División de poderes en Jalisco
En la teoría clásica de la división de poderes, ninguno de los tres —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— se encuentra por encima del otro. Todos deben operar con independencia, pero en coordinación, como equilibrio del sistema republicano. Sin embargo, en la práctica mexicana, se ha ido normalizando que el Poder Ejecutivo intervenga en los asuntos internos del Legislativo, opinando públicamente sobre procesos en curso o tratando de influir en los tiempos y resoluciones del Congreso.
Si bien el Ejecutivo tiene la facultad de enviar iniciativas de ley, eso no lo autoriza a presionar o condicionar al Legislativo. La interlocución entre ambos poderes debe canalizarse institucionalmente a través de la Secretaría General de Gobierno, encargada de mantener comunicación —que no subordinación— con el Congreso. Lo contrario distorsiona el principio de autonomía entre poderes y refuerza la percepción de un Ejecutivo que pretende incidir más allá de su esfera constitucional.
Lo ocurrido en los últimos días en torno a la reforma judicial en Jalisco ilustra este dilema. Nuestro Estado es uno de los tres del país que aún no han armonizado su legislación local con la reforma judicial federal, a pesar de que los plazos ya fenecieron. Más allá de las posturas a favor o en contra de dicha reforma, lo cierto es que existe un mandato constitucional que obliga a los congresos locales a adecuar su marco normativo.
En este contexto, los partidos Morena, PRI, PAN, PT, Futuro y Hagamos han trabajado para conciliar las siete iniciativas presentadas —incluidas las del gobernador y del Poder Judicial del Estado—, buscando construir una reforma de consenso. En su momento, el principal obstáculo fue el método de la “tómbola” para seleccionar jueces y magistrados, que fue matizado: solo se usará como criterio de desempate.
Hoy, las diferencias giran en torno a quién debe evaluar a los aspirantes. Mientras la coalición de partidos (excepto MC y PVEM) propone que sea una institución nacional, el gobernador plantea que lo hagan universidades privadas locales, excluyendo de forma llamativa a la Universidad de Guadalajara, la máxima casa de estudios del Estado. Además, la iniciativa del bloque legislativo plantea que también el Tribunal de Justicia Administrativa sea electo por voto popular, propuesta que cobra relevancia tras los escándalos vinculados al caso de Los Colomos.
Ante este panorama, el gobernador Pablo Lemus llamó al diálogo y ofreció recibir a la Junta de Coordinación Política “el día y la hora que gusten”. La respuesta del Congreso fue elocuente: “Diálogo sí, pero en nuestra cancha”. Una expresión concreta de autonomía legislativa. El mensaje fue claro: la cooperación entre poderes no implica subordinación.
Este episodio representa el primer desencuentro relevante entre el Ejecutivo y el Legislativo en la gestión de Lemus, en un escenario político distinto al de su antecesor. A diferencia del periodo de Enrique Alfaro, Movimiento Ciudadano ya no tiene mayoría absoluta, lo que obliga a una nueva dinámica de negociación y respeto entre poderes. Y ese equilibrio, más que una confrontación, puede ser una oportunidad para fortalecer la democracia institucional en Jalisco.
