Menores de edad, los nuevos criminales de México
El reclutamiento de menores en México continúa expandiéndose como una práctica silenciosa que se alimenta de la desigualdad, la impunidad y una ley que, aunque busca proteger, termina favoreciendo la reincidencia. No es un fenómeno limitado a una región; afecta a entidades como Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Sinaloa, Veracruz y otras donde adolescentes son captados, engañados o coaccionados para incorporarse a actividades delictivas.
Uno de los casos más recientes y preocupantes es el de un joven conocido como “Axel, el Panda”, quien fue reportado en la Alerta AMBER como persona desaparecida y tras su localización, reconoció formar parte de una célula criminal. Aunque sigue siendo adolescente, ha declarado abiertamente que mantiene liderazgo dentro del grupo y que continúa reclutando a otros menores aprovechando su experiencia y posición. Su caso evidencia el nivel de normalización que ha alcanzado el fenómeno: un menor que, lejos de buscar protección, se siente parte de una estructura que le da identidad, poder y sentido de pertenencia.
Esta realidad no es aislada. Muchos adolescentes, al ser localizados o retornar voluntariamente, confiesan su deseo de reincorporarse a las agrupaciones delictivas. La ley los protege por su edad, impidiendo su procesamiento como adultos, lo que genera un vacío que el crimen aprovecha: jóvenes protegidos por el Estado, pero funcionalmente activos dentro del delito. Y cuando desaparecen otra vez, se les vuelve a considerar víctimas. El ciclo se repite una y otra vez, convirtiendo la protección en un círculo de impunidad que termina por transformarlos en delincuentes de alto impacto.
Aunado a ello, se ha desarrollado una peligrosa apología del delito entre los menores. Hoy, en gran parte del país, el crimen ya no solo se teme, sino que se admira. La música, los contenidos digitales y la cultura popular han construido una narrativa donde el dinero fácil, el poder y la violencia son símbolos de éxito. Muchos jóvenes crecen creyendo que la carrera delictiva es más efectiva que una educación o un trabajo formal. No alcanzan a comprender que detrás de esa falsa imagen hay una realidad brutal: prisión, muerte o la pérdida definitiva de la libertad y la identidad.
El marco jurídico mexicano, sin embargo, mantiene un enfoque protector. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJPA) establece que las personas de entre 12 y 18 años deben ser tratadas bajo un sistema especializado, con medidas socioeducativas y no punitivas. Su finalidad es reeducar y reintegrar, no castigar. Pero en la práctica, esa visión se ha quedado corta: los centros especializados carecen de recursos, programas de seguimiento y apoyo psicológico. Así, la ley protege, pero no transforma; libera, pero no rehabilita.
Frente a este panorama, surge un debate urgente: los menores que cometen delitos graves deberían ser procesados con un criterio más riguroso. No se trata de criminalizar la infancia, sino de reconocer la gravedad de ciertos actos y establecer consecuencias proporcionales. En países como Estados Unidos, el sistema permite que adolescentes sean juzgados como adultos bajo las llamadas “Juvenile Transfer Laws”. Dependiendo del estado y del tipo de delito, como homicidio, secuestro o crimen organizado, donde jóvenes desde los 14 o 15 años pueden ser transferidos a tribunales para adultos si la magnitud del crimen lo amerita. En esos casos, el sistema prioriza la responsabilidad individual y busca disuadir la reincidencia mediante sanciones reales y procesos de reinserción estructurados.
México debe establecer este modelo, adaptándolo a su propio contexto, garantizando siempre el respeto a los derechos humanos, pero incorporando la proporcionalidad del castigo en los casos de alta peligrosidad. Los adolescentes deben ser protegidos, sí, pero también deben comprender las consecuencias de sus actos. Un sistema de justicia verdaderamente humano no solo cuida, sino que educa con firmeza y responsabilidad.
