Jonás

El secretario de Seguridad Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch, se presentó ante el pleno del Senado como parte de la rendición de cuentas que el Poder Ejecutivo debe al Poder Legislativo. Ante los senadores y sin perder de vista que tienen mayoría de
Morena y sus aliados, el popular secretario admitió que “la seguridad aún no está resuelta en México”. 
Sin embargo, fue enfático en aclarar: se cometen 27 homicidios menos por día y las muertes violentas redujeron 32% en nuestro país en lo que va del año.
Es el mismo discurso, son las mismas cifras que el secretario de Seguridad ha sostenido durante las últimas semanas. No es poca cosa, porque en el sexenio pasado jamás lograron presentar estos argumentos ni al Poder Legislativo ni a los ciudadanos en general. Pero es poco.
Es poco porque México sigue siendo un país fragmentado y en sus diferentes regiones hay brotes de violencia, regulares y sistemáticos, que se pueden atribuir ostensiblemente al crimen organizado y que le quitan a los ciudadanos comunes, la posibilidad no ya de desarrollarse, de crecer económica e intelectualmente, sino de llevar una vida, como decimos en el barrio, “en paz”. 
Que Omar García Harfuch, reconozca que la Seguridad aún no está resuelta, es un avance notorio en el discurso oficial, pero no es suficiente.
El secretario de Seguridad, una de las estrellas ascendentes en el gobierno federal que encabeza Claudia Sheinbaum, ha contado con la fortuna de que se han elaborado reformas y se han destinado recursos económicos para que la dependencia que él encabeza sea la punta de lanza de una nueva estrategia de seguridad en el país. Mucho más efectiva y eficiente que la estrategia que conocimos popularmente como “abrazos, no balazos”.
Además, y esto es muy conocido, el gobierno de México ha debido responder a la permanente presión de la administración de Donald Trump y esto ha derivado en acciones más contundentes para enfrentar a la criminalidad organizada; pero hay que decirlo otra vez: No es suficiente. 
Anoto dos pendientes enormes en la agenda de seguridad que debe atender Omar García Harfuch, a partir del segundo año de la administración federal:
El primero, dotar de mayor presupuesto a las policías de los estados, y al menos de los municipios más poblados. Él mismo ha dicho que la colaboración es fundamental para resolver la inseguridad, porque el 90% de los delitos son del fuero común, pero las policías fueron desmanteladas, literalmente, en el sexenio pasado. 
El segundo, establecer como meta de trabajo, la pacificación. Y no puede ser una pacificación que se base solo en la disminución en las estadísticas, debe ser una realidad tangible, que le permita a todos, en todas partes, vivir en paz, cumpliendo con sus tareas y respetando la ley. 
¿Es mucho pedir? Pues es lo que hay que hacer.

La seguridad aún no está resuelta: García Harfuch

Cuando los escándalos políticos manchan la vida pública, Cuauhtémoc Blanco es candidato permanente a ser protagonista. El que fuera futbolista profesional y después alcalde de Cuernavaca y gobernador de Morelos, había dejado en puntos suspensivos sus escándalos nacionales después de librar un juicio político, tras ser acusado de intento de violación por su media hermana. Pero lo defendieron las diputadas de Morena.
Y Cuauhtémoc reapareció, pero no para hacer una propuesta legislativa o presentar un proyecto de reforma, sino para evidenciar las incongruencias y la necesidad de que se recorten diputados que sobran en la Cámara Baja: se hizo pública una sesión “semipresencial”, es decir que se conectaron a distancia, y en ésta el diputado se conectó desde su teléfono celular mientras era evidente que estaba en una cancha, jugando. Pidió entre respiraciones cortadas que le pusieran asistencia, mientras le pedían el sentido de su voto, pero ni siquiera se dio cuenta.
El señor diputado, con ese nivel de desprecio y negligencia, participó así en una sesión de la Comisión de Presupuesto, nada menos que la misma que define el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2026.
Si hubiera un poco de coherencia, Cuauhtémoc Blanco, debería haber solicitado licencia mientras se dedica a sus actividades deportivas, o bien a haber faltado definitivamente a la sesión de la comisión para que le descontaran el día.
Los diputados federales nos cuestan 80,000 pesos mensuales con impuestos descontados, aparte de todas las prestaciones económicas que tienen asignadas en el Congreso. ¿Cómo se puede justificar que encima de todas las necesidades que están presentes en la vida nacional, los diputados se permitan ausentarse de su trabajo, de sus obligaciones legales y conectarse mediante una computadora o un teléfono a sesiones trascendentales para realizar una reforma o aprobar un presupuesto?
El tema alcanzó incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero pidió que este asunto lo juzgue y lo resuelva la propia Cámara de Diputados con sus facultades y su marco legal. 
Queda claro que a Cuauhtémoc Blanco, y un enorme grupo de personajes de Morena y otros partidos, no les va a pasar nada ni perderán sus canonjías y beneficios.
Pero este episodio nos permite confirmar una vez más que las propuestas para reducir drásticamente el número de integrantes en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República están totalmente justificadas, no los necesitamos y sobre todo, no queremos a ningún otro Cuauhtémoc Blanco, ni personaje que se le parezca.

Cuauhtémoc y los diputados “semipresenciales”

El asesinato de Bernardo Bravo, líder de productores de limón en Michoacán, pone otra vez la lupa en una de las realidades que no han desparecido a pesar de las estadísticas en los informes oficiales sobre la disminución de homicidios y delitos en el país. Y el problema, que se multiplica por diferentes regiones del país, es responsabilidad de todos los órdenes de gobierno.
Desde hace años, los productores de limón en Michoacán han denunciado la extorsión sistemática de la que son objeto por parte del crimen organizado. Tratándose de uno de los sectores productivos emblemáticos del Valle de Apatzingán, han llamado la atención del gobierno de Michoacán y del gobierno de la república, en demanda de protección y combate a la delincuencia.
La historia de Apatzingán y municipios vecinos es añeja en problemáticas de violencia y actividades delictivas. La “Tierra Caliente” representa una suerte de “estado delictivo dentro del Estado”. Numerosas administraciones de todos los signos políticos se han sucedido sin que se pudiera modificar la condición de delincuencia en la región y actividades económicas estrechamente ligadas con actividades delictivas.
Sin embargo, el caso de Bernardo Bravo tomó un cariz diferente. Surgido él mismo del ambiente económico de la producción de limón en la zona de Apatzingán, ganó la confianza de sus representados y encabezó movilizaciones sociales para exigir a las autoridades que atendieran el problema que se remonta décadas y generaciones atrás.
En los últimos días, sucedió lo que era perfectamente previsible: los mismos que han extorsionado a los productores y los han amenazado y además, han destruido los huertos de la fruta, lo privaron de la libertad, lo torturaron y completaron el homicidio. Literalmente, como en la obra literaria, la suya fue la “crónica de una muerte anunciada”.
Horas después, se informa que fue detenido un individuo apodado “El Pantano”, de nombre Rigoberto López, a quien acusan de ser autor intelectual de la muerte del líder agricultor. La actuación de las fuerzas de seguridad llegó tarde y en un acto reactivo. Sin embargo, para colmo de males, la detención de este personaje que encaja perfectamente con el concepto de “generador de violencia”, provoca ahora un brote de temor en la zona por las reacciones que se puedan generar.
Los productores de Apatzingán están atrapados por todas partes.
Si bien en el primer año de la administración federal actual se han alcanzado logros notables en el combate a la violencia y el crimen organizado, y desde Palacio Nacional se difunden las encuestas con los resultados, también es cierto que aún no se ha avanzado en la esperada pacificación que permita recuperar las actividades cotidianas sin estar a merced de organizaciones delictivas.

Detrás del asesinato de un líder limonero

El Partido Acción Nacional (PAN) anunció ayer su “relanzamiento” en el país. Va implícita una pregunta: ¿Se renovó el PAN? La respuesta no puede ser inmediata. Hay que esperar, aunque todos los indicios apuntan a una respuesta negativa. 
Modificar la imagen del escudo panista es un mero ejercicio de marketing. Pero si los resultados son positivos, puede ser también un éxito de imagen.
Como suele decirse obsequiosamente cuando se habla de que le vaya bien a una administración gubernamental para “que le vaya bien a todos”, es posible afirmar que si el PAN se reconstruye, se identifica con la ciudadanía y se convierte en un partido político fuerte, los mexicanos en general ganaremos.
Esto lo he sostenido una y otra vez en los espacios donde puedo compartir opinión: un sistema de partidos políticos sólido e influyente, operará siempre en favor de la democracia mexicana. Tener una nutrida y permanente discusión ciudadana de posturas partidistas es positiva; lo peor que nos puede pasar es, como sucede actualmente, que los partidos políticos pierdan influencia y se conviertan en un puñado de grupos políticos rechazados y tachados como parias sociales incluso por el gobierno. 
La clase gobernante, tanto federal como de los estados, debería tener siempre el contrapeso de los partidos políticos como expresión de un sector de la sociedad que revisa, exige y presiona al gobierno en turno. En México, lamentablemente, los partidos políticos están lejos de cumplir esa tarea.
¿A dónde puede conducir el relanzamiento del PAN? 
Si el esfuerzo es serio, real y valiente, debe conducir a la apertura que anunció el dirigente nacional Jorge Romero: total apertura a ciudadanos que quieran integrarse al partido y conseguir incluso, su credencial de militantes sin necesidad que otros los avalen. 
El discurso suena muy bien. ¿Tendrán la valentía de aceptarlo? Ya hay quienes ven el riesgo de que se otros se infiltren y saboteen al PAN. En una actividad política de alcance nacional siempre habrá riesgos, pero si un partido político se toma en serio la tarea de regresar a la gente, de detener la caída en el prestigio de los partidos políticos y ofrecer proyectos para la nación, el resultado a fin de cuentas, será positivo.
En pocos días se sabrá, por el discurso y la capacidad de inclusión, si el proyecto es auténtico o es una mera jugada política que intenta sorprender a los mexicanos.

Relanzamiento… ¿se renovó el PAN?

La presidenta Claudia Sheinbaum está empeñada en ganar una carrera por la aprobación pública sobre el desempeño de su gobierno en la atención a los afectados por las lluvias torrenciales de la semana pasada en cinco estados del país. Se ha convertido en el tema central de su agenda de acción y ella misma ha estado presente para hablar con la gente.
A todas luces, la presidenta y su equipo están comprometidos en el apoyo a los damnificados de Hidalgo, Veracruz, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro.
¿Se trata sólo del lado humano de la presidenta y su afán tantas veces repetido por cumplir con su obligación como servidora pública? No hay ninguna razón para dudar de la autenticidad de sus esfuerzos. Pero detrás está, también, la política.
En lo que va de la semana se ha planteado desde diferentes fuentes (legisladores, académicos, especialistas) la pertinencia de reponer el Fondo Nacional de Desastres (Fonden), que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador extinguió en 2021. La presidenta Sheinbaum ha rechazado tajantemente esa posibilidad y afirma que el Fonden era un esquema corrupto; pareciera que para comprobarlo, está apresurando a la maquinaria burocrática del gobierno federal para acercar los apoyos a las zonas afectadas y entregar recursos económicos e infraestructura en todas las comunidades dañadas o destruidas por las lluvias.
Por otra parte, atender a los estados con daños por las tormentas e inundaciones distrae a la opinión pública de las varias reformas que se están aprobando en la Cámara de Diputados y en el Senado. Está por ejemplo, la reforma a la Ley de Amparo y junto con ésta, la aprobación del proyecto presupuestal del país para el año entrante, que repentinamente genera discusiones y análisis sobre la cantidad de impuestos que se aplicarán a los refrescos o bebidas carbonatadas.
Ese tipo de discusiones y análisis se difuminan, se pierden en la narrativa pública, mientras se enfatiza en todo momento dónde están los centros de acopio para los damnificados, cuántos muertos y desaparecidos se han registrado; cuánto ha avanzado la CFE en reponer la energía eléctrica, o cuántos puentes y carreteras debe atender la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
No es posible afirmar que una narrativa deba excluir a la otra. Es muy importante atender a los afectados y las comunidades que sucumbieron ante la fuerza del agua, pero también lo es saber qué están haciendo diputados y senadores.
Seguramente, de este esfuerzo por apoyar a las familias afectadas por las tormentas en cinco estados, la presidenta emergerá con más popularidad y aceptación. Habrá derrotado a quienes defienden al Fonden y concentrará mayor atención pública.
Pero también, se habrán consolidado y publicado reformas y un presupuesto federal que sólo responderá a la agenda de Palacio Nacional.

Las lluvias y la carrera por la aprobación pública

En la agenda de gobierno, igual que sucede en las agendas personales, las emergencias ocupan el primer lugar sin pedir permiso. El gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum ha debido atender en su primer año de ejercicio varias emergencias: las amenazas de aranceles de Trump y las exigencias del gobierno estadounidense; los desastres naturales; el combate al crimen organizado, entre otras.
Quizá por eso, por lo más urgente, otros asuntos que forman parte de “la agenda casera” ganan poca atención, a menos que sean muy mediáticos (los conflictos políticos) o que la gente no resista más la espera: desabasto de medicamentos, falta de atención en infraestructuras básicas como carreteras, hospitales o escuelas… y desde esta semana, las protestas organizadas en ciudades y accesos carreteros.
No hay indicios de que se hayan puesto de acuerdo, pero al mismo tiempo, los productores de maíz tomaron importantes accesos carreteros en varios estados del país para exigir la atención del gobierno federal y reclamar por el bajo precio que reciben por el maíz que producen y que ya procesado, no ha parado de subir de precio, sin que ellos obtengan ganancias.
Y por otra parte, trabajadores del Sistema de Administración Tributaria (SAT) también hicieron un paro y en la Ciudad de México tomaron calles, para exigir atención y mejoría de prestaciones elementales como sueldo, vacaciones y materiales para realizar su trabajo. ¡En el SAT! La dependencia recaudadora del gobierno federal reclamando malos tratos.
Aunque parecen asuntos de orígenes y naturaleza diferentes, sus problemáticas tienen algo en común: desatención desde la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el caso del SAT, durante el sexenio obradorista se aplicó un proyecto de austeridad que, curiosamente, ha afectado más a las bases de trabajadores que a quienes ocupan cargos directivos. Las quejas estuvieron presentes y sin que nadie las atendiera. Ahora, la base de la burocracia recaudadora reclama que no les dan vacaciones, no hay aumentos salariales pero sí más trabajo e incluso, les faltan insumos de papelería.
Los productores de maíz, mientras tanto, reflejan la realidad del sector rural: se eliminaron los programas de apoyo que habían tenido por sexenios y les dejaron sólo los programas asistenciales de Bienestar. El campo mexicano ha perdido empuje y capacidad productiva con contadas excepciones.
Ahora son los maiceros pero el tema amenaza con empezar a sumar a más sectores de producción, que reclaman más ingresos por su trabajo.
Igual que ha sucedido con otras áreas de gobierno, la actual administración de Claudia Sheinbaum está recibiendo las “bombas de tiempo” que dejó la administración del “primer piso de la 4T”.
La cuestión es: ¿Podrán desactivarlas?

Bloqueo de maiceros y paro en el SAT

Ante la gravedad de las inundaciones, las voces de oposición hacen oír una petición: que regrese el Fondo de Desastres Naturales, conocido como Fonden. ¿Aceptará la presidenta no el retorno de este fideicomiso, sino al menos atender la propuesta? Lamentablemente, al abordar el tema sentenció ayer mismo que “quien defiende el Fonden, defiende la corrupción”. Es una percepción injusta, por decir lo menos.
Dados los antecedentes de Claudia Sheinbaum Pardo, se entiende su postura. El solo gesto que admitiera la posibilidad de considerar la reincorporación del Fonden, significaría una ruptura con su jefe político, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso entre muchos de sus cercanos este distanciamiento es deseado, pero la presidenta no se lo permite; como dijera el clásico, no toca a López Obrador ni con el pétalo de una duda.
Sabiendo que mientras la presidenta Sheinbaum se obliga a sí misma a mantener la veneración a Andrés Manuel López Obrador y no externa ni siquiera una duda sobre las decisiones que él tomó mientras fue presidente (aunque hay pruebas de que cometió errores garrafales), se puede revisar si el Fondo de Desastres Naturales fue de verdad, un agujero de burocracia y corrupción. 
En pocos renglones: se creó en el año 1996 bajo la figura legal de un fideicomiso público federal. El uso específico de estos recursos era muy claro: en casos de desastre natural, se utilizaban para auxiliar a la población afectada y reconstruir la infraestructura dañada.
Se le dotaba de recursos económicos cada año, como parte del paquete presupuestal del gobierno federal. Al iniciar el siglo, en 2001, se le asignaban 500 millones de dólares por año y después de varios presupuestos con reducción, el Fonden recibió desde 2011, 833 millones de dólares en cada presupuesto anual. El fideicomiso llegó a acumular hasta 130 mil millones de pesos. 
Naturalmente, había reglas de operación y de todo el país se recibían solicitudes cuando ocurrían tormentas, terremotos, inundaciones, incendios.
En el año 2021, siendo presidente Andrés Manuel López Obrador y con el aval de la mayoría de Morena y aliados en la Cámara de Diputados, se aprobó su extinción junto con otros 109 fideicomisos. El ex presidente alegó que el Fonden se usaba como “caja chica” y además, declaró que eran tiempos de austeridad. 
Naturalmente, los desastres no se han detenido.
Pero ahora, destinar recursos económicos a cualquier eventualidad depende de la presidencia, que gira instrucciones a la Secretaría de Hacienda y lo justifica con los reportes de Protección Civil. 
El argumento es que esto es más ágil. Pero también le otorga el control al presidente (o a la presidenta). 
Si hubo malos manejos, como lo argumentó el ex presidente López Obrador, nunca se sancionó a nadie. 
Otra vez, una herencia del primer piso, al segundo piso de la transformación. 
Pero la presidenta no aceptará el cambio, aunque parezca razonable.

¿Aceptará Sheinbaum regresar el Fonden?

Una tragedia que se refleja en la cifra de 64 muertos y 65 desaparecidos (con la reserva de la información que debe actualizarse) por las torrenciales e inesperadas lluvias que azotaron Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, principalmente, es la que ha estado enfrentando la presidenta Claudia Sheinbaum desde la semana pasada (6 al 10 de octubre), pero en su afán de apoyar personalmente, se encontró con el enojo de la gente y los reclamos políticos.
Es parte de la realidad que atraviesa el país y que supera la narrativa de cualquier gobierno.
Si se revisan los hechos, hay elementos suficientes para matizar una historia que no puede entenderse en blanco y negro.
La presidenta Sheinbaum fue informada oportunamente de las impresionantes lluvias que estaban azotando varios estados del país, al conjugarse en menos de dos días el huracán “Priscilla” y la tormenta tropical “Raymond”. Las inundaciones en varios puntos de Veracruz empezaron a hacerse notar, pero lejos de la costa, en Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, las desgracias también estaban ocurriendo casi al mismo tiempo.
Tomó la iniciativa: se comunicó con los gobernadores y encabezó reuniones a distancia.
En cuanto llegó el fin de semana se trasladó personalmente a Puebla y Veracruz, en primer lugar.
En este segundo Estado, la presidenta se enfrentó con la desesperación y el coraje de la gente. La ofendieron y le gritaron.
En las redes sociales, como era previsible, se lanzó una campaña en la que participaron figuras conocidas que empezaron a distribuir la leyenda “disfruten lo votado”. La presidenta respondió desde su rueda de prensa mañanera y acusó la maldad detrás de esta leyenda y las reacciones políticas.
La realidad de las cosas es que la presidenta ha obrado correctamente: tomar la iniciativa, encabezar el apoyo y acudir personalmente con los afectados, de hecho, es lo que se esperaría de un funcionario responsable. Y ella misma lo dice: es su responsabilidad como funcionaria pública.
Sin embargo, otra vez, la presidenta enfrenta el desorden heredado por la administración anterior, la que encabezó Andrés Manuel López Obrador, el mismo que desapareció el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) y que evitaba estar en los lugares donde ocurrían desgracias. Los revisaba a distancia.
En momentos de desesperación, se requiere equilibrio, calma y certeza.
La presidenta está empeñada en apoyar a los que viven las desgracias y debe corregir los errores que se cometieron en el pasado.
Los afectados, aunque les parezca injusto, esperarán.

Lluvias, tragedia y el desorden por corregir

Mi pecho no es bodega

Ismael Ramírez

La “realidad”, sus tres niveles y su aplicación en la medicina familiar/general

El pasado 13 de octubre se presentó públicamente la Campaña Nacional de Vacunación Invierno 2025-2026. Ese mismo día, autoridades sanitarias en todo el país, incluido Jalisco, difundieron que esta campaña se enfoca principalmente en la prevención de contagios de Covid-19 e influenza. Sin embargo, fue hasta pasados 10 días que empezaron a distribuir las vacunas.
¿Por qué el retraso en el Sector Salud? ¿Quizá por dificultades de logística? Como haya sido, es nuevamente una mala señal, otro error en el Sistema Nacional de Salud que no deberían permitirse después de las fallas y las irregularidades que se han reconocido en la actual administración federal, en el turbulento proceso de adquisición y abasto de medicamentos.
Con testimonios directos, muchas personas confirmaron que fueron a diferentes espacios de salud para solicitar la vacuna contra el Covid-19. En algunas clínicas del IMSS el personal médico ni siquiera estaba enterado de la campaña de vacunación. 
Por lo pronto, hasta ayer se anunció públicamente que ya iniciaba la distribución de las vacunas; fue una suerte de “reinauguración” de la campaña nacional.
Fallas aparte y errores por los motivos que quizá lleguen a conocerse, al menos se puede reconocer que el Estado mexicano hace el esfuerzo por retomar la vacunación en el país. Los biológicos contra el Covid-19 son de dos laboratorios extranjeros: Pfizer y Moderna y nuevamente, son los grupos de población más vulnerables a los que se recomienda vacunarse: mayores de 60 años, menores de cinco años de edad y personas con comorbilidades.
En este punto, vale una consideración importante sólo para contrastar con la pasada administración de Andrés Manuel López Obrador: nunca se concretó el proyecto de la Vacuna Patria contra el Covid, a pesar de los constantes anuncios y la inversión pública correspondiente.
Además, la campaña nacional también distribuirá vacunas contra la influenza, que igual que el Covid, es una enfermedad estacional. 
Consideración aparte merece, en especial en estados como Chihuahua y Jalisco, la creciente cifra de contagios de sarampión, que requerirá también la distribución de vacunas suficientes para generar nuevamente un escudo de protección. 
Sobre esto último, la historia apenas se está escribiendo.

Llegaron tarde las vacunas