Estado de emergencia SIN Estado
La desaparición del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) ha dejado a México en estado de emergencia, pero sin Estado. La decisión, tomada bajo la bandera de la austeridad, representa un “austericidio”, un sacrificio institucional que condena a miles de mexicanos a enfrentar la furia de la naturaleza sin respaldo ni certeza. Alerté este peligro desde la tribuna legislativa, advirtiendo que recortar el único mecanismo de respuesta inmediata ante catástrofes sería una sentencia para los más vulnerables. Hoy, la realidad confirma esos riesgos: inundaciones devastadoras en Veracruz, Puebla e Hidalgo, huracanes en Guerrero, incendios en Sonora y sismos en Oaxaca revelan un país expuesto y sin amortiguador institucional.
Pedir el regreso del FONDEN ha sido desestimado como “politiquería” por representantes del oficialismo, en un intento por sepultar bajo argumentos retóricos la legítima preocupación por la vida y patrimonio de la gente. Pero este fondo era mucho más que una cuenta bancaria. Representaba reglas claras, procesos automáticos y recursos etiquetados, permitiendo atender con rapidez y justicia situaciones de emergencia. Su extinción ha provocado que la ayuda dependa de la buena voluntad, de cálculos políticos y de la rigidez presupuestal, lejos de la urgencia que las tragedias requieren.
El retroceso es evidente. La inversión para mitigar inundaciones cayó de 45 mil millones de pesos en el sexenio de Peña Nieto a 25 mil millones en el de López Obrador, una reducción del 44%. En este 2025, solo se han ejercido 16.7 millones para atender siniestros; ni FONDEN ni el Fondo de Prevención han gastado un solo peso de sus partidas, según datos oficiales y reportajes especializados. La consecuencia: la ciudadanía queda abandonada a su suerte, sin protocolos de actuación efectivos, ni respaldo económico sólido. Esto en un contexto de cambio climático, donde los riesgos aumentan año tras año y la política pública debería poner en primer plano la reducción, preparación y respuesta frente a desastres.
México es parte del Acuerdo de Sendai desde 2015, el estándar internacional de la ONU que establece la meta de reducir riesgos, concientizar y fortalecer sistemas de protección civil. Paradójicamente, justamente cuando el país requiere mayor capacidad de respuesta y coordinación, desaparece el FONDEN y se desarticula lo poco avanzado en materia de prevención y conciencia institucional. Las tragedias recientes muestran que no podemos evitar los eventos naturales, pero sí minimizar sus efectos devastadores con sistemas de protección robustos, protocolos automáticos y recursos garantizados.
Eliminar el FONDEN no fue una decisión técnica, sino política, y ahora la factura la paga la gente. La exigencia de recuperar el fondo no es politiquería. Es un acto de responsabilidad ética y política. Un Estado que no previene ni protege, no cumple su función esencial. El Estado de emergencia sin Estado es la dolorosa realidad de hoy, resultado de una austeridad que mata, donde la vida y el patrimonio nacional están en juego con cada tormenta.
