Big brother fiscal
Diputados de Morena aprobaron recientemente una reforma al Código Fiscal de la Federación, que faculta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para vigilar en tiempo real las operaciones en plataformas de servicios digitales de ventas en línea, “streaming”, citas, viajes y venta de alimentos, entre otras. Ahora, estas Apps deberán abrir sus sistemas informativos para que el SAT verifique de manera permanente el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los usuarios.
La intención oficial de reducir la evasión fiscal, actualizar los esquemas de recaudación y en teoría, asegurar que todos los participantes del mercado digital aporten lo que les corresponde, podría ser legítima en alguna dimensión, sin embargo, la forma es fondo y los modos importan tanto como el fin, y aquí el dispositivo propuesto por la 4T proyecta enormes riesgos. Hablamos de una llave maestra para autoridad más parecido a un modelo de vigilancia masiva, que a una mejora administrativa o tributaria.
El proyecto afirma que el acceso al SAT se limita “a la información que permita comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales”, pero no define con suficiencia los límites, ni establece auditorías independientes, ni mecanismos transparentes de supervisión. La propia industria ya alertó que se amplía el radio de acción de la autoridad hacia los usuarios finales.
Esta falta de contención se antoja delicada porque la línea de distinción entre datos operativos –facturación, transacciones– y datos personales –consumo, suscripciones, patrones– es muy delgada dentro del mundo digital. Al abrir paso a la información de las plataformas privadas a la autoridad fiscal, están creando un puente continuo de exposición, y especialistas en ciberseguridad saben que un canal permanente equivale a una vulnerabilidad permanente (recordemos cuántos hackeos ha sufrido la 4T).
Pero, ¿qué implicaciones contempla este esquema? Primero, un riesgo de privacidad masiva: políticas de suscripción, compras, servicios de citas, streaming, venta de bienes a través de apps, podrían quedar expuestas a revisión sin órdenes judiciales claras. Segundo, un riesgo para la seguridad de nuestros datos: las plataformas deben adaptar sus servidores para conexión directa que no ha sido estandarizada y podría convertirse en puntos de fuga de datos. Tercero, un riesgo de abusos de poder: pequeñas empresas o usuarios individuales estarán en desventaja frente a una autoridad todo poderosa.
Esta medida, como muchas otras, en lugar de fomentar confianza, inversión, innovación y competencia, pone a México de nuevo en la lista negra de las grandes inversiones, además de fracturar todavía más la confianza ciudadana en las instituciones, porque ¿quién confiaría en un Estado que no respeta los límites de su privacidad?
La recaudación no se construye sobre vigilancia ni persecución, sino que se edifica sobre resultados y transparencia. Construir un “big brother” fiscal es lo que nos faltaba para sentirnos en un episodio de “The Black Mirror”. Otra más de Morena en contra de las y los mexicanos.
