarado dos; esa es la diferencia entre un gobierno con vocación y uno sin idea de lo que hace.
Para el caso, a Colomos ya lo defendimos en el pasado, y lo vamos a volver a hacer en el presente, porque el agua no se negocia y los bosques no están en venta, son de Jalisco y sus habitantes. Si queremos futuro, primero hay que proteger con valentía lo que nos da vida, y para eso, aquí está el PRI; en próximas horas anunciaremos las acciones que llevaremos a cabo las y los priístas.

A Colomos ya lo defendimos, lo haremos otra vez

Una vez más, la magistrada Paloma Romana Magallanes de la Rosa –mejor conocida como “la magistrada casitas”, presidenta de la Sexta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco– volvió a hacer de las suyas con el patrimonio medioambiental de los jaliscienses, convirtiéndose de nueva cuenta en la llave maestra para abrir el camino a la voracidad inmobiliaria, en una de las áreas de protección ecológica más vulnerables de la metrópoli.
Recientemente ordenó al Ayuntamiento de Zapopan otorgar permisos para la construcción de 17 mil viviendas sobre el corredor Colotlán, una zona reconocida como de conservación ecológica y de gran importancia hídrica para el Norte de la ciudad. Cualquier persona con un mínimo de responsabilidad entendería lo que esto implica: una amenaza para el entorno ambiental en forma de 65 mil habitantes más, 34 mil automóviles adicionales, agua comprometida, infraestructura colapsada y servicios públicos rebasados. Lo que está en juego no es un simple trámite administrativo, es la sostenibilidad misma de la ciudad.
Este no es un caso aislado. Apenas en junio, la misma magistrada avaló el proyecto inmobiliario “El Dosel”, construido sobre un cauce en el polígono del Bosque El Nixticuil, una de las reservas más importantes del Norte de la metrópoli. Con una simple sentencia, consideró que no había afectaciones al interés público y medioambiental, y ordenó levantar los sellos de clausura aplicados por la autoridad, favoreciendo a una empresa privada y abriendo la puerta a la destrucción de un ecosistema clave para la recarga hídrica, algo que el Área Metropolitana de Guadalajara no puede darse el lujo de perder.
Las resoluciones de la magistrada casitas se colocan del lado del negocio inmobiliario, nunca del interés colectivo. Ha disfrazado de legalidad el hurto de la ciudad, con sentencias fabricadas a la medida para el intercambio de cemento donde había zonas verdes. Frente a esto, no se puede permanecer inmóviles, hay que reaccionar con toda firmeza.
La semana pasada informé que instruí a mi equipo jurídico que prepare todos los instrumentos legales necesarios con el fin de revertir estas decisiones y ponerle un alto a esta magistrada corrupta que solo hace justicia VIP, porque a la depredación inmobiliaria y sus cómplices se les combate con justicia verdadera. Y lo he planteado en distintos espacios: es momento de impulsar una reforma profunda al Tribunal de Justicia Administrativa, quitarle las atribuciones que han sido utilizadas para favorecer intereses oscuros y avanzar hacia un modelo de justicia climática real, que realmente proteja a las generaciones presentes y futuras de Jalisco.
Nuestra vocación medioambiental es irrenunciable y no vamos a permitir que la corrupción se disfrace de justicia, mucho menos si atenta en contra de nuestro patrimonio natural. Aquí, la magistrada casitas se topó con pared.

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En México, el amparo ha sido la herramienta más poderosa con la que contamos los ciudadanos para defendernos de los abusos del poder. Gracias a este mecanismo hemos podido frenar leyes inconstitucionales, detener actos arbitrarios contra la población y obligar a las autoridades a respetar nuestros derechos. Aunque desde 1847 se discutía en algunos estados de la república la necesidad de crear un juicio de protección, no fue hasta la Constitución de 1857 cuando se reconoció al amparo como medio de protección de los derechos de la ciudadanía.
La semana pasada, Morena y sus aliados aprobaron en el Senado una reforma a la Ley de Amparo que reduce el alcance de esta herramienta en defensa de la ciudadanía. La modificación, entre otras cosas, busca impedir que un juez pueda suspender una ley mientras se resuelve un juicio, y que las sentencias sólo beneficien a quien promovió el amparo, sin que puedan tener efectos generales; en otras palabras: aunque una ley viole la Constitución, esa norma seguirá vigente y aplicándose a todas las personas, menos a quien haya ganado el amparo.
De esta manera, el gobierno podrá echar a andar leyes ilegales, autoritarias o represivas, y aunque un juez dé la razón a la ciudadanía, el daño persistiría. Otro ejemplo más de cómo Morena ha debilitado al Poder Judicial, restándole capacidad para detener al poder político, y no es para nada una casualidad, ¿cuántas veces fueron los tribunales y la Corte, quienes corrigieron la plana a Morena cuando han querido manipular y saltarse la ley?
Más grave todavía, la adición de un transitorio que se coló de último momento, que establece que la nueva ley será retroactiva, es decir que se aplicará a juicios ya abiertos o con sentencias conforme a la ley vigente, por lo cual podrían ser anulados. Una clara violación constitucional, pues ninguna ley puede ser retroactiva. Aunque la presidenta de México declaró su desacuerdo, dejó la puerta entreabierta para que esta modificación encuentre la forma de ser justificada; en tanto, trascendió que fue la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, quien pidió que se incluyera el artículo en cuestión.
En el año 2019 en el sexenio de López Obrador, comenzó el desabasto de medicamentos; pacientes con cáncer y sus familiares en toda la república esperan con desesperación sus tratamientos, mientras los gobiernos de Morena echan culpas y patean el bote. Sin embargo, miles de familias encontraron en el juicio de amparo un salvavidas y lograron obligar a las autoridades de salud a que les suministraran sus tratamientos en plazos de hasta 24 horas. Tras la aprobación en el Senado, padres de familia se han manifestado contra este atropello a los derechos de sus hijas e hijos.
La reforma pasará a la Cámara de Diputados en próximos días. Si Morena concreta el golpe contra el amparo, el día de mañana cualquier decisión autoritaria podría imponerse sin freno. Lo que está en juego no es una simple reforma, es la última línea de defensa de la ciudadanía.

México desamparado