La justicia deja de ser un privilegio
La semana que termina, en la Cámara de Diputados aprobamos una reforma que puede transformar de raíz el sistema jurídico mexicano. Se trata de modificaciones a tres pilares fundamentales: la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Más allá de su complejidad técnica, el dictamen encierra una convicción profunda: convertir la justicia en un derecho real y accesible para todas y todos los mexicanos.
La iniciativa, impulsada por la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, pretende dejar atrás un modelo judicial burocrático, elitista y costoso. En su lugar, propone una justicia moderna, digital y con sentido social. Por primera vez, el juicio de amparo digital será una realidad: expedientes electrónicos, notificaciones en línea y trámites digitales con plena validez jurídica. Este cambio no solo reducirá tiempos y costos, sino que también aumentará la transparencia y la confianza en el Poder Judicial.
Modernizar el amparo es, en el fondo, democratizar la justicia. Durante décadas, la defensa de los derechos fundamentales ha sido un terreno reservado para quienes podían pagar litigios largos y complicados. Con esta reforma, la tecnología se convierte en una herramienta de igualdad.
Otro punto crucial es la redefinición del interés legítimo. Sólo podrán promover el amparo quienes sufran una afectación real, individual o colectiva. Se acaban los abusos de quienes usaban esta figura para frenar políticas públicas o defender privilegios particulares. A la vez, se abre la puerta para que colectivos sociales y comunidades defiendan sus derechos de manera efectiva.
La reforma también combate la dilación procesal. Los jueces tendrán mayores facultades para desechar recursos improcedentes y evitar tácticas dilatorias. Además, se amplía el plazo para dictar sentencia, con el propósito de garantizar resoluciones mejor fundamentadas y más justas.
En materia de medidas cautelares, se priorizará el interés social y el orden público, evitando que el amparo se utilice para proteger actos ilegales o recursos ilícitos. En el ámbito fiscal y administrativo, se cerrarán los espacios para litigios repetitivos e improcedentes, fortaleciendo la certeza jurídica y la eficiencia del Estado.
Esta no es una reforma meramente técnica: es una reforma de justicia social. Una justicia más rápida, más clara y más humana. Si cumple lo que promete, marcará un paso decisivo hacia un México donde la justicia deje de ser privilegio… y se convierta, por fin, en un derecho al servicio del pueblo.
