Percepción de inseguridad: la otra batalla que los gobiernos están perdiendo

El INEGI publicó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al segundo y tercer trimestre de 2025. Gracias a esta medición pudimos conocer la percepción sobre la inseguridad pública en municipios clave del país. En Jalisco, el estudio considera los municipios de Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, San Pedro Tlaquepaque, Zapopan y Puerto Vallarta.

Para interpretar los datos que arroja la ENSU es imprescindible tener presente que “percepción” no siempre equivale a “realidad estadística”. Puede existir, como ocurre en distintas ciudades, una baja incidencia delictiva pero una alta sensación de inseguridad; y al revés, municipios con mayor incidencia delictiva donde la población se siente más confiada. Esto tiene que ver con factores como la comunicación pública, el entorno inmediato, las experiencias recientes o incluso el tipo de cobertura mediática que predomina.

En Jalisco, los resultados más recientes de la ENSU revelan contrastes significativos entre municipios. En Guadalajara, la percepción de inseguridad aumentó ligeramente, al pasar de 77.1 % en junio de 2025 a 78.9 % en septiembre del mismo año, lo que representa un incremento de 1.8 puntos porcentuales. En cambio, Zapopan mostró una mejora notable al descender de 60.3 % a 49.5 % en el mismo periodo. En Tonalá también se registró una disminución, pasando de 70.4 % a 65.4 %. Tlaquepaque redujo su porcentaje de percepción de inseguridad de 68.7 % a 60.1 %, mientras que Tlajomulco fue el único municipio —además de Guadalajara— que empeoró: subió de 72.7 % a 73.6 %. En resumen: tres municipios mejoraron, y dos —Guadalajara y Tlajomulco (bastiones emecistas)— reportaron un aumento en la percepción de inseguridad.

El panorama nacional refuerza esta inquietud. A nivel país, la ENSU reporta que en septiembre de 2025, el 63.0 % de la población de 18 años o más consideró que vivir en su ciudad era inseguro, frente al 58.6 % en septiembre de 2024. Es decir, aunque algunos municipios logren avances relativos, la tendencia general va hacia un aumento de la desconfianza ciudadana.

Hoy, más que nunca, los números no son suficientes. La política de seguridad requiere que esos datos se conviertan en acciones visibles, consistentes y conectadas con la vida cotidiana de la población. Porque la percepción de inseguridad deteriora el tejido social, frena la inversión, inhibe la movilidad y merma la calidad de vida. Si las personas sienten que su ciudad no es segura, limitan sus opciones, cambian rutas, evitan espacios públicos y renuncian a su libertad de acción.

La inseguridad no es solo un reto de medición; es una crisis de confianza. En Jalisco y en México, los ciudadanos no solo exigen cifras menores de delito, sino señales claras de que el Estado está presente, actúa y rinde cuentas. Mientras la percepción siga creciendo y la realidad no la logre disminuir de forma visible, cada incremento porcentual será un llamado de atención. No se trata solo de estadísticas, sino de credibilidad y de compromiso. Y es en ese espacio donde los gobiernos locales —y los ciudadanos— deberán empezar a trabajar. Si no, la brecha entre lo que se mide y lo que se vive seguirá ampliándose, y con ello, la desafección hacia el sistema de seguridad.