Gustavo Parra Noriega

Recientemente participé en el Foro Estatal para construir el nuevo Plan de Desarrollo del Poder Judicial del Estado de México. Como abogado y ciudadano mexiquense, presenté un paquete de propuestas realistas, convencido de que la legitimidad de la justicia no se decreta, se construye con acciones audaces y la participación de todos.
Justicia Abierta y Datos para la Confianza. Para combatir la percepción de un sistema judicial distante y opaco, propuse crear un &#8220;Portal de Justicia Abierta&#8221;. La solución consiste en publicar el 100% de las sentencias de interés público en versiones ciudadanas de fácil lectura en un plazo de 24 meses y liberar datos clave sobre el desempeño judicial en formatos abiertos y reutilizables. El impacto es doble: una justicia más comprensible para la gente y un escrutinio democrático fortalecido.
Cero Impunidad y Denuncia Segura. Frente a la novedad de los procesos disciplinarios y que no se genere impunidad, la respuesta es la digitalización total. Planteé implementar un &#8220;Expediente Disciplinario Electrónico&#8221; para reducir los tiempos de resolución. Esto se complementa con una plataforma digital segura para la denuncia anónima de corrupción y hostigamiento, rompiendo el círculo del miedo a las represalias. Así, se agilizan las sanciones y se dota al ciudadano de una herramienta de vigilancia efectiva.
Supervisión Inteligente y Tu Voz en la Justicia. La modernización debe ser proactiva. Propuse usar tecnologías como la Inteligencia Artificial para detectar patrones de conducta irregulares y generar alertas tempranas para el Tribunal de Disciplina. A su vez, para que la justicia se centre en el usuario, planteé un módulo de &#8220;evaluación ciudadana&#8221; en el portal de justicia, donde los usuarios califiquen el servicio recibido. El resultado es un Poder Judicial que previene el comportamiento indebido y aprende directamente de la experiencia ciudadana.
Una Justicia Digital Segura. Ninguna de estas innovaciones es viable sin un pilar fundamental: la seguridad. La digitalización acelerada no debe exponer los datos sensibles de las personas. Por ello, mi propuesta es generar una robusta Política General de Protección de Datos Personales con auditorías periódicas. Esto no es un obstáculo, sino la base de la confianza indispensable para que la sociedad adopte y legitime la justicia digital.
Estas propuestas no son una utopía, sino un llamado a la acción. Requieren voluntad política del Poder Judicial para abrirse al escrutinio, y corresponsabilidad ciudadana para usar estas nuevas herramientas. La justicia que merecemos es una que rinda cuentas, que innove con propósito y que nos escuche.

Justicia que escucha: ideas para el Plan de Desarrollo del Poder Judicial

La era digital ha transformado la realidad en un ecosistema de datos. Ante esta realidad, la reciente resolución, promovida por el Infoem como autoridad de protección de datos mexiquense, ante la Asamblea Global de Privacidad (GPA) y aprobada por unanimidad, sobre educación y ciudadanía digital, no es un documento más, sino una hoja de ruta indispensable. La GPA, como foro global que congrega a las autoridades de protección de datos a nivel mundial, ha puesto el foco en un punto ciego de la modernidad: la desprotección de la infancia en entornos de aprendizaje digitalizados.
El texto adoptado en la XLVII Sesión de la Asamblea es claro: la privacidad y la ética tecnológica deben ser ejes transversales desde la educación preescolar hasta la universitaria. La resolución reconoce los riesgos de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial generativa, y subraya que los datos del alumnado solo deben usarse con fines pedagógicos, bajo principios de minimización y transparencia. Esto interpela directamente a nuestro país y, por supuesto, al Estado de México. No podemos permitir que las aulas se conviertan en laboratorios para la perfilación de menores o la mercantilización de su información.
Las implicaciones son profundas. Las autoridades educativas deben revisar y robustecer sus políticas, integrando la alfabetización digital y la privacidad desde el diseño en los planes de estudio. Los proveedores de plataformas tecnológicas tienen la obligación de adoptar la &#8220;privacidad desde el diseño&#8221; como estándar, no como un extra opcional. Para docentes y familias, el desafío es formarse continuamente para guiar a una generación que no conoce un mundo sin pantallas, enseñándoles a ejercer sus derechos de acceso, rectificación y oposición sobre sus datos.
Sin embargo, el camino está lleno de retos. La vigilancia excesiva, los algoritmos opacos que perpetúan sesgos y la brecha digital son amenazas reales. La resolución nos impulsa a ver las oportunidades: crear estándares de protección interoperables, fomentar una gobernanza ética de los datos y, sobre todo, poner el interés superior de la niñez en el centro de toda innovación tecnológica. 
Desde el Infoem, hemos sido pioneros en esta visión, impulsando esta resolución a nivel global. Se proponen acciones concretas:
1. Integrar un módulo obligatorio sobre derechos y riesgos digitales en la formación docente.
2. Exigir evaluaciones de impacto en la privacidad antes de implementar cualquier nueva tecnología en las escuelas o que afecten a los alumnos.
3. Crear una certificación para instituciones educativas que demuestren buenas prácticas en la gestión de datos personales.
4. Desarrollar campañas masivas de sensibilización, como nuestro premiado &#8220;Villano Robadatos&#8221; y los esfuerzos de Cine Conversatorios y micrositios de prevención de la violencia digital, para hacer de la autoprotección un hábito cultural. 
La protección de datos en el ámbito educativo no es una opción, es la base de una ciudadanía digital libre y responsable. Es hora de que todas las partes —gobierno, sector privado y sociedad— asuman su corresponsabilidad. Debemos construir un ecosistema digital educativo que empodere, no que explote. El futuro de nuestros niños y niñas depende de ello.

Educación digital: El nuevo pacto por la privacidad

El Congreso mexiquense abre un diálogo crucial sobre la arquitectura de la transparencia. Este debate, centrado en una nueva ley, es una oportunidad ineludible para fortalecer derechos, no solo para rediseñar instituciones. La pregunta fundamental no es quién vigilará, sino cómo garantizaremos que el acceso a la información y la protección de datos personales sigan siendo pilares efectivos de nuestra democracia en un entorno digital cada vez más complejo.
Cualquier reconfiguración que genere vacíos normativos o debilite las salvaguardas actuales sería una regresión. Pero la discusión nos ofrece una perspectiva más amplia: la oportunidad de legislar con visión de futuro. El uso creciente de inteligencia artificial (IA) por parte de las administraciones públicas para, por ejemplo, asignar programas sociales o priorizar trámites, exige incorporar desde ahora un marco regulatorio que evite la opacidad y la discriminación algorítmica.
Gobernar en la era digital demanda una transparencia proactiva. No podemos permitir que decisiones que afectan la vida de las personas se tomen dentro de &#8220;cajas negras&#8221; tecnológicas. Por ello, la nueva ley debería sentar las bases de una gobernanza algorítmica responsable, incluyendo lineamientos claros:
• Evaluaciones de impacto obligatorias antes de implementar cualquier sistema de decisión automatizada, para identificar riesgos a los derechos fundamentales. 
• Un registro público de algoritmos que detalle qué sistemas usan las autoridades, con qué finalidad y con qué datos operan. 
• Principios de explicabilidad, trazabilidad y minimización de datos garantizados por ley , para que todo ciudadano pueda comprender la lógica detrás de una decisión automatizada que le afecte. 
• Mecanismos de auditoría independiente y periódica para verificar el correcto funcionamiento y la imparcialidad de estos sistemas. 
Legislar a ciegas, sin una profunda comprensión técnica y social de estas herramientas, sería irresponsable. El Parlamento Abierto convocado es la arena idónea para nutrir esta ley con la voz calificada de la academia, la sociedad civil y los especialistas. Es el momento de escuchar para legislar mejor. 
No podemos construir un futuro digital democrático sobre cimientos opacos. La confianza pública del mañana se afianza con la transparencia que legislemos hoy.

Transparencia ante el futuro: gobernar los algoritmos

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La era digital ha redefinido las fronteras del entorno laboral. Lo que antes se limitaba a la supervisión directa, hoy se ha transformado en un complejo ecosistema digital. El trabajo del futuro ya está aquí, pero trae consigo un desafío mayúsculo: ¿Cómo equilibramos la búsqueda de eficiencia con el derecho fundamental a la privacidad de los trabajadores? La respuesta a esta pregunta definirá no solo el futuro del trabajo, sino también el de nuestras libertades individuales.
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Las tecnologías de monitoreo en el lugar de trabajo se han vuelto omnipresentes y cada vez más intrusivas. Van desde el registro de la actividad en computadoras, el análisis de correos electrónicos y conversaciones en chats, hasta el seguimiento de la ubicación por GPS y el monitoreo de la atención a través de cámaras web. La inteligencia artificial ahora puede analizar estos datos para evaluar el rendimiento, predecir comportamientos e incluso medir el “compromiso” de un empleado.
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Si bien las empresas argumentan que estas herramientas son necesarias para optimizar la productividad, garantizar la seguridad de la información y gestionar equipos a distancia, la realidad es que estamos cruzando una línea muy delgada. La vigilancia constante genera un ambiente de desconfianza y presión, donde los empleados sienten que cada uno de sus movimientos es escrutado.
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Nuestra legislación laboral, si bien robusta en muchos aspectos, no está diseñada para enfrentar los desafíos de la era digital. La Ley Federal del Trabajo establece principios generales sobre la dignidad del trabajador y el respeto a sus derechos, pero carece de disposiciones específicas que regulen el uso de tecnologías de monitoreo.
Las recientes reformas en materia de teletrabajo y las discusiones sobre la regulación de las plataformas digitales son pasos en la dirección correcta, ya que introducen conceptos como el derecho a la desconexión y la protección de datos personales. Sin embargo, se necesita un marco legal mucho más amplio y detallado que aborde de manera frontal el uso de medios digitales, en todas las modalidades de trabajo.
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Es imperativo que la legislación establezca límites claros sobre qué tipo de datos se pueden recopilar, con qué propósito y durante cuánto tiempo. Se debe exigir a los empleadores total transparencia sobre las herramientas de monitoreo que utilizan, más si involucra IA, para evitar discriminación y obtener el consentimiento explícito de los trabajadores. Además, es fundamental prohibir las formas más invasivas de vigilancia, como el monitoreo constante de cámaras web o el registro de pulsaciones de teclas sin una justificación clara y proporcional.
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El futuro del trabajo no tiene por qué ser una distopía de vigilancia. Podemos y debemos construir un entorno laboral donde la tecnología sirva para potenciar las capacidades humanas, no para controlarlas. Para lograrlo, es indispensable una actualización de nuestro marco normativo que proteja la privacidad y la dignidad de los trabajadores en la nueva era digital.
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El futuro del trabajo: Entre la productividad y la privacidad

En el Día de la Juventud y en la era de la hiperconectividad, reflexionemos sobre las redes sociales y cómo son un pilar de socialización e identidad para niños, niñas y adolescentes (NNyA). No obstante, este universo digital, en constante expansión, alberga peligros que amenazan su bienestar y vulneran su privacidad como nunca antes. No podemos ser espectadores pasivos; urge evaluar estos riesgos y articular políticas públicas sólidas, que garanticen un entorno en línea seguro para las nuevas generaciones.
Los riesgos en plataformas como Instagram, TikTok o X son múltiples y alarmantes. El ciberacoso es ya una epidemia silenciosa: según el INEGI (2024), en México el 21% de usuarios de internet de 12 años o más sufrió acoso cibernético, siendo los más jóvenes especialmente vulnerables a la violencia digital. La exposición a contenido inapropiado —violencia gráfica, pornografía o incitación a conductas de riesgo como trastornos alimenticios y autolesiones— es cotidiana y está a un clic de distancia.
La privacidad infantil y juvenil vive una crisis. El sharenting, práctica de padres que comparten excesiva información de sus hijos, genera una huella digital sin su consentimiento, exponiéndolos a manipulación de datos, robo de identidad y, en casos graves, a depredadores sexuales. Las plataformas, con algoritmos diseñados para captar atención y recolectar datos, fomentan una vigilancia comercial que moldea gustos y comportamientos desde edades tempranas.
El impacto en la salud mental es igual de preocupante: comparación social constante, presión por los “me gusta” y exposición a estándares irreales de belleza están vinculados con mayor ansiedad, depresión, problemas de imagen corporal y baja autoestima en adolescentes.
Ante este panorama, la inacción no es opción. Es vital un marco regulatorio que priorice el interés superior de la niñez. Esto implica exigir que los servicios digitales incorporen seguridad y privacidad en NNyA por defecto: verificación de edad más eficaz, perfiles de menores configurados como privados y límites estrictos a la recolección de datos.
También se requiere fortalecer la legislación en protección de datos, inspirándose en las mejores prácticas regulatorias, para dar a los menores mayor control. En México, aunque existen la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Federal de Protección de Datos Personales, su aplicación debe ser más firme y específica. Las iniciativas discutidas en el Senado para garantizar un acceso seguro a internet, revisando la edad pueden ser un avance, pero deben traducirse en acciones concretas y obligatorias para la industria tecnológica.
Asimismo, la alfabetización digital debe ser política de Estado. Es necesario dotar a menores, padres y educadores de herramientas críticas para navegar en línea con seguridad y responsabilidad. No basta enseñar a configurar la privacidad: se debe fomentar pensamiento crítico frente a la información que consumen y producen.
Proteger a la niñez y juventud en el ágora digital del siglo XXI es una responsabilidad compartida: gobiernos que legislen con visión, empresas tecnológicas que asuman su deber ético y una sociedad que eduque y acompañe. El futuro de su bienestar y de su derecho a una privacidad digna está en juego.

La niñez y juventud en el mundo digital, su protección no tiene precio

La era digital nos ha legado un archivo casi perfecto de nuestra existencia. Cada clic, cada publicación y cada noticia genera una huella indeleble en la vasta memoria de internet. Esta permanencia, si bien útil, plantea un desafío fundamental a uno de los derechos humanos: el derecho a evolucionar, a corregir el rumbo y a no ser prisioneros perpetuos de nuestro pasado. Es en esta encrucijada donde surge el llamado &#8220;derecho al olvido&#8221;.
Lejos de ser una licencia para reescribir la historia o un instrumento de censura, como algunos afirman, el derecho al olvido es, en esencia, un mecanismo de protección de la dignidad. Su objetivo no es borrar la información de su fuente original —el artículo de prensa, el boletín oficial—, sino desvincular y desindexar de los motores de búsqueda aquellos resultados que, asociados al nombre de una persona, resultan obsoletos, irrelevantes o excesivos con el paso del tiempo. Pensemos en una deuda saldada hace años, un error de juventud sin relevancia penal o información que, aunque veraz en su momento, hoy solo sirve para estigmatizar sin aportar al debate público.
Permitir que estos datos persistan prominentemente en una búsqueda en línea es condenar a un individuo a una especie de &#8220;muerte civil&#8221; digital, afectando su capacidad para encontrar empleo, establecer relaciones o, simplemente, seguir adelante. Sin embargo, este derecho no es ni puede ser absoluto. Aquí reside el nudo gordiano del debate: la ponderación frente a otros derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información. La memoria colectiva de una sociedad depende de un acceso abierto a su pasado. Sería inaceptable que figuras públicas —políticos, empresarios o cualquier persona con un rol relevante en la esfera pública— utilizaran este derecho para blanquear sus trayectorias, ocultar casos de corrupción o silenciar investigaciones periodísticas legítimas.
La clave, por tanto, está en el equilibrio y en un análisis caso por caso. La jurisprudencia y el derecho comparado han establecido criterios claros para esta ponderación: la naturaleza de la información, su interés para el público general, el tiempo transcurrido y si la persona en cuestión es una figura pública. No es lo mismo la noticia de un delito grave cometido por un funcionario, que la de una infracción menor de un ciudadano particular hace una década.
El desafío es inmenso. Exige una regulación cuidadosa que evite la arbitrariedad y que no delegue en empresas privadas, como los buscadores, la monumental tarea de ser los árbitros de la memoria pública. Debemos construir un marco jurídico que proteja al ciudadano común de la estigmatización perpetua, sin por ello crear una herramienta que los poderosos puedan usar para pulir su historia a conveniencia.
El derecho al olvido no busca la amnesia, sino la justicia en el recuerdo. Aspira a un internet que, sin dejar de ser un archivo histórico, reconozca también nuestro derecho fundamental a tener un futuro.

La memoria selectiva de Internet: Un equilibrio necesario

La reciente aprobación para implementar la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos, representa uno de los proyectos de modernización administrativa más ambiciosos en la historia reciente de México. 
La promesa de una identificación unificada, segura y que simplifique trámites es, sin duda, atractiva; sin embargo, desde la perspectiva de la ciberseguridad y la protección de datos personales, este avance enciende focos de alerta que no podemos permitirnos ignorar.
La creación de una base de datos centralizada con información tan sensible como nuestras huellas dactilares, iris, rostro y firma, nos coloca en una encrucijada crítica: ¿estamos construyendo una fortaleza digital o un repositorio que puede tener las vulnerabilidades más grandes del país?
El valor de los datos biométricos radica en su unicidad y permanencia. A diferencia de una contraseña o un número de identificación, nuestras características físicas no pueden ser cambiadas. Son la llave maestra de nuestra identidad. Si esta llave cae en manos equivocadas, las consecuencias son catastróficas y, en muchos casos, irreversibles. Hablamos de suplantación de identidad a una escala sin precedentes, fraudes financieros, extorsión e incluso la manipulación de procesos democráticos.
La confianza en la capacidad del sector público mexicano para resguardar esta información es lamentablemente, limitada por la evidencia histórica. Instituciones gubernamentales en México han sido blanco de ciberataques exitosos en repetidas ocasiones. La pregunta no es si los sistemas del gobierno mexicano serán atacados, sino cuándo y con qué grado de preparación responderemos. Ante la inminente implementación de la CURP Biométrica, que se proyecta como obligatoria a nivel nacional para 2026, es imperativo que la ciberseguridad y la protección de datos dejen de ser un apéndice en las políticas públicas y se conviertan en el pilar fundamental de este proyecto.
Para mitigar los riesgos y garantizar que la CURP Biométrica sea un verdadero instrumento de desarrollo y no un riesgo latente, es crucial que los sistemas que albergarán la base de datos biométricos sean sometidos a rigurosas evaluaciones de impacto a la privacidad conforme a la ley vigente y, llevar a cabo auditorías por parte de instituciones especializadas y sin conflicto de interés; también, la información biométrica debe estar cifrada en todo momento: cuando se captura, cuando se transmite y cuando se almacena.
Si bien contamos con la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, la magnitud de la CURP Biométrica exige medidas y lineamientos específicos que regulen su uso, acceso y protección, aunque las excepciones al régimen general de los principios y deberes de la protección de datos, que se exige conforme al artículo 16 constitucional, deberán siempre estar en ley. 
Habrá también que implementar tecnologías como blockchain para ofrecer soluciones innovadoras que garanticen la integridad y trazabilidad de los datos sin necesidad de centralizarlos por completo, un enfoque viable que aumentaría exponencialmente la seguridad; además, es indispensable lanzar un programa de capacitación masivo y continuo para todos los funcionarios públicos que tendrán acceso a esta información, con la consiguiente toma de conciencia de la responsabilidad que conlleva.
Si no abordamos con la máxima seriedad y urgencia los desafíos de ciberseguridad que este proyecto implica, estaremos legando a las futuras generaciones una vulnerabilidad de dimensiones históricas. Es momento de que la protección de nuestra identidad digital se convierta en una prioridad nacional.

La CURP Biométrica: ¿Fortaleza o vulnerabilidad para México?

La reciente aprobación de la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, con su estandarte digital, la “Llave MX”, promete una idea de eficiencia gubernamental: un futuro sin filas interminables ni papeleo redundante. La idea de centralizar la identidad digital para agilizar los más de 350 mil trámites que existen a nivel nacional es, en teoría, un paso necesario hacia la modernización. Sin embargo, bajo esta promesa de simplificación yace una amenaza latente a nuestra privacidad y seguridad que no podemos ignorar.
La iniciativa centraliza la interacción ciudadana con el Estado a través de un Portal Ciudadano Único, accesible mediante la Llave MX, la cual estará vinculada a una CURP con datos biométricos —huellas dactilares, rostro, iris y firma electrónica—. Esta CURP biométrica se convertirá, de facto, en un documento nacional de identificación digital obligatorio. Si bien esto podría optimizar el tiempo y beneficiar a ciudadanos y empresas, la concentración masiva de información tan sensible en una sola plataforma crea un blanco de valor incalculable para el cibercrimen o para tentaciones autoritarias.
Imaginemos un escenario: un ciberataque exitoso, similar al que ya vulneró la Llave CDMX exponiendo a 6.3 millones de personas, pero a escala nacional. A diferencia de una contraseña, nuestros datos biométricos son únicos e irrepetibles. El robo de esta información no solo facilitaría el fraude o la suplantación de identidad; entregaría al mejor postor las llaves de nuestra vida digital y física; además esta ley en México, abre la puerta a una vigilancia estatal sin precedentes, permitiendo al gobierno el acceso a historiales médicos, financieros y escolares sin la necesidad aparente de una orden judicial.
Algo similar sucedió con nuestro vecino del Norte, con la desafortunada propuesta de la Administración Johnson de un banco de datos nacional, lo que finalmente condujo a la promulgación de la Ley de Privacidad en 1974, siendo una de las primeras en el mundo y hoy, enfrenta otra amenaza similar por la orden ejecutiva que estableció el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) dirigido por Elon Musk, que se creó para abordar las denuncias de fraude, despilfarro y abuso de los recursos gubernamentales, pero desde su inicio, el personal del DOGE ha accedido a bases de datos sensibles en todo el gobierno federal.
Así lo ha denunciado desde hace más de 30 años el EPIC (Electronic Privacy Information Center), abogando por una mayor protección de la privacidad y la seguridad de los datos en los sistemas de información gubernamentales estadounidenses. 
Ningún gobierno es ajeno a las filtraciones, y la amenaza que enfrentamos ahora no solo proviene de hackers encubiertos: puede provenir del interior del mismo gobierno. Cuanto más sepa una entidad gubernamental sobre nosotros, más control podrá ejercer sobre nosotros: creando perfiles a detalle, revocando beneficios, seleccionándonos para investigación y aplicación de la ley, rastreándonos o acosándonos, y cultivando un clima de miedo y sospecha.
El contexto es preocupante. En 2024, México fue el país más ciberatacado de América Latina, y las plataformas gubernamentales fueron un objetivo frecuente. Lanzar un proyecto de esta magnitud sin una Ley de Ciberseguridad robusta que lo respalde y con un presupuesto insuficiente en tecnología es, como advierten expertos, una apuesta frágil y vulnerable. 
No se trata de no apostar por la digitalización, sino de exigir una implementación responsable, por lo que es imperativo fortalecer el marco legal con una Ley General de Ciberseguridad que establezca controles estrictos, supervisión independiente y auditorías técnicas rigurosas sobre el manejo de la Llave MX. Así como asegurar que el acceso a la base de datos por parte de las autoridades esté supervisado al menos por alguna instancia, ya sea judicial, la autoridad de datos o la de derechos humanos, que puedan revisar de manera expedita la justificación de la medida.
La Llave MX puede ser una herramienta de modernización o una caja de Pandora. Sin las salvaguardas adecuadas, corremos el riesgo de que el costo de la eficiencia sea nuestra privacidad y seguridad. El gobierno tiene la obligación de construir un sistema que no solo sea eficiente, sino sobre todo, seguro, y que merezca la confianza de sus ciudadanos. La pregunta no es si debemos digitalizarnos, sino cómo hacerlo sin sacrificar nuestros derechos y libertades en el proceso.

La llave MX de nuestros datos: ¿Eficiencia o vigilancia?

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En un mundo en el que la ciudadanía se ejerce cada vez más en línea, más de 20 millones de personas en nuestro país viven una forma de exilio moderno, ya que de acuerdo con el INEGI, a través de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) de 2024, solo el 83% de la población mexicana tiene acceso a internet. 
Es decir, están a un clic de distancia de sus derechos, pero a un abismo de poder ejercerlos. Esta exclusión no solo es una barrera para el desarrollo, sino una grave omisión en la protección de las personas, que profundiza la desigualdad social. La brecha digital es, en esencia, una brecha de derechos y libertades.
La falta de acceso a internet o de las habilidades para navegar con seguridad limita drásticamente el ejercicio de derechos fundamentales. Pensemos en el estudiante de una comunidad rural que no puede acceder a clases en línea, o en la persona adulta mayor que no logra agendar una cita médica porque el sistema es exclusivamente digital. Lo mismo ocurre con el derecho al trabajo, con la búsqueda de empleo migrando a plataformas, o con la participación ciudadana, cada vez más alojada en foros virtuales. Quien está desconectado, queda al margen.
Pero la exclusión tiene un rostro aún más oscuro: la vulnerabilidad. Una persona con baja alfabetización digital que se aventura en la red, es un blanco fácil para el fraude. Por ejemplo, un trabajador que busca tramitar un apoyo gubernamental y cae en una página falsa que le roba sus datos personales y bancarios. Este no es un caso aislado. El “phishing”, el robo de identidad, la desinformación o la violencia digital, campan a sus anchas en el terreno fértil de la desprotección digital. Esta vulnerabilidad no es aleatoria; golpea con más fuerza en territorios marginados y afecta de manera desproporcionada a menores de edad, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores. 
Por ello, las políticas de conectividad son insuficientes si no van de la mano de una alfabetización digital masiva, continua y con enfoque de derechos. No basta con dar acceso a la autopista de la información; es indispensable enseñar a conducir con precaución. Necesitamos campañas permanentes que doten a la ciudadanía de herramientas para identificar riesgos, gestionar su privacidad y proteger sus datos personales.
Cerrar la brecha digital es una tarea impostergable de justicia social y derechos humanos. Es un llamado a la acción coordinada: A las autoridades, para garantizar conectividad asequible e integrar la ciberseguridad y la protección de datos en el sistema educativo; a las empresas tecnológicas, para que asuman su responsabilidad diseñando plataformas seguras y accesibles por diseño; y a la sociedad civil, para fomentar una cultura de cuidado colectivo y escepticismo crítico frente a la información que consumimos.

La brecha digital, un gran desafío para la desigualdad y las libertades