El abandono de Jalisco a las madres buscadoras

En Jalisco, las madres buscadoras enfrentan una doble condena: La del silencio de las autoridades y la del miedo impuesto por el crimen organizado. Día tras día, recorren terrenos baldíos, fosas clandestinas y oficinas de gobierno sin recibir el apoyo ni la protección que por ley deberían tener. A pesar de portar solo palas, fe y fotografías, son vistas como una molestia, una incomodidad para el sistema.
Una de ellas, integrante de un colectivo de búsqueda, vive desde agosto una serie de amenazas y hostigamientos por buscar a su tío, desaparecido desde enero de 2020. Días antes de ser intimidada, había recorrido nuevamente la zona donde lo vio por última vez.

Después, comenzaron los mensajes por redes sociales, el robo de su cuenta de WhatsApp y la filtración de información personal; en los mensajes, los agresores le advertían que sabían dónde vivía, mencionaban detalles de su vida diaria y aseguraban que el crimen organizado la vigilaba, también difundieron una supuesta fotografía suya señalándola como objetivo; el 19 de agosto su vivienda fue objeto de vandalismo: personas desconocidas dañaron su automóvil y destruyeron objetos personales, ella activó el dispositivo de atención inmediata y acudieron elementos de la policía municipal de Tlaquepaque; sin embargo, los oficiales minimizaron el hecho, afirmando que probablemente no estaba relacionado con su labor de búsqueda, y se negaron a ofrecer resguardo durante la noche. Lo anterior, pese a que la mujer ya contaba con medidas de protección otorgadas por la Fiscalía tras haber denunciado amenazas previas; su caso, como el de muchas otras buscadoras, refleja el abandono institucional que las deja solas frente al riesgo.

En lo que va de 2025, Jalisco ha sido escenario del asesinato de al menos dos madres buscadoras: María del Carmen Morales fue asesinada junto con su hijo mientras realizaba labores cotidianas; ella buscaba a otro de sus hijos desaparecido desde 2024. Cabe señalar que la Fiscalía estatal descartó inicialmente que el crimen tuviera relación con su activismo, pero los colectivos exigieron justicia y cuestionaron la indiferencia institucional.

Días después, fue atacada en su propio hogar Teresa González Murillo, quien también participaba en un colectivo de búsqueda, a la cual intentaron privarla de la libertad y, al no lograrlo, le dispararon; murió días más tarde en el hospital. En su caso, las autoridades atribuyeron los hechos a un posible robo, sin considerar su trabajo como móvil principal, al estilo de siempre, maquillando los delitos para no hacer ver mal al Estado de Jalisco en incidencia delictiva a nivel nacional.

La labor de las madres buscadoras sigue siendo una muestra de perseverancia frente a la omisión institucional. Su trabajo debería estar acompañado por protección, atención psicológica y coordinación efectiva entre autoridades y colectivos. Garantizar su seguridad no es un gesto de empatía, es una obligación del Estado, por lo que mientras eso no ocurra, la búsqueda continuará siendo una tarea ciudadana que revela lo que la justicia aún no ha sabido responder.