Jonás

En la agenda de gobierno, igual que sucede en las agendas personales, las emergencias ocupan el primer lugar sin pedir permiso. El gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum ha debido atender en su primer año de ejercicio varias emergencias: las amenazas de aranceles de Trump y las exigencias del gobierno estadounidense; los desastres naturales; el combate al crimen organizado, entre otras.
Quizá por eso, por lo más urgente, otros asuntos que forman parte de “la agenda casera” ganan poca atención, a menos que sean muy mediáticos (los conflictos políticos) o que la gente no resista más la espera: desabasto de medicamentos, falta de atención en infraestructuras básicas como carreteras, hospitales o escuelas… y desde esta semana, las protestas organizadas en ciudades y accesos carreteros.
No hay indicios de que se hayan puesto de acuerdo, pero al mismo tiempo, los productores de maíz tomaron importantes accesos carreteros en varios estados del país para exigir la atención del gobierno federal y reclamar por el bajo precio que reciben por el maíz que producen y que ya procesado, no ha parado de subir de precio, sin que ellos obtengan ganancias.
Y por otra parte, trabajadores del Sistema de Administración Tributaria (SAT) también hicieron un paro y en la Ciudad de México tomaron calles, para exigir atención y mejoría de prestaciones elementales como sueldo, vacaciones y materiales para realizar su trabajo. ¡En el SAT! La dependencia recaudadora del gobierno federal reclamando malos tratos.
Aunque parecen asuntos de orígenes y naturaleza diferentes, sus problemáticas tienen algo en común: desatención desde la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el caso del SAT, durante el sexenio obradorista se aplicó un proyecto de austeridad que, curiosamente, ha afectado más a las bases de trabajadores que a quienes ocupan cargos directivos. Las quejas estuvieron presentes y sin que nadie las atendiera. Ahora, la base de la burocracia recaudadora reclama que no les dan vacaciones, no hay aumentos salariales pero sí más trabajo e incluso, les faltan insumos de papelería.
Los productores de maíz, mientras tanto, reflejan la realidad del sector rural: se eliminaron los programas de apoyo que habían tenido por sexenios y les dejaron sólo los programas asistenciales de Bienestar. El campo mexicano ha perdido empuje y capacidad productiva con contadas excepciones.
Ahora son los maiceros pero el tema amenaza con empezar a sumar a más sectores de producción, que reclaman más ingresos por su trabajo.
Igual que ha sucedido con otras áreas de gobierno, la actual administración de Claudia Sheinbaum está recibiendo las “bombas de tiempo” que dejó la administración del “primer piso de la 4T”.
La cuestión es: ¿Podrán desactivarlas?

Bloqueo de maiceros y paro en el SAT

Ante la gravedad de las inundaciones, las voces de oposición hacen oír una petición: que regrese el Fondo de Desastres Naturales, conocido como Fonden. ¿Aceptará la presidenta no el retorno de este fideicomiso, sino al menos atender la propuesta? Lamentablemente, al abordar el tema sentenció ayer mismo que “quien defiende el Fonden, defiende la corrupción”. Es una percepción injusta, por decir lo menos.
Dados los antecedentes de Claudia Sheinbaum Pardo, se entiende su postura. El solo gesto que admitiera la posibilidad de considerar la reincorporación del Fonden, significaría una ruptura con su jefe político, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso entre muchos de sus cercanos este distanciamiento es deseado, pero la presidenta no se lo permite; como dijera el clásico, no toca a López Obrador ni con el pétalo de una duda.
Sabiendo que mientras la presidenta Sheinbaum se obliga a sí misma a mantener la veneración a Andrés Manuel López Obrador y no externa ni siquiera una duda sobre las decisiones que él tomó mientras fue presidente (aunque hay pruebas de que cometió errores garrafales), se puede revisar si el Fondo de Desastres Naturales fue de verdad, un agujero de burocracia y corrupción. 
En pocos renglones: se creó en el año 1996 bajo la figura legal de un fideicomiso público federal. El uso específico de estos recursos era muy claro: en casos de desastre natural, se utilizaban para auxiliar a la población afectada y reconstruir la infraestructura dañada.
Se le dotaba de recursos económicos cada año, como parte del paquete presupuestal del gobierno federal. Al iniciar el siglo, en 2001, se le asignaban 500 millones de dólares por año y después de varios presupuestos con reducción, el Fonden recibió desde 2011, 833 millones de dólares en cada presupuesto anual. El fideicomiso llegó a acumular hasta 130 mil millones de pesos. 
Naturalmente, había reglas de operación y de todo el país se recibían solicitudes cuando ocurrían tormentas, terremotos, inundaciones, incendios.
En el año 2021, siendo presidente Andrés Manuel López Obrador y con el aval de la mayoría de Morena y aliados en la Cámara de Diputados, se aprobó su extinción junto con otros 109 fideicomisos. El ex presidente alegó que el Fonden se usaba como “caja chica” y además, declaró que eran tiempos de austeridad. 
Naturalmente, los desastres no se han detenido.
Pero ahora, destinar recursos económicos a cualquier eventualidad depende de la presidencia, que gira instrucciones a la Secretaría de Hacienda y lo justifica con los reportes de Protección Civil. 
El argumento es que esto es más ágil. Pero también le otorga el control al presidente (o a la presidenta). 
Si hubo malos manejos, como lo argumentó el ex presidente López Obrador, nunca se sancionó a nadie. 
Otra vez, una herencia del primer piso, al segundo piso de la transformación. 
Pero la presidenta no aceptará el cambio, aunque parezca razonable.

¿Aceptará Sheinbaum regresar el Fonden?

Una tragedia que se refleja en la cifra de 64 muertos y 65 desaparecidos (con la reserva de la información que debe actualizarse) por las torrenciales e inesperadas lluvias que azotaron Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, principalmente, es la que ha estado enfrentando la presidenta Claudia Sheinbaum desde la semana pasada (6 al 10 de octubre), pero en su afán de apoyar personalmente, se encontró con el enojo de la gente y los reclamos políticos.
Es parte de la realidad que atraviesa el país y que supera la narrativa de cualquier gobierno.
Si se revisan los hechos, hay elementos suficientes para matizar una historia que no puede entenderse en blanco y negro.
La presidenta Sheinbaum fue informada oportunamente de las impresionantes lluvias que estaban azotando varios estados del país, al conjugarse en menos de dos días el huracán “Priscilla” y la tormenta tropical “Raymond”. Las inundaciones en varios puntos de Veracruz empezaron a hacerse notar, pero lejos de la costa, en Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, las desgracias también estaban ocurriendo casi al mismo tiempo.
Tomó la iniciativa: se comunicó con los gobernadores y encabezó reuniones a distancia.
En cuanto llegó el fin de semana se trasladó personalmente a Puebla y Veracruz, en primer lugar.
En este segundo Estado, la presidenta se enfrentó con la desesperación y el coraje de la gente. La ofendieron y le gritaron.
En las redes sociales, como era previsible, se lanzó una campaña en la que participaron figuras conocidas que empezaron a distribuir la leyenda “disfruten lo votado”. La presidenta respondió desde su rueda de prensa mañanera y acusó la maldad detrás de esta leyenda y las reacciones políticas.
La realidad de las cosas es que la presidenta ha obrado correctamente: tomar la iniciativa, encabezar el apoyo y acudir personalmente con los afectados, de hecho, es lo que se esperaría de un funcionario responsable. Y ella misma lo dice: es su responsabilidad como funcionaria pública.
Sin embargo, otra vez, la presidenta enfrenta el desorden heredado por la administración anterior, la que encabezó Andrés Manuel López Obrador, el mismo que desapareció el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) y que evitaba estar en los lugares donde ocurrían desgracias. Los revisaba a distancia.
En momentos de desesperación, se requiere equilibrio, calma y certeza.
La presidenta está empeñada en apoyar a los que viven las desgracias y debe corregir los errores que se cometieron en el pasado.
Los afectados, aunque les parezca injusto, esperarán.

Lluvias, tragedia y el desorden por corregir

El arzobispo de Guadalajara y cardenal de la Iglesia, Francisco Robles Ortega, le dio un giro extraordinario a la Romería de la Virgen de Zapopan: en plena misa, bajo un Sol que calcinaba y mientras los alcaldes de Zapopan y Guadalajara, junto con el secretario general del Gobierno de Jalisco, festejaban la enorme asistencia de feligreses y el “saldo blanco” porque lo más grave habían sido algunas asistencias médicas, manifestó que las fuerzas políticas de Jalisco deben ponerse de acuerdo para sacar adelante la reforma al Poder Judicial en el Estado.
¿De dónde surgió el interés del jerarca local de la Iglesia? ¿Cuál es la lectura que se hace de su petición en Casa Jalisco y en el Congreso? 
El mensaje del cardenal Robles, con La Generala como testigo, sacudió por completo.
Las interpretaciones se detonaron. 
Entre los diputados de oposición (Morena, PAN, PRI, PT, Hagamos y Futuro), el llamado del clérigo se entendió como un respaldo. 
Y en cierto sentido, tienen razón.
La última reacción del gobernador del Estado, Pablo Lemus, llamando a una mesa de diálogo sobre el tema de la reforma al Poder Judicial, fue rápidamente respondida por los diputados opositores: Sí al diálogo, pero en el Congreso, no fuera de éste. Cuando el gobernador lo quiera, puede proponer el día y la hora, y aceptarán. Al menos, es el compromiso público del coordinador de diputados de Morena, Miguel de la Rosa Figueroa.
Sin embargo, está totalmente fuera de rutina que el cardenal Robles Ortega abogue por la reforma al Poder Judicial.
¿Porque Jalisco es uno de los tres estados del país donde no se ha homologado la reforma constitucional? ¿Porque a la Iglesia le preocupa el mecanismo de elección de jueces y magistrados? ¿O porque hay demasiados intereses en juego? 
Aunque el cardenal Robles Ortega ya presentó su renuncia como arzobispo de Guadalajara por haber superado los 75 años de edad y en El Vaticano, el difunto Papa Francisco se la aceptó pero le pidió que permaneciera en el cargo hasta encontrarle un sucesor, su influencia como líder de la Iglesia Católica es decisiva.
Desde que es arzobispo de Guadalajara (7 de diciembre de 2011), ha cultivado una postura discreta. Ha sido el reverso de la moneda de su antecesor, el arzobispo emérito y cardenal Juan Sandoval Íñiguez. La que quizá fue su declaración más polémica en todos estos años fue su denuncia de que en las carreteras del Estado de Jalisco hay retenes del crimen organizado. En su momento, el ex gobernador Enrique Alfaro rechazó esa realidad y el tema no volvió a tocarse.
La cuestión ahora es si la declaración del cardenal en esta Romería obligará a que el gobernador Lemus Navarro, el Partido Movimiento Ciudadano y el bloque de oposición, acaben con sus diferencias (superficiales o de fondo) y saquen ya, una reforma al Poder Judicial, con todas las reglas pendientes que deben elaborarse para la elección del año 2027, en la que los jaliscienses elegiremos alcaldes, diputados, jueces y magistrados.

Reforma judicial a la sombra de la Virgen

La historia de Omar Bravo Tordecillas, máximo goleador de las Chivas del Guadalajara, jugador de la Selección Mexicana en el Mundial de Alemania 2006 y uno de los más destacados futbolistas mexicanos hasta hace algunos años, está acabando públicamente en un escándalo y muy probablemente, en una prisión. Ha sido acusado por abuso sexual infantil y este 10 de octubre se completa otra etapa en el proceso judicial.
Su historia como presunto delincuente sexual acapara atención nacional y ha involucrado también a la clase política.
El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, encargado de la organización de la Copa Mundial 2026 en Jalisco, confirmó que había propuesto al ex jugador como embajador para el Mundial. Obviamente eso no sucederá. 
El gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, aceptó que conoce a Omar Bravo desde hace años, pero no habrá para él ningún trato preferencial y si es encontrado culpable, pagará las consecuencias. Puede estar en la cárcel hasta 10 años.
El ex jugador abusó, según se desprende de las acusaciones, de una menor de 11 años que además, es hija de la mujer que ha sido su pareja formal. La menor de edad lo documentó todo y las pruebas están en poder de las autoridades. De hecho, la defensa legal de Omar Bravo ha dado a entender que no defenderán su inocencia sino más bien, una pena reducida. 
El caso confronta abiertamente a la sociedad jalisciense y mexicana, porque revela nuevamente el peligro de los abusos sexuales que padecen los menores de edad, y más cuando se trata de una persona que goza de poder económico y mediático, como el que ha tenido Bravo Tordecillas.
Sorprende también que apenas ayer, en una conferencia con los medios de comunicación que se realiza cada semana, la Fiscalía del Estado de Jalisco dio a conocer que se “reactivan” dos denuncias previas contra Omar Bravo por el mismo delito: abuso sexual infantil, y que datan de la administración anterior, es decir, del sexenio en el que fue gobernador Enrique Alfaro Ramírez.
¿Se deduce entonces que antes sí le dieron un trato especial al famoso ex delantero? ¿Por qué? ¿Habrá sanciones contra los ex funcionarios de la Fiscalía que dejaron pasar estas denuncias? Eran víctimas distintas. También lo confirmaron.
Omar Bravo Tordecillas, hoy tratado como Omar “N”, fue una estrella del futbol y lo trataban como tal. Pero las historias están reflotando. Incluso antes de ser un delantero conocido, ya sostenía relaciones personales con menores de edad. Y muchos lo sabían.
Abundan los testimonios que dan cuenta de su desequilibrio emocional y sus desplantes.
¿Cuántos años estará tras las rejas? Es más o menos intrascendente cuando lo que consta es su culpabilidad y también, que su caso demuestra que además de los múltiples problemas vigentes ligados con violencia y delincuencia, la nuestra es una sociedad que ataca a los menores de edad y basta con tener fama y dinero para librar las consecuencias.

Omar Bravo: escándalo y caída

Al presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos, le corresponde un legítimo reconocimiento: inauguró en su municipio el Hospital Tonalá Centro. Se trata de un hospital público que sigue el modelo del “hospitalito” de Zapopan. Está equipado y preparado para atender urgencias de cualquier naturaleza, pero al recorrer sus instalaciones es evidente que habrá dos principales líneas de actividad: atención de partos y pediatría, y el servicio de diálisis para enfermos renales.
Durante las últimas décadas, la información que surgía del gobierno de Tonalá estaba siempre ligada a deuda pública, denuncias por el exceso de plazas de burócratas y abuso del erario, además de las deficiencias en los servicios.
En contraste, en esta segunda administración, el alcalde Sergio Chávez se dispone a entregar cuentas claras y una deuda pública disminuida y manejada con disciplina, pero además de otras políticas públicas aplicadas, entrega este hospital que se construyó y equipó exclusivamente con recursos municipales.
El Hospital Tonalá Centro requirió 250 millones de pesos. Durante los últimos meses de este año, el municipio inyectará tres millones mensuales para su operación y a partir de enero de 2026, le inyectará cinco millones mensuales, para un total de 60 millones en el año. 
Sin embargo, el alcalde reconoce que el Hospital Tonalá Centro requiere 25 millones de pesos cada mes para operar al 100% en todas las áreas previstas.
Por eso, desde que lo presentó en público esta misma semana, manifestó su expectativa de que el gobierno estatal y la Universidad de Guadalajara se unan al esfuerzo y dirección del hospital. Incluso, externó que lo ideal sería que incluyeran este nuevo nosocomio en la red de hospitales-escuela anunciada por la rectora Karla Planter y el gobernador Pablo Lemus, para que se sumara a los tres hospitales civiles ya vigentes y los dos que se construirán en Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán a partir de de 2026 y 2027. 
Al margen de lo administrativo y los esquemas de salud, lo que el alcalde de Tonalá anhela es que el nuevo hospital perdure en el tiempo y no se vaya a agotar su modelo por falta de recursos económicos.
El tema llama la atención porque si un presidente municipal con un presupuesto que este año no rebasa dos mil 240 millones de pesos ha podido levantar y equipar un hospital, la pregunta es obvia: ¿Por qué no se corrigen las carencias de salud, equipamiento y surtido de medicamentos en el país? ¿Por qué la salud pública es históricamente uno de los rubros que siempre están a la expectativa de más presupuesto y los enfermos deben esperar? 
Ahora sí aplica la frase: al margen de los partidos y los proyectos políticos, proyectos como éste requieren la solidaridad y acompañamiento de todos los niveles de gobierno.

Tonalá, salud pública y la danza de los millones

Para iniciar la semana, la noticia fue una sacudida inesperada: Morena, Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI), conformaron un bloque al que se sumaron diputados de la Universidad de Guadalajara y del desaparecido Futuro, para sacar por sí solos la reforma al Poder Judicial del Estado de Jalisco.
¿Realmente estaba pasando?
El anuncio del recién nacido bloque opositor se convirtió en la noticia política del día. 
Iban a sacar adelante la reforma al Poder Judicial que ha estado congelada todo el año, en la que se discute principalmente la aplicación de una tómbola: propuesta central de Morena y rechazo principal del gobierno de Movimiento Ciudadano encabezado por Pablo Lemus. 
El ensayo de bloque opositor apenas duró un día.
Aunque lograron convocar a una sesión del pleno del Congreso (Morena preside la Mesa Directiva), no pusieron siquiera acercarse a los 26 votos mínimos que se requieren para reformar la Constitución del Estado de Jalisco. El intento fue efímero.
La reforma al Poder Judicial queda como estaba: sin avance, y apenas en una primera lectura en el pleno, que requiere además la aprobación en la Comisión legislativa de Seguridad y ser nuevamente convocada a votación de todos los diputados. 
Sin embargo, más allá del episodio fallido, la pregunta se plantea por sí misma: ¿Será posible que Morena, PAN y PRI hagan una alianza duradera que aborde otros temas?
Por lo pronto, queda claro que el gobernador Pablo Lemus Navarro mantuvo el control de la línea política en el Estado que se dicta desde el Congreso local, y el coordinador de los diputados emecistas, José Luis Tostado, rescató su tarea con éxito de último momento. 
Pero en el horizonte aparecen retos próximos y el Presupuesto 2026 para el Estado de Jalisco es el primero. Después, están las elecciones del año 2027. 
La alianza no parece natural. Mucho menos entre el PAN y Morena.
Pero quizá ésta fue la prueba de que Acción Nacional, como anticipó su dirigente estatal Juan Pablo Colín el domingo 5 de octubre, es un partido político decidido a que el gobierno de Jalisco y Movimiento Ciudadano dejen de verlos como un aliado obligatorio y gratuito. 
En el intento de reforma al Poder Judicial los cinco diputados del PAN votaron diferenciadamente, porque la naturaleza del tema los divide, pero se generó el espacio que permitió tejer un acuerdo con los adversarios. Se dice que lo difícil es comenzar, y también es conocido el refrán: “El enemigo de mi enemigo, es mi amigo”. 
A partir de este momento se reconstruyen o se refuerzan las alianzas políticas en Jalisco.

El ensayo de bloque opositor en el Congreso de Jalisco

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha encontrado en dos de sus viejos competidores, las “corcholatas” que destapó Andrés Manuel López Obrador, dos obstáculos con los que no contaba en ninguno de los análisis de gobierno. El caso Adán Augusto López es de sobra conocido y lo que no se sabe, es porqué el ex gobernador de Tabasco no ha renunciado a su escaño en el Senado. 
Pero ahora aparecen los Monreal. Sólo eso le faltaba a la presidenta del país.
No se trata sólo de Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados de Morena en la Cámara Baja y uno de “los incómodos” que si embargo, ha tratado de no obstaculizar las estrategias presidenciales. 
También están sus hermanos: David y Saúl. 
David Monreal Ávila es el segundo de la dinastía en el gobierno de Zacatecas.
La presidenta Sheinbaum no tiene, ni de lejos, responsabilidad alguna por el gobierno de David Monreal, uno de los gobernadores con peor calificación en el país. Por fortuna para los zacatecanos, sólo deberán esperar hasta 2027 para que concluya su gestión, pero ¿para sustituirlo por su hermano Saúl? 
Es versión ya conocida que el actual mandatario de Zacatecas no descarta la posibilidad de que su esposa, Sara Hernández Campa, sea candidata a sustituirlo en el cargo.
El punto aquí es que la presidenta Sheinbaum proclamó nuevamente su rechazo al nepotismo y la reelección apenas el domingo 5 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México, al celebrar con simpatizantes de todo el país su primer año de gobierno, aunque aceptó que la reelección quedará eliminada de la Constitución del país, pero hasta el año 2030, cuando ella pretendía que desapareciera para el proceso electoral del año 2027.
En este escenario es en el que crecen las “familias notables de Morena”, y una de éstas es la de los Monreal. 
Si David Monreal pugna o no porque su esposa compita por la gubernatura, está por verse. Pero quien abiertamente se postula es el actual senador Saúl Monreal Ávila, hermano menor del diputado Ricardo y gobernador David. Apenas ayer, la presidenta Sheinbaum hizo pública su recomendación personal, “no de presidenta”, para que se espere seis años a competir por la gubernatura de Zacatecas. 
En ese nivel se encuentran los compromisos morenistas. 
En este caso, hasta la presidenta Claudia Sheinbaum tiene que obligarse a la temperancia, porque el menor de los Monreal ya advirtió que, aunque no quiere confrontarse con la presidenta, si no es con Morena, puede ser candidato del PAN o del PRI. 
Que lo tomen en cuenta en Zacatecas.

Y ahora, después de Adán Augusto, los Monreal

La presidenta Claudia Sheinbaum está empeñada en ganar una carrera por la aprobación pública sobre el desempeño de su gobierno en la atención a los afectados por las lluvias torrenciales de la semana pasada en cinco estados del país. Se ha convertido en el tema central de su agenda de acción y ella misma ha estado presente para hablar con la gente.
A todas luces, la presidenta y su equipo están comprometidos en el apoyo a los damnificados de Hidalgo, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.
¿Se trata sólo del lado humano de la presidenta y su afán tantas veces repetido por cumplir con su obligación como servidora pública? No hay ninguna razón para dudar de la autenticidad de sus esfuerzos. Pero detrás está, también, la política.
En lo que va de la semana se ha planteado desde diferentes fuentes (legisladores, académicos, especialistas) la pertinencia de reponer el Fondo Nacional de Desastres (Fonden), que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador extinguió en 2021. La presidenta Sheinbaum ha rechazado tajantemente esa posibilidad y afirma que el Fonden era un esquema corrupto; pareciera que para comprobarlo, está apresurando a la maquinaria burocrática del gobierno federal para acercar los apoyos a las zonas afectadas y entregar recursos económicos e infraestructura en todas las comunidades dañadas o destruidas por las lluvias.
Por otra parte, atender a los estados con daños por las tormentas e inundaciones distrae a la opinión pública de las varias reformas que se están aprobando en la Cámara de Diputados y en el Senado. Está por ejemplo, la reforma a la Ley de Amparo y junto con ésta, la aprobación del proyecto presupuestal del país para el año entrante, que repentinamente genera discusiones y análisis sobre la cantidad de impuestos que se aplicarán a los refrescos o bebidas carbonatadas.
Ese tipo de discusiones y análisis se difuminan, se pierden en la narrativa pública, mientras se enfatiza en todo momento dónde están los centros de acopio para los damnificados, cuántos muertos y desaparecidos se han registrado; cuánto ha avanzado la CFE en reponer la energía eléctrica, o cuántos puentes y carreteras debe atender la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
No es posible afirmar que una narrativa deba excluir a la otra. Es muy importante atender a los afectados y las comunidades que sucumbieron ante la fuerza del agua, pero también lo es saber qué están haciendo diputados y senadores.
Seguramente, de este esfuerzo por apoyar a las familias afectadas por las tormentas en cinco estados, la presidenta emergerá con más popularidad y aceptación. Habrá derrotado a quienes defienden al Fonden y concentrará mayor atención pública.
Pero también, se habrán consolidado y publicado reformas y un presupuesto federal que sólo responderá a la agenda de Palacio Nacional.

Las lluvias y la carrera por la aprobación pública